Sobre la eventual reforma a la justicia: Pt. 6 - Lo que vino siendo (I)

Se presentaron en el segundo semestre de este año tres proyectos de acto legislativo (reforma constitucional), todos ellos bajo el entendido de que se va a reformar la justicia, y todos ellos supuestamente para brindar una mejor administración de justicia para los ciudadanos. Me he tomado el trabajo de revisar las distintas reformas planteadas.  Presentaré mi opinión frente a cada una de ellas, y resaltarlas aquí.  En la presente entrada, los dos primeros proyectos de Acto Legislativo.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 17/18 - Propuesto por partido Cambio Radical

Es cuando menos curioso, que este proyecto de reforma constitucional sea iniciativa de Cambio Radical.  Ello, por cuanto ha sido el partido más golpeado judicialmente por los vínculos que muchos de sus miembros tienen con distinto tipo de organizaciones criminales.  Sin embargo, también es cierto que el excandidato presidencial y exvicepresidente Germán Vargas Lleras cuenta con un importante número de reconocidos abogados con los que ha trabajado muchos de los puntos de justicia que fueron parte de su campaña presidencial.

Dicho esto, conviene reiterar que la reforma constitucional planteada constaba inicialmente de 21 artículos. A continuación lo que se propuso:

1. Inclusión del precedente como fuente formal de derecho de obligatorio cumplimiento.

2. Limitación frente a quiénes pueden formular acciones de tutlea en nombre de otras personas.

3. Limitacion temporal para iniciar acciones de tutela contra providencias judiciales.

4. Obligación del Estado (Congreso y Ejecutivo) de organizar temáticamente las leyes, y compilarlas.

5. Previsión constitucional de los PINES (Proyectos de Inversión Nacional Estratégica).

6. Reforzamiento de calidades para ser magistrado e inhabilidades para litigio en la misma jurisdicción.

7. Prolongación del periodo para Magistrados de 8 a 12 años.

8. Modificación de elección del Registrador Nacional del Estado Civil (Congreso - concurso).

9.  Modificacion del sistema de elección del auditor de la Contraloría General de la República (Senado - concurso).

10. Modificación del sistema de elección del Procurador General de la Nación (Senado - concurso).

11. Modificación del sistema de elección de magistrados de la Corte Constitucional (Senado -concurso).

12. Modificación del sistema de elección del Fiscal General de la Nación (CSJ - concurso).

13. Cambio de la dirección de la Rama Judicial del C. S. de la Judicatura a la Dirección de la Administración Judicial).

14. Elección del (la) Director(a) de la Administración Judicial.

15. Funciones del (la) Director(a) de la Administración Judicial. 

16. Consagración del Colegio Nacional de Abogados como órgano de control disciplinario de abogados (no funcionarios).

17.  Eliminación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (Art. 257A).

18. Eliminación de las contralorías territoriales y centalización de sus funciones en cabea de Contraloría General.

19. Atribución de funciones jurisdiccionales a abogados por un lapso máximo de 5 años.

20. Desconcentración de la justicia, creación (nuevamente) de la jurisdicción comercial.

21. Limitación de indemnizaciones a cargo del Estado (responsabilidad del Estado).

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 21/18 - Propuesto por Mininterior y Minjusticia

El Gobierno anunción con bombos y platillos (como siempre lo hacen los gobiernos) la reforma a la justicia.  Esta, supuestamente, sí iba a solucionar los problemas estructurales de la justicia.  Este reforma a la Constitución consta de 30 artículos (además de uno de vigencia). A continuación lo que se propuso:

1. Limitación de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2. Modificación de la estructura de la Rama Judicial de conformidad con lo previsto por el proyecto.

3. Ampliación del término de inhabilidad para elección en otros cargos, de quienes han ejercido ciertos cargos de poder.

4. Modificación a la norma que contempla los titulares de iniciativa legislativa.

5. Modificación de quienes tienen fuero de instrucción por el Senado (Comisión de Acusaciones).

6. Modificacion del procedimiento por juicios ante el Senado por los aforados.

7.  Modificación de quienes tienen fuero por investigación y acusación por Cámara de Representantes.

8.  Inclusión del precedente como fuente formal de derecho de cumplimiento obligatorio según defina la ley.

9.  Modificación del sistema de elección de magistrados de la CSJ y el CE por una cooptación atenuada.

10. Aumento de 15 a 20 años de experiencia profesional para ser Magistrado, de los cuales 5 implican haber sido juez (en caso de CSJ y CE).

11. Artículo de periodo de magistado, mas una inmensa lista de inhabilidades e incompatibilidades (antitécnicamente redactada, por cierto).

12. Se señala que la CSJ actuará como Tribunal de Casación y de unificación de jurisprudencia.

13. Inclusión de dos parágrafos para permitir la selección de decisiones para unificación de jurisprudencia por la CSJ, así como para incluir la obligación de suscribir las providencias, salvamentos y aclaraciones antes de darlas a conocer al público.

14. Inclusión de dos parágrafos para permitir la selección de decisiones para unificación de jurisprudencia por el CE, así como para incluir la obligación de suscribir las providencias, salvamentos y aclaraciones antes de darlas a conocer al público.

15. Inclusión de la obligación de suscribir las providencias, salvamentos y aclaraciones antes de darlas a conocer al público a cargo de la C. Const.

16. Inclusión de control ciudadano en la eleccion de Magistrados de la Corte Constitucional, igual que a las otras Cortes (artículos precedentes).

17. Artículo de periodo de Fiscal General de la Nación, mas lista de inhabilidades e incompatibilidades (antitécnicamente redactada, por cierto).

18. Claridad en redacción sobre las imposibildiad de que un juez de garantías para un caso, pueda ser juez de conocimiento en ese mismo caso.

19. Creación de órganos directivos de la Rama Judicial, compuesto por tres instancias, y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.  Funciones de la Comisión Insterinstitucional de la Rama Judicial.

20.  Funciones y composición bipartita de la Dirección de la Rama Judicial.

21. Elección y funciones del Gerente de la Rama Judicial.

22. Elección y funciones de la Comisión de carrera judicial.

23. Creación de un nuevo capítulo en la Constitución denominado "Disciplina Judicial".

24. Consagración de la Comisión de Disciplina Judicial, composición y funciones.

25. Cambio de elección del Registrador Nacional, de las Altas Cortes al Congreso, con inclusión de control ciudadano.

26. Cambio de elección de Auditor de la gestión de la Contraloría, quedando en cabeza del Congreso.

27.  Cambio de elección del Procurador General de la Nación, eliminando las nominaciones por las Altas Cortes y el Presidente, así como la posibilidad de reelección.

28.  Cambio de las reglas de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para sacar al Consejo Superior de la Judicatura e incluir la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

29. Modificación del artículo que regula la ley de apropiaciones para garantizar incremento presupuestal a la justicia en mayor proporción a la prevista en el Plan Nacional de Desarrollo.

