miércoles, 30 de octubre de 2013

Blog Action Day 2013 - atrasado: ¿Son justos los derechos humanos?

Este año me había comprometido a escribir para el Blog Action Day, que pasó hace ya varios días.  Me disculpo con los organizadores del evento, pero nuevamente por culpa de mi alter ego, resultó imposible poder cumplir. No tenía claro si escribir un ingreso retroactivo tendría algún tipo de sentido, y estaba convencido que lo mejor sería no hacer nada al respecto.  Finalmente, por algo se llama Blog Action Day y no Blog Action Month.

Sin embargo, en la tarde de ayer mi otro yo acudió a un evento en la Universidad Externado, a invitación de Gonzalo Ramírez Cleves.  El evento era el lanzamiento de un libro titulado "Comercio justo, globalización y medio ambiente".  El amigo Gonzalo es uno de los dos editores de ese texto.  Uno de los invitados al lanzamiento, quien tuvo la oportunidad de exponer sus impresiones sobre el texto, fue el profesor de esa universidad Juan Carlos Lozano.  Una de las cosas que mencionó el profesor Lozano, es que uno de los elementos que debe abordarse interdisciplinariamente es la manera en que afecta la actuación de las corporaciones y de los Estados el fenómeno de la globalización.  Cada vez más pierde protagonismo el Estado y cada vez más adquieren poder las multinacionales.

El concepto de derechos humanos, en cambio parece que se encuentra enquistado en la relación Estado-ciudadano en la que muchos ciudadanos todavía se mueven.  Si algo ha demostrado el siglo XXI, en lo poco que lleva de iniciado, es que el Estado ha dejado de ser el gran protagonista del escenario mundial y global.  "Si no me gusta lo que dice o hace un Estado, me voy a otro cuyas reglas me sirvan".  Ese parece ser un pensamiento cada vez más generalizado. Cómo es posible entonces garantizar tanto (porque garantizar todo lo que se pretende garantizar es bastante, si se tiene en cuenta las condiciones del mundo hoy).



La reflexión que he querido digerir, y que me gustaría compartir con los lectores de este espacio, es precisamente que la noción de derechos humanos no está siendo justa.  No sólo no parece justa porque parece ir más allá de lo que podría realmente garantizarse incluso a personas aventajadas.  La garantía de trabajo, de educación, de una vida digna y de la libertad, parecen cada vez más utópicas.  ¿Es acaso justo decir que se garantiza algo que no es posible garantizar?

De otra parte, me gustaría igualmente pensar que el concepto de derechos humanos que hoy en día retomamos es claramente injusto porque únicamente le asigna la carga de su cumplimiento al Estado, y más aún, a los gobiernos.  ¿Puede realmente hoy en día algún Estado de un país como Colombia exigirle algo a entidades tan poderosas como los bancos o las empresas multinacionales de las que depende la economía nacional?.  Más aún, ¿pudo alguna vez hacerlo? 

La justicia no se trata simplemente de hacer o decir algo que parezca correcto o deseable, sino de hacer y decir algo que realmente podemos lograr, si bien no en ese momento, en un futuro, con una estrategia seria.  El mundo se ufana en la actualidad de proponer acabar al pobreza, o el SIDA, o el hambre en 20 años (parece mucho tiempo).  Transcurridos 18 años, empezamos a estudiar por qué razón no pudimos hacerlo, y la gente sigue igual de desatendida como antes.

¿Puede catalogarse como 'justo', algo que no atiende a la realidad psicológica de la humanidad, que desatiende la inversión de la distribución del poder en el siglo XXI, y que vive de un discurso filantrópico? Mi voto, por supuesto, es que NO.
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viernes, 4 de octubre de 2013

La capacidad de endeudamiento

La reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, es un desafío para Colombia.  Desde hace muchos años (e incluso décadas) la Fiscalía viene trabajando a un paso que es claramente inferior al de la delincuencia, cada vez más activa, más "emprendedora", y cada vez más innovadora.  Mientras el mercado que capta la delincuencia no obtiene una respuesta efectiva por parte del ente acusador, el Gobierno, el Congreso y el Fiscal General de la Nación le han apostado a un nuevo modelo de gestión al interior de la entidad.

