lunes, 29 de junio de 2009

Víctimas y encubrimiento

A lo largo de mi vida, me he encontrado con un sinnúmero de ejemplos de lo sucia y degradante que es la política colombiana. Hoy, después de una larga reflexión encuentro que la política se ha adquirido dos características: degradante y sucia. Muchas veces, he intentado comprender cómo tanta cocción neuronal por parte de mentes privilegiadas en materia política, jurídica, y otras mentes que como la mía, simplemente entran en el rango de ‘inquietas’, simplemente hemos logrado cambiar el orden de los factores, pero no su resultado.

Teniendo en cuenta que el malestar que motiva este ingreso viene desde hace algunos días, considero oportuno abordar cada ejemplo de manera separada. Son solo muestras que permiten demostrar la existencia de unos síntomas preocupantes. De no controlarse las causas de los síntomas, sin duda la salud de Colombia peligra más.

Iniciemos esta exposición con la degradación. Esta semana, en el Congreso de la República se sometió a votación el texto conciliado de la ley de víctimas, que dio lugar a su hundimiento por parte de las mayorías del Congreso. Respecto de esto hay varias circunstancias que deben destacarse. En primer lugar, debe destacarse que a lo largo de todo el trámite del proyecto de ley, se evidenció con claridad la falta de voluntad política de la bancada oficialista por sacar el proyecto adelante. Siempre estuvo al final del orden del día, nunca alcanzaba el tiempo para discutirlo debidamente, y finalmente el texto sometido a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobado a pupitrazo limpio.

Que se aprueben las cosas a pupitrazo no es extraño, pero cuando se discute un proyecto de la importancia de la Ley de Víctimas, con más de 100 artículos, y con cambios que afectan de manera fuerte el presupuesto nacional, es grosero que nuestros “padres de la patria” asuman su responsabilidad para con el país con la misma seriedad con la que el mundo asume la responsabilidad por el calentamiento global. Finalmente, la aprobación se dio, y debía conciliarse el texto aprobado por Senado por el texto aprobado en Cámara.

Es aquí donde se torna confuso el asunto. Se constituyó la comisión de conciliación, que se encargó de discutir el texto que se iba a someter a consideración de ambas cámaras para su eventual aprobación. Sin embargo, a falta de un texto, salieron dos. En el primer texto (al menos primero en la Gaceta), los miembros de la Comisión manifiestan haber conciliado el texto que se fundamenta en lo aprobado por el Senado de la República, aunque acogiendo varios artículos de lo que fuere aprobado por la Cámara de Representantes. A pesar de ello, a renglón seguido, se encuentra un texto enviado por la misma Comisión (¡!), en la que somete a consideración el texto conciliado de la ley, acogiendo la mayoría del texto aprobado por la Cámara de Representantes (¡!). Para efectos de garantizar la inmediación de la prueba, y para quienes quieran constatar personalmente el asunto, pueden descargar la Gaceta 518 del Congreso aquí. En esta Gaceta encontrarán ambos informes de conciliación, de manera seguida.

Para quienes prefieran obviar la inmediación de la prueba, voy a citar la norma más problemática, según ambos informes, y podrán ustedes adivinar cuál era la norma que sí le gustaba al Gobierno, y cuál la que no.

Norma #1 (Artículo 6º del Proyecto)

“Artículo 6º. Derecho a la reparación. Las víctimas tienen derecho a ser compensadas de manera adecuada, efectiva y rápida por las violaciones de la legislación penal, de Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por medio de la implementación de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

La reparación no puede, en ninguna circunstancia, confundirse con la asistencia, ni con la ayuda humanitaria.”


Norma #2 (Artículo 6º del Proyecto)

“Artículo 6º. Derecho a la reparación. Las víctimas a las que se refiere el artículo 9º de la presente ley, tienen derecho a ser reparadas por los victimarios de manera adecuada, efectiva y rápida por las violaciones de la legislación penal y de normas internacionales de Derechos Humanos, por medio de la implementación de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

Cuando el Estado repare a las víctimas de grupos armados al margen de la ley, lo hará subsidiariamente en los términos de la presente ley y con fundamento en el principio constitucional de solidaridad y teniendo en cuenta los derechos vulnerados, sin que implique reconocimiento alguno de responsabilidad de su parte, atendiendo la disponibilidad de recursos.