30. Artículo transitorio para manejo de entradas en vigencia escalonadas.

31.  Artículo de vigencia.

Respecto del Proyecto de Acto Legislativo 22 de 2018 me pronunciaré en entrada independiente, dado que es un texto que contiene 41 artículos, muchos llenos de disparates que merecen ser individualmente considerados. Respecto de los dos proyectos que sí se incluyen, conviene emitir mi opinión personal.

En primer lugar, cabe resaltar que de 42 artículos que incluyen estas dos iniciativas, tan solo 15 de ellas tienen algún tipo de relación con los ciudadanos y la justicia que ellos reciben.  De resto, los demás artículos siguen manteniendo el mismo patrón que he mencionado en ingresos anteriores, es decir modificando la estructura del Estado, y peleando por la distribución de poder en el Estado, cosas que poco o nada afectan a la administración de justicia que reciben los ciudadanos.

A continuación, entonces, el listado de las iniciativas que de una u otra manera sí inciden en la administración de justicia que reciben los ciudadanos:

1. Inclusión del precedente como fuente formal de derecho de obligatorio cumplimiento. (Cambio Radical)


2.  Inclusión del precedente como fuente formal de derecho de cumplimiento obligatorio según defina la ley.  (Gobierno)

3. Limitación frente a quiénes pueden formular acciones de tutlea en nombre de otras personas. (Cambio Radical)


4. Limitacion temporal para iniciar acciones de tutela contra providencias judiciales. (Cambio Radical)


5. Limitación de la acción de tutela contra providencias judiciales. (Gobierno)

6. Obligación del Estado (Congreso y Ejecutivo) de organizar temáticamente las leyes, y compilarlas. (Cambio Radical)

7. Consagración del Colegio Nacional de Abogados como órgano de control disciplinario de abogados (no funcionarios). (Cambio Radical)

8. Atribución de funciones jurisdiccionales a abogados por un lapso máximo de 5 años. (Cambio Radical)

9. Desconcentración de la justicia, creación (nuevamente) de la jurisdicción comercial. (Cambio Radical)

10. Limitación de indemnizaciones a cargo del Estado (responsabilidad del Estado). (Cambio Radical)



11. Se señala que la CSJ actuará como Tribunal de Casación y de unificación de jurisprudencia.  (Gobierno)

12. Inclusión de dos parágrafos para permitir la selección de decisiones para unificación de jurisprudencia por la CSJ, así como para incluir la obligación de suscribir las providencias, salvamentos y aclaraciones antes de darlas a conocer al público. (Gobierno)

13. Inclusión de dos parágrafos para permitir la selección de decisiones para unificación de jurisprudencia por el CE, así como para incluir la obligación de suscribir las providencias, salvamentos y aclaraciones antes de darlas a conocer al público. (Gobierno)

14. Inclusión de la obligación de suscribir las providencias, salvamentos y aclaraciones antes de darlas a conocer al público a cargo de la C. Const. (Gobierno)

15. Modificación del artículo que regula la ley de apropiaciones para garantizar incremento presupuestal a la justicia en mayor proporción a la prevista en el Plan Nacional de Desarrollo. (Gobierno)

Imagen tomada de: www.ramajudicial.gov.co



De las 15 propuestas, 3 de ellas son la misma, y podríamos entonces hablar realmente de 13 propuestas.  Dos de ellas fueron repetidas en los proyectos, así que podríamos hablar de 12 propuestas, y en el caso de la regulación de la tutela, se trata de un intento por modificar la misma institución, aunque se tratarían de cambios distintos.  A continuacion, entonces mi balance de estas propuestas:

* El tema de la inclusión del precedente como fuente formal de derecho es un tema estructural.  Colombia en sus primeros dos siglos de Historia ha venido siendo un país afiliado al modelo del derecho escrito, en donde lo que prima es la ley, y no las decisiones judiciales.  El cambio del precedente sigue llevándonos hacia el modelo del common law en el que se requiere que los jueces conozcan muy bien los precedentes judiciales de las altas cortes (cuestión que claramente no es el caso en la mayoría de juzgados).

* La limitación a la acción de tutela no debería ser por contenido.  Las autoridades judiciales han venido imponiendo una jurisprudencia según la cual todas las autoridades del Estado pueden vulnerar derechos fundamentales a excepción de ellos.  Las reglas de procedencia hacen prácticamente inviable que se tutele a un juez.  La limitación de presentar tutelas a nombre de otros, en cambio, tiene una intención noble (evitar tutelatones) dado que se ha prestado para un uso abusivo.

*  La obligación de organizar leyes desde el punto de vista temático es una gran idea, aunque en términos reales, para eso es que están los distintos códigos.  El problema es que la normatividad complementaria es tan copiosa, que cuando han intentado realizar decretos temáticos únicos, la numeración es supremamente enredada y en vez de ayudar a ayudar, implica cambiar un galimatías por otro.  En todo caso, la idea en sí misma, de poder contar con una implimentación funcional, sería beneficiosa para los ciudadanos, destinatarios de las normas.

*  La creación de un Colegio Nacional de Abogados para disciplinar abogados, es tan buena o mala idea como la del Consejo Superior de la Judicatura.  En el fondo, el problema no es cómo se llama el órgano, sino cómo lo integran y cómo desarrollan el procedimiento.  De la norma, lo más llamativo (y negativo) es que los superiores funcionales de los jueces serán los encargados de adelantar procedimientos disciplinarios contra sus subalternos.  Esto, por supuesto es una mala idea, porque es un incentivo perverso (aún más) a la lambonería.  La idea del Gobierno de crear una Comisión de Disciplina Judicial, al igual que la del Colegio Nacional de Abogados, es tan buena o mala como cualquier otra instancia.  El problema es quiénes estarían allí y cómo se manejaría.


*  La posibilidad de dotar a otros abogados de funciones jurisdiccionales es de las más osadas, pero también debatibles ideas que se plantearon.  El caso parte del presupuesto de que los jueces y magistrados, por muy superhombres o supermujeres que sean, siguen siendo tan abogados como el restado de profesionales del derecho.  En consecuencia un grupo de buenos abogados pueden ayudar activamente en la administración de justicia, especialmente en casos como el que nos ocupa, un escenario de paro judicial.  En mi opinión, la justicia sí debería poder delegar muchos asuntos en abogados investidos especialmente de jurisdicción.  No son ni más ni menos propensos a la estupidez ni a la corrupción que los jueces y magistrados actuales. 

*  La limitación a indemnizaciones a cargo del Estado me parece una idea sin ningún tipo de sentido.  Se trata del reconocimiento de que el Estado es tan irresponsable que está increíblemente endeudado como consecuencia de tantas demandas por las que resulta condenado.  El problema no es, entonces, la cantidad de dinero que se paga a quienes ganas la demandan (al menos, no siempre) sino que los verdaderos causantes de esos daños, nunca responden con su patrimonio por decisiones, operaciones o en general actuaciones que terminan generando condenas en contra del Estado.  Castigar a los demandantes por esto, es francamente ilógico, inconveniente y facilista.

