Instituciones financieras

Resulta interesante revisar la crisis económica mundial, desde una perspectiva antitécnica, y comparar las conclusiones subjetivas, personales y parcializadas que de allí salen, con las opiniones de expertos. Normalmente son completamente diferentes las unas de las otras. Antes, se decía que cualquier persona podía hablar de política, de fútbol y de religión. Precisamente por ello es que siempre se ha aconsejado que no es buena idea entrabar discusiones sobre cualquiera de estos tres temas. Creo que con el cambio de siglo, podríamos agregar el tema económico a este conjunto de tres.

En anteriores oportunidades he manifestado mi completo malestar porque el destino jurídico del país –no solo el económico– sea regido por los banqueros. Recordemos que, a pesar de contar con una Academia Colombiana de Jurisprudencia, colegios de abogados, Facultades de Derecho con mucha o poca tradición, pero reconocidas socialmente y una Sala de Consulta en el Consejo de Estado, el gobierno ha dejado clarísimo que las importantes decisiones jurídicas del país son adoptadas por las instituciones financieras. Anteriormente, se sabía que el sector financiero exigía cosas a los mandatarios de turno (finalmente, son ellos grandes financiadores y sumamente influyentes, para bien o para mal, en la imagen de cualquier político) pero eran los equipos técnicos de las dependencias gubernamentales, o los asesores jurídicos de los congresistas, los encargados de darle forma a estas peticiones-exigencias. Actualmente, son ellos los que desconcertantemente elaboran las fórmulas jurídicas a seguir.

Ya me he pronunciado al respecto en este blog, pero haciendo particular énfasis en Luis Carlos Sarmiento, nuestro jurisbanquero mayor. El día de hoy, me gustaría enfatizar en algunos aspectos que han surgido en los medios a lo largo de estas últimas semanas, y particularmente, respecto de las noticias encontradas en lo relacionado con las realidades tan disímiles que se observan en Colombia.

De una parte, se tiene la posición planteada por Rodolfo Arango en esta columna del diario El Espectador, donde se evidencia esta situación. Bancos ganan, pueblo pierde. No en vano se ha conocido que el desempleo en Colombia crece. Cuidado, me refiero al DESempleo, porque para los organismos estatales, el SUBempleo, no cuenta. Y claro, esto ha sido asimilado por la población de vendedores ambulantes, de cantantes de buses, de malabaristas de semáforo. Cómo no hacerlo. Los medios así lo han dictaminado, y el DANE lo sustenta, así el porcentaje de personas que entiendan esos estudios sean el equivalente al nivel de desempleo que quisiésemos, es decir, INMENSAMENTE bajo. Sin embargo, no debemos aquí apelar a la ignorancia para intentar justificar una opinión. Podríamos, eso sí, apelar al hambre de muchos de mis compatriotas, quienes a pesar de su ingenio, sus ganas de trabajar y su sentido de responsabilidad por los suyos, se sientan impotentes ante la situación.

En contraposición, vemos cómo los hijos del Presidente de la República logran sobrepasar cualquier límite cognoscible en materia de emprendimiento. Con, o sin dolo, (aunque creo que ya he manifestado mi posición al respecto), ellos sí son ciudadanos con derecho a producir, con derecho a trabajar, con derecho a prosperar. Para los demás, se nos pone de presente la existencia de un seguro de desempleo. Claro, siempre y cuando coticemos oportunamente para pensiones (que no veremos) y para salud (que no tenemos). Trabajo… difícil. Estamos en un mundo en crisis.

Lo curioso es que esta crisis parece ser que es aún más excluyente y exclusiva que el acceso al espacio exterior. Este doce por ciento, y un poco más, que está desesperando buscando sobrevivir, observa con rabia e incredulidad cuando, además de la cifra de ganancias del sector financiero, que presuntamente asciende a 3,1 billones de pesos, surge una nota complementaria, en el diario El Tiempo, según la cual esos 3,1 billones de pesos significan un crecimiento de ganancias equivalente al 51%.

