Sobre la intervención en política (continuación)

El Presidente Uribe participa en política. Participa activamente como portavoz de la campaña de Juan Manuel Santos. Ejecuta ataques a otros candidatos, principalmente Mockus, y es generoso en el reconocimiento de las bondades de sus políticas que habrían de ser replicadas por Santos. Claro, y hace otras cosas más.

Respecto de esto último, he tenido la oportunidad de revisar la entrada titulada “¿Dónde está el Procurador mientras Uribe hace campaña?” escrito por Camila Osorio Avendaño para el portal Lasillavacia.com. El escrito inicia señalando que la ley es muy clara en cuanto a que el Presidente no puede participar en política. Básicamente, hace referencia a dos cuerpos normativos: La Constitución de 1991 y la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).

Hay, sin embargo, varios problemas desde el punto de vista estrictamente jurídico. El primer problema, y más grave de todos ellos, es la desafortunada redacción del artículo 127 de la Constitución, cuyo contenido cité en “Sobre la intervención en política”. Revisando la norma, encuentra uno que se hace una expresa prohibición para participar en política a servidores públicos que ejerzan funciones. Para efectos metodológicos, se señalará la clase de funciones, y mi opinión personal acerca de si Uribe encaja allí, o no:

- Rama Judicial (No encaja)

- Órganos Electorales (No encaja)

- Órganos de de control (No encaja)

- Órganos de Seguridad (No encaja)

- Fuerza Pública (No encaja)

Visto lo anterior, conviene remitirse al inciso tercero del artículo constitucional, que establece una prohibición genérica de participar en política, de conformidad con una Ley Estatutaria que no existe. En consecuencia, no existe prohibición constitucional expresa. Más adelante, el mismo artículo 127 regula expresamente desde cuando podría intervenir el Presidente o Vicepresidente en las campañas presidenciales cuando presente su nombre como candidato. Nuevamente, se remite a la ley estatutaria inexistente para el manejo de lo demás.

Esto permite demostrar que cualquier concepto de técnica legislativa que pudiera existir en el país, ha quedado en el pasado. Aquí se redactan normas casuísticas, y solo sirven para los casos específicos allí, previstos. No sirven para nada más. Quienes no se encuentran en ese caso, no cuentan con norma aplicable. Además de este patético caso, basta revisar la normatividad constitucional en materia de pensiones. Es una verdadera vergüenza. Invito, para quienes quieran hacer esa revisión, a que se revise la redacción original del artículo 127, para revisar cuáles fueron los cambios introducidos, y cómo se introdujeron. No obstante, no se hará aquí ese ejercicio por razones de espacio.

Intentando desentrañar la claridad que aparentemente ve la periodista Osorio Avendaño, conviene remitirse ahora, al Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002. En efecto, los numerales 39 y 40 del artículo 48 de la Ley prevén las faltas disciplinarias así:

39. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley.

40. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista.

Siendo estrictos, Uribe no ha hecho nada de esto. Lo que ha hecho, y lo ha hecho mucho, es opinar sobre la importancia de continuar con sus políticas, de respaldar estos proyectos (los suyos), y ha hablado sobre la ‘competencia’, sin tapujos. Eso ha hecho, e insisto, lo ha hecho con mucha frecuencia. Atacar a otros candidatos desde su punto de vista puede verse como una opinión, a la que tendría derecho por ser ciudadano colombiano, o podría verse como una forma de participar en loa partidos y movimientos políticos.

Imagen tomada de:  www.lialdia.com 

Es altamente probable que un estudio sustancial de las conductas desplegadas por el Presidente, muestren que ha intervenido en procesos electorales de carácter político partidista, como lo prevé el numeral 40. Sin embargo, el problema es precisamente que al señor Alejandro Ordóñez no le parece malo nada de lo que pueda hacer el Presidente, y por lo tanto ni siquiera abre investigaciones para indagar.

Al asunto es fácticamente incuestionable. Uribe está en campaña por Santos, y ha hecho lo que ha estado a su alcance para apoyar a los suyos. Uribe estuvo en campaña por Andrés Felipe Arias, y ya no está. Recuérdese que hace algunos meses, Rafael Pardo, hoy candidato presidencial por el Partido Liberal, solicitó que se le concediera el derecho de réplica, cuando el Presidente Uribe consideró oportuno cederle a Arias 15 minutos de espacio en un consejo comunal para defender el programa Agro Ingreso Seguro.

El problema es que jurídicamente el asunto no es tan cristalino como lo plantea lasillavacia. La Constitución no prohíbe expresamente la participación en política del Presidente, y remite a una ley estatutaria que no existe, para regular el tema. Contamos con una ley de garantías que teóricamente es aplicable únicamente en los eventos en que alguna de las dos cabezas de Estado (Presidente o Vicepresidente) se lance a la contienda electoral, y que desarrolla en parte el acto legislativo que permitió la reelección presidencial. Por lo demás, tenemos una prohibición prevista en el Código Disciplinario único, que exige influir en procesos electorales, o demostrar algún grado de presión ejercido, o relacionarlo directamente con un movimiento político. Estoy seguro que Jaime Lombana, y también el Procurador, verían que la conducta no encaja estrictamente allí, y recurriendo a principios propios del derecho penal, aplicables por remisión, tendrían que celebrar una potencial cesación de procedimiento.

La crítica, como se ve, no está dirigida al Presidente Uribe. Ya el país ha visto durante 8 años lo que él es capaz de hacer, tanto para bien como para mal: Arrinconar a las FARC, callar la verdad de los paramilitares, mejorar la confianza inversionista, bombardear países vecinos, ofrecer darle en la cara a una persona por ciertos actos cuestionables, mantener Ministros incompetentes…

Este es un país con plenas libertades para e Presidente, y que respira y vive según su voluntad. La crítica, como se ve, va dirigida a los que deben velar porque ese ‘tren se mantenga en sus rieles’, y que ha hecho todo lo contrario, ofrecer caminos alternativos al mandatario para que continúe haciendo lo que él quiere, en este caso, intervenir en política. Y se decía que el legislador (y constituyente derivado) era sabio…