* La idea de que los jueces y magistrados saquen las sentencias completas antes de que salgan a anunciarla a los medios a través de comunicados de prensa, es más que necesaria.  La notificación por comunicados debe desaparecer. Más que necesario esto, aunque realmente no se requiere un cambio constitucional para lograr esto.

*  Incluir la participación ciudadana después de las elecciones, me parece una tontería.  La ciudadanía (y no solo las ONG sino cualquier ciudadano) debe poder realizar una labor de verificación real antes de que los encargados elijan a cualquiera que ellos deseen.  Finalmente, las motivaciones de estas elecciones son preponderantemente políticas, y no funcionales.

*  La idea de permitirle al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia seleccionar las sentencias que van a conocer para efectos de unificación de jurisprudencia, suena bien, en la medida en que se logre modificar la idea de una Corte de Casación (que como he anotado en entradas anteriores, no cumple con una verdadera función en materia de desarrollo de jurisprudencia).  El problema es que la selección de tutelas en sí misma genera un incentivo perverso que ya se ha visto operar en la Corte Constitucional, dado que lo que se selecciona viene a cotizarse más y más (recuerden el caso que llevó al Magistrado Pretelt a salir de la Corte Constitucional). La posibilidad de manipular lo seleccionado es sumamente elevada, y más aún si no se logra corregir la calidad ética de nuestros jueces y magistrados.

En la próxima entrada de esta serie, se analizará más en detalle el proyecto del Centro Democrático, para cerrar en la tercera entrada con lo que realmente fue aprobado en Primer Debate.

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Balance del Gobierno de Juan Manuel Santos - Parte 2 de 2

ADVERTENCIA: Esta es la segunda parte del ejercicio de balance del Gobierno de Santos.  Sin embargo, lo que a continuación va a leer carecer de sentido y de contexto si no ha revisado previamente el ingreso anterior.

Si ese es el caso, le aconsejo primero revisar Balance del Gobierno de Juan Manuel Santos - Parte 1 de 2.

4. El Gabinete de Juan Manuel Santos

La conformación del gabiente ministerial es quizá la decisión más importante que debe adoptar un Presidente de la República.  Para efectos de que entiendan mi visión sobre el tema, intentemos trazar un paralelo con un escenario bélico:  Hitler no conquistó Polonia.  Fueron sus oficiales, encabezados por sus generales, los que vencieron en las batallas.  Sin embargo, las batallas no se pelean solas y sin sentido.  En toda gran batalla histórica se suele analizar la táctica empleada por las tropas, que es precisamente la que se le atribuye a las cabezas, a los Generales.  De su diseño y de sus decisiones, depende el éxito de la batalla.

En ese mismo sentido, el éxito de un Presidente depende de las decisiones que él mismo tome.  Sin embargo, es imposible que él tome todas y cada una de las decisiones gerenciales importantes que debe tomar el Estado.  Por ello, los Ministros, como sus generales, son los encargados de ser la voz de mando en sus diferentes carteras.  De sus decisiones, surgió el éxito o el fracaso de las políticas planteadas por el Presidente, y resultaron beneficios o pérdidas para la población, en cada área.

Por razones de espacio no puedo detenerme en cada uno, pero en esta página del diario La República de agosto de 2017 titulada "Los 63 ministros que han pasado por el gabinete del presidente Santos en siete años", que contiene una imagen con nombres de todos los ministros de Uribe, y todos los de Santos (hasta 2017).  Al revisar alguno de los nombres, pareciera que fuese la primera vez que los hubiese escuchado mencionar uno. En otros casos, son nombre que escucha uno todos y cada uno de los días, lo que muestra que el balance ha sido desequilibrado en cuanto a su exposición en medios.  Eso, por supuesto es siempre así.  Es fácil recordar algunos ministros de hacienda, de defensa o del interior, pero usualmente no se vienen a la cabeza ministros de cultura o de minas y energía.

Imagen tomada de: www.vanguardia.com

No obstante lo anterior, al revisar la gestión de algunos de ellos, encuentra uno que simplemente hay ciertas carteras (independientemente de sus titulares) que fracasaron.  Es el caso de las de Agricultura, Educación, o Minas y Energía.  Algunas otras tuvieron algunos buenos ministros y otros no tan buenos (por ejemplo, las de Interior, las de Defensa, y de Medio Ambiente) y otras fueron mayoritariamente buenas independientemente de los ministros (MinTIC).

Sin embargo, podríamos ver tres ejemplos de tres ministros longevos, que se adecúan muy bien a los tres casos recién vistos.  A continuación, un breve repaso:

a. El desastre del Ministero de Hacienda: El Ministro Mauricio Cárdenas Santamaría fue un desastre a todo nivel.  Se trata de un Ministerio que venía cuestionado por sus escándalos administrativos y judiciales del pasado.  En vez de mostrar un talante conciliador en materia de gasto, fue reconocido por el uso y abuso de su prepotencia, para bien o para mal.   En cabeza suya queda haber aumentado significativamente el nivel de endeudamiento público del país, haber proyectado irresponsablemente el presupuesto de la nación a partir de precios imprudentes del petroleo, y haber proyecto las dos reformas tributarias (siendo la primera peor que la segunda) para intentar tapar sus propios errores.  En todo caso, el país pagó, paga y seguirá pagando muchos errores de este pésimo gestor.

b. El tin marín de la Cancillería: No cabe duda que la Canciller Holguín es una mujer aplomada. Tuvo que lidiar con momentos difíciles, especialmente al inicio de su gestión, cuando debió dar un giro de las palabras duras y trato "berraco" del expresidente Uribe a un tono conciliador y menos excluyente de Santos.  Requiere cierto nivel de maestría lograr dominar un giro de animadversión con Venezuela, y pasar a un tono de "mejores amigos".  La Canciller conoce bien la diplomaciay en muchos casos logró trinfos a ese nivel. Sin embargo, la cartera a su cargo manejó de manera irresponsable la parte jurídica internacional.  Colombia se comprometió a todo, con todos, y no vigiló con celo las demandas internacionales.  Frente a este punto, todo fueron malas noticias.

c. La lucha contra la salud de Gaviria: Alejandro Gaviria toda la vida me ha parecido una persona prepotente y sobradora.  Sin embargo, mi opinión de él como ministro ha sido bien distinta.  Su conocimiento en materia económica le permitió aprender con rapidez los recovecos de un sistema de salud diseñado para que el Estado pierda, el médico pierda más, y el paciente sea el "paria" del sistema. El manejo de modelos y de cifras le permitió lograr dos triunfos significativos: la ley estatutaria en materia de salud, que establece un mayor y mejor nivel de protección para los "parias", y medidas de intervención en materia de precios y recursos (IPS y EPS desfalcadoras) así como de regulación frente a precios abusivos impuestos por la industria farmacéutica.  Para quienes no están en el medio, puede parecer una bobada, pero no muchos han logrado triunfar contra industrias multimillonarias.  Sus medidas de mayor tributación para quienes atentar contra su propia salud -fumadores y bebedores  (y casi a consumidores de bebidas muy azucaradas)- pueden ser impopulares pero son racionales, y sobre todo, equitativas.  Haber dado esas luchas es algo que pocas personas hubieran podido hacer con éxito.

