Resulta interesante revisar la crisis económica mundial, desde una perspectiva antitécnica, y comparar las conclusiones subjetivas, personales y parcializadas que de allí salen, con las opiniones de expertos. Normalmente son completamente diferentes las unas de las otras. Antes, se decía que cualquier persona podía hablar de política, de fútbol y de religión. Precisamente por ello es que siempre se ha aconsejado que no es buena idea entrabar discusiones sobre cualquiera de estos tres temas. Creo que con el cambio de siglo, podríamos agregar el tema económico a este conjunto de tres.
En anteriores oportunidades he manifestado mi completo malestar porque el destino jurídico del país –no solo el económico– sea regido por los banqueros. Recordemos que, a pesar de contar con una Academia Colombiana de Jurisprudencia, colegios de abogados, Facultades de Derecho con mucha o poca tradición, pero reconocidas socialmente y una Sala de Consulta en el Consejo de Estado, el gobierno ha dejado clarísimo que las importantes decisiones jurídicas del país son adoptadas por las instituciones financieras. Anteriormente, se sabía que el sector financiero exigía cosas a los mandatarios de turno (finalmente, son ellos grandes financiadores y sumamente influyentes, para bien o para mal, en la imagen de cualquier político) pero eran los equipos técnicos de las dependencias gubernamentales, o los asesores jurídicos de los congresistas, los encargados de darle forma a estas peticiones-exigencias. Actualmente, son ellos los que desconcertantemente elaboran las fórmulas jurídicas a seguir.
Ya me he pronunciado al respecto en este blog, pero haciendo particular énfasis en Luis Carlos Sarmiento, nuestro jurisbanquero mayor. El día de hoy, me gustaría enfatizar en algunos aspectos que han surgido en los medios a lo largo de estas últimas semanas, y particularmente, respecto de las noticias encontradas en lo relacionado con las realidades tan disímiles que se observan en Colombia.
De una parte, se tiene la posición planteada por Rodolfo Arango en esta columna del diario El Espectador, donde se evidencia esta situación. Bancos ganan, pueblo pierde. No en vano se ha conocido que el desempleo en Colombia crece. Cuidado, me refiero al DESempleo, porque para los organismos estatales, el SUBempleo, no cuenta. Y claro, esto ha sido asimilado por la población de vendedores ambulantes, de cantantes de buses, de malabaristas de semáforo. Cómo no hacerlo. Los medios así lo han dictaminado, y el DANE lo sustenta, así el porcentaje de personas que entiendan esos estudios sean el equivalente al nivel de desempleo que quisiésemos, es decir, INMENSAMENTE bajo. Sin embargo, no debemos aquí apelar a la ignorancia para intentar justificar una opinión. Podríamos, eso sí, apelar al hambre de muchos de mis compatriotas, quienes a pesar de su ingenio, sus ganas de trabajar y su sentido de responsabilidad por los suyos, se sientan impotentes ante la situación.
En contraposición, vemos cómo los hijos del Presidente de la República logran sobrepasar cualquier límite cognoscible en materia de emprendimiento. Con, o sin dolo, (aunque creo que ya he manifestado mi posición al respecto), ellos sí son ciudadanos con derecho a producir, con derecho a trabajar, con derecho a prosperar. Para los demás, se nos pone de presente la existencia de un seguro de desempleo. Claro, siempre y cuando coticemos oportunamente para pensiones (que no veremos) y para salud (que no tenemos). Trabajo… difícil. Estamos en un mundo en crisis.
Lo curioso es que esta crisis parece ser que es aún más excluyente y exclusiva que el acceso al espacio exterior. Este doce por ciento, y un poco más, que está desesperando buscando sobrevivir, observa con rabia e incredulidad cuando, además de la cifra de ganancias del sector financiero, que presuntamente asciende a 3,1 billones de pesos, surge una nota complementaria, en el diario El Tiempo, según la cual esos 3,1 billones de pesos significan un crecimiento de ganancias equivalente al 51%.
Curioso que una crisis financiera iniciada en un país extraño para muchos, por entidades que pertenecen al sector financiero, signifiquen ayudas económicas para los causantes, pero pérdidas de empleo para los NO culpables. Cómo explicarle a un agricultor, a un tendero, a operadores de call centers, o a pequeños empresarios, que sus pérdidas no son culpa suya, pero que sí son ellos los llamados a sufrir por ello. Todo ello, mientras las entidades financieras y sus propietarios miran la manera de repartir utilidades en cómodas cuotas, manteniendo elevadísimos costos de mantenimiento de servicios financieros y ofreciendo créditos a intereses que no se compadecen con las tasas de referencia fijadas por el banco central del país.
