domingo, 10 de mayo de 2009

Algunas reflexiones sobre la responsabilidad – Pt. 3

¿Cómo entender o justificar la inaplicación del principio de responsabilidad desde el punto de vista jurídico sin llegar a concluir que se está frontalmente vulnerando el ordenamiento, y más aún, si se afirma que las conductas que supuestamente desconocen aquel principio son ajustadas a derecho? Este fue el último interrogante que dejé planteado en mi último ingreso, y LA respuesta –de hecho CUALQUIER respuesta– me resulta esquiva.

A pesar del evidente desánimo que ello genera, he intentado repasar algunos de los planteamientos que he leído en el ingreso titulado “La justicia desde el lado activo del derecho en la teoría de Dworkin y Alexy” del blog Iusconstifil de Ricardo Arrieta Castañeda. Particularmente, me han llamado la atención dos aspectos interesantes, cuales son:

1) El derecho positivo no puede explicar los principios jurídicos. Bajo ese entendido, la existencia de principios jurídicos hace inviable el derecho positivo, como planteamiento teórico.

2) El derecho es presuntamente justo. Por lo tanto, es posible que haya normas jurídicas injustas.

Los dos axiomas atrás señalados, que constituyen una interpretación de lo que realmente está consignado en el texto, permiten revisar el problema de la ‘responsabilidad’ desde un ángulo especial, como es la validez y eficacia del derecho, pero visto de la perspectiva de la justicia. Sé que suena como si planteara el tema después de haber bebido unos generosos tragos de scotch on the rocks, pero les garantizo que las gaviotas no beben y vuelan. Intentaré explicar mi opinión al respecto.

Ha quedado claro, desde “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad – Pt. 2” que en Colombia, la responsabilidad constituye principio, y que adicionalmente, es un principio normado (recordemos que los principios existen, estén en la norma positiva o no, de allí la crítica inicial al positivismo, a la que hace referencia el numeral 1)). Bajo ese entendido, podemos afirmar que el principio de responsabilidad, sin duda, es derecho.

Sobre este punto, conviene resaltar que algunos teóricos diferencian los criterios de validez, justicia y eficacia. Estos teóricos convendrían en que al plasmar en una norma jurídica positiva el deber de responsabilidad, se dotaría de validez ese precepto, mas ello no implica que sea justa, ni válida. El principio jurídico, en cambio, es una norma que existe, esté o no consagrada en una norma positiva, y que en esencia, es válida, porque precisamente trascienden los criterios formales que permiten determinar si una norma es válida o no; su validez no depende del cumplimiento de formalidades por parte del legislador. El principio jurídico no puede ser injusto, a priori, por cuanto es criterio orientador del ordenamiento, y como tal es pilar fundante de los parámetros de justicia en una sociedad determinada. Es claro, entonces, que el principio jurídico es válido y justo. Resta preguntarnos si es eficaz. Recordando que el principio constituye un mandato de optimización, no puede ser desconocido. No admite incumplimiento total, aunque sí parcial. Por ello es que los conflictos entre principios se solucionan bajo un análisis de peso de principios, pero nunca aplicando uno y dejando de aplicar otro. Como no ‘puede’ ser desconocido, se parte de que el principio, en esencia, también es eficaz.

Es aquí donde surge el mayor problema, según lo que hemos venido planteando. Lo anterior permite darle un contexto jurídico a la pregunta inicial de esta entrada. Si el principio de responsabilidad es justo, es válido y es eficaz, entonces ¿por qué hay leyes aberrantes sin que alguien responda?, ¿por qué hay funcionarios mediocres o delincuentes que permanecen en sus cargos?, y ¿por qué nadie responde por el principio de responsabilidad?

Podríamos considerar, entonces, que en el primer caso, se trata de aquel derecho injusto al que se ha hecho referencia en el punto 2). Personalmente, esta postura me resulta poco convincente, y más bien, legitimadora de la incapacidad de decantar los elementos justos de un conjunto compuesto por elementos justos e injustos. Mientras en el país seguimos disertando sobre Alexy, Dworkin, Radbruch, Rawls, y otros tantos, Hernán Andrade (Presidente del Senado), Germán Varón (Presidente de la Cámara de Representantes), Alvaro Uribe (Presidente de la República) y sus respectivos ‘combos’ no se desgastan en esas discusiones. Ellos tienen claro que mientras exista una norma que mencione “la presente ley rige a partir de su fecha de promulgación”, no pierden nada, es derecho.

