A lo largo de mi vida, me he encontrado con un sinnúmero de ejemplos de lo sucia y degradante que es la política colombiana. Hoy, después de una larga reflexión encuentro que la política se ha adquirido dos características: degradante y sucia. Muchas veces, he intentado comprender cómo tanta cocción neuronal por parte de mentes privilegiadas en materia política, jurídica, y otras mentes que como la mía, simplemente entran en el rango de ‘inquietas’, simplemente hemos logrado cambiar el orden de los factores, pero no su resultado.
Teniendo en cuenta que el malestar que motiva este ingreso viene desde hace algunos días, considero oportuno abordar cada ejemplo de manera separada. Son solo muestras que permiten demostrar la existencia de unos síntomas preocupantes. De no controlarse las causas de los síntomas, sin duda la salud de Colombia peligra más.
Iniciemos esta exposición con la degradación. Esta semana, en el Congreso de la República se sometió a votación el texto conciliado de la ley de víctimas, que dio lugar a su hundimiento por parte de las mayorías del Congreso. Respecto de esto hay varias circunstancias que deben destacarse. En primer lugar, debe destacarse que a lo largo de todo el trámite del proyecto de ley, se evidenció con claridad la falta de voluntad política de la bancada oficialista por sacar el proyecto adelante. Siempre estuvo al final del orden del día, nunca alcanzaba el tiempo para discutirlo debidamente, y finalmente el texto sometido a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobado a pupitrazo limpio.
Que se aprueben las cosas a pupitrazo no es extraño, pero cuando se discute un proyecto de la importancia de la Ley de Víctimas, con más de 100 artículos, y con cambios que afectan de manera fuerte el presupuesto nacional, es grosero que nuestros “padres de la patria” asuman su responsabilidad para con el país con la misma seriedad con la que el mundo asume la responsabilidad por el calentamiento global. Finalmente, la aprobación se dio, y debía conciliarse el texto aprobado por Senado por el texto aprobado en Cámara.
Es aquí donde se torna confuso el asunto. Se constituyó la comisión de conciliación, que se encargó de discutir el texto que se iba a someter a consideración de ambas cámaras para su eventual aprobación. Sin embargo, a falta de un texto, salieron dos. En el primer texto (al menos primero en la Gaceta), los miembros de la Comisión manifiestan haber conciliado el texto que se fundamenta en lo aprobado por el Senado de la República, aunque acogiendo varios artículos de lo que fuere aprobado por la Cámara de Representantes. A pesar de ello, a renglón seguido, se encuentra un texto enviado por la misma Comisión (¡!), en la que somete a consideración el texto conciliado de la ley, acogiendo la mayoría del texto aprobado por la Cámara de Representantes (¡!). Para efectos de garantizar la inmediación de la prueba, y para quienes quieran constatar personalmente el asunto, pueden descargar la Gaceta 518 del Congreso aquí. En esta Gaceta encontrarán ambos informes de conciliación, de manera seguida.
Para quienes prefieran obviar la inmediación de la prueba, voy a citar la norma más problemática, según ambos informes, y podrán ustedes adivinar cuál era la norma que sí le gustaba al Gobierno, y cuál la que no.
Norma #1 (Artículo 6º del Proyecto)
“Artículo 6º. Derecho a la reparación. Las víctimas tienen derecho a ser compensadas de manera adecuada, efectiva y rápida por las violaciones de la legislación penal, de Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por medio de la implementación de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
La reparación no puede, en ninguna circunstancia, confundirse con la asistencia, ni con la ayuda humanitaria.”
Norma #2 (Artículo 6º del Proyecto)
“Artículo 6º. Derecho a la reparación. Las víctimas a las que se refiere el artículo 9º de la presente ley, tienen derecho a ser reparadas por los victimarios de manera adecuada, efectiva y rápida por las violaciones de la legislación penal y de normas internacionales de Derechos Humanos, por medio de la implementación de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
Cuando el Estado repare a las víctimas de grupos armados al margen de la ley, lo hará subsidiariamente en los términos de la presente ley y con fundamento en el principio constitucional de solidaridad y teniendo en cuenta los derechos vulnerados, sin que implique reconocimiento alguno de responsabilidad de su parte, atendiendo la disponibilidad de recursos.