5. El Gobierno en el Estado


Nuestra Constitución reza que el Ejecutivo es una de las tres ramas (las tradicionales del poder público, que cada vez son más).  El principio de la colaboración armónica de las ramas del poder público exige respeto entre sí, y colaboración (algo distinto de la cooperación).  En ese sentido, el Gobierno de Santos, en general, fue respetuoso con las decisiones de las demás ramas del poder público.  Sin embargo, es cierto igualmente que en muy pocas ocasiones se vio enfrentado a una oposición suficientemente robusta.  Tuvo mayorias en el Congreso, a quienes supo seducir con los cupos indicativos o "mermelada".  Con el poder judicial intentó concertar reformas que mostraron ser desastrosas.  Sin embargo, no se presentaron escándalos de la talla de "chuzadas ilegales" o maquinaciones de las Altas Cortes en su contra, como en la época de Uribe.  En el consolidado, estuvo bien.

Donde claramente no estuvo nada bien fue en las nominaciones y presentaciones de ternas para altos cargos del Estado.  No fue serio con las nominaciones.  En casi todas las elecciones presentó ternas de uno (uno de los candidatos era claramente el del perfil de favorito, por no construirlas de manera equilibrada).  Sobre todo, él propuso a Eduardo Montealegre, el pero Fiscal General de la Nación que haya tenido este país.  Recordaremos que desarrolló todo un "concurso" de méritos que llevaría a crear una terna de uno de la que saldría elegido el actual Fiscal, Nestor Humberto Martínez. Sostuvo a Cristina Plazas en un cargo (Directora del ICBF) en el que se dio todo el escándalo por desnutrición de los niños Wayuu.  Luis Fernando Andrade, cuestionado por sus manejos en la ANI.

Las superintendencias pasaron al olvido en su mayoría: la superintendencia de salud siempre llegó tarde a todos los escándalos de corrupción en EPSs e IPSs.  La superintendencia financiera llegó tarde a los escándalos de intermediarios financieras más connotados (ej. Interbolsa).  En sentido estricto, ninguno de ellos logró mostrar carácter frente a las entidades que están llamadas a vigilar. Quizá la única superintendencia que mostró un rol de vigilante y controlador fue la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente en cabeza de Pablo Felipe Robledo.  Las medidas adoptadas en materia de protección al consumidor, y especialmente en manejo de derecho a la competencia, fueron muy destacadas.

El Gobierno, entonces, con un centralismo excesivo y una especial laxitud frente a la corrupción, dejó que desear, especialmente cuando los ojos de la ciudadanía empezaron a dejar de ver exclusivamente el conflicto armado y empezaron a notar mucho más los problemas de corrupción y de ineficiencia del Estado.  Los problemas de Mocoa, del puente de Chirijara, la tragedia de Gramalote, las ineficiencias en las obras de La Línea, entre otros, la corrupción en salud, muestran que el Gobierno tuvo problemas serios a este nivel, muchos de los cuales nunca fueron realmente abordados con soluciones estructurales.

Precisamente en aras de tener un mejor sistema gerencial, Santos impulsó los Altos Consejero para (lo que fuera) que en términos generales no sirvieron a nivel gerencial.  Muchas reuniones en Palacio de Alto Nivel, mucho informe y mucho proyecto que no lograron gestarse.  La existencia de las Altas Consejerías crearon una distorsión en el sistema, dado que había temas que tenían 3 o 4 cabezas visibles en el Gobierno, generándose mucho gasto, e ineficiencia.


4.  El proceso de paz con las FARC

Este es el tema más espinoso de todos, por supuesto.  Un proceso de paz es un problema que se genera para solucionar otro problema que se estima mayor, y que busca en últimas el cese de la violencia y la convivencia pacífica.  Bajo esa premisa, era claro que meterse en el proyecto de "diálogos de paz" era una empresa supremamente complicada, por el país en el que se vive.  Algunas de las preguntas básicas que rodearon el proceso de paz quedaron perfectamente respondidas a lo largo del mismo, pero algunas otras nunca tuvieron respuesta, o por el contrario tuvieron múltiples respuestas.

Imagen tomada de: http://elpais.com

Para que se entienda lo anterior, si se le pregunta a una persona para qué era el proceso de paz, la respuesta mayoritaria sería que se busca cesar un conflicto de más de medio siglo y buscar la reincorporación de los combatienentes a la vida civil.

Sin embargo, si la pregunta que se plantea es por qué se llevó a cabo, la respuesta no es clara.  El proceso surgió finalizando el primer mandato de Santos, cuando su programa de Gobierno y su Plan de Desarrollo ni siquiera contemplaban esto.  Si bien la guerrilla venía sufriendo ciertos golpes por parte de la Fuerza Pública, no existía un llamado o invitación formal de su parte para iniciar diálogos.  En otras palabras, la idea surgió "de la nada".

Si la pregunta es, cómo se iba a llevar a cabo, surgieron múltiples respuestas.  El cómo es el punto principal que en mi opinión deslegitimó el acuerdo logrado.  La instrucción era clara: había que lograr el acuerdo y formalizarlo.  El cómo no era relevante.  Por eso, si recuerdan los lectores, se pensó en un referendo, en una consulta popular, en un acto legislativo, en una constituyente, hasta que se concluyó (por el Gobierno de Santos) que la fórmula era el plebiscito.  El problema es que realmente la fórmula elegida por el Gobierno, no se respetó.  Perdió el plebiscito, e igual hizo lo que el pueblo le dijo que no hiciera, y se terminó implementando de otra manera muy distinta.  En otras palabras, no se respetó el mandato popular.

En cuanto al qué se iba a negociar, siempre fue problemático este punto, pero era de esperarse que lo fuera.  En toda negociación, siempre el qué es lo más problemático.  El asunto, en este caso, no es qué se negoció, sino qué se dijo que se iba a negociar.  En esencia, los inamovibles que planteó Santos al pueblo, sí se negociaron, a pesar de que se dijo que no lo iba a hacer.  Mucho es lo que se escribió y se pactó, pero el nivel de cumplimiento tanto por parte del Estado como por parte de las FARC ha sido increíble y sorpresivamente bajo.  En el caso del Estado, cabe recordar que en una negociación de esa naturaleza, el Presidente obra como Jefe de Estado, y por lo tanto lo que dice y hace compromete a todos los demás estamentos del Estado.  Precisamente es por ello que es especialmente delicado que diga una cosa y haga otra.  Pero igualmente delicado es que los demás organismos del Estado (el caso más claro es el Procurador Ordóñez) no se sientan vinculados por lo que negocia el Presidente como Jefe de Estado.   Es como si el acuerdo no fuera con el Estado colombiano sino con un puñado de funcionarios del Estado, y eso no es serio.

