Carta abierta a los decanos de Derecho

Señor Decano,

He tardado algo más de dos años en escribirle, pues he querido reflexionar sobre la pertinencia de la inquietud que pretendo transmitirle hoy a usted.  Entenderá que tomarse más de 100 semanas en adquirir la resolución necesaria para intentar condensar los pensamientos en unas breves líneas, es algo que no acostumbro hacer.  Sin embargo, luego de observar y contemplan los hechos vividos en recientes días, me arrepiento de la hesitación que me ha atacado en recientes días.  Me disculpo desde ya por ello.

Inicio mi suscinta presentación con una anécdota que me relatara un abogado allegado.  Enfrentado ante la coacción y la amenaza ajena, un señor cualquiera acudió en su auxilio para solicitar su asesoría jurídica.  La idea era evitar que el agresor continuara a sus anchas agrediendo, amenazando e intimidando.  Ante esta situación, mi colega optó por acudir al derecho policivo como mecanismo preventivo.  Luego de revisar las normas y los hechos con detalle, optó él por formular una querella.  La funcionaria de turno hizo todo lo posible por no aceptarla, utilizando argumentos que no los son, valiéndose del poder de su investidura para obligarlo a ceder.

Como consecuencia, el funcionario perezoso logró que el abogado se viera obligado a ceder su asesoría a otro togado (amigo de la primera).  En cuestión de días, este último logró arreglar el asunto.  Recuerdo que al abogado finalizó su historia como lo podría haber hecho una canción de salsa de Rubén Blades, con una frase que resume lo anterior, y que precisamente le fue dicha a él por su antiguo cliente.  “Lo importante no es lo que sabes sino a quién conoces”.

Comprenderá usted que como una persona allegada al derecho y a la academia, me resulta difícil digerir lo que expone mi amigo.  ¿Alguna vez le han dicho esto a usted?  ¿No es verdad que resulta cuando menos sorpresivo escuchar que la universidad se ha convertido en un mero trámite para obtener una tarjeta plastificada que le permite hacer y decir lo que sea, a título de abogado?  Yo, por lo menos, sí me sorprendí.

Recordé un caso que viviera mi alter ego, no hace mucho, en donde manifiesta él que la ignorancia ha llegado bien lejos.  No recuerdo bien quién era el funcionario, o cual era su jerarquía.  Lo que sí repercute en la mente del togado era que se trataba de un recurso de apelación.  Luego, en consecuencia, quien decidía era superior jerárquico de ‘alguien’.  Presumía él que eso implicaba mayor seriedad en  la elaboración de argumentos.  Sin embargo, me comentaba que era curioso ver con qué vanidad se decidía la apelación, sin mencionar una sola prueba, sin tomar en cuenta los argumentos del funcionario de primera instancia, sin toman en cuenta sus argumentos como no-recurrente.  Es más, la vanidad era tal que el funcionario ni siquiera tuvo en cuenta los argumentos de la parte recurrente.  En consecuencia, el producto del trámite de la apelación implicó una decisión completamente novedosa y novelezca, basada en el buen o mal criterio del funcionario.

Yo me pregunto, señor decano, y me gustaría que usted se hiciera partícipe de mi inquietud:  ¿Por qué estamos permitiendo que esta clase de individuos lleguen a este nivel?  Recuerdo que los textos clásicos que debíamos leer (al parecer no todos debimos hacerlo) en nuestras clases, hacían referencia a cómo es mucho peor la injusticia cometida en nombre de la justicia, que aquella que es cometida por ciudadanos descarriados.  Anteriormente se enseñaba en las aulas de las facultades, como la que usted preside y administra, que la justicia, la validez y la eficacia eran tres criterios diferentes del derecho (en sentido general) y de la norma jurídica (en sentido particular).  Ahora, resulta que lo ‘justo’ es lo que diga el operador jurídico, independientemente de lo que diga.  ¿Debemos limitarnos, señor Decano, a enseñar que somos unos perros falderos que ante un silbido nos sentamos, y ante uno largo y uno corto aprendemos a dar la mano?