Curioso que una crisis financiera iniciada en un país extraño para muchos, por entidades que pertenecen al sector financiero, signifiquen ayudas económicas para los causantes, pero pérdidas de empleo para los NO culpables. Cómo explicarle a un agricultor, a un tendero, a operadores de call centers, o a pequeños empresarios, que sus pérdidas no son culpa suya, pero que sí son ellos los llamados a sufrir por ello. Todo ello, mientras las entidades financieras y sus propietarios miran la manera de repartir utilidades en cómodas cuotas, manteniendo elevadísimos costos de mantenimiento de servicios financieros y ofreciendo créditos a intereses que no se compadecen con las tasas de referencia fijadas por el banco central del país.

Imagen tomada de: http://matadorcartoons.blogspot.com

Conviene recordar que ha sido éste, el sector financiero, el que ha logrado lo siguiente:

1) Proponer y obtener que se decretara un estado de conmoción interior ficticio, para frenar un paro judicial por las nocivas consecuencias que implican en materia de cobros ejecutivos de créditos hipotecarios.

2) Proponer y obtener que se decretara un estado de emergencia económica para acabar con DMG, porque los usuarios bancarios retiraban el dinero para invertirlo en una compañía que hacía todo lo contrario de las entidades financieras. En vez de tomar, intermediar y cobrar comisiones, la sociedad tomaba, devolvía y agregaba dinero al cliente. Por supuesto, es malo ayudar a los que lavan dinero, pero lo es más depositarlo para que otro lo goce, pensaban muchos de ellos, y la verdad, no los culpo. No es fácil

3) A pesar de que la ley ordena que los fondos de pensiones y cesantías no pueden trasladar las pérdidas a los usuarios, así lo han hecho, y siguieron como si nada hubiera ocurrido.

4) Han logrado que la entidad estatal encargada de vigilarlos, haga todo, menos vigilarlos. Recordemos que el Superintendente Financiero que quiso cumplir la norma, salió de allí a petición de sus vigilados.

5) A pesar de que aún no se ha consumado, y a pesar de no haber terminado de contar todas las ganancias que han obtenido, invitan a que el pueblo colombiano se ‘meta la mano al bolsillo’ para financiar una guerra en la que son ellos los que ‘ponen los muertos’ (no recuerdo haber visto hijos de banqueros patrullando zonas de combate), los que sufren los daños, y a quienes no se les trasladan los beneficios. Basta recordar el caso de Carimagua. Este es otro caso más de nuestra ingeniería jurídica por parte de banqueros.

Hoy, en el diario El Tiempo (la versión virtual que aquí se referencia corresponde al diario Portafolio, de la misma casa editorial), se ha publicado este artículo que cuestiona esta situación, pone de manifiesto, aunque sea tibiamente, el malestar de la población. Por cierto, me brindan un dato adicional. La conocida cuota de manejo de las tarjetas de crédito, en el país, ha crecido un promedio de 22,26 por ciento en un año. Curioso que mientras la inflación causada ha sido aproximadamente una cuarta parte de eso, se incrementen los costos, sin justificaciones serias. Tal vez las tarjetas de crédito nuevas relaten cuentos y canten canciones, pero de esas no me han llegado a mí.

Y pensar que muchos consideramos que todo aquello de la ‘oligarquía’, de la que tanto habló Jorge Eliécer Gaitán, no es más que un argumento retórico. Los clásicos consideraban que la Oligarquía era la degeneración de la Aristocracias. La pregunta es, ¿cómo hemos dado el salto allá, creyendo que seguimos en un régimen democrático? Quedo a la espera de teorías.

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Alazos - Ed. 002

Otra vez me encuentro en una crisis de contenido, en la medida en que quiero abordar mucho, pero de manera breve y directa. Por lo tanto, acudimos a la metodología de alazos, para ayudar a salvar patria.