El proceso de paz salió, pero no salió bien.  La razón principal es que por alguna razón, los primeros puntos se negociaron supremamente lento, y los últimos puntos (los más importantes) se negociaron supremamente rápido.  Esto generó que se buscaran muchas soluciones teóricamente muy bonitas, pero prácticamente ineficientes, y que muchos de los temas que eran de crucial importancia para la ciudadanía colombiana, pasara de agache.  La razón del afán nunca se entendió.  Ya la popularidad del Presidente era baja, y ya el grupo de detractores del proceso estaba claramente definido.  No había ninguna razón para correr.

En consecuencia, frente a este punto, respeto mucho la posición de quienes sostienen que haber salvado una sola vida ya hace que todo valga la pena.  Mi línea de pensamiento exige una coherencia entre medios y fines, y por lo tanto, no cabe esa forma de pensar.  Creo que acudir a vías antidemocráticas (no respetar la votación popular del plebiscito) para montar un proceso de paz que implicó una voltereta frente a lo había prometido en su primer mandato, no deja bien parado a Santos.  En mi mente siempre quedará que ese super héroe de la Historia como muchos se refieren a Santos, finalmente fue un Presidente que juró defender y hacer cumplir la Constitución y la ley, y que fue incapaz de respetar y hacer respetar la voluntad popular expresada mediante el instrumento democrático fundamental como es el voto.  Eso, para mí, no es digno de alguien a quien quieran denominar "el mejor Presidente de la Historia".

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Balance del Gobierno de Juan Manuel Santos - Parte 1 de 2

NOTA PREVIA: A pesar de que este no es un espacio político, he decidido lanzarme a la aventura de intentar dar un balance medianamente objetivo sobre los ocho años de Gobierno de Santos.  La razón principal de hacerlo es que no he leído un solo análisis serio de lo que ha sido el Gobierno de Santos.  Un análisis serio parte del presupuesto de que estamos refiriéndonos a un plan de Gobierno y a unos resultados de Gobierno.  No podemos quedarnos en simples frases de cajón tales como "Regaló el país a las FARC" o "Se la jugó 100% por la paz".  Ninguna de las dos frases permite debatir porque estan fundadadas en la intencionalidad, y no en el hecho, y adicionalmente por ser absolutamente radicales.  Intentaremos hacer un análisis desde otra perspectiva que huya de esas frases de cajón.

Segunda nota de advertencia: He manifestado que no me gusta Santos, pero tampoco lo odio.  Nunca voté por él.

1. ¿Qué dijo que iba a hacer?

Para poder responder a esta pregunta, debemos remitirnos a lo que han sido sus dos planes de desarrollo.  Cabe reiterar que tal y como fue diseñada la política del Estado planeador, la idea es que el Gobierno no improvise, sino que todo lo que haga o deje de hacer (en su mayoría) esté enmarcado en un plan, y como todo plan, no debe únicamente centrarse en el "qué quiero hacer", sino principalmente en el "como voy a lograrlo".  De lo contrario, se convierte en una declaración de intenciones, y no en un plan.

Veamos, entonces lo que es la estructura de los dos planes nacionales de desarrollo de los dos Gobiernos de Santos.  Cabe resaltar que por razones de espacio sólo se abordará el índice de los mismos incluuen la primera y segunda categoría de divisiones.  Incluir la tercera lo habría hecho imposible de revisar.

 

Imagen tomada de: www.mincit.gov.co

I. HACIA LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA: VISIÓN 2010-2014

II. CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL CARACTERIZACIÓN, DINÁMICA Y DESAFÍOS
 A. Enfoque del desarrollo regiona
 B. Caracterización del país por departamentos
 C. Lineamientos estratégicos para la formulación de políticas y estrategias regionales diferenciadas
 D. Retos del desarrollo regional
 E. Estrategia, ruta y esquema operativo para conformar Áreas de Desarrollo Territorial (ADT)

III. CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD
 A. Innovación para la prosperidad
 B. Competitividad y crecimiento de la productividad
 C. Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo

IV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
A. Política Integral de Desarrollo y Protección Social
B. Promoción Social

V. CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
 A. Seguridad - orden público y seguridad ciudadana
 B. Justicia
 C. Derechos humanos, derecho internacional humanitario y Justicia transicional

VI. Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo
A. Gestión ambiental integrada y compartida
B. Gestión del riesgo de desastres: buen gobierno para comunidades seguras
C. Respuesta a la Ola Invernal 2010-2011
D. Canasta y eficiencia energética

VII. Soportes transversales de la prosperidad democrática
A. Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción
B. Relevancia internacional
C. Apoyos transversales al desarrollo regional

VIII. CONSISTENCIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014
 A. Diagnóstico
 B. Elementos que afectan el crecimiento económico

IX. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2011-2014

X. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Para revisar todo el documento en 2 tomos, siga este enlace.

Imagen tomada de: www.mintrabajo.gov.co

TODOS POR UN NUEVO PAÍS: PAZ, EQUIDAD, EDUCACIÓN

I. INTRODUCCIÓN
 
II. COLOMBIA EN PAZ
 
III. COLOMBIA EQUITATIVA Y SIN POBREZA EXTREMA
 
IV. COLOMBIA, LA MÁS EDUCADA
 
V. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS
 
VI. MOVILIDAD SOCIAL
 
VII. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
 
VIII. SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
 
IX. BUEN GOBIERNO
 
X. CRECIMIENTO VERDE
 
XI. ESTRATEGIAS REGIONALES: EJES ARTICULADORES DEL DESARROLLO
 
Y PRIORIDADES PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL
 
XII. CONSISTENCIA MACROECONÓMICA
 
XIII. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2015-2018

Para revisar todo el documento en 2 tomos, siga este enlace.

2. ¿Cumplió?

Preliminarmente, hay que decir que no.  Esto se debe a una serie de factores, entre los cuales destaco los siguientes:


1) Los Planes Nacionales de Desarrollo realmente no constituyen un verdadero plan, sino se constituyen en una declaración de intenciones (que es algo muy distinto).  Esto, por supuesto, no es algo exclusivo del Gobierno Santos, sino que casi todos los Gobiernos anteriores de una u otra manera hacen lo mismo.  Santos no cumplió con sus intenciones, en su gran mayoría.

2)  Deteniéndonos en el primero de ellos, el de 2010-2014, encontramos que el plan de Santos era impulsar y dinamizar la economía a través de 5 locomotoras (Innovación - sectores que pertenecen al Programa de Transformación Productiva-, Minero-energético, Infraestructura en transporte, Agropecuaria, y Vivienda), de las cuales genuinamente logró impulsar dos de ellas con cierta fuerza, como son la Vivienda y la infraestructura en transporte.  Lamentablemente la última de ellas se ha visto cuestionada por los problemas de incumplimientos contractuales, así como problemas de estabilidad de obras, y corrupción.  En materia de vivienda sí debe reconocerse un auge importante en el Gobierno Santos, que fue lo que jalonó la economía tras la caída de los precios del petróleo.