Quien sea reparado por el Fondo para la Reparación de las Víctimas a través del Programa de Reparación por Vía Administrativa contenido en la presente ley, no podrá demandar por la vía judicial al Estado por el mismo concepto, con el fin de acceder a recursos adicionales, sin perjuicio del derecho que le asiste de perseguir los bienes del victimario.

Cuando el Estado repare a las víctimas de agentes del Estado definidas en el artículo 9º de la presente ley, lo hará únicamente con base en sentencia judicial ejecutoriada y con fundamento en el principio constitucional de responsabilidad. A efectos de lograr la reparación integral de las víctimas, el juez que condene a la reparación ordenará las medidas pertinentes que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica a que se refiere la presente ley.”

¿Ayuda del público? ¿Llamada al amigo? ¿GG (Gabela de Gaviota). Vámonos por la última de las opciones. Les doy una ayuda, para aquellos que no tienen claro el tema. Respecto del Proyecto #1, la norma citada viene acompañada de un presupuestado artículo 8º que nos delimita el alcance de las víctimas. Básicamente hace referencia a que son víctimas las personas que sufran directamente, o cuyo familiar haya sufrido directamente los daños por transgresión de la normatividad penal, internacional humanitaria, o normas sobre derechos humanos. El Proyecto #2, en cambio, consagra en su artículo 9º que serán víctimas las personas que directamente sufran daños por el actuar de los miembros de grupos al margen de la ley. Perdón. Lo serán si sufren esos daños hasta dentro de dos años. Después, no son víctimas.

Con el debido respeto de los partidarios del Gobierno, el proyecto #2 era una verdadera grosería jurídica. Fíjense cómo existen contradicciones normativas en las que, por un lado, había reparación por solidaridad para las víctimas del agente del Estado, aunque la norma no las contemple siquiera como víctimas. Al respecto, el Ministro del Interior, que es un sofista de primera, ha dicho que ese proyecto no discriminaba víctimas sino victimarios (¡!). Esto lo ha dicho en el comunicado del pasado 18 de Junio de 2009.

Un día antes, cuando fue presentado el texto de la conciliación #1, el Ministro de Haciendo explicó que el proyecto no era viable fiscalmente (a pesar que el proyecto del Senado había sido aprobado desde el 18 de Junio de 2008, es decir, un año antes). Los argumentos del Ministerio son bastante más serios que los presentados por el Ministro del Interior, aunque no fundamenta los cambios de cifras, ni tampoco explica el alcance de los recortes que pretendía el Gobierno. Para revisar el texto, pueden descargarlo aquí.

Solo resta afirmar que el Gobierno culpa del hundimiento de la ley al Senador Juan Fernando Cristo. Lo mismo hace el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, por revivir el proyecto aprobado por el Senado. Al respecto, el Senador Cristo, el satanizado, ha dado respuesta a Pizarro, en este comunicado que aparece en su página web.

Visto este ejemplo, después no digamos que la política no es degradante.

Conviene ahora referirnos a lo sucio de la política. Para ello, brevemente dos ejemplos: En primer lugar, el caso de las víctimas y victimarios. De la mano con el trámite de la ley de víctimas, condenada al fracaso por el Gobierno, sí se aprobó el principio de oportunidad para los procesos con los paramilitares reinsertados. Incoherente, en la medida en que la Ley de Justicia y Paz se fundamenta en los principios de verdad, justicia y reparacion. La verdad está ‘embolatada’ hace un buen rato, la reparación no se ve siquiera cerca. Sin ello, es inviable pensar en justicia.

Sin embargo, más preocupante que lo anterior es lo que ha pasado como una simple anécdota para muchos, que fue la llegada del relator especial de la ONU, Phillip Alston, quien rindió su informe el día 19 de Junio de 2009. Lo que muchos medios destacaron como un informe positivo en la medida en que aceptó las mejoras que se han presentado, nuevamente invito a los lectores a que puedan acceder directamente al informe, y no a las interpretaciones tendenciosas, para que puedan sacar conclusiones personales. Los invito a revisar el informe preliminar aquí. Nuevamente, para quienes prefieren obviar la inmediación, los dejo con dos anotaciones:

“La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.

(…)

Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas-que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes – contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.”