Hasta allí, todo suena fantástico.  El problema surge cuando queremos ir un paso más allá, y nos preocupamos por enterarnos de qué se va a hacer en la entidad.  Me menciona mi alter ego que ha escuchado conversaciones sobre este tópico, y en ellas se revela con absoluta claridad, que nadie sabe lo que va a ocurrir allí.  Al parecer, lo único que es claro es que la Dirección Nacional de Fiscalías va a desaparecer, y en su lugar van a surgir unas "Gerencias" que se encargan de asumir la parte administrativa.  No se sabe mucho más acerca de cómo van a funcionar.


Imagen tomada de www.eluniversal.com.co

Otro aspecto que se sabe es que existe una plena intención de unificar los cuerpos de policía judicial que se encuentran dispersos en varias entidades. Si tiene o no sentido esto, es otro debate, es otro problema.  Ya la Fiscalía era la encargada de ejercer la labor de coordinación de estos grupos desde antes.  Lo que cambiaría es que ahora, por lo visto, la intención del Fiscal Montealegre es que sean parte de la Fiscalía.

Bien es sabido por los lectores habituales de este espacio, que esta gaviota no le profesa ningún tipo de cariño al señor Montealegre.  Ese amor no es gratuito, pues deriva de una cantidad de actos que se vienen ejerciendo sistemáticamente por el Fiscal General, tendientes a cosas diferentes a administrar justicia en materia penal.  Estas reformas, en mi sentir le generan un poder especial a Montealegre que no tenía antes: mayor capacidad de endeudamiento.  Me explico.

Montealegre, un profesional del derecho muy ilustrado, muy formado, y muy ególatra, como todos los ególatras, creen que pueden hacer las cosas mejor que cualquier otra persona, en cualquier otro escenario.  Ese nivel de egolatría hace que el "opinador" tenga salidas como opinar sobre el marco jurídico para la paz, opinar sobre si los congresistas cometen o no faltas disciplinarias por viajar a Cuba (competencia del Procurador), sobre la legalidad de las actuaciones de la Contraloría, entre otras cosas.  Esto le ha generado peleas con muchas personas, muchas de ellas muy poderosas.  Precisamente con el Procurador Ordóñez y con la Contralora Morelli ha venido sosteniendo agrias luchas que han llegado incluso al ámbito penal (como en el caso de la Contraloría).

El motivo de la pelea es claro: las investigaciones en materia de salud (con la Contraloría), y la envidida de que el Procurador tiene más poder que él (en el caso de la Procuraduría).  Quizá, después del Presidente de la República, el individuo más poderoso en el país es el Procurador General.  Posee una amplia nómina con cargos jugosos.  Posee la potestad disciplinaria preferente (que hace que los servidores públicos estén en sus manos, en la mayoría de casos), es el representante de la sociedad en su calidad de Ministerio Público, y posee unos cargos con salarios jugosos, que han servido en el pasado para satisfacer los intereses de los burócratas que sólo se mueven si les hablan en términos de 'puestos'.

La Fiscalía General de la Nación, claramente posee un presupuesto mayor que las otras dos entidades, pero su poder de endeudamiento no es tan poderoso.  La reestructuración le permite al Fiscal "mover gente", y mover gente implica sacar y nombrar, las dos más grandes fuentes del poder en el ámbito público.  El secreto (eso ya lo hemos mencionado) es el estilo de Montealegre, y por eso es que las cosas se van dando, y se irán dando sin previo aviso.  Sin embargo, es altamente probable que al final del ejercicio, la gran reestructuración no incida de manera decisiva en el funcionamiento del sistema penal, aunque sea esta la excusa.  La finalidad real, es otra.
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