lunes, 28 de mayo de 2018

La fenomenología de la corrupción en la práctica jurídica

Las votaciones del 27 de mayo de 2018 en Colombia enviaron algunos mensajes interesantes a la ciudadanía.  En primer lugar, se tiene que el país sigue teniendo un importante nivel de polarización política, que lleva a que la ciudadanía prefiera mayoritariamente posturas más radicales frente a los problemas que vive el país, por encima de posturas más moderadas.  En segundo lugar, parece claro que los perdedores adquieriron un interesante nivel de poder.  Esto ya había sucedido en las votaciones de 2010, en donde la votación de Germán Vargas Lleras (tercero en la primera vuelta de las elecciones de ese año) sirvió mucho para lograr la elecció de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta.  Correlativamente, el poder que adquirió Vargas Lleras en ese Gobierno, fue bastante importante.

El más importante de los perdedores en la jornada electoral del domingo 27 fue el candidato Sergio Fajardo, quien centró su campaña en dos pilares fundamentales (esto no quiere decir que no hubiera más temas importantes, sino que sobre estos dos puntos giro el resto de su discurso): la educación y la lucha contra la corrupción.  Teniendo en cuenta que a partir de la fecha, los contendores por la Presidencia se encuentran a la izquierda y a la derecha del espectro político, solamente podrán crecer en la medida en que cautiven votos del centro.  De allí es poder que tiene Fajardo, o mejor, el discurso de Fajardo que cautivó a sus votantes.

El ingreso de hoy busca revisar de manera preliminar uno de estos dos puntos: el de la corrupción.  El fenómeno de la corrupción ha sido asociado a la transaccionalidad de la función pública con factores ajenos al del bien común y el manejo transparente de lo público.  Sin embargo, la corrupción va mucho más allá de eso.  La corrupción es un estilo de vida que parte del quebrantamiento de una frontera que no es jurídica, sino ética: la de negociar lo innegociable.  Por innegociable no se hace únicamente referencia a lo que que no "puede" negociar, sino especialmente a aquello que no se "debe" negociar.  Ello, por supuesto, supera el ámbito de lo estríctamente público.

Para ilustrar lo anterior, algunos ejemplos: Son actos de corrupción, los siguientes:

* Nombrar o ascender a una persona por amistad y no por mérito.
* Pasar o rajar a un(a) estudiante dependiendo de si coopera con favores sexuales.
* Pedir dinero (coimas, tajadas, comisiones) para que la empresa contrate a determinado proveedor de servicios.
* Comprar al abogado de la contraparte para que no interfiera en el proceso o en la negociación.

Hay más ejemplos, por supuesto.  Sin embargo, los anteriores permiten vislumbrar que la corrupción no es un asunto político, sino principal y especialmente un asunto ético con posibles connotaciones jurídicas.

¿Por qué, entonces, se le suele dar un alcance casi que "exclusivamente jurídico" a la corrupción?  Los conceptos de impunidad, muerte política, mermelada, y demás conceptos que suelen ventilarse cuando se hace referencia a la corrupción se refieren al ámbito de lo jurídico pues con ellos se remite a la sanción penal, a la sanción electoral y a la remesa ilícita, todos ellos conceptos jurídicos.  A la sociedad le gusta ponerlo en términos jurídicos, porque debido al carácter heterogéneo del derecho, le gusta creer que la solución a la corrupción está "por fuera" de nosotros, y que no existe el más mínimo nivel de corresponsabilidad.  A las personas que burlan el sistema de ingreso de transmilenio, a los que pagan sobornos a los agentes de tránsito, a los que están dispuestos a pagar coimas para ganar un contrato, a los que están dispuestos a dejar comprar su función pública, normalmente no les preocupa qué implicaciones sociales pueda tener su conducta, porque primer están ellos, y luego el "resto del mundo".  Esto por supuesto, si se convierte en una regla universal, convierte a la sociedad colombiana en una sociedad inviable.


Imagen tomada de: http://www.eluniversal.com.co

Teniendo en cuenta, entonces, que la gente aspira a que sean los jueces los que resuelvan el asunto, lo primero es saber qué se puede hacer para que realmente puedan resolver la situación:

1) Garantizar las calidades morales de los jueces e investigadores en materia de corrupción.  En otras palabras, los sistemas de ingreso deben poder cuantificar y/o cualificar las calidades morales de los potenciales jueces, fiscales, e investigadores.

2) Garantizar que se pueda tener acceso a la información relevante para poder investigar la información.  La información existe, pero lamentablemente existen restricciones que impone la misma ley para tener acceso a esa información.  Los bancos tienen el historial transaccional de las personas, las secretarías de hacienda y la DIAN poseen toda la información tributaria de las personas a nivel nacional.  Los servidores públicos siempre deben declarar anualmente el estado de su patrimonio, que sirve de punto de comparación frente a la "realidad" económica de ese servidor público.  La UIAF tiene instrumentos para conocer las operaciones de corrupción.

3) Blindar la investigación y  juzgamiento de presiones externas.  No es desconocido que la prensa, los políticos y las empresas ejercen presión en uno u otro sentido para direccionar el funcionamiento de la justicia.  La filtración de la información es el principal enemigo, en la medida en que la información filtrada da lugar a que estos actores tomen medidas.  La información no filtrada da lugar a especulaciones, mas no a certezas.  No es fácil luchar contra "fantasmas".

¿Pueden adoptarse estas medidas?  Por supuesto que sí.  Todas ellas son realizables, pero requieren de un compromiso político que a la fecha no se ha dado.   No se trata de discursos, de debates, de figuración en medios con la "agenda anticorrupción".  Se trata de hechos: nombrar a los que son, sacar a los que no son, articular la información, impedir la injerencia en las investigaciones contra la corrupción, brindar apoyo a los actores encargados de investigar, proteger las investigaciones de las filtraciones.

Como se observa, son muchas las medidas que se pueden adoptar para que el Estado, como "ese otro" encargado de luchar contra la corrupción, pueda tomar medidas eficaces.  ¿Soluciona el problema?  Por supuesto que no.  El problema solo se solucionará cuando las personas dejen de ser tolerantes e incluso patrocinadoras de la práctica corrupta.  Sin embargo, es más fácil convencer a las personas cuando ven que el Estado actúa, que cuando ven que el Estado estimula la corrupción.

Fajardo, proponía eso que hemos referenciado.  Un Estado que cierra las puertas al incentivo de la corrupción.  Actualmente quedan dos: Duque y Petro.  Ninguno de los dos parecer actualmente salir bien librado (bien sea por ellos mismos o por las fuerzas políticas que representan) en este tema.  Sin embargo, el electorado que le dio su voto a Fajardo por su discurso anticorrupción, estará pendiente de si alguno de ellos realmente da muestras reales de estructurar un Estado que lucha contra la corrupción, o si estaremos condenados a seguir "rogando" porque venga un milagro.

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