Quien sea reparado por el Fondo para la Reparación de las Víctimas a través del Programa de Reparación por Vía Administrativa contenido en la presente ley, no podrá demandar por la vía judicial al Estado por el mismo concepto, con el fin de acceder a recursos adicionales, sin perjuicio del derecho que le asiste de perseguir los bienes del victimario.
Cuando el Estado repare a las víctimas de agentes del Estado definidas en el artículo 9º de la presente ley, lo hará únicamente con base en sentencia judicial ejecutoriada y con fundamento en el principio constitucional de responsabilidad. A efectos de lograr la reparación integral de las víctimas, el juez que condene a la reparación ordenará las medidas pertinentes que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica a que se refiere la presente ley.”
¿Ayuda del público? ¿Llamada al amigo? ¿GG (Gabela de Gaviota). Vámonos por la última de las opciones. Les doy una ayuda, para aquellos que no tienen claro el tema. Respecto del Proyecto #1, la norma citada viene acompañada de un presupuestado artículo 8º que nos delimita el alcance de las víctimas. Básicamente hace referencia a que son víctimas las personas que sufran directamente, o cuyo familiar haya sufrido directamente los daños por transgresión de la normatividad penal, internacional humanitaria, o normas sobre derechos humanos. El Proyecto #2, en cambio, consagra en su artículo 9º que serán víctimas las personas que directamente sufran daños por el actuar de los miembros de grupos al margen de la ley. Perdón. Lo serán si sufren esos daños hasta dentro de dos años. Después, no son víctimas.
Con el debido respeto de los partidarios del Gobierno, el proyecto #2 era una verdadera grosería jurídica. Fíjense cómo existen contradicciones normativas en las que, por un lado, había reparación por solidaridad para las víctimas del agente del Estado, aunque la norma no las contemple siquiera como víctimas. Al respecto, el Ministro del Interior, que es un sofista de primera, ha dicho que ese proyecto no discriminaba víctimas sino victimarios (¡!). Esto lo ha dicho en el comunicado del pasado 18 de Junio de 2009.
Un día antes, cuando fue presentado el texto de la conciliación #1, el Ministro de Haciendo explicó que el proyecto no era viable fiscalmente (a pesar que el proyecto del Senado había sido aprobado desde el 18 de Junio de 2008, es decir, un año antes). Los argumentos del Ministerio son bastante más serios que los presentados por el Ministro del Interior, aunque no fundamenta los cambios de cifras, ni tampoco explica el alcance de los recortes que pretendía el Gobierno. Para revisar el texto, pueden descargarlo aquí.
Solo resta afirmar que el Gobierno culpa del hundimiento de la ley al Senador Juan Fernando Cristo. Lo mismo hace el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, por revivir el proyecto aprobado por el Senado. Al respecto, el Senador Cristo, el satanizado, ha dado respuesta a Pizarro, en este comunicado que aparece en su página web.
Visto este ejemplo, después no digamos que la política no es degradante.
Conviene ahora referirnos a lo sucio de la política. Para ello, brevemente dos ejemplos: En primer lugar, el caso de las víctimas y victimarios. De la mano con el trámite de la ley de víctimas, condenada al fracaso por el Gobierno, sí se aprobó el principio de oportunidad para los procesos con los paramilitares reinsertados. Incoherente, en la medida en que la Ley de Justicia y Paz se fundamenta en los principios de verdad, justicia y reparacion. La verdad está ‘embolatada’ hace un buen rato, la reparación no se ve siquiera cerca. Sin ello, es inviable pensar en justicia.