Desde julio de 2008 escribo en un blog (bitácora virtual) sobre asuntos relacionados con justicia, derecho y política, entre otros temas.  Lo invito a que lo conozca y me deje sus comentarios, si así lo desea, siga el enlace que lo lleva a “Picotazos de Gaviota”.  Hace solo unos días, de manera premonitoria, en un ingreso reciente, recordaba la tragedia que vivió nuestro país hace 25 años.  Vimos arder la sede de las Altas Cortes, mientras guerrilleros y militares se disputaban puntos estratégicos y las bajas empezaban a crecer.

En aquel entonces, las reglas se rompieron de manera desastrosa y sin ninguna clase de representación.  Sin embargo, me tranquiliza saber que tanto en ese entonces como hoy, sabemos que las reglas se habían roto.  Me tranquiliza, no por saber que se quebraron, sino porque conocíamos cuál era la regla, reconocíamos el derecho como algo válido y justo.  Hoy, en cambio, todo es una gran nebulosa, y requerimos de mentes aventajadas para que nos impongan su parecer.  La sociedad disfruta de los despotismos postmodernos, y de los jueces-Hércules.

Observo con preocupación que la universidad se presta hoy para ello.  Las campañas políticas exigen que haya más gente capacitada.  Eso es fabuloso.  El problema no es que se exija más cobertura en materia de capacitación, sino que el mensaje que se está recibiendo es que “abarcar más” implica “graduar a más”.  Qué tan bueno sean, es algo que están dejando librado al azar.  Siguen creyendo que en materia de educación profesional ocurre como las leyes de mercado que analizan los economistas.  El bueno se cotiza y el malo sale del mercado. ¿Puede usted categóricamente desmentir (ruego que así sea) a un amigo que en el pasado me afirmó que era funcionario público porque no tuvo el ‘aguante’ ni el coraje necesario para ser litigante particular?

Recordemos, señor Decano, que la economía se funda en supuestos.  Por ejemplo, uno pensaría que esta la selección sería funcional en materia de los abogados, si el mercado pudiera determinar qué es bueno y qué es malo, o mejor, quién es bueno y quién es malo.  Lo invito, señor Decano, a que revise el listado de quienes son considerados los mejores abogados del país.  Cada cierto tiempo, las revistas de opinión suelen sacar listados al respecto.  ¿Es esa la clase de abogados que quiere formar su universidad formar?  ¿Queremos a un Karate Kid, a un Litigante de columnas de opinión?  ¿Queremos mentes brillantes que se venden al mejor precio?

Me gustaría saber cuál es la clase de abogado que piensa formar esa universidad.  ¿Son ustedes de aquellas facultades que considera que estudiar Obligaciones, o Teoría del Estado es algo anticuado, y que es mejor remplazar esas clases por Derecho Comparado y Derecho del Espacio?  ¿Sabe usted cuántos de los abogados que usted ha graduado han sido sancionados disciplinariamente?  ¿Sabe usted por qué causa?  ¿Evalúa usted a la planta de profesores bajo su mando?  ¿Qué criterios utiliza?  ¿Qué hace con esas evaluaciones?  Le da usted prelación a los profesores de planta o a los externos? ¿Por qué?  ¿Qué trascendencia tienen las investigaciones que realizan al interior de la facultad?   ¿Quién elige sobre qué se investiga?

Evidentemente, todas estas son preguntas que no debe usted responderme a mí, pero que sí debe estar en capacidad de responder a los miembros de su comunidad estudiantil, y sobre todo, a los futuros estudiantes.  No basta hoy decir que son ustedes tradicionales, que publican muchos libros, que tienen un bonito campus o que son los que más pagan a sus docentes.  Por supuesto, que todo ello es importante, pero lo es más el resultado de la operación.

Señor Decano, me preocupa saber que al igual que ocurría en la edad media, las investiduras se venden.  Me preocupa que la calidad se confunda con cantidad.  Anteriormente se generaba la discusión entre la diferencia que puede existir entre derecho y moral.  Me preocupa que actualmente se deba empezar a escribir entre la diferencia entre derecho y capricho.  Creo que la flexibilidad curricular no da para que debamos sacrificar unos mínimos de conocimientos y un mínimo de valores.