El gobierno ha tenido éxito parcial en minimizar el alcance de los falsos positivos, a nivel nacional, al igual que al minimizar el alcance de las interceptaciones ilegales de telecomunicaciones por parte del DAS. No obstante, la comunidad internacional no piensa igual. Preguntemos en el Reino Unido, en Canadá o en Estados Unidos a ver qué posición se tiene. Recordemos que ellos no se alimentan de la información de los medios de comunicación nacionales, sino que obtienen la información de fuentes independientes. La información llega por vías diferentes a los medios tradicionales, que en su mayoría son gobiernistas. Tal vez por ello es que a nuestro Gobernante actual le interesa manejar el concepto de ‘Estado de Opinión’. Bajo esta modalidad, los referendos reeleccionistas por clamor popular son la salida de la ‘encrucijada del alma’ que resulta completamente opuesta a la salida según los principios jurídicos vigentes.

Lo realmente preocupante es la intención evidente por NO descubrir, lo que para muchos entendidos equivaldría a encubrir. El encubrimiento, más allá de lo que diga el ordenamiento penal interno, que no sería para nada aplicable, cuenta con un tratamiento diferente bajo la óptica penal internacional. Es cada vez mayor el lobby que hacen los enemigos de Uribe, para que la Corte Penal Internacional decida interesarse por este país. Ellos a su vez, quieren borrar su imagen de Corte Penal Africana, para retomar la de Corte Penal Internacional. Tenemos que admitir que los recientes hechos resultan tentadores para cualquier juez no local.

A Phillip Alston le falta pronunciarse en detalle sobre su visita, lo que hará en los próximos meses, y le resta emitir concepto sobre la fallida ley de víctimas. Mientras tanto, el Gobierno ha logrado evitar la debacle, y sigue firme en su intención de garantizar el electorado y a los elegibles para el 2010. Visto este ejemplo, después no digamos que la política no es sucia.
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martes, 23 de junio de 2009

Un breve desahogo

Poseo problemas. Han ocurrido demasiadas cosas, demasiado seguidas, como para pretender abordar todas las que quisiera abordar. El día de hoy, iba a escribir algunas reflexiones muy particulares sobre los serios problemas que nos ha sido legado por parte del gobierno actual, y particularmente, del Ministro actual. Toda vez que nos queda algún tiempo (poco o mucho, eso está por verse) con las musas de estas reflexiones, y teniendo en cuenta lo particularmente asqueado que estoy por nuestro periodismo, he decidido abordar el tema hoy, y relegar el tema político-jurídico para mi próximo ingreso.

He tenido la oportunidad hoy de almorzar viendo el noticiero. El turno fue para Noticias RCN, dirigido por mi siempre adorada Clara Elvira Ospina. Afortunadamente, no tuve que ver ninguna nota preparada directamente por ella. Sin embargo, el destino tiene su forma particular de burlarse de uno, cuando así se lo propone.

Como acompañamiento a la sopa de entrada, tuve la oportunidad “en exclusiva” de ver los videos de seguridad sobre el choque de tránsito que condujo a la muerte a un taxista y a su pasajera. Tuve la oportunidad de ver escombros volar. Afortunadamente, nuestros acuciosos periodistas tuvieron la responsabilidad social para con los televidentes, de trabajar unas horas de más, de forma tal que en la edición de la noche pudiésemos identificar con un poco menos de esfuerzo, cuál de los escombros era en realidad el cuerpo de la pasajera del taxi. Justo después, entendí gráficamente, cómo es posible que la bulimia y anorexia permitan que una niña trague la cabeza de su cepillo de dientes. Fue muy didáctico. Sin embargo, es probable que los medios impresos se esmeren mañana en superar esta labor.

¡¡Qué mejor acompañamiento para una ensalada, que enterarse de las conversaciones privadas de los familiares de los militares emboscados y abatidos por las FARC!! La fotografía era digna de premio Oscar. Zona lúgubre: Entrada al Edificio de Medicina Legal. Los protagonistas: actores naturales con habilidades expresivas materializadas en alaridos desgarradores y la reiteración de las últimas frases que les habían dicho por teléfono sus respectivos seres queridos antes de marchar hacia la muerte. Los extras sin parlamento fueron una excelente elección. La tristeza y compasión que reflejaban sus miradas, los abrazos interminables, y los sacudones captados por el video, tendientes a controlar los episodios de histeria de los protagonistas principales, fueron la sal que le daba el toque perfecto a las verduras cuidadosamente seleccionados para acompañar mi plato.

