Hace 25 años se produjo el doloroso episodio del Palacio de Justicia. Hace 25 años Colombia conoció de primera mano qué ocurre cuando un Estado se niega a negociar con los terroristas y pierde en su unilateralismo. En noviembre de 1985 años conoció Colombia qué ocurre cuando la fuerza bruta arremete sin la menor intención de pretender saber contra quién. Durante la toma del Palacio de Justicia aprendió el país lo que implica el desprecio por la justicia, tanto por parte del Estado al que pertenecer, como de la subversión que encuentra en ella una piedra en el zapato.
En este lapso de 25 años hemos aprendido qué ocurre cuando no se piensa en el mañana, y cuando el fervor de un día opaca una óptica mucho más sopesada y responsable. Me refiero aquí a la concesión de indultos y amnistías, la consagración de héroes y el bautizo de los villanos de turno. El héroe de ayer es el villano de hoy, y muchos de los que otrora fueran bandidos ‘perdonados’, hoy se sientan a “mirar los toros desde la barrera”.
Imagen tomada de: http://alvaroduque.wordpress.com
Nunca he simpatizado mucho con algunos de los planteamientos jurídicos de algunos de los grandes maestros que cayeron en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Siempre me parecieron que para algunos de ellos, el conocimiento nacía y moría en ellos. En otras palabras, eran unos maestros de maestros, pero también campeones de la soberbia. Esto último lo he podido corroborar con algunas de las personas que fueron medianamente cercanas a los Magistrados que perdieron sus vidas en la fatídica toma del estandarte de la justicia en Colombia.
Han transcurrido dos décadas y media desde que la vida les fue arrebatada de manera miserable. Justitia vio de qué manera huían de su rebaño algunos de los más importantes exponentes que tenía el derecho. Ante esta desolador panorama, por supuesto, no se podía permitir que la justicia colombiana también muriera, y se hizo necesario mostrar que mientras el espíritu de los caídos se mantuviese al lado de la verdad y de la justicia, llegarían honrosos reemplazos a los cargos que a partir de esa fecha se encontraban vacantes. Serían bien reemplazados. Eso pensamos todos, y durante algún tiempo, quizá así fue.
No obstante, cuando finaliza el año 2010 y miramos con un espejo retrovisor, nos damos cuenta de que hace 25 noviembres sí perdimos mucho de lo que debería ser fundamental en materia de justicia. Observo estupefacto que cada vez que un juez toma una determinación importante en el país, ese juez es investigado disciplinaria y penalmente. Eso, hace 25 años carecía de sentido. Lo que más preocupa es que en muchísimas ocasiones, realmente sí se han tomado decisiones erradas, y aún más preocupante resulta que estas decisiones se toman de manera intencional.
No sé qué pensaría el Magistrado Gaona Cruz si viese a sus compañeros utilizar los cargos de las Altas Cortes como trampolín para ser candidatos presidenciales, diplomáticos o congresistas. Su visión constitucional sobre este tema habría sido bien importante. Me gustaría ver la cara del Magistrado Patiño Roselli al relatarle que el Magistrado del Rolex le compulsó copias al hijo del Presidente, se ha enfrentado con el papá del investigado, y una vez dejado el cargo ha salido a demandar al Estado, no sin antes valerse de sus providencias para sus propósitos personales.
¿Será que el Magistrado Carlos Medellín se atrevería a decirle al país en la actualidad que luego de más de un año sin poder nombrar Fiscal General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia le está cumpliendo al país por el hecho de estar votando? ¿Qué pensaría la Magistrada Fanny González Franco si viera que la interinidad es la moda de la justicia? ¿Quizá propondría también que se dictaran sentencias interinas?
He tenido la oportunidad, en la última década, de escuchar a un sinnúmero de jueces, particularmente Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, referirse a los ataques que ha sufrido la justicia colombiana y cómo se ha puesto en inminente peligro la independencia judicial. Esto se dijo cuando el país se encontraba acorralado en épocas de Andrés Pastrana. Luego se mencionó cuando Álvaro Uribe empezó a cuestionar decisiones de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, si se revisan entradas antiguas de este blog, encontrarán algunas referencias a cómo uno de sus Presidentes (el Magistrado Ricaurte, de la Sala Laboral), siempre que hablaba en público hacía referencia a la independencia judicial.
A los obsesivos del concepto de independencia judicial, les he de dedicar las siguientes palabras tomadas del texto “Códigos de ética judicial” de Stafanie Ricarda Roos y Jan Woischnik. En la pagina 47 de la edición publicada en el año 2005, se menciona lo siguiente:
Los partidarios del punto de vista según el cual los estándares de conducta ética para magistrados constituyen un peligro para su independencia parten de un falos entendimiento de la independencia judicial. Este principio postula que los jueces, en el ejercicio de su función, están exclusivamente sometidos al derecho y a la ley, y sólo ésta los obliga.
La independencia judicial “es el derecho de cada uno de los ciudadanos de todo Estado, incluidos los jueces” (“the right of the citizens of each State, including its judges”) (función jurídico-individual). Los últimos garantizan a los primeros un espacio de libertad en lo que hace a la actividad jurisdiccional, esto es: que un juez puede tomar sus decisiones sin estar influenciado por otro poder del Estado. Según el principio de independencia de los jueces, ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo deben intervenir en la conducción del Poder Judicial (función institucional).