El problema es cuando la norma que en realidad sí es justa, y válida, no es eficaz. La norma justa que no es capaz de ser efectiva, será tan injusta como la norma de contenido injusto. Tan injusto es que una norma garantice el derecho de salud de todos los habitantes –por valerme de un ejemplo común– y que no se cumpla, como que exista una norma que prescriba el derecho de salud únicamente para ciertos sectores de la población. Esta es una modalidad de injusticia por omisión, como podríamos llamar técnicamente a la existencia de un ordenamiento jurídico mentiroso.

La existencia de un ordenamiento jurídico mentiroso, considero yo, es precisamente lo que hace que hoy en día intentemos esforzarnos por legitimar un concepto de derecho que cada vez resulta más decadente. Hablar de aceptar normas injustas pero no injustísimas es como quien dice que no habla el inglés pero lo comprende. Estamos en eso. Se dice mucho por algunos abogados colombianos, que contamos con Códigos (el de Procedimiento Penal, por ejemplo) que son modelos en todo Latinoamérica, o donde sea. Claro, son modelo para el mundo, siempre que no indaguemos cómo está funcionando en la práctica. Ahí puede no ser un modelo a seguir. Sin embargo, la norma está.

Pregunto finalmente, y con ello finalizo estas consideraciones de tres volúmenes, ¿estamos ante un ordenamiento jurídico mentiroso, o por el contrario, somos quienes hemos logrado demostrar a los juristas globalizados que los principios de derecho sí pueden ser incumplidos total y absolutamente, de manera reiterada, dolosa o culposa?
-->

miércoles, 6 de mayo de 2009

Algunas reflexiones sobre la responsabilidad – Pt. 2

Hace un par de días me preguntaba en qué momento se perdió el concepto general de responsabilidad, pilar fundamental del manejo de la res publica. Al plantear la inquietud, pensaba largamente en Cicerón y su Tratado de la República. Recordé el sueño de Escipión, relatado en el Libro Sexto de su Tratado. El llamado que hizo Cicerón a los administradores de la cosa pública, quienes debían ser los más virtuosos, justos y capaces de todo el pueblo, se debe reiterar a todos los que hoy quieren hacerse llamar ‘padres de la patria’. Sería interesante que en vez de estar pendientes de referendos reeleccionistas, reformas políticas intrascendentes y otros tantos vicios jurídicos en proceso de materialización, escucháramos los consejos del romano que hace siglos nos refirió:

“Si pues entre todos los seres el alma sola tiene en sí misma el principio de su movimiento, es evidente que no ha tenido origen y que es eterna. Ocúpala, pues, en las cosas más elevadas, y ninguna lo es tanto como velar por el bien de la patria. El alama, acostumbrada a este ejercicio, remonta con mayor facilidad hacia su morada celeste, y subirá con tanta mayor rapidez, cuanto que estará acostumbrada desde la prisión del cuerpo a elevarse y contemplar las cosas sublimes, a desprenderse de los lazos terrestres. Las almas de aquellos que se entregaron a los placeres de los sentidos se hicieron esclavas de él, y arrastradas por las pasiones, violaron todas las leyes divinas y humanas, cuando se separan del cuerpo vagan errante alrededor de la tierra, y no vienen a estas mansiones hasta después de muchos siglos de expiación.”

Sin duda el llamado de Cicerón es a la sensatez del gobernante. Sin embargo, la explicación obedece a la virtud y no a ninguna clase de responsabilidad social, política o jurídica. En cierta manera, la moral es el único contrapeso de las pasiones internas del gobernante. En el caso de Cicerón, pareciese ser que la responsabilidad moral del gobernante viniese de la mano con la responsabilidad generacional –no como se pretende explicar hoy, sino como una modalidad de sumisión a la virtud y obra de los ancestros.