El plato fuerte coincidió con todas las noticias sobre salud, que indican que todo lo que ya hago y consumo a diario, probablemente me generarán algún tipo de cáncer, salvo que tome las medidas necesarias para no hacerlo, como por ejemplo, beber agua, caminar, estirar, comer poco, comer muchas veces, beber agua, dormir durante el día, aunque no justo antes ni justo después de haber comido. Al menos, por el momento tengo opción de incumplir por falta de tiempo, gracias a Dios. Seguramente si estuviera en la larga lista de desempleados (o desocupados, so pretexto de mayor precisión) podría cumplir todo ello, aunque no tener dinero para comer. Al menos, por un tiempo podría hacer caso de todo lo que dicen. Por hoy, decidí que almorzar podía ser una mejor jugada al largo plazo.

El postre, sin embargo, fue la cereza sobre el pastel. No era propiamente un pastel con cereza lo que comí, pero el soundtrack sí lo fue. Tuve la oportunidad de escuchar la crónica de cómo un habitante de nuestras calles, al morir, fue transportado en un camión de basura a su morada final. Por supuesto, la noticia fue relatada de una forma mucho más colorida. Se utilizaron diversos recursos, como la vida entre la basura, y el trato como la basura. Para mí, que me gustan los símiles, fue un momento enriquecedor. La escenificación de la crónica, plasmada en tercera persona, aunque permitiendo al televidente vivir el relato como si fuese en primera persona, fue un recurso que probablemente no lograré dominar.

La sobremesa fue acompañada de la prensa escrita. Alcance a revisar (solo una ojeada) la manera en que una manifestante iraní falleció desangrada ante la agresión de fuerzas partidarias de Ahmadinejad. Desangrada y utilizada para rating de la marcha al día siguiente. El mismo rating que alimentó a los medios de comunicación, para lucrarse de la increíble muerte de un extranjero en Italia, sin que alguien siquiera se detuviese a verlo morir.

Por la tarde, en un momento de curiosidad morbosa, decidí revisar la más reciente edición de la Revista Caras, en procura de la información secreta sobre el divorcio de Ingrid Betancourt. Con sorpresa, me encuentro con que, aparte de la confirmación de los rumores que conocíamos sobre presuntas infidelidades y uso de alucinógenos, el artículo es una bitácora más o menos detallada sobre los aspectos procesales de este caso. Se explica al lector sobre las causales invocadas, cuándo se pueden invocar, y los momentos en que se puede conciliar para no llegar al fallo absolutorio.

Personalmente, salí confundido. No nos cuentan detalles sucios tales como la ropa interior favorita de la excandidata presidencial, ni sobre las canciones que le cantaba su esposo a la amante en la cama. No se hace referencia a tallas de brassier, ni de cheques entre las partes y sus respectivos amantes oficiales. En otras palabras, el morbo por la curiosidad nunca se encontró con el morbo del detalle sucio.

Mi confusión muy pronto se tornaría en desolación. Deberían ser los medios de moda y sociedad los que me brindaran esta información. Tal parece ser, que tendremos que acudir a los medios de comunicación “serios”, para enterarnos sobre posiciones sexuales favoritas, y otros datos más. Podría ser un excelente aperitivo para el almuerzo de mañana.
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martes, 16 de junio de 2009

Poesía Jurídica Vol. 1

El ingreso anterior hice referencia a un libro de poesía bastante popular hoy en día, que se llama Constitución Política de Colombia. Ha sido un bestseller. Contagiado un poco por esa rama del arte, de la cual siempre he sido un enconado crítico, he querido experimentar un poco con la intención de soltar al aire sentimientos que no puedo transmitir verbalmente. He querido igualmente combinarlo con la sátira que me caracteriza, intentando burlarme de mí, y logro el doble objetivo.

Los dejo con mi primera obra de poesía jurídica, con unos versos de amor y de dolor.


Aluvión

Tiempo ha.
Tiempo ha, que no cae el rocío.
Contrario a lo que vocifera el palpitar de mi corazón,
Parece ser que ha prescrito nuestro amor.

Aquel rocío que se posaba en mis labios,
Aquel rocío que se hacía tenue en mis dedos.
Aquél rocío, alimento de mariposas interiores
Aquel rocío que llamaba amor.

He huido.
He huido, llamado por voces insensatas.
Voces que algunos llaman ratio decidendi,
Determinador de este abigeato del amor.

Las mariposas revolotean,
Ya no juguetonas sino desesperadas.
Indagan por aquél rocío ausente,
Cual declarado objeto ilícito en mi vida.

No transitan ya las aguas,
Las aguas de aquel caudaloso manantial.
Su fuga, aunque dolosa y clandestina,
Ha dejado huella imborrable en este, tu hogar.