A nuestros jueces les gusta mucho la última parte de la independencia judicial, en la que se establecen una regla de no interferencia. Sin embargo, pareciera como si hace 25 años se hubiese quemado el primero de los párrafos citados. Esa parte de estar sometidos a algo más realmente no les gusta a los jueces.
Invito a los lectores más acuciosos a que revisen las sentencias de tutela que han sido proferidas por la Corte Suprema de Justicia. Probablemente no encuentren muchas que valgan la pena leer. De hecho, normalmente con leer una ya las han leído todas. Las consideraciones suelen ser las mismas, y se resumen en que el juez puede interpretar como lo considere pertinente, y si hay disconformidad, hay recursos. Si no los utiliza, no procede la tutela. Si los utiliza, tampoco procede porque se acabó la vía ordinaria, y la tutela es de carácter excepciona.
Si revisan las sentencias de Casación (y pueden escoger cualquiera de las tres Salas), encontrarán que un número importante de mentes brillantes nunca entienden qué es lo que quiere decir la demanda de casación, y como no la entienden, no deciden sobre ella. Sería interesante conocer una cifra actualizada acerca del porcentaje de demandas admitidas frente al de demandas presentadas. También sería interesante saber qué porcentaje de las admitidas son casadas. Por supuesto, la cifra por sí misma no nos dice mucho. Sin embargo, al leer las providencias y luego ver las citas, veremos a qué se está dedicando la alta esfera judicial.
Anteriormente, la Corte más garantista de Colombia era la Constitucional. Creo que quizás en la actualidad están perdiendo esa distinción. Basta revisar las sentencias sobre las corridas de toros y la reciente decisión sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, para darse cuenta que también ha llegado a esa Corte el ‘bicho’ que los hace leer mucho, conocer demasiado, pero no entender las demandas de inconstitucionalidad.
En cierto sentido, para que una acción prospere en una Alta Corte, no se requiere que un ciudadano tenga razones para acudir a ella. Se requiere además un conocimiento tal del ordenamiento, de la jurisprudencia de la respectiva Corte y del procedimiento específico, que podría perfectamente ser conjuez de esa alta corporación. De lo contrario, resultaría difícil que pueda prosperar una acción. El problema es que, por fuera de las Altas Cortes, contar con mentes brillantes que litigan no gusta mucho.
A la justicia colombiana que involucra a los miembros de los escaños restantes no les gusta que hayan abogados litigantes, sino abogados lambones. El juez quiere que los fiscales, los apoderados de las partes o los representantes del Ministerio Público les rindan pleitesía y aplaudan sus decisiones. Los fiscales quieren lo mismo de los representantes de las víctimas y de los defensores. Estos últimos deben saber, pero no saber mucho, porque de lo contrario se ganan enemigos.
En consecuencia, la justicia ha pasado de ser un servicio público de primer orden que se le garantiza a todos los ciudadanos, para llegar a ser un privilegio que requiere de estrategia, amistad, conocimiento y táctica militar. El concepto de que Iura novit curiae es relativo, y puede (al igual que muchas otras cosas) ser usado en contra del usuario. Al llegar ante un funcionario judicial, conviene preguntarse si a él es de los que les gusta que uno sea bruto o inteligente, y si frente a él será posible manifestar argumentos en contra. En verdad… una tragicomedia.
Alguna vez conversaba con un amigo cercano que es funcionario público de la Rama Judicial, y me dijo que la única razón por la que lo era, era porque no había tenido el suficiente valor para salir a enfrentarse al mundo del litigio desde el otro lado de la baranda. No sé si lo dijo en serio, o no. Tampoco sé si su opinión es compartida por muchos o no. Sin embargo, asusta pensar que podría ser así, y que la Justicia por la que muchos dieron su vida hace 25 años hoy está impregnada de ególatras con agendas propias en la cúpula, y por personas en plan de ‘escampar’, en otros niveles.
Eso sí, la justicia independiente cada día se vuelve más cerrada y regañona. Sin duda, al igual que ocurre con las tarjetas de crédito, la tarjeta profesional de abogado de estas personas pareciera que fuera una tarjeta Platinum (en el caso de los Magistrados), Gold (en el caso de los miembros de la Rama Judicial por debajo del nivel de Magistrado), y el de los demás miembros de la comunidad jurídica una tarjeta Silver.
Cuando estudiamos en la Universidad nos enseñaban que la bonito de la institucionalidad es que las personas van y vienen pero las instituciones permanecen. Pareciera ser que en Noviembre de 1985 los participantes en la toma y en la retoma hubiesen encontrado una hermosa manera de consumir en llamas el papel, el concreto, la mente humana y los valores mínimos de la justicia. Independientemente de lo que hoy se pueda decir sobre el resultado de esos fatídicos días, creo que podríamos afirmar que hace 25 años se quemó el ideal de justicia por el que tantas lágrimas derraman hoy mis compatriotas.
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