1. Guatemala busca a su Gray

Estoy lejos de poder opinar sensatamente acerca de qué tan buen Presidente es Álvaro Colom. Sin embargo, creo que no podemos dejar de lado las inquietantes acusaciones lanzadas por el abogado Rodrigo Rosenberg, contra el Presidente, su esposa, y otros altos funcionarios del Gobierno. Las excusas del gobierno de Guatemala, son tan patéticas como las que expresa el gobierno colombiano por los ‘falsos positivos’, o ejecuciones ilegales por parte de agentes de la fuerza pública.

He revisado el video completo de Rosemberg, y me resulta algo parecido a lo que ocurriese en la historia del “Informe Pelícano”, película basada en la novela de John Grisham, reconocido por sus relatos relacionados con disputas jurídicas. En el largometraje, existe una investigación adelantada por la estudiante de derecho Darby Shaw, quien encuentra los motivos por los cuales fueron asesinados los Magistrados de la Corte Suprema Jensen y Rosenberg (¡qué tal la coincidencia!).

El video, es en la práctica es un documento. No es, sin embargo, prueba documental de que efectivamente los funcionarios citados por Rosenberg fueran los asesinos de Khalil Musa y de él mismo. Prueba que Rosenberg afirmó lo que nosotros podemos ver en el video. De eso es prueba directa. Sin embargo, también prueba que el abogado era un mago, o era suicida y orquestó su propia muerte, o que tenía MUCHA mala suerte, o que sabía algo. No soy el investigador asignado, pero sí se que a los criminalistas siempre les enseñan que los muertos hablan. En este caso, nada más cierto. Sin embargo, resulta indispensable analizar la prueba indirecta, para ver si la desechan, o si realmente existe mérito para investigar formalmente al Presidente. Esperemos que en Guatemala la investigación sea eficaz. En mi país, probablemente no habría mérito para acusar, porque el testigo no podría declarar en audiencia pública, oral y contradictoria. Por lo tanto, ello no es prueba, formalmente, y dependería de las que sí se pudieran introducir en audiencia, y del manejo de indicios. ¡Ahhhh!, se me olvidaba. En el sistema penal colombiano, el indicio no existe. Por eso, reitero, ojalá en Guatemala el manejo probatorio sea verdaderamente eficaz.

Volviendo al “Informe Pelícano”, debemos recordar que existe un abogado llamado Curtis Morgan, quien se entera de los probables implicados en la muerte de Justice Jensen y Justice Rosenberg. El abogado, que presiente su muerte, decide grabar un video en el que explica algunos pormenores del casos, implicando a algunos sujetos en los asesinatos de los Magistrados. En él, da nombres, explica los móviles, y se despide. El video llega a manos del periodista Gray Grantham, quien es el encargado de destapar la olla podrida. En este caso, el presunto asesino no es el Presidente. Sin embargo, la responsabilidad política se hace efectiva, y resulta políticamente muerto.

Rosenberg, el de la vida real, es abogado, graba un video, da nombres (entre ellos el de la pareja Presidencial) y explica los móviles de los crímenes, incluido el suyo. La situación llega a la opinión pública, pero solo parcialmente. Se conoce el video, pero no se conocen los documentos a los que Rodrigo Rosenberg hacía referencia. La historia está aún por contarse, y por ahora, no encontramos a Gray Grantham en Guatemala para que nos revele el misterio. En Colombia, tenemos a Daniel Coronell, que despierta pasiones positivas y negativas, pero cuyo producto periodístico merece ser reconocido. Guatemala, al parecer, sigue buscando a su Gray.


2. El principio de inseguridad en el fútbol colombiano

En el país de la seguridad, resulta llamativo que el deporte insignia del país esté plagado de tantas contradicciones. El ordenamiento jurídico colombiano está fundado, en gran parte, por el principio de la seguridad jurídica. Quién interpreta, cómo interpreta, y cuál es el alcance de la interpretación, son criterios fundamentales para poder comprender el sistema jurídico colombiano (de Colombia, no de Colom).

