La payasada de la dogmática penal aplicada (v. 1.0)

Debo reconocer, de antemano, que la escogencia del tema a tratar el día de hoy ha tenido inmensas dificultades. Reviso el diario El Tiempo de ayer, y en su primera página encuentro 4 noticias que darían para comentarios aquí. He optado por escoger la que primero aparecía, que es esta, por ser un tema que ahora todos manejamos, así como el Yoga y el realismo mágico. Pensé en titular la entrada “Lesa Humanidad: Mitos y Verdades”, pero me pareció un nombre un poco serio para lo que es una crítica aún menos seria a una medida absolutamente ridícula.

Nuestros grandes juristas en materia penal, como siempre, luego de salir a dictar clases sobre garantías, principios, límites al ius puniendi y otra cantidad de bellezas humanistas, salen a hace completamente lo contrario a lo que pregonan. Ahora, la jugada maestra de estos genios, es declarar crímenes de lesa humanidad toda clase de delitos, con fundamento en una supuesta concurrencia de autores en todos estos delitos. La consecuencia inmediata de esta medida es que los crímenes que adquieren esta categoría, inmediatamente adquieren la categoría de prescriptibles. Me explico, para aquellos que no manejan el tema:

La prescripción es una figura mediante la cual se extingue la posibilidad que tiene el Estado de acusar y eventualmente condenar a una persona por la comisión de un delito (prescripción de la acción), o mediante la cual se extingue la posibilidad de aplicar una pena ya impuesta a un individuo (prescripción de la pena). Es importante aclarar que la ‘jugada maestra’ de nuestros ilustres penalistas ha sido evitar que se de la prescripción de la acción. Eso que ahora estamos celebrando como una gran maniobra jurídica, como la panacea del saber lógico-jurídico, no es otra cosa que una jugada política.

Lo que acabó de darse, aplicando un poco de analogía, es una decisión mediante la cual se decide indefectiblemente mantener conectado a un paciente que requiere respirador artificial para mantenerse vivo, o de lo contrario morirá. La diferencia es que en este caso, no existe posibilidad de que el paciente salga vivo. Existe una mera apariencia de ello. Es mi opinión que lo que aquí se ha presentado es otra muestra más de lo política que es la justicia, y cómo el derecho es una simple herramienta para acomodarse a esas decisiones políticas. ¿Cuál es la decisión política? En efecto, es sencillo: “Ese proceso no prescribirá bajo mi período”, es lo que probablemente piensan en la Fiscalía. Declarar el proceso como un caso de crimen de lesa humanidad es una burla a la sociedad, quien por ahora considera que finalmente se hará justicia, cuestión que no puede descartarse, pero que ciertamente no es una probabilidad fehaciente.

Mucho se ha hablado sobre los crímenes de lesa humanidad. Se ha vuelto tan popular el término, que se suele utilizar para equiparar los crímenes de alto impacto social, y los crímenes atroces a los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, su naturaleza jurídica es diferente. El crimen de lesa humanidad ha sido tratado por el estatuto de Roma, que instituyó la Corte Penal Internacional, tipificándolo en su artículo 7. Se menciona una serie de conductas que al ser cometidas, constituyen crímenes de lesa humanidad, siempre que se cumpla con el requisito de ser un ataque sistemático o generalizado, dirigido contra la población civil.

No descarto que, en efecto, se pudiese tratar alguno de estos delitos como crímenes de lesa humanidad. Lo que resulta altamente sospechoso, es que nuestros gurús del derecho penal se den cuenta de esta situación, justamente cuando los delitos están a punto de prescribir. La muerte de Pablo Escobar ha dado para justificar estos movimientos, que ya se han visto en el pasado (caso Luis Carlos Galán, aunque aquí se hacía referencia a un genocidio dudoso, o incluso el caso del Palacio de Justicia, que desde mi óptica sería en el peor de los casos, un crimen de guerra).

Es alentador para la sociedad recibir noticias que los delitos de gran envergadura que se cometen, serán llevados ante la justicia. La pregunta que surge indefectiblemente es si estamos adaptando las normas al caso, o si estamos haciendo lo contrario. Todo me lleva a pensar que se está haciendo lo segundo. Se intenta hacer ver un crimen de lesa humanidad cuando estamos ante una muerte masiva, simplemente por el hecho de que las modificaciones constitucionales impiden la prescripción de esta clase de delitos. No es la primera vez, como tampoco será la última, en la que esta clase de maniobras se den. Lo terrible del asunto es que esta clase de jugadas se hacen sin mayor fundamento probatorio, y basado en conjeturas (que probablemente son ciertas, pero que no dejan por ello de ser simples conjeturas).

Observo con cierto temor, que las garantías penales cada vez se constituyen en un buen motivo para vender libros o dar discursos, pero que se quedan en el texto. No quiero aquí generar la impresión de querer que los casos queden en la impunidad. Para nada. Sin embargo, mi formación jurídica es reacia a aceptar que estos movimientos políticos, camuflados bajo aplicaciones dogmáticas, continúen. No se puede enmascarar la ineficacia del sistema, o de los actores que pertenecen a él, con jugadas como estas. En el futuro, todo delito será un crimen de guerra, o de lesa humanidad, o de genocidio, salvo que se demuestre lo contrario, violentando cualquier residuo de legalidad que pueda subsistir actualmente.

Aquello de la taxatividad se está convirtiendo en un comodín jurídico, que cada cual maneja a su antojo, con fundamento en generalizaciones apresuradas que no resultan demasiado creíbles. Me embarga de tristeza saber que cada vez más, la población colombiana está siendo llevada a interpretaciones acomodaticias, de la cual nadie estará exento el día en que queramos ver gente condenada para satisfacer candentes deseos de venganza, mas no de justicia.