Debo aceptar que los últimos meses me han visto padecer una serie de disgustos que me llevan a andar de un temperamento crónicamente pésimo en cuanto se refiere al gobierno colombiano de turno. El más reciente, y que constituye el pico de indignación avícola, ha sido la manera como el gobierno nos quiere salvar de la crisis en materia de salud. Tal y como se lo prometí al amigo Francisco Barbosa, administrador de Margencultural quien fue el primero en generarme la necesaria alerta, me pronunciaré al respecto, pero no con un habitual ‘picotazo’ de los que suelo propinar aquí, sino con un cubrimiento un poco diferente, que será publicado en la próxima entrada. Por ahora basta simplemente adelantar que ha habido un irresponsable manejo de recursos en materia de salud, y que la crisis financiera de allí derivada se amortizará con más dinero del pueblo, y más impuestos (es decir, más dinero del pueblo).
De una parte, el gobierno se lamenta del estado de las finanzas en materia de salud, y de otra parte el Ministro de Hacienda advierte sobre los ‘apretones’ fiscales que vendrán, supuestamente en desarrollo de políticas económicas contracíclicas. No creo ser medianamente experto en estos asuntos, pero según entiendo de Salomón Kalmanovitz, gran economista que me genera confianza y credibilidad, lo que hace el gobierno no es contracíclico. Esto se daría, por ejemplo, si en tiempos de escasez el gobierno gasta más para dinamizar la economía, o en tiempos de bonanza, se ahorra y se tranca el gasto. Ante falta de finanzas, el gobierno le baja al gasto (lo que no sé si será bueno o malo, pero sí sé que no es una política contracíclica) y advierte sobre la falta de dinero.
Esa es la realidad actual que todos conocemos y que ha sido tocada hasta la saciedad por diferentes medios. Sin embargo, algunos días antes, el diario El Espectador publicó este reportaje titulado “España viene por sus galeones” que casi no logro ubicar virtualmente, pero que afortunadamente pude localizar después de algún tiempo. En él se pone de presente la manera como España ha realizado una verdadera ofensiva, también jurídica tendiente a recuperar los tesoros que se encuentran en el fondo del mar, en el territorio de lo que era sus antiguas colonias en América. Es el “Proyecto Arqueonauta”.
En realidad se trata aquí de una ofensiva que parte de una buena defensa. Inicialmente, la empresa Odyssey Marine Exploration Inc. presentó una demanda y dentro del trámite de la misma, se vinculó al Reino de España, quien ha defendido sus intereses, fundados en que al ser los galeones naves militares Españolas, no puede alegarse ningún derecho por parte de terceros Estados, puesto que la soberanía de España respecto del navío y de sus contenidos nunca fue cedida ni renunciada. Bajo ese entendido, España consideró que con fundamento en la FSIA (Foreign Sovereign Inmunities Act). Los argumentos de Odyssey son bastante interesantes, y de hecho he de revisarlos aquí desde un punto de vista abstracto, para efectos de discutir en pleno derecho.
Por ahora, sin embargo, valga la simple contextualización de la discusión, para observar de qué manera la Corte que tomó estas decisiones encontró que España poseía soberanía sobre estos navíos, y por tanto, no podía proseguir la acción real (acción que versa respecto de cosas y no respecto de personas) iniciada por Odyssey. Se da, entonces, un pronunciamiento en Junio de 2009, firmado por el Juez Pizzo, recomendando la que Odyssey devolviera el tesoro a España.
En Diciembre 22 de 2009, se da un pronunciamiento firmado por el Juez Merryday, en donde se adopta la recomendación emitida por el Juez Pizzo, y bajo ese entendido, se le da la razón a España, al considerar que el galeón es única y exclusiva propiedad de ese país, y por tanto, no se puede entrar a decidir ninguna acción respecto del galeón o su contenido, por tratarse de un asunto únicamente sometido a la soberanía (y por tanto, también a la jurisdicción) de España.
