Recuerdo hace ya algún tiempo, cuando el derecho no era proyecto de vida, ni mucho menos inquietud de joven, las historias que en el colegio veía en mi clase de Ciencias Sociales sobre importantes líderes de los hombres (mas no de la humanidad). Casos como el de Lucio Cornelio Sila quien cedió el poder, siendo dictador absoluto de Roma, por considerar que su obra estaba cumplida. Otro caso, el de Simón Bolívar quien en múltiples ocasiones renunció al poder por responsabilidad política (u orgullo, según el punto de vista que se adopte), aunque finalmente terminó convirtiéndose en dictador, antes de su triste partida de este mundo.
Particularmente recuerdo el caso del Presidente colombiano Marco Fidel Suárez, quien gobernó el país de 1918 a 1921. Suárez debió afrontar una oposición importante en el Congreso, por parte de los liberales así como de los conservadores afines a Laureano Gómez. Finalmente, se llegó a acusar al Presidente de indignidad por haber pignorado su salario como Presidente de la República. Ante la situación de ingobernabilidad, el Presidente Suárez negoció su renuncia, bajo la condición de que el Congreso no dejase de tramitar la modificación del tratado Urrutia-Thompson, relativo a la indemnización por la pérdida de Panamá como territorio colombiano. Independientemente de la comprometida situación de Suárez en su momento, lo que conviene destacar es que puso por delante el bien común y la gobernabilidad del país, por encima de su permanencia en el poder.
Recientemente se ha visto una situación similar, aunque a menor nivel, en el país. A raíz de la ya conocida controversia respecto de las interceptaciones ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se ha logrado establecer que como parte de las investigaciones ilegales, se solicitó a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), entidad estatal adscrita al Ministerio de Hacienda, cierta información relacionada con las personas a las que ilegalmente se estaba investigando. La posición oficial del Director de la UIAF, Mario Aranguren, es la del cumplimiento de las responsabilidades legales, como es la de colaborar con los órganos de justicia y de policía judicial. Asegura Aranguren que de toda esta información siempre se informó a la Dirección del DAS, razón por la cual podría llegar a pensarse que la entonces directora del organismo de inteligencia conocía claramente de estos seguimientos, y los autorizó, o al menos, los toleró.
Una vez estalló el escándalo, por el lado de la UIAF, el director de la entidad consideró oportuno renunciar para efectos de facilitar la labor de investigación. Esta situación, que en cualquier otro país, en circunstancias similares, sería lo que habría de esperarse ante tan graves circunstancias, resulta sorprendente para nosotros. Eso son malas noticias, porque implica que realmente el concepto de responsabilidad política, ética o jurídica está claramente desdibujado.
La pregunta que surge con inmediatez es: ¿En qué momento se perdió el concepto general de responsabilidad, pilar fundamental del manejo de la res publica? Pareciera, en ocasiones, que mientras las ciencias políticas y jurídicas tienden hacia la decantación de sus conceptos, cada vez más nos alejáramos de los pilares que le sirven de fundamento.
Por el momento, queda planteada esta inquietud. En el próximo ingreso se profundizará un poco más sobre las implicaciones de la responsabilidad, que tanto se recuerdan pero que poco se observan en la actualidad.
Rinoceronte (o, El precio a pagar)*
Hace 3 días.
2 comentarios:
Es que, desde mi punto de vista, un sistema político no puede depender de la conciencia cívica de quienes ejercen funciones de poder. Es preciso crear reglas que generen incentivos para actuar correctamente aún al sujeto más inmoral y deshonesto. Por ejemplo, si la actitud de no renunciar ante un caso como el que mencionás generase un fuerte rechazo social, hasta el deshonesto terminaría renunciando, porque sabría que es peor para su futuro político no hacerlo.
Estamos de acuerdo Dieguistico. Sin embargo, parece ser que esos 'incentivos' se han manejado como una amenaza coercitiva que lastimosamente se torna ineficaz. Esa ineficacia ha tornado este principio en algo menos que inaplicable.
Gracias por el comentario, y bienvenido a este espacio.
Muchos saludos.
Publicar un comentario