3) Lejos de dar más "autonomía" a las regiones, los dos gobiernos de Santos fueron sumamente centralizados en Bogotá.  Un ejemplo claro de lo anterior es la modificación al régimen de regalías, así como el esquema de trabajo que inicialmente realizó a través de los denominados APP, que implicaba en muchos casos que la autoridad central iba a regiones a recoger inquietudes que se tramitaban desde Bogotá.

4) La "Consolidación de la Paz" de la que trata el primer plan de desarrollo no tiene nada que ver con la apuesta por la paz que se dio en el segundo de los gobiernos.  Todo ese ítem de paz de que trata el primer plan de desarrollo se fundaba en un fortalecimiento de lo que en el Gobierno anterior se llamó seguridad democrática, cuya profundización se daba a partir de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  A partir de allí, se trabajaría en un fuerte componene en el área de justicia (gran parte del componente del programa venía de la campaña de Germán Vargas Lleras, quien habría de ser su Ministro del Interior y de Justicia antes de que se dividieran las carteras.  El componente de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario fue quizá el más impulsado, y parcialmente el componente de modernización de la justicia.  Sin embargo, el principal elemento que lo había hecho elegir para ese periodo, como era la profundización de la política de seguridad democrática en una de prosperidad democrática no se dio.

5) La gran promesa incumplida fue haber dejado a Colombia tan mal educada.  Constantes paros de educadores, pruebas PISA que nos dejan muy mal parados, y la imposibilidad de cambiar la educación como un servicio social en vez de la educación como negocio.  Esto, por supuesto ha generado que las promesas de inclusión y equidad se vean claramente afectadas, dado que el elemento principal de movilidad social es la dupla educación-trabajo.

6) A nivel internacional, se puede observar una mejoría evidente entre el modelo de trato con otros Estados que venía en claro detrimento desde la época de los gobiernos de Álvaro Uribe, en un afán de normalización y de reinclusión en un escenario que se nos reducía.  Sin embargo, el afán de pertener en cuanto grupo mundial se pudiera estar llevó al Estado a pactar todo tipo de TLCs sin medir su impacto real en la economía colombiana, y buscar obsesivamente entrar en la OCDE, como si el simple hecho de estar allí lograría algún tipo de mejoría para los ciudadanos colombianos.

7) La protección ambiental es una tarea que no fue sobresaliente, pero tampoco desastrosa.  En momentos claves y de alta tensión, el Gobierno se la jugó por la protección de los páramos, e incluso reversó decisiones claves en materia de ingreso, por razones ambientales.  Sin embargo, es claro que después de ocho años, el Gobierno no logró tomar medidas verdaderamente eficaces para atacar la minería ilegal, no solo como mecanismo de financiamiento de grupos ilegales, sino por las terribles consecuncias ambientales que deja.

8) Quizá el mayor acierto que tuvo el Gobierno Santos a largo plazo fue al jugársela por un Gobierno en línea, por la reducción de trámites y por la posibilidad de profundizar en las tecnologías de la comunicación y de la información.  Se trata de un espacio con importantes posibilidades  de crecimiento, impacto ambiental medible, y con impacto directo en educación y cultura, si se logra profundizar de la manera correcta.  La interrelación de la que se habla, sin embargo, quedó en pendinte.


3. Mi opinión personal sobre sus planes de Gobierno, sus logros y sus pendientes. 

 Imagen  tomada de: www.la-razon.com

Desde cuando me referí a la campaña de Santos en este espacio, señalé que era una persona que gozaba de toda la preparación para poder ser jefe de Estado, pero su capacidad de mimetizarse en tantos Gobiernos distintos lo hacía peligroso porque no se sabía realmente lo que haría.  Mirando 8 años hacia atrás, reitero que efectivamente el país nunca supo realmente cuál era el norte real de Santos.  Dijo que lucharía incansablemente contra la corrupción, y no lo hizo.  Dijo que la educación sería una prioriad, y no lo fue.  Dijo que no subiría impuestos y lo hizo (2 veces).  Igualmente, dijo que continuaría con la política de seguridad democrática, y no lo hizo.  En ambos casos apuntó a la importancia de impulsar el agro, y fue víctima reiterada de paros precisamente por los campesinos.

Santos es una persona que se decía enemigo de su clase, pero cuyas reformas tributarias beneficiaron principalmente a esa clase, y apretó a la clase media.  A pesar de que tuvo a la salud como una meta medio olvidada en su planificación, muchos de los logros más importantes de su mandato se dieron en esta área, y la que más prometía que era la educación, dejó mucho que desear.  No creo que lo suyo haya sido un problema de competencia o incompetencia, porque es una persona que sabe lo que hace.  Sí es un problema, en cambio, que era una persona de la que se esperaba mucho, y especialmente él esperaba mucho de sí mismo. 

Basta revisar las referencias que hace él de sí mismo, lo mismo que sus allegados.  En la mayoría de casos se referirán a un Presidente que gobernó para la Historia.  En efecto si lo miramos por titulares, lo hizo:  1) El Presidente que dio de baja al comandante de las FARC.  2) El Presidente que firmó la paz con la guerrilla de las FARC.  3) El Presidente que mereció un Nobel de Paz.  4) El Presidente que garantizó la entrada de Colombia a la OCDE.  5) El Presidente que decidió no acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia para garantizar la soberanía del país.  6) El Presidente que acabó con la reelección presidencial. 7) El Presidente que sacó la ley de víctimas y la ley de tierras.

Como ven, todos y cada uno de los titulares son supremamente vendedores.  Parece que hubieramos estado en manos del mejor Presidente de la Historia.  Sin embargo, con esos títulos, al igual que con cualquier título universitario, hay que escudriñar realmente qué tanto hay en el contenido de la Historia.  El resultado no es el mismo.  Por eso es que el análisis de cómo le fue a Santos no se le debe abordar por los títulos, sino a partir del contenido.  Queda la segunda parte del análisis, en donde abordaré otros puntos importantes sobre lo que fue el Gobierno de ocho años de Santos.


PENDIENTE PARA PARTE 2/2:  Gabinete, nominaciones, interrelación con las ramas del poder público, los procesos de paz y opinión personal sobre esos puntos.

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Comentarios sobre el incidente de impacto fiscal

El proyecto de ley 139 de 2012, es una iniciativa que actualmente cursa ante el Congreso de la República, con miras a que se pueda abrir un incidente de impacto fiscal que le permita al Gobierno intervenir en decisiones que han sido adoptadas por las altas cortes, cuando considera que el cumplimiento inmediato de la decisión adoptada puede estar poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal de la Nación.

Esto tiene sentido, si se observa que un importante porcentaje de las decisiones de impacto económico sobre el tesoro nacional las están adoptando los jueces.  Determinaciones como la cobertura de salud de los colombianos (de índole constitucional), la condena del Estado colombiano por responsabilidad extracontractual (de índole contencioso administrativo) pueden llegar a afectar la sostenibilidad fiscal de la Nación.