Sin embargo, más preocupante que lo anterior es lo que ha pasado como una simple anécdota para muchos, que fue la llegada del relator especial de la ONU, Phillip Alston, quien rindió su informe el día 19 de Junio de 2009. Lo que muchos medios destacaron como un informe positivo en la medida en que aceptó las mejoras que se han presentado, nuevamente invito a los lectores a que puedan acceder directamente al informe, y no a las interpretaciones tendenciosas, para que puedan sacar conclusiones personales. Los invito a revisar el informe preliminar aquí. Nuevamente, para quienes prefieren obviar la inmediación, los dejo con dos anotaciones:
“La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.
(…)
Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas-que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes – contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.”
El gobierno ha tenido éxito parcial en minimizar el alcance de los falsos positivos, a nivel nacional, al igual que al minimizar el alcance de las interceptaciones ilegales de telecomunicaciones por parte del DAS. No obstante, la comunidad internacional no piensa igual. Preguntemos en el Reino Unido, en Canadá o en Estados Unidos a ver qué posición se tiene. Recordemos que ellos no se alimentan de la información de los medios de comunicación nacionales, sino que obtienen la información de fuentes independientes. La información llega por vías diferentes a los medios tradicionales, que en su mayoría son gobiernistas. Tal vez por ello es que a nuestro Gobernante actual le interesa manejar el concepto de ‘Estado de Opinión’. Bajo esta modalidad, los referendos reeleccionistas por clamor popular son la salida de la ‘encrucijada del alma’ que resulta completamente opuesta a la salida según los principios jurídicos vigentes.
Lo realmente preocupante es la intención evidente por NO descubrir, lo que para muchos entendidos equivaldría a encubrir. El encubrimiento, más allá de lo que diga el ordenamiento penal interno, que no sería para nada aplicable, cuenta con un tratamiento diferente bajo la óptica penal internacional. Es cada vez mayor el lobby que hacen los enemigos de Uribe, para que la Corte Penal Internacional decida interesarse por este país. Ellos a su vez, quieren borrar su imagen de Corte Penal Africana, para retomar la de Corte Penal Internacional. Tenemos que admitir que los recientes hechos resultan tentadores para cualquier juez no local.
A Phillip Alston le falta pronunciarse en detalle sobre su visita, lo que hará en los próximos meses, y le resta emitir concepto sobre la fallida ley de víctimas. Mientras tanto, el Gobierno ha logrado evitar la debacle, y sigue firme en su intención de garantizar el electorado y a los elegibles para el 2010. Visto este ejemplo, después no digamos que la política no es sucia.
Teniendo en cuenta que el malestar que motiva este ingreso viene desde hace algunos días, considero oportuno abordar cada ejemplo de manera separada. Son solo muestras que permiten demostrar la existencia de unos síntomas preocupantes. De no controlarse las causas de los síntomas, sin duda la salud de Colombia peligra más.
Iniciemos esta exposición con la degradación. Esta semana, en el Congreso de la República se sometió a votación el texto conciliado de la ley de víctimas, que dio lugar a su hundimiento por parte de las mayorías del Congreso. Respecto de esto hay varias circunstancias que deben destacarse. En primer lugar, debe destacarse que a lo largo de todo el trámite del proyecto de ley, se evidenció con claridad la falta de voluntad política de la bancada oficialista por sacar el proyecto adelante. Siempre estuvo al final del orden del día, nunca alcanzaba el tiempo para discutirlo debidamente, y finalmente el texto sometido a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobado a pupitrazo limpio.
Que se aprueben las cosas a pupitrazo no es extraño, pero cuando se discute un proyecto de la importancia de la Ley de Víctimas, con más de 100 artículos, y con cambios que afectan de manera fuerte el presupuesto nacional, es grosero que nuestros “padres de la patria” asuman su responsabilidad para con el país con la misma seriedad con la que el mundo asume la responsabilidad por el calentamiento global. Finalmente, la aprobación se dio, y debía conciliarse el texto aprobado por Senado por el texto aprobado en Cámara.
