Otra de nuestras discusiones poco fructíferas, de las que también se lucran los ‘expertos’, es sobre si los políticos que estuvieron secuestrados, se van a lanzar a la política nuevamente. Se escriben columnas de opinión en diarios, revistas, blogs además del tiempo que se le dedica al tema en la radio. Lo relevante no es discutir las potenciales propuestas políticas, sino el simple hecho de que un exsecuestrado decida lanzarse a la política.
Respecto a las discusiones poco útiles en materia científica y de la vida en general, los invito, sin hacer comentario especial, a que revisen esta página, correspondiente a los IG Nobel Prize, (página que está en inglés). Creo que no merece mayor comentario esto. Si quisiéramos llegar a ejemplos no tan extremos como los que allí se nos ponen de presente, encontraríamos una variedad importante de discusiones, como si el Río Bogotá es el más contaminado del mundo, o el segundo más contaminado. Importante discusión. Seguramente, al poder descifrar la respuesta, lograremos descontaminarlo, o nos darán una medalla por encontrar la respuesta.
Mientras estás interesantes discusiones nos llevan a la tierra del nunca jamás, me parece más interesante intentar entender por qué en la actualidad, hay otras tantos temas que deberían ser discutidos, pero que por motivos que desconozco, no son objeto de debate. Haré específica referencia al caso de la política de seguridad democrática del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Se dice en los medios colombianos, y por gran parte de los políticos del país, que resulta incuestionable la necesidad de darle continuidad a la seguridad democrática del Presidente Uribe por parte del siguiente Gobierno. En primer lugar, no puedo entender por qué ahora hay políticas cuestionables y otras que no. De pronto existe alguna razón de fondo respecto de ese tema, aunque personalmente desconozco la razón.
Más curioso resulta intentar comprender lo incuestionable de la continuidad de esta política, existiendo tantos ejemplos de aberraciones generadas por esa política. No quiero con ello decir que la política de la seguridad democrática es mala per se, o que detesto al Presidente Uribe. Simplemente, no estoy dispuesto a caer en sectarismos sin sentido, ya sea con una calcomanía de YO TAMBIÉN SOY UN SER EN LLAMAS, I LOVE AUV o algo así como UBÉRRIMO EN MI CORAZÓN. Tampoco sería de los que crearía un grupo en Facebook llamado “1´000.000 para sacar esas carnitas y esos huesitos de la Casa de Nariño”, o de los que cada tres días me recorro la séptima, acompañando sindicalistas, empleados de DMG, clientes de DMG o algún otro grupo de manifestantes con el popular “Uribe… Mancuso… La misma cosa son…”.
Volviendo al tema principal, sería interesante saber por qué está prohibido discutir temas esenciales como la aplicabilidad futura de la seguridad democrática. El Gobierno Uribe II se ha v enfrentado con una serie de problemas serios en materia de seguridad. Por mencionar temáticamente algunos de ellos:
1) La presunta vinculación recurrente de miembros del Gobierno con delincuentes reconocidos:
Recordemos los cuestionamientos al antiguo Director del DAS, Jorge Noguera, quien debió abandonar la dirección de esa departamento administrativo por su presunta vinculación con grupos paramilitares. Noguera salió para Italia al Consulado en Milán, hasta que fue absolutamente inevitable el que tuviese que regresar al país. El ex Fiscal General de la Nación, y hoy miembro del cuerpo diplomático del Gobierno Uribe, salpicado por presuntos nexos con el paramilitarismo.
De la misma forma, han sido llamativos los escándalos contra Generales de la República por presunta vinculación con grupos ilegales. A raíz de esto se presentó una purga importante en la cúpula de la Policía, lo que le permitió al General Oscar Naranjo llegar a la cabeza de esta institución. Igualmente se han cuestionado las labores de Martín Orlando Carreño, antiguo comandante del Ejército, así como de Carlos Alberto Ospina, también reciente excomandante del Ejército.
Me parece importante preguntar si esto no es motivo suficiente para cuestionar la forma en que se pretende brindarnos seguridad y blindarnos de los grupos al margen de la ley. Creo que desde el punto de vista político, es evidente que la discusión ha debido darse y no se da. Mientras tanto, siguen ocurriendo episodios como el de alias Job en la Casa de Nariño, y mientras tanto, todo el mundo contento.
2) Falsos ‘Positivos’
Para quienes no estén familiarizados con el término, en la milicia, se suele hacer referencia a positivos cuando se han obtenido resultados operacionales exitosos, tales como la incautación de armas, la baja de otros combatientes, o la prevención de actos terroristas. Esta clase de situaciones llevan a que quienes generan mayor cantidad de ‘positivos’ son considerados los mejores, y como tal suelen recibir condecoraciones, distinciones y de paso, se garantiza su ascenso en la Fuerza.
Esta situación generó que muchos miembros de la fuerza pública se valieran de mentiras puestas en escena para mostrar lo buenos que son ante sus superiores. El problema es que su sed de reconocimiento los llevó a cometer actos sorprendentes tanto por su sangre fría, como por su idiotez. Homicidios de inocentes que eran presentados como bajas en combate, la supuesta detección de atentados terroristas planeados por los mismos ‘héroes’.
A la fecha, sin embargo, son los directamente implicados quienes son sometidos al reproche social, a las investigaciones y a las penas por estos actos. Sin embargo, en cuanto a responsabilidad política, ningún alto funcionario ha sido sometido a reproche semejante, ni siquiera a cuestionamiento acerca de la permanencia de su cargo. El ministro de defensa ha logrado salir avante ante todos estos episodios, y la seguridad democrática, ni siquiera resulta cuestionada. Se hace referencia a manzanas podridas, a actos aislados, pero cada vez resulta más difícil sostener que se trata de problemas coyunturales, y no de fondo.
3) Interceptación de llamadas
Recientemente se ha destapado un nuevo escándalo, otra vez involucrando al organismo de inteligencia del Estado, el DAS, al haberse detectado que funcionarios de ese organismo han estado realizando interceptación ilegal de llamadas a importantes personalidades de la vida nacional, como es el caso de periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, líderes de la oposición, y también de algunos miembros del Gobierno.
Como en los casos anteriores, la responsabilidad no ha querido ser asumida por el Gobierno, quien se ha encargado de tramitar supuestas transformaciones al organismo, que implican la dependencia de esas gestiones al control de la Policía Nacional, dejando en claro que las interceptaciones dependen de orden judicial previa. En consecuencia, no es un cambio sistemático, y ni siquiera podría hablarse de modificaciones profundas. Pareciese como si el cambio fuese un simple alfil por caballo. Ahí nos tienen en estos momentos. La fiscalía investiga, otro caso más, pero ningún juicio de valor respecto de las políticas que “permiten” la reiteración de estas conductas.
Mientras tanto, seguimos enceguecidos en el país, creyendo que la seguridad democrática ha de ser una política de Estado, un inamovible para el futuro del país. No nos debemos sorprender si en un futuro no muy lejano nos seguimos encontrando con situaciones parecidas. Las cabezas siguen allí, y las políticas también. Que Dios nos ampare.
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