Sentencias constitucionales como la C-820 de 2006, que señala que la interpretación por autoridad ya no puede llamarse por autoridad, y que es ejercida por el legislador y por la Constitucional (la norma en estudio preveía la interpretación por autoridad a cargo del legislador), le permitirán al abogado entender que ya no hay una, sino dos autoridades (ahhh, pero no son realmente ‘autoridades’). En otra sentencia, la C-836 de 2001, ya se había dicho que la interpretación jurisprudencial como doctrina probable, era constitucional, lo que implicaba que las Altas Cortes (Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia) debían pronunciarse tres veces en un mismo sentido para que sus interpretaciones jurisprudenciales fueran de obligatorio cumplimiento. La Corte que dicta la sentencia, no obstante, no debe cumplir ese requisito. Basta que lo diga una vez por sentencia de constitucionalidad, para que posea efectos obligatorios erga omnes. Es decir, la doctrina probable es para dos altas cortes, pero para la alta (altísima), no.

La seguridad jurídica, entonces, no es tan segura, al menos en materia de puro derecho. Si vamos al fútbol, los problemas básicamente se reducían a si tocar la pelota con la mano debía ser sancionada como ‘mano’, o no. El debate más inquietante era si fue con intención o sin ella. Este semestre, sin embargo, se está dictando nueva jurisprudencia que nos indica que las sanciones en el fútbol, se rigen por el criterio ad higadum. Reciéntemente, a un portero que había sido expulsado, se le levantó la sanción en el escritorio, días después. Pobrecito, decían, fue injustamente echado de la cancha. Puede ser, pero ahora eso implica que deben revisarse todas las expulsiones, y si son injustan, deben reversarse. ¿O no? Quién sabe. Cuando habían disturbios serios en las tribunas, se sancionaba al equipo que hacía las veces del local. En este campeonato, sin embargo, se decidió que podía igualmente sancionarse al equipo visitante (partido entre América y Cali).

El fútbol, en el país de la seguridad democrática, implica que no es del todo fácil que los antisociales maten, hieran y hurten en las calles. Para qué, si tienen un buen estadio de fútbol, donde todas las presas están enjauladas. Realmente, no es claro por qué deben matarse las barras de los equipos. Simplemente saben que deben hacerlo. Aparte de la seguridad jurídica, parece no haber demasiada seguridad democrática en los estadios. Aquí, las barras copian los cánticos argentinos, la fidelidad de Judas, y la osadía de los Hooligans (ingleses). A eso, sumémosle un par de genes violentos perfeccionados por estas tierras.

Mis contradictores dirán que miento, que es mucha más la gente buena que tiene el país, y que intento vender una mala imagen del país. Otros más gobiernistas dirán que formo parte de un complot contra el Presidente, y que por ello soy un detractor de la seguridad democrática, convirtiéndome, por ende, en terrorista. Ello sería una muestra más de la intolerancia de la que he hablado en el párrafo anterior. Es imposible que se maten en las ciudades, en los campos, que se agredan verbalmente en el Congreso, se maten en los estadios de fútbol, se cierren unos a otros con sus automóviles y se insulten en Transmilenio o en los buses por si se debe o no ceder un puesto. Lamentablemente, mientras el concepto de seguridad democrática no pase de ser un concepto que se interiorice individualmente, sino que entendamos que esta idea cobija también a los demás, seguiremos matándonos en los estadios.

Por último, conviene hacer referencia a la seguridad laboral en el fútbol. Sería interesante que tantos abogados que son analistas deportivos, realizaran un estudio acerca de cuántos contratos de cuerpo técnico y de futbolistas terminan por el cumplimiento del término de duración. Apostaría a que es menos del 40%. Sin embargo, no me atrevo a dar cifras, Lo que es claro es que se contratan técnicos por uno o dos años, y a los tres meses han salido ya. Los jugadores, en la actualidad, casi entran preavisados a sus equipos, a un paso de salir por la puerta de atrás. Otro matiz más de la seguridad (esta vez laboral) en el fútbol.

Y es este el deporte insignia de nuestro país. ¿Que dirá eso de la sociedad a la que ‘entretiene’?