Es aquí donde se torna confuso el asunto. Se constituyó la comisión de conciliación, que se encargó de discutir el texto que se iba a someter a consideración de ambas cámaras para su eventual aprobación. Sin embargo, a falta de un texto, salieron dos. En el primer texto (al menos primero en la Gaceta), los miembros de la Comisión manifiestan haber conciliado el texto que se fundamenta en lo aprobado por el Senado de la República, aunque acogiendo varios artículos de lo que fuere aprobado por la Cámara de Representantes. A pesar de ello, a renglón seguido, se encuentra un texto enviado por la misma Comisión (¡!), en la que somete a consideración el texto conciliado de la ley, acogiendo la mayoría del texto aprobado por la Cámara de Representantes (¡!). Para efectos de garantizar la inmediación de la prueba, y para quienes quieran constatar personalmente el asunto, pueden descargar la Gaceta 518 del Congreso aquí. En esta Gaceta encontrarán ambos informes de conciliación, de manera seguida.
Para quienes prefieran obviar la inmediación de la prueba, voy a citar la norma más problemática, según ambos informes, y podrán ustedes adivinar cuál era la norma que sí le gustaba al Gobierno, y cuál la que no.
Norma #1 (Artículo 6º del Proyecto)
“Artículo 6º. Derecho a la reparación. Las víctimas tienen derecho a ser compensadas de manera adecuada, efectiva y rápida por las violaciones de la legislación penal, de Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por medio de la implementación de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
La reparación no puede, en ninguna circunstancia, confundirse con la asistencia, ni con la ayuda humanitaria.”
Norma #2 (Artículo 6º del Proyecto)
“Artículo 6º. Derecho a la reparación. Las víctimas a las que se refiere el artículo 9º de la presente ley, tienen derecho a ser reparadas por los victimarios de manera adecuada, efectiva y rápida por las violaciones de la legislación penal y de normas internacionales de Derechos Humanos, por medio de la implementación de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
Cuando el Estado repare a las víctimas de grupos armados al margen de la ley, lo hará subsidiariamente en los términos de la presente ley y con fundamento en el principio constitucional de solidaridad y teniendo en cuenta los derechos vulnerados, sin que implique reconocimiento alguno de responsabilidad de su parte, atendiendo la disponibilidad de recursos.
Quien sea reparado por el Fondo para la Reparación de las Víctimas a través del Programa de Reparación por Vía Administrativa contenido en la presente ley, no podrá demandar por la vía judicial al Estado por el mismo concepto, con el fin de acceder a recursos adicionales, sin perjuicio del derecho que le asiste de perseguir los bienes del victimario.
Cuando el Estado repare a las víctimas de agentes del Estado definidas en el artículo 9º de la presente ley, lo hará únicamente con base en sentencia judicial ejecutoriada y con fundamento en el principio constitucional de responsabilidad. A efectos de lograr la reparación integral de las víctimas, el juez que condene a la reparación ordenará las medidas pertinentes que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica a que se refiere la presente ley.”
¿Ayuda del público? ¿Llamada al amigo? ¿GG (Gabela de Gaviota). Vámonos por la última de las opciones. Les doy una ayuda, para aquellos que no tienen claro el tema. Respecto del Proyecto #1, la norma citada viene acompañada de un presupuestado artículo 8º que nos delimita el alcance de las víctimas. Básicamente hace referencia a que son víctimas las personas que sufran directamente, o cuyo familiar haya sufrido directamente los daños por transgresión de la normatividad penal, internacional humanitaria, o normas sobre derechos humanos. El Proyecto #2, en cambio, consagra en su artículo 9º que serán víctimas las personas que directamente sufran daños por el actuar de los miembros de grupos al margen de la ley. Perdón. Lo serán si sufren esos daños hasta dentro de dos años. Después, no son víctimas.
Con el debido respeto de los partidarios del Gobierno, el proyecto #2 era una verdadera grosería jurídica. Fíjense cómo existen contradicciones normativas en las que, por un lado, había reparación por solidaridad para las víctimas del agente del Estado, aunque la norma no las contemple siquiera como víctimas. Al respecto, el Ministro del Interior, que es un sofista de primera, ha dicho que ese proyecto no discriminaba víctimas sino victimarios (¡!). Esto lo ha dicho en el comunicado del pasado 18 de Junio de 2009.
