Anidado en la mente – Ed. 001

La cita anidada

En consecuencia, quedan excluidos de Utopía todos los abogados, esos picapleitos de profesión, que llevan con habilidad las causas e interpretan sutilmente las leyes.  Piensan, en efecto, que cada uno debe llevar su causa al juez y que ha de exponerle lo que contaría a su abogado.  De esta manera, habrá menos complicaciones y aparecerá la verdad más claramente, ya que el que la expone no ha aprendido de su abogado el arte de camuflarla.  Mientras tanto, el juez sopesará competentemente el asunto y dará la razón al pueblo sencillo frente a las calumnias de los pendencieros.  Tales prácticas serían difíciles de observar en otros países, dado el cúmulo inverosímil de leyes tan complicadas.  Por lo demás, todos allí son expertos en leyes, pues, como dije antes, las leyes son escasas, y además, cuanto más sencilla y llana es su interpretación, más justa se la considera.

Tomás Moro

“Utopía”

El responsable

Imagen tomada de:  www.wf-f.org 

Reflexiones desde el nido

¿Es ideal que no existamos?  ¿Por qué existimos?  Me refiero, por supuesto, a los abogados.  En la universidad recuerdo haber leído acerca de cómo en Roma existía la figura del advocatus.  Finalmente nunca tuve claro si la etimología era por ser ‘el llamado’, o ‘para hablar’.  De lo poco que logré aprender de latín en la universidad, parecería que lo correcto sería irse por la segunda de las posibilidades.   En efecto, el origen del abogado era el de hablar en nombre de otro, por conocer los procedimientos, y porque los abogados eran personas cultas con importante capacidad de oratoria.  Claro.  Ningún verbo en latín acaba en –tus.  Sin embargo, esa sería la ‘sustantivización’ de ad vocare, que sí implicaría “para hablar”.

No es eso lo relevante aquí.  No importa si es “para hablar”, “para pelear”, “para intimidar”, o lo que sea.  Lo importante es que cualquiera que fuera nuestra etimología, Moro no nos quería.  ¿Cuáles son las razones?  De la cita aparecen 3 claras, aunque quien revise todo el texto de Utopía encontrará algunas otras.  Razón número 1:  Camuflamos la verdad.  (Cierto).  Razón 2:  Interpretamos sutilmente las leyes (Cierto).  Razón 3:  No se justifica la existencia de estos ‘picapleitos’ si las leyes fueran claras (cierto).

Pienso yo que desde la óptica de Moro, un abogado en un país con leyes claras sería como el equivalente a tener un guardaespaldas cuando no existe la más mínima amenaza contra la integridad de uno.  La necesidad de claridad en materia de leyes lo ha defendido Moro, como también Montesquieu, y Cesare Beccaria.  Finalmente, si es cierto que las personas ceden parte de su libertad para que el Estado establezca los límites a las libertades, aunque garantizando el ejercicio de las mismas (contractualismo liberal) es claro que es al individuo al que le compete conocer lo que dice la ley.

¿No se ha dicho desde siempre en materia de derecho civil que la ignorancia de la ley no es excusa para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas (error de derecho)?  ¿Si no sirve de excusa alegar la ignorancia de la ley, no sería al menos decente por parte del productor de la ley, darla a conocer, y explicarla?  “No siempre lo lógico es lo jurídicamente lógico” decía un abogado allegado alguna vez.  A los abogados nos conviene que el ciudadano del común no conozca ni quiera conocer la ley.  ¿De lo contrario, para que estamos aquí?  Conozco muchos colegas que al momento de emitir conceptos jurídicos lo hacen de tal forma que cuando el cliente los lee, queda convencido de que ha contratado a un gran abogado, así no entienda absolutamente nada de lo que dice el concepto.  “Esa es la gracia”, probablemente me dirían algunos de ellos.

El próximo año la Constitución colombiana cumple 20 años de haber entrado en vigencia.  En esos 20 años llevamos más de 1400 leyes expedidas (únicamente estamos haciendo referencia a la ley en sentido formal, es decir, la expedida por el Congreso).  Eso nos da un promedio aproximado de 70 leyes por año.  Me gustaría que nos hicieran un examen a los abogados colombianos para que nos dieran un listado con 1400 renglones, y nos dedicáramos a señalar al lado de cada número, sobre qué trata la mencionada ley.  Seguro que a muchos no nos gustaría saber qué tanto ignoramos del derecho vigente.

Aparte de eso, este señor Tomás Moro pretendía que las 1400 leyes fueran claras.  ¡Demasiado pretencioso!  Ese señor sin duda no era idealista, sino iluso.  Me gustaría que el señor Tomás Moro leyese lo que reza el artículo 48 de la Constitución colombiana.  Teniendo en cuenta que para poder reproducirlo requeriría de un espacio 3 veces más grande del que utilizo para escribir, invito a que los lectores sigan el siguiente enlace, y en la página seleccionen de la pestaña superior derecha el artículo 48.