3. Alazos teledirigidos

Imagen tomada de: http://matadorcartoons.blogspot.com

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Imagen tomada de: http://bettoespectador.blogspot.com

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La excesiva seguridad

Actualmente en Colombia estamos, como siempre, inmersos en discusiones poco fructíferas acerca de la vida, la política y la economía. Hace algunos meses, la discusión económica giraba en torno al problema tan serio que significaba para la economía nacional el hecho de que el dólar estuviera a un precio bien bajo. En cuestión de un par de meses, sin embargo, la cosa cambio drásticamente y el dólar se disparó, otra vez. Ahora, los ‘analistas’ o los ‘expertos’ están preocupados por las consecuencias que eso puede traer. Si el dólar cae o el dólar sube, en cualquier caso es una buena causa para estar preocupado.

Otra de nuestras discusiones poco fructíferas, de las que también se lucran los ‘expertos’, es sobre si los políticos que estuvieron secuestrados, se van a lanzar a la política nuevamente. Se escriben columnas de opinión en diarios, revistas, blogs además del tiempo que se le dedica al tema en la radio. Lo relevante no es discutir las potenciales propuestas políticas, sino el simple hecho de que un exsecuestrado decida lanzarse a la política.

Respecto a las discusiones poco útiles en materia científica y de la vida en general, los invito, sin hacer comentario especial, a que revisen esta página, correspondiente a los IG Nobel Prize, (página que está en inglés). Creo que no merece mayor comentario esto. Si quisiéramos llegar a ejemplos no tan extremos como los que allí se nos ponen de presente, encontraríamos una variedad importante de discusiones, como si el Río Bogotá es el más contaminado del mundo, o el segundo más contaminado. Importante discusión. Seguramente, al poder descifrar la respuesta, lograremos descontaminarlo, o nos darán una medalla por encontrar la respuesta.

Mientras estás interesantes discusiones nos llevan a la tierra del nunca jamás, me parece más interesante intentar entender por qué en la actualidad, hay otras tantos temas que deberían ser discutidos, pero que por motivos que desconozco, no son objeto de debate. Haré específica referencia al caso de la política de seguridad democrática del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Se dice en los medios colombianos, y por gran parte de los políticos del país, que resulta incuestionable la necesidad de darle continuidad a la seguridad democrática del Presidente Uribe por parte del siguiente Gobierno. En primer lugar, no puedo entender por qué ahora hay políticas cuestionables y otras que no. De pronto existe alguna razón de fondo respecto de ese tema, aunque personalmente desconozco la razón.

Más curioso resulta intentar comprender lo incuestionable de la continuidad de esta política, existiendo tantos ejemplos de aberraciones generadas por esa política. No quiero con ello decir que la política de la seguridad democrática es mala per se, o que detesto al Presidente Uribe. Simplemente, no estoy dispuesto a caer en sectarismos sin sentido, ya sea con una calcomanía de YO TAMBIÉN SOY UN SER EN LLAMAS, I LOVE AUV o algo así como UBÉRRIMO EN MI CORAZÓN. Tampoco sería de los que crearía un grupo en Facebook llamado “1´000.000 para sacar esas carnitas y esos huesitos de la Casa de Nariño”, o de los que cada tres días me recorro la séptima, acompañando sindicalistas, empleados de DMG, clientes de DMG o algún otro grupo de manifestantes con el popular “Uribe… Mancuso… La misma cosa son…”.

Volviendo al tema principal, sería interesante saber por qué está prohibido discutir temas esenciales como la aplicabilidad futura de la seguridad democrática. El Gobierno Uribe II se ha v enfrentado con una serie de problemas serios en materia de seguridad. Por mencionar temáticamente algunos de ellos:

1) La presunta vinculación recurrente de miembros del Gobierno con delincuentes reconocidos:

Recordemos los cuestionamientos al antiguo Director del DAS, Jorge Noguera, quien debió abandonar la dirección de esa departamento administrativo por su presunta vinculación con grupos paramilitares. Noguera salió para Italia al Consulado en Milán, hasta que fue absolutamente inevitable el que tuviese que regresar al país. El ex Fiscal General de la Nación, y hoy miembro del cuerpo diplomático del Gobierno Uribe, salpicado por presuntos nexos con el paramilitarismo.