Espero que este mínimo de inquietudes, esbozadas de manera desordenada y poco elaborada, le permita a usted, hombre de mayores y mejores calidades, poder traducir las críticas de fondo.  Espero que siendo usted una persona comprometida con la educación y no con el negocio educativo (para eso hay otras instancias), sepa usted poner a buen uso las ideas o las inquietudes que considere que puedan servir para el mayor beneficio de los estudiantes que pagan una matrícula creyendo que puede usted guiar sus estudios de la mejor manera.

Cordialmente,

Gaviota Jurídica

Profesor ‘del montón’

Abogado litigante ‘cualquiera’

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Lo que se quemó hace 25 años

Hace 25 años se produjo el doloroso episodio del Palacio de Justicia.  Hace 25 años Colombia conoció de primera mano qué ocurre cuando un Estado se niega a negociar con los terroristas y pierde en su unilateralismo.  En noviembre de 1985 años conoció Colombia qué ocurre cuando la fuerza bruta arremete sin la menor intención de pretender saber contra quién.  Durante la toma del Palacio de Justicia aprendió el país lo que implica el desprecio por la justicia, tanto por parte del Estado al que pertenecer, como de la subversión que encuentra en ella una piedra en el zapato.

En este lapso de 25 años hemos aprendido qué ocurre cuando no se piensa en el mañana, y cuando el fervor de un día opaca una óptica mucho más sopesada y responsable.  Me refiero aquí a la concesión de indultos y amnistías, la consagración de héroes y el bautizo de los villanos de turno.  El héroe de ayer es el villano de hoy, y muchos de los que otrora fueran bandidos ‘perdonados’, hoy se sientan a “mirar los toros desde la barrera”.

Imagen tomada de:  http://alvaroduque.wordpress.com

Nunca he simpatizado mucho con algunos de los planteamientos jurídicos de algunos de los grandes maestros que cayeron en la toma y retoma del Palacio de Justicia.  Siempre me parecieron que para algunos de ellos, el conocimiento nacía y moría en ellos.  En otras palabras, eran unos maestros de maestros, pero también campeones de la soberbia.  Esto último lo he podido corroborar con algunas de las personas que fueron medianamente cercanas a los Magistrados que perdieron sus vidas en la fatídica toma del estandarte de la justicia en Colombia.

Han transcurrido dos décadas y media desde que la vida les fue arrebatada de manera miserable.  Justitia vio de qué manera huían de su rebaño algunos de los más importantes exponentes que tenía el derecho.  Ante esta desolador panorama, por supuesto, no se podía permitir que la justicia colombiana también muriera, y se hizo necesario mostrar que mientras el espíritu de los caídos se mantuviese al lado de la verdad y de la justicia, llegarían honrosos reemplazos a los cargos que a partir de esa fecha se encontraban vacantes.  Serían bien reemplazados.  Eso pensamos todos, y durante algún tiempo, quizá así fue.

No obstante, cuando finaliza el año 2010 y miramos con un espejo retrovisor, nos damos cuenta de que hace 25 noviembres sí perdimos mucho de lo que debería ser fundamental en materia de justicia.  Observo estupefacto que cada vez que un juez toma una determinación importante en el país, ese juez es investigado disciplinaria y penalmente.  Eso, hace 25 años carecía de sentido.  Lo que más preocupa es que en muchísimas ocasiones, realmente sí se han tomado decisiones erradas, y aún más preocupante resulta que estas decisiones se toman de manera intencional.

No sé qué pensaría el Magistrado Gaona Cruz si viese a sus compañeros utilizar los cargos de las Altas Cortes como trampolín para ser candidatos presidenciales, diplomáticos o congresistas.  Su visión constitucional sobre este tema habría sido bien importante. Me gustaría ver la cara del Magistrado Patiño Roselli al relatarle que el Magistrado del Rolex le compulsó copias al hijo del Presidente, se ha enfrentado con el papá del investigado, y una vez dejado el cargo ha salido a demandar al Estado, no sin antes valerse de sus providencias para sus propósitos personales.