Para quienes quieren evitar tener que realizar el ejercicio, les cuento el final de la historia.  El mencionado artículo de la Constitución posee 1464 palabras.  Para que se hagan una idea de qué tanto es esto, tengan en cuenta que una columna mía en el portal de noticias www.noticias.com.co usualmente maneja 550 palabras aproximadamente.  Si todavía no dimensionan el asunto, otro dato:  son casi 2 páginas y media de texto a espacio sencillo, en letra Times New Roman 12, sin que haya espacio intermedio entre inciso e inciso.  Un dato más:  El artículo tiene 6 parágrafos transitorios.

En conclusión, invito a los lectores abogados a que pongan a sus familiares no-abogados a que revisen el artículo 48 de la Constitución colombiana y que luego les digan que entendieron…

A eso se refería Tomás Moro.

Lo peor es que en la redacción de ese artículo 48 intervinieron abogados en su elaboración.  Creo que el problema era ese.  Cualquier concepto de técnica legislativa que se quiera tener es flagrante y groseramente desconocido por un artículo como ese.  Personalmente, considero que esa es la muestra más clara de lo que un redactor jurídico no debe hacer.  Y reitero:  Es un artículo de la Constitución.  No ser trata de una circular redactada por un estudiante de primer año de derecho.  Teóricemente esta norma fue redactada por personas que saben de eso, o que reciben ingresos porque supuestamente saben lo que hacen.

Bueno, pero supongamos que ese mal es irremediable.  Somos como una especie de Parkinson:  Una vez que llegamos, no nos vamos hasta el fin del mundo.  El abogado es un mal necesario, o cuando menos un mal tolerado.  El problema radica en que de los tres puntos clave de la cita de Moro, ya descarté dos cuestiones utópicas: que no haya abogados y que la ley sea clara.

Falta una por revisar la tercera cuestión utópica: que el juez conozca el derecho.  Quizás aquí tengamos alguna esperanza de que no somos tan anti-utópicos.  De acuerdo con el santo inglés, el juez debe escuchar a los individuos exponer los hechos y que el conocedor de la ley y la justicia sea quien decida.

Parecería sencillo, pero el tema no es tanto.  Sabía usted que para que la Corte Suprema de Justicia revise un caso cualquiera y revise los jueces de menor jerarquía se ajustaron al ordenamiento jurídico hay dos posibles recursos que puede aplicar:  casación y revisión (no entraré en el debate de si esto es un recurso a una acción, pues no es lo relevante aquí).  Sin embargo, hay que ver qué tan difícil es que estos 23 amigos puedan entender una demanda de casación.  La gran mayoría de las demandas se quedan en el camino por no ser claras, y las que sí son claras es porque les faltó alguno de los 100 requisitos que se requiere para que pueda ‘ser estudiada’ la demanda.  Sin embargo, si por algún motivo la demanda sí llega a ser entendida y cuenta con los requisitos, es altamente probable que unos 300 folios  después, la Corte diga que uno no especificó en que consistía el error o la trascendencia del mismos, y sin eso, no pueden conocer de nada.

No sé a ciencia cierta cuánto cobra un abogado experto en casación.  Sería interesante que algún lector me ayudara con datos al respecto.  Conozco algunos casos cercanos, y sé que no es poco dinero.  También sé que hay personas que cobran más de lo que me dijeron.  Algún día, hablando de las acciones públicas de inconstitucionalidad, le comenté a un amigo que me interesaba presentar una demanda de inconstitucionalidad contra una ley, y su primera respuesta es que probablemente la primera vez me la rechazarían, porque al parecer el tema de no entender demandas está llegando a la Corte Constitucional.  Si se revisan sentencias recientes, se encontrarán unos requisitos que no están ni en la Constitución ni en los decretos que reglamentaron el tema.

Lo mejor del caso, es que supuestamente la justicia es un derecho público inherente a la existencia misma del Estado.  Sin embargo, la justicia es tan independiente que ni siquiera le sirve a los ciudadanos.  A los abogados tampoco, al parecer.  Conozco a muchos que se andan quejando todos los días de los jueces, de los fiscales, de los inspectores de policía, de los Magistrados, de los secretarios, sustanciadores, investigadores, entre otros.  Normalmente, las críticas principales son la ignorancia o la corrupción (sea o no sea cierto).

Al parecer, el señor Moro estaba ‘perdiendo la cabeza’ antes de literalmente haber perdido la cabeza. 0 de 3 posibles…  Sin embargo, resulta triste pensar que algo que suena tan sensato parezca tan irrealizable.