Considero que el diario El Espectador le da una trascendencia que va más allá de lo que realmente está escrito, pues sugería que Colombia presentara notas de protesta o se vinculara al procedimiento, cuando ninguna de las dos opciones es procedente. El problema no involucraba a Colombia en lo más mínimo, y por tanto, esa crítica es, desde mi punto de vista, inválida.
Sin embargo, en cuanto a los alcances que pueda tener esta decisión, son inciertos, porque en materia de derecho internacional privado y en materia de derecho internacional público, siempre existe el riesgo de que lo que no es formalmente vinculante, pueda eventualmente llegar a serlo. Todo el tema de la costumbre extranjera, la costumbre internacional y el soft law son peligrosos en cuanto a eventuales argumentos que se puedan constituir en contra de los intereses del Estado colombiano.
Si bien es cierto que este gobierno está lleno de ineptos, el problema aquí no es de política o de quién está en el gobierno. El problema es de Estado, y como tal, el país debe prepararse bien para poder iniciar una buena defensa jurídica contra la posición española, que tiende cada vez más a buscar el reconocimiento de derechos exclusivos sobre las ‘antigüedades náufragas’. De lo contrario, mientras ahora le lloran al pueblo por dinero para la salud, por otro lado lo botan sin ningún miramiento.
Para revisar antes del siguiente ingreso al respecto:
2 comentarios:
Respecto del tema de los galeones... ¿cómo jugaría según el derecho colombiano la cuestión de la prescripción adquisitiva o usucapión? Porque si en tres o cuatro siglos el gobierno de España no ha efectuado acto posesorio alguno sobre los galeones, podría considerarse que ha perdido el derecho de propiedad por el transcurso del tiempo. Por otra parte, el hecho de que el gobierno español, que no ha invertido un centavo en recuperar los tesoros, pretenda ahora aprovecharse de la inversión de un tercero sin siquiera pagar una compensación adecuada, me suena en el mejor de los casos a un abuso del derecho y en el peor a una canallada imperdonable.
Diego,
En Colombia hay una serie de normas que vienen desde hace algunos años, que establecen que las especies náufragas, o antigüedades náufragas son propiedad de la Nación. Por citar algunas de ellas (que se pueden ubicar por Internet) están el artículo 63 de la Constitución, la Ley 26 de 1986. En 1994, la Corte Constitucional de Colombia abordó el tema a raíz de una demanda que se formuló contra unos artículos de un decreto-ley expedido en 1984.
La sentencia C-102 de 1994 se pronuncia sobre la constitucionalidad de las normas. De ella, debe destacarse el salvamento de voto que hacen 3 Magistrados. En el texto del salvamento, explican bien la regulación de las antigüedades náufragas. Entre otras cosas, se deja claro que constitucional y legalmente, son bienes de la Nación.
Bajo ese entendido, no podría España siquiera intentar alegar la usucapión. El problema, es que conforme a la postura expuesta por España, esos bienes son de ellos.
Así, el problema adquiere una connotación internacional, que podría incluso resolverse por la Corte Internacional de Justicia, con el agravante de que ya existe un pronunciamiento judicial (así sea de un juez norteamericano) que avala en cierta medida esa posición.
Considero yo que esa postura no es defendible a otro nivel, por razones que expondré más adelante, pero es triste ver que Colombia se desgasta en discusiones tontas y no presta cuidado a asuntos tan serios como es este.
En cuanto a lo de la inversión, estamos de acuerdo. Cuando menos, deberían reembolsar los costos a valor actualizado. De todas formas, creo que no son muchos los que puedan extraer el oro del fondo del océano, y probablemente España contrate a Odyssey. El problema era con el dinero restante que España quiere para sí, y no para los Estados Unidos, (o según mi crítica, para Colombia).
Gracias por el comentario, y seguiremos en contacto.
Muchos saludos.
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