¿Será que el Magistrado Carlos Medellín se atrevería a decirle al país en la actualidad que luego de más de un año sin poder nombrar Fiscal General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia le está cumpliendo al país por el hecho de estar votando?  ¿Qué pensaría la Magistrada Fanny González Franco si viera que la interinidad es la moda de la justicia?  ¿Quizá propondría también que se dictaran sentencias interinas?

He tenido la oportunidad, en la última década, de escuchar a un sinnúmero de jueces, particularmente Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, referirse a los ataques que ha sufrido la justicia colombiana y cómo se ha puesto en inminente peligro la independencia judicial.  Esto se dijo cuando el país se encontraba acorralado en épocas de Andrés Pastrana.  Luego se mencionó cuando Álvaro Uribe empezó a cuestionar decisiones de la Corte Suprema de Justicia.  De hecho, si se revisan entradas antiguas de este blog, encontrarán algunas referencias a cómo uno de sus Presidentes (el Magistrado Ricaurte, de la Sala Laboral), siempre que hablaba en público hacía referencia a la independencia judicial.

A los obsesivos del concepto de independencia judicial, les he de dedicar las siguientes palabras tomadas del texto “Códigos de ética judicial” de Stafanie Ricarda Roos y Jan Woischnik.  En la pagina 47 de la edición publicada en el año 2005, se menciona lo siguiente:

Los partidarios del punto de vista según el cual los estándares de conducta ética para magistrados constituyen un peligro para su independencia parten de un falos entendimiento de la independencia judicial.  Este principio postula que los jueces, en el ejercicio de su función, están exclusivamente sometidos al derecho y a la ley, y sólo ésta los obliga.

La independencia judicial “es el derecho de cada uno de los ciudadanos de todo Estado, incluidos los jueces” (“the right of the citizens of each State, including its judges”) (función jurídico-individual).  Los últimos garantizan a los primeros un espacio de libertad en lo que hace a la actividad jurisdiccional, esto es: que un juez puede tomar sus decisiones sin estar influenciado por otro poder del Estado.  Según el principio de independencia de los jueces, ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo deben intervenir en la conducción del Poder Judicial (función institucional).

A nuestros jueces les gusta mucho la última parte de la independencia judicial, en la que se establecen una regla de no interferencia.  Sin embargo, pareciera como si hace 25 años se hubiese quemado el primero de los párrafos citados.  Esa parte de estar sometidos a algo más realmente no les gusta a los jueces.

Invito a los lectores más acuciosos a que revisen las sentencias de tutela que han sido proferidas por la Corte Suprema de Justicia.  Probablemente no encuentren muchas que valgan la pena leer.  De hecho, normalmente con leer una ya las han leído todas.  Las consideraciones suelen ser las mismas, y se resumen en que el juez puede interpretar como lo considere pertinente, y si hay disconformidad, hay recursos.  Si no los utiliza, no procede la tutela.  Si los utiliza, tampoco procede porque se acabó la vía ordinaria, y la tutela es de carácter excepciona.

Si revisan las sentencias de Casación (y pueden escoger cualquiera de las tres Salas), encontrarán que un número importante de mentes brillantes nunca entienden qué es lo que quiere decir la demanda de casación, y como no la entienden, no deciden sobre ella.  Sería interesante conocer una cifra actualizada acerca del porcentaje de demandas admitidas frente al de demandas presentadas.  También sería interesante saber qué porcentaje de las admitidas son casadas.  Por supuesto, la cifra por sí misma no nos dice mucho.  Sin embargo, al leer las providencias y luego ver las citas, veremos a qué se está dedicando la alta esfera judicial.

Anteriormente, la Corte más garantista de Colombia era la Constitucional.  Creo que quizás en la actualidad están perdiendo esa distinción.  Basta revisar las sentencias sobre las corridas de toros y la reciente decisión sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, para darse cuenta que también ha llegado a esa Corte el ‘bicho’ que los hace leer mucho, conocer demasiado, pero no entender las demandas de inconstitucionalidad. 