Ruego al cielo a diario,
Que conceda a Gaviota el milagro.
Que los hermosos efectos de aquel rocío,
Adquieran ya efecto ultraactivo.
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sábado, 13 de junio de 2009

El ‘mandatario’ nacional

A lo largo de la vida, he crecido con una serie de clichés lingüísticos. Desde que era pequeño supe que en fútbol, el que rueda es el ‘esférico’, así estuviera aun lejos de adentrarme en los oscuros senderos de la geometría. Entendí a una temprana edad, que ser ‘doctor’ era en ese entonces, y aún ahora, una manera amable de referirse a alguien, para hacerle sentir que se le respeta. Lejos de mí saber, en ese entonces, que era una categoría académica que tenía una implicación distinta de la cortesía social. Crecí en la época de los asesinatos de Lara Bonilla, Galán, Jaramillo, Álvaro Gómez, y muchos otros, así como en los bochornosos episodios del Palacio de Justicia. Me introduje en las primeras nociones de investigación criminal: la ‘investigación exhaustiva’, término que hoy ha sido sustituido por el de “ejecución de un programa metodológico minuciosamente trazado”, que en ambos casos significa que no se está haciendo nada, o que si se está haciendo, no será por mucho tiempo.

Tiempo después, me zambullí en un segundo tomo de términos que debemos manejar, y que se agrupan en dos subgrupos: 1) Los que son definibles, traducibles, pero que el lenguaje social nos obliga a utilizar “tal cual”, y 2) Los que a pesar de comprender a la perfección su significado, resultan difícilmente definibles, y de traducción compleja. Es así como ha logrado incorporar términos del grupo 1), entendiendo que el computador se resetea, y que ese man es un duro para el spinning. En cuanto a términos del grupo 2), podríamos afirmar sin lugar a dudas que después de escanear los planos, hay que renderizarlos para que los lea el programa, o que hay una prendas que por esencia son muy chic y muy fashion.

Hasta ahí, no hay demasiados problemas. El problema inició cuando ingresé a la facultad de derecho y empecé a entender que existían una serie de términos que contienen una connotación diferente a la que uno inicialmente consideró. Comprendí que cuando le pegamos un codazo al vecino, lo correcto no es afirmar “discúlpeme, fue sin culpa”, sino “discúlpeme, fue sin dolo pero con culpa”. Interioricé que cuando me deben alimentos, no se soluciona el problema con un jugo y un pastel de pollo, sino que probablemente se requiere del pago mensual de unas sumas, que incluyen gastos que van más allá del jugo y el pastel de pollo.

El problema no es ese. Salir de la ignorancia siempre es bienvenido, cuando la meta es precisamente no permanecer en ella. La difícil cuestión se da cuando creemos entender algo y en realidad no lo entendemos. En los estudios de postgrado, llega un profesor y le pregunta a sus alumnos qué significaba la palabra ‘abogado’. Después de jugar con sus alumnos, que acudían a un sinnúmero de tesis al respecto, el docente descubre el significado etimológico de la palabra y deja perplejos a sus alumnos. Eran abogados, cursando especializaciones, pero en realidad no “sabían lo que eran”.

Casos como estos se presentan día a día, y nuestro gremio, que cada vez quiere estar más preparado, que busca con urgencia la revaluación de conceptos y de tesis para que el derecho tienda a ser un poco más justo. Deja de lado estas pequeñeces lingüísticas, pues eso no es lo realmente importante, y continúa debatiendo en el topos uranus. Por ejemplo, después de haber pasado por una clase de derecho laboral, cualquier abogado que no haya pasado copiando, podrá afirmar sin temor alguno, que no es lo mismo estar ocupado que estar empleado. Sin embargo, a diario encontramos una infinidad de noticias que nos hacen referencia a que la tasa de desempleo ascendió a x por ciento. Se dice que en Colombia, actualmente, la tasa de ‘desempleo’ es un poco más del 12%. A renglón seguido se dice que de todas las personas ocupadas, solo un determinado porcentaje se encuentra vinculado por contrato laboral, y de ellas, solo reciben las prestaciones laborales correspondientes un porcentaje mucho menor. En consecuencia, el porcentaje real de desempleados en Colombia, claramente no es del 12% sino de muchísimo más. Sin embargo, el error persiste y nos acostumbramos a él.