Sin duda no es la época del absolutismo la que nos permite explicar la responsabilidad política del gobernante. Podríamos llegar a

“Las obligaciones que nos ligan al cuerpo social no son obligatorias sino en cuanto son mutuas, y su naturaleza es tal que, cumpliéndolas, no se puede trabajar para otro sin trabajar para sí mismo. ¿Por qué la voluntad general es siempre recta y por qué todos quieren constantemente la felicidad de cada uno de ellos, si no es porque no hay nadie que no se apropie esta palabra, cada uno, y que no piense en sí mismo al votar por todos? Lo que prueba que la igualdad de derecho y la noción de justicia que esta igualdad produce proviene de la preferencia del hombre; que la voluntad general, para ser verdaderamente tal, debe serlo en su objeto así como en su esencia; que debe partir de todos para aplicarse a todos y que pierde su rectitud natural cuando tiende a algún objeto individual y determinado, porque entonces, juzgando sobre lo que nos es ajeno, no tenemos ningún verdadero principio de equidad que nos guíe.”

Rousseau tiene la absoluta claridad que la voluntad general del pueblo no puede ser menoscabada ni destruida jamás. Dirá, que ella podrá ser sometida, en algún momento, a voluntades particulares en determinados momentos, y deberá ser rescatada. Ello resulta de la mayor utilidad cuando el Estado se aleja de su esencia misma. Menciona el ginebrino:

“Finalmente, cuando el Estado, cerca de su ruina, ya no subsiste más que en una ilusoria y vana, cuando se ha roto en todos los corazones el vínculo social, cuando el más vil interés toma descaradamente el sagrado nombre de bien público, entonces la voluntad general enmudece; todos, guiados por motivos secretos, dejan absolutamente de opinar como ciudadanos, como si el Estado no hubiera existido jamás; y se hace pasar falsamente con el nombre de leyes decretos inicuos que no tienen más finalidad que el interés particular.”

Cada cual podrá, en su interior, recordar el caso más cercano, y probablemente, en este punto, los gusten políticos sean decisivos al momento de “refrescar la memoria”. Sin embargo, en uno u otro sentido, se encontrarán varios casos, en varios países, y en diferentes épocas, en las que podemos encontrar que lo manifestado por Rousseau se encuentra absolutamente vigente. Sin ir demasiado lejos, en Colombia, es claro que la izquierda y la derecha actualmente cuentan con líneas discursivas en las que frecuentemente se diga que “si el pueblo así lo dispone, el líder político los oirá, y atenderá su llamado”. Esto, tiene la finalidad de enmascarar los intereses privados por acceder (en un caso) o permanecer (en el otro) en el poder. Fíjense, sin embargo, como la voluntad general se convierte en pretexto para encubrir ese “vil interés” particular.

A raíz de la exposición de ideas de múltiples pensadores por esa misma línea, se empezó a construir un nuevo derecho y una nueva política fundada en el respeto por el interés general (Preámbulo C.N.), y bajo criterios de responsabilidad hacia el soberano. En el caso colombiano, el tema llegó un poco más allá y se dijo que el soberano es el pueblo y que es de allí de donde surge el poder público (Art. 3º C.N.). A partir de allí, se cuenta con un importante desarrollo legislativo en ese sentido. Para no ser demasiado extensos y engorrosos con el fundamento normativo, me referiré únicamente a la Ley 489 de 1998, que regula la función administrativa. El artículo 3º de esta ley, que hace referencia a los principios que gobiernan la función administrativa señala:

“ARTICULO 3o. PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA. La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.”
(Subrayado por fuera del texto original)

Acabamos de presenciar un viaje en el tiempo, muy rápido y sumamente importante, pues a partir de allí podemos encontrar que existe Constitucional y legalmente consagrado un principio de responsabilidad, que no ha sido derogado por medios legales. Parece ser, sin embargo, que el desobedecimiento civil inicia, sin embargo, por este principio, en la medida en que no existe ningún motivo por el cual un funcionario deba motu proprio aplicar las consecuencias adversas derivada del principio de responsabilidad.