Imagen tomada de: www.startingyourownbusinessovernight.com

Sin embargo, la iniciativa me resulta problemática, e incluso odiosa, por una serie de razones que expongo a continuación:

1) ¿Hacia un modelo fascista?

Una de las características principales de los modelos fascistas es precisamente el hecho de centralizar cualquier modelo de convivencia o de sociedad, en el Estado.  "Todo dentro del Estado, y nada por fuera de él", rezaba este principio orientador.  La posibilidad de que el Gobierno pueda solicitar que una decision judicial sea modulada, modificada o diferida a partir de argumentos tan abstractos como el "impacto fiscal" lo único que mostraría es que ni siquiera la labor de administrar justicia para particulares escaparía la intervención del Gobierno.

Es suficiente con que sea un representante del Estado el que determine qué es o no lo jurídicamente procedente en un caso, como para que además de eso, con posterioridad al litigio, llegue el Gobierno Nacional a negociar la decisión.  No veo en términos reales una reglamentación suficiente que permita establecer cuándo sí, o cuando no.  Si el Presidente Santos se considera un liberal desde el punto de vista político, es conveniente que revalúe su orientación política.  Ni siquiera en la época de la Regeneración, el Presidente Núñez llegó a plantear un modelo de centralización y de intervención semejante.  Nada más contrario a un ideal liberal que permitir que el gobierno negocie el cumplimiento de decisiones judiciales.

En parte, este descalabro se debe a la manera como la Corte Constitucional ha venido adoptando decisiones judiciales y modulándolas según su buen o mal criterio.  Es tal el poder y la autonomía de la Corte, que cada vez más está recurriendo a esta forma de modulaciones de decisiones para intentar ser más justos.  Al Gobierno le gusta la idea de modular, modificar, o diferir la decisión, pero no parece ser muy claro con fundamento en qué se harían esas modulaciones o modificaciones.  El poder de intervenir, constituye, entonces, un modelo fascista de administrar justicia, en donde el particular viene a ser un espectador más en la lucha por obtener el reconocimiento de un derecho.

2) ¿Y cómo entran la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura?

El proyecto de ley plantea que el Gobierno podrá solicitar iniciar este trámite, no sólo por las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sino también por las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, de naturaleza disciplinaria contra jueces, fiscales y abogados, sino también en decisiones derivadas de conflictos privados.

Si la empresa X es una entidad que explota laboralmente y por ello es condenada a pagar sumas elevadas de dinero por concepto de indemnizaciones, ¿cuál es el impacto fiscal allí? Si la entidad condenada es un banco, ¿esta condena afecta la sostenibilidad fiscal?  ¿Y si el demandado es una persona natural, entonces no?

No veo de qué manera podría darse la intervención ante decisiones de cualquiera de estas dos Corporaciones, y considero que la técnica legislativa no puede estar sometida a sutilezas como esta, simplemente en aras de mostrar un aparente principio de igualdad.  Incluir este tipo de iniciativas de esta manera, dennota que el Gobierno no ha hecho un estudio serio de razonabilidad de la medida, lo que implica, entre otras cosas, que no ha medido el impacto de su iniciativa.   Contradictorio es solicitar medidas judiciales para medir "impacto de decisiones" sin que siquiera se mire el impacto de la norma que la consagra.

3) ¿Y cuáles son los criterios de decisión?

No tengo mucho por decir aquí, dado que la norma no contempla cuáles son los criterios para decidir si se modula, se modifica o se difiere una decisión.  Esta carencia de materia sobre la cual opinar, es más que preocupante, dado que al no existir, en la práctica está consagrando la posibilidad de que los jueces tomen decisiones absolutamente discrecionales, sin apego a reglas, lo que las haría virtualmente ajenas a cualquier tipo de control.

4) ¿Y los tribunales de arbitramento?

Si se incluye la Corte Suprema de Justicia, y se incluye el Consejo Superior de la Judicatura, que no toman decisiones de impacto fiscal, no se entiende por qué no se adoptan medidas similares con los tribunales de arbitramento, que sí toman decisiones de impacto fiscal.  Muchas de las decisiones de mayor impacto económico para las arcas del Estado, se adoptan a través de este mecanismo de solución de conflictos.  Sin embargo, nada se dice respecto de ellos.

Conclusión

No puedo más que dar un 'picotazo' al Gobierno por esta iniciativa, que me resulta poco seria.  El problema del impacto fiscal no es un problema de trámite jurisdiccional sino que es un problema de gestión de riesgos judiciales.  Como bien lo saben quienes manejan el tema de gestión de riesgos, un modelo serio de gestión de riesgos implica prevenir y reducir el riesgo, y no simplemente consagrar medidas para "llorar ante el juez" para evitar que las decisiones le cuesten mucho.

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Reflexiones acerca del cariño a ‘algo’ más grande

Es curioso ver de qué manera la vida nos brinda lecciones que de otra manera serían difíciles de aprender.  Ayer me vi envuelto por una marcha –de las más grandes que he visto en los últimos tiempos– en contra del gobierno, principalmente por aquello de la reforma a la salud, que ha sido considerada por muchos como una verdadera patraña puesta en marcha por el gobierno.

Ver a esas personas enardecidas contra el gobierno me llevaron a pensar mucho acerca de varios aspectos.  En primer lugar, sigo creyendo que las marchas no sirven para nada.  Es verdad que esta vez la marcha sí era una marcha de protesta y no un fashion show, pero realmente puede uno apreciar que en el país tenemos ‘marchadores’ profesionales.  Estos ‘marchadores’ son los que salen cada semana, por el motivo que sea, a protestar contra el gobierno.  Uno los puede identificar con facilidad porque semana tras semana usan exactamente las mismas arengas para marchar.  Utilizando el término acuñado desde que escribí “Reflexiones sobre de las estrellas”, podríamos afirmar que estos señores no son marchantes sino “‘marchadores’ estrella”.

En efecto, los estudiantes ‘marchadores’ estaban allí como siempre:

“¿Quiénes somos?:  Estudiantes.”

“¿Qué queremos?:  Soluciones”

“¿Qué nos dan?:  Represión, represión y bolillo por montón”

Convenía con un amigo que se vio afectado por la parálisis del tráfico generado por la marcha, que probablemente un 80% de los ‘marchadores’ realmente no tenían la menor idea de por qué estaban marchando.  Ese grupito de estudiantes, así como muchas de las grandes centrales obreras (sindicatos) siempre están en todas las marchas, cantando las mismas cancioncitas.  El otro 20%, al parecer sí sabía qué era lo que estaba haciendo y realmente estaban ejerciendo su derecho a protestar de manera seria y pacífica.  Eso, aunque no me guste, tengo que respetarlo.

