La reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, es un desafío para Colombia. Desde hace muchos años (e incluso décadas) la Fiscalía viene trabajando a un paso que es claramente inferior al de la delincuencia, cada vez más activa, más "emprendedora", y cada vez más innovadora. Mientras el mercado que capta la delincuencia no obtiene una respuesta efectiva por parte del ente acusador, el Gobierno, el Congreso y el Fiscal General de la Nación le han apostado a un nuevo modelo de gestión al interior de la entidad.
Hasta allí, todo suena fantástico. El problema surge cuando queremos ir un paso más allá, y nos preocupamos por enterarnos de qué se va a hacer en la entidad. Me menciona mi alter ego que ha escuchado conversaciones sobre este tópico, y en ellas se revela con absoluta claridad, que nadie sabe lo que va a ocurrir allí. Al parecer, lo único que es claro es que la Dirección Nacional de Fiscalías va a desaparecer, y en su lugar van a surgir unas "Gerencias" que se encargan de asumir la parte administrativa. No se sabe mucho más acerca de cómo van a funcionar.
Imagen tomada de www.eluniversal.com.co
Otro aspecto que se sabe es que existe una plena intención de unificar los cuerpos de policía judicial que se encuentran dispersos en varias entidades. Si tiene o no sentido esto, es otro debate, es otro problema. Ya la Fiscalía era la encargada de ejercer la labor de coordinación de estos grupos desde antes. Lo que cambiaría es que ahora, por lo visto, la intención del Fiscal Montealegre es que sean parte de la Fiscalía.
Bien es sabido por los lectores habituales de este espacio, que esta gaviota no le profesa ningún tipo de cariño al señor Montealegre. Ese amor no es gratuito, pues deriva de una cantidad de actos que se vienen ejerciendo sistemáticamente por el Fiscal General, tendientes a cosas diferentes a administrar justicia en materia penal. Estas reformas, en mi sentir le generan un poder especial a Montealegre que no tenía antes: mayor capacidad de endeudamiento. Me explico.
Montealegre, un profesional del derecho muy ilustrado, muy formado, y muy ególatra, como todos los ególatras, creen que pueden hacer las cosas mejor que cualquier otra persona, en cualquier otro escenario. Ese nivel de egolatría hace que el "opinador" tenga salidas como opinar sobre el marco jurídico para la paz, opinar sobre si los congresistas cometen o no faltas disciplinarias por viajar a Cuba (competencia del Procurador), sobre la legalidad de las actuaciones de la Contraloría, entre otras cosas. Esto le ha generado peleas con muchas personas, muchas de ellas muy poderosas. Precisamente con el Procurador Ordóñez y con la Contralora Morelli ha venido sosteniendo agrias luchas que han llegado incluso al ámbito penal (como en el caso de la Contraloría).
El motivo de la pelea es claro: las investigaciones en materia de salud (con la Contraloría), y la envidida de que el Procurador tiene más poder que él (en el caso de la Procuraduría). Quizá, después del Presidente de la República, el individuo más poderoso en el país es el Procurador General. Posee una amplia nómina con cargos jugosos. Posee la potestad disciplinaria preferente (que hace que los servidores públicos estén en sus manos, en la mayoría de casos), es el representante de la sociedad en su calidad de Ministerio Público, y posee unos cargos con salarios jugosos, que han servido en el pasado para satisfacer los intereses de los burócratas que sólo se mueven si les hablan en términos de 'puestos'.
La Fiscalía General de la Nación, claramente posee un presupuesto mayor que las otras dos entidades, pero su poder de endeudamiento no es tan poderoso. La reestructuración le permite al Fiscal "mover gente", y mover gente implica sacar y nombrar, las dos más grandes fuentes del poder en el ámbito público. El secreto (eso ya lo hemos mencionado) es el estilo de Montealegre, y por eso es que las cosas se van dando, y se irán dando sin previo aviso. Sin embargo, es altamente probable que al final del ejercicio, la gran reestructuración no incida de manera decisiva en el funcionamiento del sistema penal, aunque sea esta la excusa. La finalidad real, es otra.
Montealegre, un profesional del derecho muy ilustrado, muy formado, y muy ególatra, como todos los ególatras, creen que pueden hacer las cosas mejor que cualquier otra persona, en cualquier otro escenario. Ese nivel de egolatría hace que el "opinador" tenga salidas como opinar sobre el marco jurídico para la paz, opinar sobre si los congresistas cometen o no faltas disciplinarias por viajar a Cuba (competencia del Procurador), sobre la legalidad de las actuaciones de la Contraloría, entre otras cosas. Esto le ha generado peleas con muchas personas, muchas de ellas muy poderosas. Precisamente con el Procurador Ordóñez y con la Contralora Morelli ha venido sosteniendo agrias luchas que han llegado incluso al ámbito penal (como en el caso de la Contraloría).
El motivo de la pelea es claro: las investigaciones en materia de salud (con la Contraloría), y la envidida de que el Procurador tiene más poder que él (en el caso de la Procuraduría). Quizá, después del Presidente de la República, el individuo más poderoso en el país es el Procurador General. Posee una amplia nómina con cargos jugosos. Posee la potestad disciplinaria preferente (que hace que los servidores públicos estén en sus manos, en la mayoría de casos), es el representante de la sociedad en su calidad de Ministerio Público, y posee unos cargos con salarios jugosos, que han servido en el pasado para satisfacer los intereses de los burócratas que sólo se mueven si les hablan en términos de 'puestos'.
La Fiscalía General de la Nación, claramente posee un presupuesto mayor que las otras dos entidades, pero su poder de endeudamiento no es tan poderoso. La reestructuración le permite al Fiscal "mover gente", y mover gente implica sacar y nombrar, las dos más grandes fuentes del poder en el ámbito público. El secreto (eso ya lo hemos mencionado) es el estilo de Montealegre, y por eso es que las cosas se van dando, y se irán dando sin previo aviso. Sin embargo, es altamente probable que al final del ejercicio, la gran reestructuración no incida de manera decisiva en el funcionamiento del sistema penal, aunque sea esta la excusa. La finalidad real, es otra.
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