En cierto sentido, para que una acción prospere en una Alta Corte, no se requiere que un ciudadano tenga razones para acudir a ella.  Se requiere además un conocimiento tal del ordenamiento, de la jurisprudencia de la respectiva Corte y del procedimiento específico, que podría perfectamente ser conjuez de esa alta corporación.  De lo contrario, resultaría difícil que pueda prosperar una acción.  El problema es que, por fuera de las Altas Cortes, contar con mentes brillantes que litigan no gusta mucho.

A la justicia colombiana que involucra a los miembros de los escaños restantes no les gusta que hayan abogados litigantes, sino abogados lambones.  El juez quiere que los fiscales, los apoderados de las partes o los representantes del Ministerio Público les rindan pleitesía y aplaudan sus decisiones.  Los fiscales quieren lo mismo de los representantes de las víctimas y de los defensores.  Estos últimos deben saber, pero no saber mucho, porque de lo contrario se ganan enemigos.

En consecuencia, la justicia ha pasado de ser un servicio público de primer orden que se le garantiza a todos los ciudadanos, para llegar a ser un privilegio que requiere de estrategia, amistad, conocimiento y táctica militar.  El concepto de que Iura novit curiae es relativo, y puede (al igual que muchas otras cosas) ser usado en contra del usuario.  Al llegar ante un funcionario judicial, conviene preguntarse si a él es de los que les gusta que uno sea bruto o inteligente, y si frente a él será posible manifestar argumentos en contra.  En verdad… una tragicomedia.

Alguna vez conversaba con un amigo cercano que es funcionario público de la Rama Judicial, y me dijo que la única razón por la que lo era, era porque no había tenido el suficiente valor para salir a enfrentarse al mundo del litigio desde el otro lado de la baranda.  No sé si lo dijo en serio, o no.  Tampoco sé si su opinión es compartida por muchos o no.  Sin embargo, asusta pensar que podría ser así, y que la Justicia por la que muchos dieron su vida hace 25 años hoy está impregnada de ególatras con agendas propias en la cúpula, y por personas en plan de ‘escampar’, en otros niveles.

Eso sí, la justicia independiente cada día se vuelve más cerrada y regañona.  Sin duda, al igual que ocurre con las tarjetas de crédito, la tarjeta profesional de abogado de estas personas pareciera que fuera una tarjeta Platinum (en el caso de los Magistrados), Gold (en el caso de los miembros de la Rama Judicial por debajo del nivel de Magistrado), y el de los demás miembros de la comunidad jurídica una tarjeta Silver.

Cuando estudiamos en la Universidad nos enseñaban que la bonito de la institucionalidad es que las personas van y vienen pero las instituciones permanecen.  Pareciera ser que en Noviembre de 1985 los participantes en la toma y en la retoma hubiesen encontrado una hermosa manera de consumir en llamas el papel, el concreto, la mente humana y los valores mínimos de la justicia.  Independientemente de lo que hoy se pueda decir sobre el resultado de esos fatídicos días, creo que podríamos afirmar que hace 25 años se quemó el ideal de justicia por el que tantas lágrimas derraman hoy mis compatriotas.

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Universidades y masonería

Una lectora, Claudia, me ha contactado para solicitarme que escriba acerca de la relación entre la masonería y las universidades.  De hecho, siendo más exacto, ha solicitado que escriba sobre la fundación de universidades por parte de los masones.  Para ello, he revisado algunos documentos de acceso en internet para efectos de poder escribir esto de una manera medianamente informada.

En primer lugar, para quienes consideren conveniente revisar el tema desde el punto de vista colombiano, recomiendo que inicien revisando el escrito de Javier Ocampo López, que se encuentra disponible en internet, titulado “Los orígenes oficiales de las universidades republicanas en la Gran Colombia 1826-1830”.  Encontrarán allí una lectura favorable a la intervención de los ideales liberales defendidos también por los masones.  Particularmente, se trata de ver cómo en los inicios de la vida republicana grancolombiana fue tema de discusión la visión utilitarista de Bentham en la educación, así como en la cultura jurídica.  Precisamente, Francisco de Paula Santander, de reconocida filiación masona, fue defensor de estos ideales.