Estos formalismos lingüísticos son interesantes porque son más comunes de lo que creemos. Otro caso que resulta no solo curioso sino patético, es el referente al uso de la palabra “mandatarios”. Es usual que en los medios de comunicación se haga referencia a la reunión de mandatarios, cuando se quiere hacer referencia a la reunión de Jefes de Estado, o de Jefes de Gobierno. ¿Por qué se hace referencia a mandatarios? Por supuesto, si acudimos a los diferentes diccionarios de la lengua española, encontraremos que existen dos acepciones para este vocablo.

La primera acepción es precisamente la que hace referencia a la de jefe o gobernante, y que suele utilizarse cuando se refiere a los Presidentes, Primeros Ministros, Reyes, entre otros. La segunda forma válida de utilizar este vocablo, es cuando se hace referencia al mandatario, como una de las partes del contrato de mandato. Para quienes no conocen este contrato, es un negocio jurídico en el cual una parte, llamada ‘mandante’ le encomienda a otra, llamada ‘mandatario’ la gestión de uno o más negocios. Este mandato puede concederse con representación o sin ella, lo que implicaría que en la gestión del negocio, el mandatario estaría obligado a decir, o en su defecto, a no hacerlo, en nombre de quién es que adelanta la correspondiente gestión. Se dice con frecuencia, que cuando se contrata a un abogado para la representación de los intereses en un proceso judicial, se está celebrando un contrato de mandato. Sin embargo, es usual que los contratos se refieran a la prestación de servicios profesionales, que es otra cuestión parecida, pero no idéntica.

Lo interesante es que estas dos acepciones nos ponen de presente una evidente contradicción entre una y otra. En el contrato de mandato, quien da las pautas, las órdenes y de quien depende la remuneración, es el mandante. En otras palabras, el Jefe, o el ‘mandamás’ es el mandante y no el mandatario, quien será el encargado de obedecer y cumplir con lo encomendado, so pena de incurrir en responsabilidad por incumplimiento del mandato. En la otra acepción, simplemente el Mandatario es quien manda, y punto. Es decir, todo lo contrario.

¿Cómo es posible esta contradicción? Los teóricos de la ciencia política, así como los expertos en materia de derecho constitucional, afirmarán que el término ‘mandatario’ al que aquí se hace referencia deriva de la entrada en vigor de gobiernos representativos, en las que el pueblo, mediante su voto, confiere un mandato a la persona elegida para el cumplimiento de un programa que ha sido previamente diseñado y conocido por los votantes. Esa, precisamente es la razón de ser de que existan figuras como la revocatoria del mandato, que en Colombia se ha previsto para los alcaldes municipales. No se previó, en cambio, para los Presidentes.

Visto lo anterior, la pregunta irónica que le surge a esta Gaviota es, cómo llevamos más de un año discutiendo sobre si nos gusta o no nos gusta la reelección, cuando la pregunta real es si nos gusta o no nos gusta la reelección del Presidente Uribe. Ahora, que finalmente el país ha decidido ser sincero en cuanto a la pregunta real, encontramos que la respuesta deriva de un test de popularidad. ¿En caso dado de que fuéramos a reelegir al Presidente Uribe, alguien sabe qué es lo que se comprometería a hacer de cara al país? No. Y el que lo sepa, es mentiroso, o adivino, porque el Presidente no ha siquiera mencionado públicamente su interés de hacerse reelegir, aunque todos los seres medianamente pensantes sepamos que ello es así.

Recordemos que este es el país de Jaider Villa, triunfador de la serie Protagonistas de Novela, a quien elegimos, no por ser buen actor, sino porque era frentero y medio buscapleitos. Es este el país de Francisco Villarreal, quien ganó el concurso de Factor X, no porque fuera el que mejor cantara, sino porque su historia de vida era la más conmovedora. Hace pocos días encontramos que en Inglaterra, en el caso de Susan Boyle, ante un evento así, la gente no eligió la historia más bonita y conmovedora sino los que a su parecer, eran los más talentosos. Pero, en el país de Jaider y de Francisco, lo más grave del asunto es que subimos o bajamos Presidentes por los mismos motivos.

Claramente, ninguno de nosotros sabe a qué se comprometería Uribe con el país, o siquiera si se comprometería a algo, pero queremos reelegirlo. Claro. Es el Presidente que ‘frenteó’ a Ecuador y a Venezuela. Es el Presidente que ordena a los Generales que persigan subversivos. Es el Presidente que logró devolverle la esperanza al país de que no se perdería inevitablemente la guerra contra las FARC. Sin embargo, es el Presidente que ha mantenido durante casi 7 años a dos Ministros abominables como lo son el de Transporte y el de Protección Social. Es el Presidente que acudió a la politiquería que él mismo juró combatir, para hacerse reelegir la primera vez, y que repite la fórmula esta vez. Es el Presidente bajo cuyo mandato se han presentado seguimientos ilegales a funcionarios públicos, políticos y otros ciudadanos. Es el Presidente que considera que debemos sustituir el Estado Social de Derecho por el Estado de Opinión, como en los Realities, en donde decidimos como actuar, no por razones y argumentos, sino por lo que nos parece que está bien o mal.