Pasemos ahora, de aquel grupo de personas que no sabían realmente qué estaban haciendo allí, a la contraparte, el Gobierno.  El Presidente y sus Ministros sí saben lo que están haciendo allí.  La pregunta es:  ¿hacen lo que realmente dicen que hacen?  O mejor aún: ¿sabemos nosotros qué es lo que realmente hacen?  Los escándalos de las últimas semanas en materia de salud, transporte y hacienda, parecería indicar que no.  Eso sí, confieso haber visto al Presidente Uribe dar más y más explicaciones sobre diferentes temas.  Diría él que con una “total apertura hacia la crítica”, pero con un “gran amor por esta patria”, hace A, B y C.

Llevo casi ocho años escuchando del Presidente que todo lo que hace lo hace con un “gran amor por esta patria”.  Confieso que las primeras veces que escuchaba eso me gustaba saber que mi Presidente era un verdadero patriota.  Hiciera las cosas bien, o hiciera las cosas mal, veía yo que el gobierno era bien intencionado.  Ahora, ya mucho tiempo después, observo que la frase de cajón acuñada por nuestro ‘Mandatario’, es como la manifestación de amor de aquellos dementes que dicen amar a sus parejas o a sus hijos, y que se los demuestran propinándoles sendas golpizas.

El amor, o el cariño no se prueba hablando mucho de qué tanto se siente, o de cómo las acciones de uno están guiadas por ese sano sentimiento.  El amor, el cariño, se demuestra día a día.  No requiere el reconocimiento de los demás, y no requiere publicidad en ningún otro lado.  Requiere actuar por el bien del otro, y no decir que se actúa por el bien del otro.  Eso es algo que considero yo fundamental en cualquier relación en la que medie el amor o el cariño.  Si esos sentimientos son recíprocos, necesariamente la situación ha de mejorar, porque existe sintonía de esfuerzos, sincronización de actos, y homogeneidad de causa.

Este punto, sin embargo, cobra más relevancia cuando se trata de un amor o cariño a algo más grande, como un grupo de personas, una institución, o un país.  Ayer mismo, tuve la oportunidad de ver claros ejemplos de ello.  Vi a hinchas de Independiente Santa Fe, un equipo de fútbol bogotano, en su ejemplar comportamiento el miércoles en Bogotá.  Ellos, que antes del partido manifestaban un amor inigualable por el club, ser hinchas fieles y abnegados de su equipo, eran los mismos que minutos después se deshacían en insultos y vejámenes al técnico del equipo.  La razón:  no ganar.  Ese es el concepto de amor por la camiseta que tienen estos pésimos hinchas.  “Te amo Santafecito”, dicen ellos.  “Te amaré Santafecito, si me haces feliz primero”, realmente piensan.  Dejo expresa constancia aquí, sin embargo, que no soy hincha de ‘Santafecito’, utilizo el ejemplo, porque era el caso palpable del día de ayer en materia de fútbol.

Tuve la oportunidad de ver, antes de conocer las imágenes del caso ‘Santafecito del alma’, al Ministro de Protección Social, habitual invitado a este espacio, mostrando todo lo que hace por el pueblo.  Perdón, todo lo que dice hacer por el pueblo.  Lo que no suele decir, es lo que hace por sí mismo con antelación a obrar para el pueblo…  En algunos libros de asesoría en materia de amor se dice lo siguiente (más o menos):  “Nunca digas ‘te amo porque te necesito’.  Di mejor: ‘Me amo, luego puedo amarte’”.  El Ministro es de los que dice amar a su pueblo, pero su frase ha variado un poco:  “Me amo, luego digo que te amo”.  Me gustaría saber cuántos colombianos se sienten realmente amados por el Ministro.  Me gustaría entrevistar a ‘la patria’ para saber si siente que su Presidente la ama tanto como dice hacerlo, incluso a costa de despedazar su Constitución.

Cuestión diferente es la que he visto recientemente en Blawggers Internacionales.  Este grupo de bloggers jurídicos, creado hace algún tiempo con los esfuerzos aunados de algunos colegas, ha pasado por muchas fases.  Todos decimos que pertenecemos al grupo, y probablemente encontrarán en muchos blogs un logo rojo que nos identifica como miembros del grupo.  Sin embargo, he sido abierto crítico aquí, en nuestras reuniones de Skype y en otros escenarios, acerca de ese ‘amor’ por el grupo que profesan algunos.  A todos nos gusta pertenecer al grupo.  A todos nos gusta aparecer en el blog colectivo y en el catálogo del blog.  ¿Sin embargo, nos gusta a todos trabajar por el grupo?

Esa reflexión la he planteado a varios amigos blawgers, y no siempre gusta.  También me la he planteado a mí mismo, y con ello procuro no convertirme en una simple Gaviota parlanchina, sino también ser un miembro útil al grupo.  No siempre lo soy, y no siempre me motiva serlo, por la evidente falta de compromiso de muchos.

Conozco, sin embargo, a alguien que a pesar de la falta de esfuerzos colectivos, a pesar de no contar con ayuda, y a pesar de tener que dedicar mucho de su tiempo de descanso al grupo, no protesta.   No exige.  Simplemente da, y da mucho.  Se trata del gran amigo Carlos Javier Delgado, nuestro bumangués en tierra de la plata, administrador del blog Responsabilidad y Derecho.  El promotor de la ética hacker en materia de derecho y blogs, no enseña predicando.   Enseña haciendo y también predicando.

Imagen tomada de:  http://encuentrobb09.blogspot.com/

A Carlos Javier Delgado le debemos el cambio de diseño en la plantilla del blog de Blawggers Internacionales.  Nos pidió consejos, probó, ensayó, discutió, y finalmente lanzó el producto terminado.  No me cansaré de agradecerle sus esfuerzos y su amabilidad.  A él también le debemos el diseño del blog del 1er Encuentro de Blawggers, la creación y manejo del ‘Taller’.  Esto último es un espacio en el blog colectivo, donde Carlos Javier atiene las dudas de los demás miembros en cuanto al diseño y utilización de herramientas en el blog.  Es un espacio de tutoriales acerca de cuestiones técnicas que ha sido de gran utilidad para muchos.

Nuestro amigo fue de los que acudió a la convocatoria del encuentro celebrado en agosto en Bogotá, en compañía de su Jime, participó en todas las actividades, y como ya lo mencioné, se lució ante toda la comunidad.  Fue de los que asistió a casi todos los encuentros virtuales realizados vía Skype, y aportó ideas en todos ellos.  Ha sido el motor y alma del concurso Premios B.I. 2008 y 2009.

Me gustaría que revisen cuantas veces ha pedido él que le den algo a cambio, o que le reconozcan algo.  Me gustaría que revisen cuantas veces a dicho él que todo lo hace por el inmenso amor o inmenso cariño que le tiene al grupo…

Como lo mencioné al principio, la vida tiene formas muy curiosas de brindarnos lecciones.  Esperemos que no se traten de lecciones que simplemente vemos y no seguimos.  Ojalá sea de esas lecciones que interioricemos y podamos aplicar en nuestras vidas.

‘Pico’ a Carlos Javier Delgado.  ¡¡Gracias por todo, y muchas bendiciones para ti y para tus seres queridos!!

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