Hoy vemos en Colombia que hay un sinnúmero de casos en los cuales parece que el concepto de responsabilidad no se pone en práctica. En Norteamérica, se suele hacer uso de la expresión accountability para dar a entender que se debe rendir cuentas, o yendo un poco más allá, se debe responder por la gestión emprendida. Vemos casos como el del Director de INVIAS, el Personero de Bogotá, y los casos relacionados con las chuzadas del DAS, en los que no resulta claro cómo se aplica el principio de oportunidad. Si mal no estoy, una de las características de los principios jurídicos es que su aplicación es inminente, aunque sea en mayor o menor medida, según el caso. Sin embargo, tal parece que el nuevo derecho permite la inaplicación de este principio totalmente, o casi totalmente.



La inquietud que surge, entonces, es: ¿cómo entender o justificar esa inaplicación desde el punto de vista jurídico sin llegar a concluir que se está frontalmente vulnerando el ordenamiento, y más aún, si se afirma que todas estas conductas son ajustadas a derecho?
-->

lunes, 4 de mayo de 2009

Algunas reflexiones sobre la responsabilidad – Pt. 1

Recuerdo hace ya algún tiempo, cuando el derecho no era proyecto de vida, ni mucho menos inquietud de joven, las historias que en el colegio veía en mi clase de Ciencias Sociales sobre importantes líderes de los hombres (mas no de la humanidad). Casos como el de Lucio Cornelio Sila quien cedió el poder, siendo dictador absoluto de Roma, por considerar que su obra estaba cumplida. Otro caso, el de Simón Bolívar quien en múltiples ocasiones renunció al poder por responsabilidad política (u orgullo, según el punto de vista que se adopte), aunque finalmente terminó convirtiéndose en dictador, antes de su triste partida de este mundo.

Particularmente recuerdo el caso del Presidente colombiano Marco Fidel Suárez, quien gobernó el país de 1918 a 1921. Suárez debió afrontar una oposición importante en el Congreso, por parte de los liberales así como de los conservadores afines a Laureano Gómez. Finalmente, se llegó a acusar al Presidente de indignidad por haber pignorado su salario como Presidente de la República. Ante la situación de ingobernabilidad, el Presidente Suárez negoció su renuncia, bajo la condición de que el Congreso no dejase de tramitar la modificación del tratado Urrutia-Thompson, relativo a la indemnización por la pérdida de Panamá como territorio colombiano. Independientemente de la comprometida situación de Suárez en su momento, lo que conviene destacar es que puso por delante el bien común y la gobernabilidad del país, por encima de su permanencia en el poder.

Recientemente se ha visto una situación similar, aunque a menor nivel, en el país. A raíz de la ya conocida controversia respecto de las interceptaciones ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se ha logrado establecer que como parte de las investigaciones ilegales, se solicitó a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), entidad estatal adscrita al Ministerio de Hacienda, cierta información relacionada con las personas a las que ilegalmente se estaba investigando. La posición oficial del Director de la UIAF, Mario Aranguren, es la del cumplimiento de las responsabilidades legales, como es la de colaborar con los órganos de justicia y de policía judicial. Asegura Aranguren que de toda esta información siempre se informó a la Dirección del DAS, razón por la cual podría llegar a pensarse que la entonces directora del organismo de inteligencia conocía claramente de estos seguimientos, y los autorizó, o al menos, los toleró.

Una vez estalló el escándalo, por el lado de la UIAF, el director de la entidad consideró oportuno renunciar para efectos de facilitar la labor de investigación. Esta situación, que en cualquier otro país, en circunstancias similares, sería lo que habría de esperarse ante tan graves circunstancias, resulta sorprendente para nosotros. Eso son malas noticias, porque implica que realmente el concepto de responsabilidad política, ética o jurídica está claramente desdibujado.

La pregunta que surge con inmediatez es: ¿En qué momento se perdió el concepto general de responsabilidad, pilar fundamental del manejo de la res publica? Pareciera, en ocasiones, que mientras las ciencias políticas y jurídicas tienden hacia la decantación de sus conceptos, cada vez más nos alejáramos de los pilares que le sirven de fundamento.

Por el momento, queda planteada esta inquietud. En el próximo ingreso se profundizará un poco más sobre las implicaciones de la responsabilidad, que tanto se recuerdan pero que poco se observan en la actualidad.
-->