En anteriores oportunidades he manifestado mi completo malestar porque el destino jurídico del país –no solo el económico– sea regido por los banqueros. Recordemos que, a pesar de contar con una Academia Colombiana de Jurisprudencia, colegios de abogados, Facultades de Derecho con mucha o poca tradición, pero reconocidas socialmente y una Sala de Consulta en el Consejo de Estado, el gobierno ha dejado clarísimo que las importantes decisiones jurídicas del país son adoptadas por las instituciones financieras. Anteriormente, se sabía que el sector financiero exigía cosas a los mandatarios de turno (finalmente, son ellos grandes financiadores y sumamente influyentes, para bien o para mal, en la imagen de cualquier político) pero eran los equipos técnicos de las dependencias gubernamentales, o los asesores jurídicos de los congresistas, los encargados de darle forma a estas peticiones-exigencias. Actualmente, son ellos los que desconcertantemente elaboran las fórmulas jurídicas a seguir.
Ya me he pronunciado al respecto en este blog, pero haciendo particular énfasis en Luis Carlos Sarmiento, nuestro jurisbanquero mayor. El día de hoy, me gustaría enfatizar en algunos aspectos que han surgido en los medios a lo largo de estas últimas semanas, y particularmente, respecto de las noticias encontradas en lo relacionado con las realidades tan disímiles que se observan en Colombia.
De una parte, se tiene la posición planteada por Rodolfo Arango en esta columna del diario El Espectador, donde se evidencia esta situación. Bancos ganan, pueblo pierde. No en vano se ha conocido que el desempleo en Colombia crece. Cuidado, me refiero al DESempleo, porque para los organismos estatales, el SUBempleo, no cuenta. Y claro, esto ha sido asimilado por la población de vendedores ambulantes, de cantantes de buses, de malabaristas de semáforo. Cómo no hacerlo. Los medios así lo han dictaminado, y el DANE lo sustenta, así el porcentaje de personas que entiendan esos estudios sean el equivalente al nivel de desempleo que quisiésemos, es decir, INMENSAMENTE bajo. Sin embargo, no debemos aquí apelar a la ignorancia para intentar justificar una opinión. Podríamos, eso sí, apelar al hambre de muchos de mis compatriotas, quienes a pesar de su ingenio, sus ganas de trabajar y su sentido de responsabilidad por los suyos, se sientan impotentes ante la situación.
En contraposición, vemos cómo los hijos del Presidente de la República logran sobrepasar cualquier límite cognoscible en materia de emprendimiento. Con, o sin dolo, (aunque creo que ya he manifestado mi posición al respecto), ellos sí son ciudadanos con derecho a producir, con derecho a trabajar, con derecho a prosperar. Para los demás, se nos pone de presente la existencia de un seguro de desempleo. Claro, siempre y cuando coticemos oportunamente para pensiones (que no veremos) y para salud (que no tenemos). Trabajo… difícil. Estamos en un mundo en crisis.
Lo curioso es que esta crisis parece ser que es aún más excluyente y exclusiva que el acceso al espacio exterior. Este doce por ciento, y un poco más, que está desesperando buscando sobrevivir, observa con rabia e incredulidad cuando, además de la cifra de ganancias del sector financiero, que presuntamente asciende a 3,1 billones de pesos, surge una nota complementaria, en el diario El Tiempo, según la cual esos 3,1 billones de pesos significan un crecimiento de ganancias equivalente al 51%.
Curioso que una crisis financiera iniciada en un país extraño para muchos, por entidades que pertenecen al sector financiero, signifiquen ayudas económicas para los causantes, pero pérdidas de empleo para los NO culpables. Cómo explicarle a un agricultor, a un tendero, a operadores de call centers, o a pequeños empresarios, que sus pérdidas no son culpa suya, pero que sí son ellos los llamados a sufrir por ello. Todo ello, mientras las entidades financieras y sus propietarios miran la manera de repartir utilidades en cómodas cuotas, manteniendo elevadísimos costos de mantenimiento de servicios financieros y ofreciendo créditos a intereses que no se compadecen con las tasas de referencia fijadas por el banco central del país.
Imagen tomada de: http://matadorcartoons.blogspot.com
Conviene recordar que ha sido éste, el sector financiero, el que ha logrado lo siguiente:
1) Proponer y obtener que se decretara un estado de conmoción interior ficticio, para frenar un paro judicial por las nocivas consecuencias que implican en materia de cobros ejecutivos de créditos hipotecarios.
2) Proponer y obtener que se decretara un estado de emergencia económica para acabar con DMG, porque los usuarios bancarios retiraban el dinero para invertirlo en una compañía que hacía todo lo contrario de las entidades financieras. En vez de tomar, intermediar y cobrar comisiones, la sociedad tomaba, devolvía y agregaba dinero al cliente. Por supuesto, es malo ayudar a los que lavan dinero, pero lo es más depositarlo para que otro lo goce, pensaban muchos de ellos, y la verdad, no los culpo. No es fácil
3) A pesar de que la ley ordena que los fondos de pensiones y cesantías no pueden trasladar las pérdidas a los usuarios, así lo han hecho, y siguieron como si nada hubiera ocurrido.
