Desde hace ya varios días he observado el debate que se ha originado en relación con el asilo concedido por Panamá a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS durante el gobierno Uribe, y presuntamente involucrada en los casos de interceptación ilegal de comunicaciones. “Ríos de tinta han fluido” en relación con este tema. Para no estar tan fuera de tono con mis contemporáneos, me gustaría contribuir con esta ‘quebradita’ de tinta sobre el mismo tema.
Dicho lo anterior, me gustaría entrar a discutir un poco acerca del problema que le ven en Colombia al asilo concedido por Panamá a María del Pilar Hurtado. No es molestia para mí que haya personas indignadas o felices por la decisión. Se trata de opiniones sobre una decisión política. Lo que sí me resulta indignante es que se quiera enmascarar en algunos casos la opinión personal con un ropaje presuntamente jurídico, induciendo en error a la población. El resultado de esta operación la operación ha sido: Panamá = malo y antijurídico. Creo que una conclusión en ese sentido eso es injusta e ilógica. A continuación procederé a enunciar brevemente cuál es el marco teórico que lleva a la creación de este ingreso en dos partes.
Para poder abordar el tema del asilo territorial y de la extradición, los dos grandes temas que se han tratado, es conveniente partir del concepto de poder a nivel de Estados. Al revisar el texto de Vladimiro Naranjo Teoría Constitucional e Instituciones Políticas (Temis - 7ª Ed. P. 129), se encuentra que el autor, siguiendo a André Hariou, considera que el poder del Estado tiene las siguientes características: 1) Es un poder de superposición y de centralización; 2) Es un poder político; 3) Es un poder civil; 4) Es un poder temporal; 5) Es un poder monopolizador de la coerción material; 6) Es un poder soberano.
Me interesa aquí referenciar el tema de la soberanía. La soberanía tiene una connotación interna en la medida en que el poder soberano implica que no responde a ningún poder superior dentro del Estado. Desde el punto de vista externo, implica que frente a otros Estados soberanos, estamos en plano de igualdad. Recordando a Jean Bodin, se señala que la soberanía es perpetua y absoluta.
La postura que asumen los críticos de la decisión adoptada por el Estado panameño, parte del presupuesto de que la existen formas de controlar esa clase de decisiones desde afuera. Es decir, parten del presupuesto de que la decisión soberana, sí es susceptible de control. Sugieren, mencionan ellos, que al no reunirse las condiciones para que se concediera el asilo, es procedente una solicitud de extradición respecto de Hurtado.
Quienes preliminarmente han defendido la medida, mencionan que el gobierno panameño verificó si se cumplían los requisitos previstos por la ley y por los instrumentos internacionales, y al considerar que sí se cumplían, concedió el asilo. Se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Asilo, de 28 de marzo de 1954, suscrito en Caracas. Cabe resaltar que respecto de este instrumento, Colombia inicialmente lo suscribió pero no lo ratificó. En cualquier caso, se señala que la decisión no puede ser susceptible de recursos o controles por parte de terceros.
Esto último, nos lleva nuevamente a la discusión de la soberanía. Esta es la clase de situaciones que se presentan cuando se enfrentan dos esquemas de entender el derecho penal y el derecho internacional. No hago referencia al derecho penal internacional, porque contrario a lo que piensan las autoridades colombianas y muchos reconocidos columnistas, no considero que los delitos presuntamente cometidos por (o contra) altas personalidades colombianas con dignidades a nivel del Estado sean crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, considero que no se trata aquí de conductas que atenten contra bienes jurídicos de carácter internacional.
El derecho penal moderno, que es el que se encuentra consagrado en la gran mayoría de legislaciones, parte del presupuesto de que existen conceptos denominados ‘ámbitos de validez de la norma penal’. En consecuencia, la norma penal de un Estado tiene límites y no se aplica en todos lados. La regla general es que se aplica para conductas cometidas punibles en su territorio. La posibilidad de investigar y juzgar va de la mano, pues el Estado reconoce que es detentor de jurisdicción respecto de determinado caso específico.
Lo que ocurre es que el concepto de jurisdicción, bajo una perspectiva del derecho penal moderno, está íntimamente ligado al concepto de soberanía. En otras palabras: únicamente se puede ejercer jurisdicción donde se es soberano. Por ello, por más que quisiéramos, no podemos imponer penas a quien no está aquí (por regla general).
El derecho internacional, sin embargo, va en otro rumbo diferente. A medida que avanza el tiempo, es cada vez más evidente que una abstracta pero real ‘comunidad internacional’ quiere que los Estados operen bajo reglas de juego predecibles y que puedan ser controladas. El Consejo de Seguridad, la Corte Penal Internacional y la creciente popularidad del derecho comunitario parecen demostrarlo. La soberanía es relativa, o mejor aún, no es absoluta (algo que Bodin no podría compartir).
El asilo, como ya se ha mencionado, funciona bajo una lógica del derecho penal moderno, fundado en la soberanía absoluta de los Estados y la igualdad entre ellos. No puede un Estado cuestionar a quien concede asilo, así como no puede un Estado cuestionar por qué se toman determinadas decisiones judiciales en su territorio. Eso es aplicación de la soberanía.
La figura de la extradición también es una figura que parte de esa concepción de derecho penal moderno. Un Estado soberano decide solicitar a otro Estado soberano que le entregue a un individuo buscado por su justicia penal. Si no fueran soberanos los Estados, no habría necesidad de pedir, e igualmente, no cabría la posibilidad de que un Estado decidiese aceptar o no hacerlo. Empero, los Estados que reciben la solicitud de extradición (Estados requeridos) sí pueden –por regla general– decidir si extraditan o no. Esa, también es una decisión soberana.
La pregunta que surge, entonces, es si el ordenamiento jurídico permitiría que se pueda cuestionar la decisión soberana de un Estado de conceder asilo a una persona. Esa es la cuestión jurídica de fondo. En caso negativo, ¿procedería la extradición respecto de esa misma persona cuyo asilo se ha concedido?
He anticipado desde el inicio del escrito cual es mi postura sobre el particular: No es controlable la decisión, y la extradición es absolutamente inviable en este caso. No obstante, el desarrollo de esta respuesta, será objeto del siguiente ingreso.
Nota Off – Topic (tomando prestado el término que suele utilizar Carlos Javier Delgado)
Debo presentar mis más sinceras disculpas con los lectores de este espacio, y en especial con aquellos que habitualmente visitan el blog. Llevo casi dos semanas sin agregar ingresos a este espacio. Aunque justificaciones hay, y muchas, no deja de ser un malestar para mí saber que he dejado de lado este espacio durante un tiempo que pareciera ser tan largo. Lo que más me alegra, es haber recibido reclamos al respecto, porque me honra saber que tienen en cuenta lo que aquí se escribe. Gracias por las críticas.
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