De la misma forma, han sido llamativos los escándalos contra Generales de la República por presunta vinculación con grupos ilegales. A raíz de esto se presentó una purga importante en la cúpula de la Policía, lo que le permitió al General Oscar Naranjo llegar a la cabeza de esta institución. Igualmente se han cuestionado las labores de Martín Orlando Carreño, antiguo comandante del Ejército, así como de Carlos Alberto Ospina, también reciente excomandante del Ejército.

Me parece importante preguntar si esto no es motivo suficiente para cuestionar la forma en que se pretende brindarnos seguridad y blindarnos de los grupos al margen de la ley. Creo que desde el punto de vista político, es evidente que la discusión ha debido darse y no se da. Mientras tanto, siguen ocurriendo episodios como el de alias Job en la Casa de Nariño, y mientras tanto, todo el mundo contento.

2) Falsos ‘Positivos’

Para quienes no estén familiarizados con el término, en la milicia, se suele hacer referencia a positivos cuando se han obtenido resultados operacionales exitosos, tales como la incautación de armas, la baja de otros combatientes, o la prevención de actos terroristas. Esta clase de situaciones llevan a que quienes generan mayor cantidad de ‘positivos’ son considerados los mejores, y como tal suelen recibir condecoraciones, distinciones y de paso, se garantiza su ascenso en la Fuerza.

Esta situación generó que muchos miembros de la fuerza pública se valieran de mentiras puestas en escena para mostrar lo buenos que son ante sus superiores. El problema es que su sed de reconocimiento los llevó a cometer actos sorprendentes tanto por su sangre fría, como por su idiotez. Homicidios de inocentes que eran presentados como bajas en combate, la supuesta detección de atentados terroristas planeados por los mismos ‘héroes’.

A la fecha, sin embargo, son los directamente implicados quienes son sometidos al reproche social, a las investigaciones y a las penas por estos actos. Sin embargo, en cuanto a responsabilidad política, ningún alto funcionario ha sido sometido a reproche semejante, ni siquiera a cuestionamiento acerca de la permanencia de su cargo. El ministro de defensa ha logrado salir avante ante todos estos episodios, y la seguridad democrática, ni siquiera resulta cuestionada. Se hace referencia a manzanas podridas, a actos aislados, pero cada vez resulta más difícil sostener que se trata de problemas coyunturales, y no de fondo.

3) Interceptación de llamadas

Recientemente se ha destapado un nuevo escándalo, otra vez involucrando al organismo de inteligencia del Estado, el DAS, al haberse detectado que funcionarios de ese organismo han estado realizando interceptación ilegal de llamadas a importantes personalidades de la vida nacional, como es el caso de periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, líderes de la oposición, y también de algunos miembros del Gobierno.

Como en los casos anteriores, la responsabilidad no ha querido ser asumida por el Gobierno, quien se ha encargado de tramitar supuestas transformaciones al organismo, que implican la dependencia de esas gestiones al control de la Policía Nacional, dejando en claro que las interceptaciones dependen de orden judicial previa. En consecuencia, no es un cambio sistemático, y ni siquiera podría hablarse de modificaciones profundas. Pareciese como si el cambio fuese un simple alfil por caballo. Ahí nos tienen en estos momentos. La fiscalía investiga, otro caso más, pero ningún juicio de valor respecto de las políticas que “permiten” la reiteración de estas conductas.

Mientras tanto, seguimos enceguecidos en el país, creyendo que la seguridad democrática ha de ser una política de Estado, un inamovible para el futuro del país. No nos debemos sorprender si en un futuro no muy lejano nos seguimos encontrando con situaciones parecidas. Las cabezas siguen allí, y las políticas también. Que Dios nos ampare.

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