4) Han logrado que la entidad estatal encargada de vigilarlos, haga todo, menos vigilarlos. Recordemos que el Superintendente Financiero que quiso cumplir la norma, salió de allí a petición de sus vigilados.
5) A pesar de que aún no se ha consumado, y a pesar de no haber terminado de contar todas las ganancias que han obtenido, invitan a que el pueblo colombiano se ‘meta la mano al bolsillo’ para financiar una guerra en la que son ellos los que ‘ponen los muertos’ (no recuerdo haber visto hijos de banqueros patrullando zonas de combate), los que sufren los daños, y a quienes no se les trasladan los beneficios. Basta recordar el caso de Carimagua. Este es otro caso más de nuestra ingeniería jurídica por parte de banqueros.
Hoy, en el diario El Tiempo (la versión virtual que aquí se referencia corresponde al diario Portafolio, de la misma casa editorial), se ha publicado este artículo que cuestiona esta situación, pone de manifiesto, aunque sea tibiamente, el malestar de la población. Por cierto, me brindan un dato adicional. La conocida cuota de manejo de las tarjetas de crédito, en el país, ha crecido un promedio de 22,26 por ciento en un año. Curioso que mientras la inflación causada ha sido aproximadamente una cuarta parte de eso, se incrementen los costos, sin justificaciones serias. Tal vez las tarjetas de crédito nuevas relaten cuentos y canten canciones, pero de esas no me han llegado a mí.
Y pensar que muchos consideramos que todo aquello de la ‘oligarquía’, de la que tanto habló Jorge Eliécer Gaitán, no es más que un argumento retórico. Los clásicos consideraban que la Oligarquía era la degeneración de la Aristocracias. La pregunta es, ¿cómo hemos dado el salto allá, creyendo que seguimos en un régimen democrático? Quedo a la espera de teorías.
Conviene recordar que ha sido éste, el sector financiero, el que ha logrado lo siguiente:
1) Proponer y obtener que se decretara un estado de conmoción interior ficticio, para frenar un paro judicial por las nocivas consecuencias que implican en materia de cobros ejecutivos de créditos hipotecarios.
2) Proponer y obtener que se decretara un estado de emergencia económica para acabar con DMG, porque los usuarios bancarios retiraban el dinero para invertirlo en una compañía que hacía todo lo contrario de las entidades financieras. En vez de tomar, intermediar y cobrar comisiones, la sociedad tomaba, devolvía y agregaba dinero al cliente. Por supuesto, es malo ayudar a los que lavan dinero, pero lo es más depositarlo para que otro lo goce, pensaban muchos de ellos, y la verdad, no los culpo. No es fácil
3) A pesar de que la ley ordena que los fondos de pensiones y cesantías no pueden trasladar las pérdidas a los usuarios, así lo han hecho, y siguieron como si nada hubiera ocurrido.
4) Han logrado que la entidad estatal encargada de vigilarlos, haga todo, menos vigilarlos. Recordemos que el Superintendente Financiero que quiso cumplir la norma, salió de allí a petición de sus vigilados.
5) A pesar de que aún no se ha consumado, y a pesar de no haber terminado de contar todas las ganancias que han obtenido, invitan a que el pueblo colombiano se ‘meta la mano al bolsillo’ para financiar una guerra en la que son ellos los que ‘ponen los muertos’ (no recuerdo haber visto hijos de banqueros patrullando zonas de combate), los que sufren los daños, y a quienes no se les trasladan los beneficios. Basta recordar el caso de Carimagua. Este es otro caso más de nuestra ingeniería jurídica por parte de banqueros.
Hoy, en el diario El Tiempo (la versión virtual que aquí se referencia corresponde al diario Portafolio, de la misma casa editorial), se ha publicado este artículo que cuestiona esta situación, pone de manifiesto, aunque sea tibiamente, el malestar de la población. Por cierto, me brindan un dato adicional. La conocida cuota de manejo de las tarjetas de crédito, en el país, ha crecido un promedio de 22,26 por ciento en un año. Curioso que mientras la inflación causada ha sido aproximadamente una cuarta parte de eso, se incrementen los costos, sin justificaciones serias. Tal vez las tarjetas de crédito nuevas relaten cuentos y canten canciones, pero de esas no me han llegado a mí.
Y pensar que muchos consideramos que todo aquello de la ‘oligarquía’, de la que tanto habló Jorge Eliécer Gaitán, no es más que un argumento retórico. Los clásicos consideraban que la Oligarquía era la degeneración de la Aristocracias. La pregunta es, ¿cómo hemos dado el salto allá, creyendo que seguimos en un régimen democrático? Quedo a la espera de teorías.
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