Quienes han seguido desde hace algún tiempo este blog, recordarán los diversos ejemplos que se han planteado, en donde una justicia “de opinión”, que podríamos traducir como ‘justicia visceral’, ha llevado a decisiones abominables. Hemos visto cómo en países como Venezuela, donde igualmente se gobierna por rating y no por resultados, la situación amenaza con llegar a un punto de no retorno, condenándolos a la crisis y a la pobreza generalizada.

¿Es eso lo que queremos aquí? Para los reeleccionistas, les reitero la pregunta: ¿saben cuál sería el mandato que estarían confiriendo a Uribe III? Recordemos, él es, y seguiría siendo el mandatario nacional. No en vano, se dice por ahí en un libro de poesía llamado Constitución Política de Colombia, que el poder reside en el pueblo, y que lo ejercerá directamente o a través de sus representantes.

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domingo, 7 de junio de 2009

Instituciones financieras

Resulta interesante revisar la crisis económica mundial, desde una perspectiva antitécnica, y comparar las conclusiones subjetivas, personales y parcializadas que de allí salen, con las opiniones de expertos. Normalmente son completamente diferentes las unas de las otras. Antes, se decía que cualquier persona podía hablar de política, de fútbol y de religión. Precisamente por ello es que siempre se ha aconsejado que no es buena idea entrabar discusiones sobre cualquiera de estos tres temas. Creo que con el cambio de siglo, podríamos agregar el tema económico a este conjunto de tres.

En anteriores oportunidades he manifestado mi completo malestar porque el destino jurídico del país –no solo el económico– sea regido por los banqueros. Recordemos que, a pesar de contar con una Academia Colombiana de Jurisprudencia, colegios de abogados, Facultades de Derecho con mucha o poca tradición, pero reconocidas socialmente y una Sala de Consulta en el Consejo de Estado, el gobierno ha dejado clarísimo que las importantes decisiones jurídicas del país son adoptadas por las instituciones financieras. Anteriormente, se sabía que el sector financiero exigía cosas a los mandatarios de turno (finalmente, son ellos grandes financiadores y sumamente influyentes, para bien o para mal, en la imagen de cualquier político) pero eran los equipos técnicos de las dependencias gubernamentales, o los asesores jurídicos de los congresistas, los encargados de darle forma a estas peticiones-exigencias. Actualmente, son ellos los que desconcertantemente elaboran las fórmulas jurídicas a seguir.

Ya me he pronunciado al respecto en este blog, pero haciendo particular énfasis en Luis Carlos Sarmiento, nuestro jurisbanquero mayor. El día de hoy, me gustaría enfatizar en algunos aspectos que han surgido en los medios a lo largo de estas últimas semanas, y particularmente, respecto de las noticias encontradas en lo relacionado con las realidades tan disímiles que se observan en Colombia.

De una parte, se tiene la posición planteada por Rodolfo Arango en esta columna del diario El Espectador, donde se evidencia esta situación. Bancos ganan, pueblo pierde. No en vano se ha conocido que el desempleo en Colombia crece. Cuidado, me refiero al DESempleo, porque para los organismos estatales, el SUBempleo, no cuenta. Y claro, esto ha sido asimilado por la población de vendedores ambulantes, de cantantes de buses, de malabaristas de semáforo. Cómo no hacerlo. Los medios así lo han dictaminado, y el DANE lo sustenta, así el porcentaje de personas que entiendan esos estudios sean el equivalente al nivel de desempleo que quisiésemos, es decir, INMENSAMENTE bajo. Sin embargo, no debemos aquí apelar a la ignorancia para intentar justificar una opinión. Podríamos, eso sí, apelar al hambre de muchos de mis compatriotas, quienes a pesar de su ingenio, sus ganas de trabajar y su sentido de responsabilidad por los suyos, se sientan impotentes ante la situación.