Imagen tomada de:  www.taringa.net

De hecho, resulta interesante que en más de uno de los textos que consulté, se insinúa (en otros se menciona abiertamente) que la masonería estuvo detrás de la conspiración septembrina, destinada a tumbar a un Bolívar dictador.  Las razones que llevarían a esta clase de especulaciones devienen de la defensa que realizara Simón Bolívar de una visión tradicionalista de la educación, que implicaba preponderancia de la Iglesia –y por ende de sus ideales y dogmas– en la educación.  Bolívar prohibió la enseñanza de Bentham, y esto era literalmente una bofetada para los masones.  Cabe aclarar que los masones señalan que Bolívar era masón.  Sin embargo, parece que el apetito de poder y la vida política dio un giro en el pensamiento de Bolívar que lo hizo enfrentarse a otros masones, como es el caso de Santander.

No es ese el único caso de rupturas entre masones.  Para más información, recomiendo el artículo publicado en la Revista Don Juan titulado “El poder de los masones”, que si bien no es la mejor fuente para efectos de considerarlo de alto rigor científico, sí incluye entrevistas a masones reconocidos que aportan algunos datos interesantes.  Tanto en este artículo como en otros textos consultados, resulta claro el vínculo entre la masonería y la Universidad Libre, creada por el General Benjamín Herrera, bajo ideales masones llevados al ámbito educativo.

También, en un texto escrito por la historiadora Jimena Samper, también disponible en la red, afirma la autora que la Universidad Nacional fue el fruto del impulso dado por intelectuales masones con miras a la liberalización de la educación.  En efecto, se observa que a lo largo de la historia, esta universidad ha sido guiada por el pensamiento liberal en materia de cátedra, así como la libertad y la igualdad en cuanto a los requisitos de ingreso a la misma.  Eso ha sufrido algunos cambios, pero en esencia, se conserva el ideal.

En cuanto al tema de la educación, es interesante observar que la masonería colombiana surgió como una inquietud de algunos estudiantes ilustres de la época colonial y pre-independentista.  Se resalta con bastante frecuencia la labor de Antonio Nariño en este sentir, y cómo parte de su labor política derivaba de una materialización de su perfil masón en aras de la libertad, la fraternidad y la igualdad, principios orientadores y pilares fundamentales de la revolución francesa (y las revoluciones derivadas de aquella).

En la actualidad, el círculo se cierra y lo que antes surgió como una reunión de intelectuales, probos y librepensadores, llevó a que en la actualidad las logias ya constituidas se enfoquen de manera determinante en la educación formal.  Las universidades no son una causa sino un objetivo.  Con ello, y la falta de trabas que actualmente existen en la legislación colombiana, pueden cerrar el círculo.  La educación, la erudición y la libertad serán un medio, y la educación uno de sus objetivos.

Para una sociedad secreta que vive de sus obras, como lo hacían los primeros masones agremiados, al parecer la educación formal entra en sus planes como una de ellas, como quizás en un momento lo pensó Santander en la época grancolombiana.  Por ahora, parece ser que existe influencia que trasciende las ‘universidades amigas’ y la libertad universitaria y la libertad de cátedra parecen ser herramientas que perfectamente pueden ser utilizadas por los grupos masones para influir (objetivo que algunos se niegan a reconocer abiertamente) y para realizar obras buenas, basadas en sus ideales filantrópicos.

No en vano vemos que en la entrevista de Don Juan ya reseñada y en el escrito de Víctor Hugo Vallejo, que data de 2001, se hace referencia a que muchos de los miembros de las logias son precisamente profesores universitarios e intelectuales.  Parecería que el tema está abierto desde hace bastante tiempo, y si existen limitantes, serán de índole presupuestal.

En un par de oportunidades he podido conversar con personas que pertenecen a la masonería, y por las referencias que allí indican, no solo algunas de las altas esferas del poder público cuentan con masones en sus filas, sino que la educación formal también.  En efecto, algunos de ellos se encuentran tanto en unas como en otras, y por tanto, parece ser que en la actualidad la masonería ve en las universidades una fuente y un objetivo, simultáneamente.

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