Un día antes, cuando fue presentado el texto de la conciliación #1, el Ministro de Haciendo explicó que el proyecto no era viable fiscalmente (a pesar que el proyecto del Senado había sido aprobado desde el 18 de Junio de 2008, es decir, un año antes). Los argumentos del Ministerio son bastante más serios que los presentados por el Ministro del Interior, aunque no fundamenta los cambios de cifras, ni tampoco explica el alcance de los recortes que pretendía el Gobierno. Para revisar el texto, pueden descargarlo aquí.
Solo resta afirmar que el Gobierno culpa del hundimiento de la ley al Senador Juan Fernando Cristo. Lo mismo hace el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, por revivir el proyecto aprobado por el Senado. Al respecto, el Senador Cristo, el satanizado, ha dado respuesta a Pizarro, en este comunicado que aparece en su página web.
Visto este ejemplo, después no digamos que la política no es degradante.
Conviene ahora referirnos a lo sucio de la política. Para ello, brevemente dos ejemplos: En primer lugar, el caso de las víctimas y victimarios. De la mano con el trámite de la ley de víctimas, condenada al fracaso por el Gobierno, sí se aprobó el principio de oportunidad para los procesos con los paramilitares reinsertados. Incoherente, en la medida en que la Ley de Justicia y Paz se fundamenta en los principios de verdad, justicia y reparacion. La verdad está ‘embolatada’ hace un buen rato, la reparación no se ve siquiera cerca. Sin ello, es inviable pensar en justicia.
Sin embargo, más preocupante que lo anterior es lo que ha pasado como una simple anécdota para muchos, que fue la llegada del relator especial de la ONU, Phillip Alston, quien rindió su informe el día 19 de Junio de 2009. Lo que muchos medios destacaron como un informe positivo en la medida en que aceptó las mejoras que se han presentado, nuevamente invito a los lectores a que puedan acceder directamente al informe, y no a las interpretaciones tendenciosas, para que puedan sacar conclusiones personales. Los invito a revisar el informe preliminar aquí. Nuevamente, para quienes prefieren obviar la inmediación, los dejo con dos anotaciones:
“La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.
(…)
Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas-que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes – contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.”
El gobierno ha tenido éxito parcial en minimizar el alcance de los falsos positivos, a nivel nacional, al igual que al minimizar el alcance de las interceptaciones ilegales de telecomunicaciones por parte del DAS. No obstante, la comunidad internacional no piensa igual. Preguntemos en el Reino Unido, en Canadá o en Estados Unidos a ver qué posición se tiene. Recordemos que ellos no se alimentan de la información de los medios de comunicación nacionales, sino que obtienen la información de fuentes independientes. La información llega por vías diferentes a los medios tradicionales, que en su mayoría son gobiernistas. Tal vez por ello es que a nuestro Gobernante actual le interesa manejar el concepto de ‘Estado de Opinión’. Bajo esta modalidad, los referendos reeleccionistas por clamor popular son la salida de la ‘encrucijada del alma’ que resulta completamente opuesta a la salida según los principios jurídicos vigentes.
Lo realmente preocupante es la intención evidente por NO descubrir, lo que para muchos entendidos equivaldría a encubrir. El encubrimiento, más allá de lo que diga el ordenamiento penal interno, que no sería para nada aplicable, cuenta con un tratamiento diferente bajo la óptica penal internacional. Es cada vez mayor el lobby que hacen los enemigos de Uribe, para que la Corte Penal Internacional decida interesarse por este país. Ellos a su vez, quieren borrar su imagen de Corte Penal Africana, para retomar la de Corte Penal Internacional. Tenemos que admitir que los recientes hechos resultan tentadores para cualquier juez no local.
A Phillip Alston le falta pronunciarse en detalle sobre su visita, lo que hará en los próximos meses, y le resta emitir concepto sobre la fallida ley de víctimas. Mientras tanto, el Gobierno ha logrado evitar la debacle, y sigue firme en su intención de garantizar el electorado y a los elegibles para el 2010. Visto este ejemplo, después no digamos que la política no es sucia.
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