En contraposición, vemos cómo los hijos del Presidente de la República logran sobrepasar cualquier límite cognoscible en materia de emprendimiento. Con, o sin dolo, (aunque creo que ya he manifestado mi posición al respecto), ellos sí son ciudadanos con derecho a producir, con derecho a trabajar, con derecho a prosperar. Para los demás, se nos pone de presente la existencia de un seguro de desempleo. Claro, siempre y cuando coticemos oportunamente para pensiones (que no veremos) y para salud (que no tenemos). Trabajo… difícil. Estamos en un mundo en crisis.

Lo curioso es que esta crisis parece ser que es aún más excluyente y exclusiva que el acceso al espacio exterior. Este doce por ciento, y un poco más, que está desesperando buscando sobrevivir, observa con rabia e incredulidad cuando, además de la cifra de ganancias del sector financiero, que presuntamente asciende a 3,1 billones de pesos, surge una nota complementaria, en el diario El Tiempo, según la cual esos 3,1 billones de pesos significan un crecimiento de ganancias equivalente al 51%.

Curioso que una crisis financiera iniciada en un país extraño para muchos, por entidades que pertenecen al sector financiero, signifiquen ayudas económicas para los causantes, pero pérdidas de empleo para los NO culpables. Cómo explicarle a un agricultor, a un tendero, a operadores de call centers, o a pequeños empresarios, que sus pérdidas no son culpa suya, pero que sí son ellos los llamados a sufrir por ello. Todo ello, mientras las entidades financieras y sus propietarios miran la manera de repartir utilidades en cómodas cuotas, manteniendo elevadísimos costos de mantenimiento de servicios financieros y ofreciendo créditos a intereses que no se compadecen con las tasas de referencia fijadas por el banco central del país.




Imagen tomada de: http://matadorcartoons.blogspot.com

Conviene recordar que ha sido éste, el sector financiero, el que ha logrado lo siguiente:

1) Proponer y obtener que se decretara un estado de conmoción interior ficticio, para frenar un paro judicial por las nocivas consecuencias que implican en materia de cobros ejecutivos de créditos hipotecarios.

2) Proponer y obtener que se decretara un estado de emergencia económica para acabar con DMG, porque los usuarios bancarios retiraban el dinero para invertirlo en una compañía que hacía todo lo contrario de las entidades financieras. En vez de tomar, intermediar y cobrar comisiones, la sociedad tomaba, devolvía y agregaba dinero al cliente. Por supuesto, es malo ayudar a los que lavan dinero, pero lo es más depositarlo para que otro lo goce, pensaban muchos de ellos, y la verdad, no los culpo. No es fácil

3) A pesar de que la ley ordena que los fondos de pensiones y cesantías no pueden trasladar las pérdidas a los usuarios, así lo han hecho, y siguieron como si nada hubiera ocurrido.

4) Han logrado que la entidad estatal encargada de vigilarlos, haga todo, menos vigilarlos. Recordemos que el Superintendente Financiero que quiso cumplir la norma, salió de allí a petición de sus vigilados.

5) A pesar de que aún no se ha consumado, y a pesar de no haber terminado de contar todas las ganancias que han obtenido, invitan a que el pueblo colombiano se ‘meta la mano al bolsillo’ para financiar una guerra en la que son ellos los que ‘ponen los muertos’ (no recuerdo haber visto hijos de banqueros patrullando zonas de combate), los que sufren los daños, y a quienes no se les trasladan los beneficios. Basta recordar el caso de Carimagua. Este es otro caso más de nuestra ingeniería jurídica por parte de banqueros.

Hoy, en el diario El Tiempo (la versión virtual que aquí se referencia corresponde al diario Portafolio, de la misma casa editorial), se ha publicado este artículo que cuestiona esta situación, pone de manifiesto, aunque sea tibiamente, el malestar de la población. Por cierto, me brindan un dato adicional. La conocida cuota de manejo de las tarjetas de crédito, en el país, ha crecido un promedio de 22,26 por ciento en un año. Curioso que mientras la inflación causada ha sido aproximadamente una cuarta parte de eso, se incrementen los costos, sin justificaciones serias. Tal vez las tarjetas de crédito nuevas relaten cuentos y canten canciones, pero de esas no me han llegado a mí.

Y pensar que muchos consideramos que todo aquello de la ‘oligarquía’, de la que tanto habló Jorge Eliécer Gaitán, no es más que un argumento retórico. Los clásicos consideraban que la Oligarquía era la degeneración de la Aristocracias. La pregunta es, ¿cómo hemos dado el salto allá, creyendo que seguimos en un régimen democrático? Quedo a la espera de teorías.
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