Las enseñanzas del caso Kavanaugh

El proceso elección de Brett Kavanaugh como nuevo miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, que ha sido objeto de escándalos, acusaciones y amenazas, es una situación que probablemente en otra época habría sido imposible que se presentara.  Muchos avances, principalmente en materia de simultaneidad en las comunicaciones y difusión de la información, generan este tipo e situaciones.  A mí, el caso me ha parecido apasionante, en sí mismo.  Sin embargo, hoy quiero referenciarlo en este espacio debido a las enseñanzas que puede brindarle a un país como Colombia.

Veamos:

1) ¿Por qué es tan importante esa elección en los Estados Unidos?

Básicamente se me ocurren dos razones fundamentales para esto:  En primer lugar, la figura del juez siempre ha tenido una especial trascendencia y respeto.  Los jueces que conforman la Corte Suprema tienen una importancia social y cultural especial.  Esto, por supuesto, tiene sentido en un sistema de common law en el que el juez es un verdadero creador de derecho, y quizá el principal.  Por ello, determinar quiénes son sus Magistrados determina en gran medida el rumbo que puede tomar el país.  En segundo lugar, no es un secreto que los jueces en Estados Unidos son creadores de políticas públicas, y como tal, tienen filiación política reconocida.  El nombramiento de A, B, o C persona tiene incidencia en la forma como tomará decisiones la Corte.  Por el momento, parece claro que la Corte será mayoritariamente conservadora con el nombramiento de este juez, lo que tendrá mucha importancia en relación con el viraje que tomará ese país.

¿Y qué tiene eso que ver en Colombia?

La ciudadanía no tiene la más mínima injerencia en la designación de sus jueces, y en la gran mayoría de los casos, ni siquiera les suscita el más mínimo interés saber quién o quienes pueden ocupar un cargo como Magistrado en alguna de las Altas Cortes Colombianas.  Aquí, los jueces conocidos por la opinión pública suelen ser por una de dos razones: o son muy mediáticos, o forman parte de algún escándalo público (principalmente corrupción).

Nuevamente: ¿Y qué tiene eso que ver con el caso Kavanaugh?

Una de las consecuencias que se ha presentado en este caso, es que a pesar de lograr la confirmación por el Senado para llegar a ser parte de la Corte Suprema de Justicia, los electores están castigando en muchos estados al partido republicano, por haber nominado y apoyado a un candidato tan cuestionado como Kavanaugh.  Se trata de un candidato cuestionado por posibles escándalos sexuales con algo de soporte, y a pesar de eso se mantuvo por parte del Presidente Trump y su partido. Reitero, ante la imagen de juez que tiene el ciudadano norteamericano, saber quién ocupa el cargo de Magistrado es un asunto especialmente delicado.  En Colombia, el proceso de selección de magistrados no le importa a nadie, y en parte eso obedece a que nadie sabe realmente cómo y por qué se eligen a los Magistrados que tenemos.

Imagen tomada de: www.usatoday.com


2) ¿Por qué en Colombia es tan irrelevante ese tema?

En Colombia ocurre una situación singular en relación con las elecciones.  Las personas les suele importar más las elecciones o nombramientos de una persona para cargos unipersonales que los cargos en cuerpos colegiados.  En Colombia, no solo se trata de un cuerpo colegiado, sino de varios, y normalmente, a casi nadie le importan los candidatos, si es que los conoce.  Quizá la única Corte en la que esto no ocurre, es en la Corte Constitucional, por el proceso de elección que tiene en donde los representantes del pueblo eligen.  En las demás cortes, nadie sabe quienes están postulados, a quienes eligen, ni por qué.

En el Consejo Superior de la Judicatura (antes y ahora), la situación es más triste.  Ya no se trata de nombrar jueces con filiación política, sino a políticos con tarjeta profesional de abogado.  Por supuesto, no todos los casos son así, pero la gran mayoría sí.  Por ello es que las Cortes que menos respeto le merecen al gremio de abogado siempre han sido estas.  Si hiciéramos hoy el ejercicio de preguntarle a un abogado colombiano los nombres de los magistrados de las distintas cortes en Colombia, es altamente probable que no sepa ni siquiera el 10% de los nombres de sus magistrados.  En algunos casos, es más probable que se sepan los nombres de los Magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que los de la colombiana.

Miremos los números:

9 "Justices" (Magistrados) de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos

23 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
31 Consejeros de Estado de Colombia
9 Magistrados de la Corte Constitucional de Colombia 
38 Magistrados de la JEP de Colombia
13 Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia

Como ven, es más fácil aprenderse el nombre de 9 Magistrados de Estados Unidos que el de 114 en Colombia. ¿O no?

Aún si quitamos la cifra de la claramente sobredimensionada JEP, la cifra siguiendo muy alta.  Por eso, a nadie parece importarle quién llega o quien se va.  Quizá por eso, a casi nadie le interesa realmente hacer un escrutinio de los potenciales candidatos a una de las Cortes.

 

 

3) ¿Y qué pasa cuando se realiza?

 

Quizá a los funcionarios que más escrutinio se les realiza es a los candidatos a Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y Magistrados de la Corte Constitucional.  En todo caso, aún a los más cuestionados de ellos normalmente no los afecta en lo más mínimo su potencial nombramiento el hecho de que haya una crítica desfavorable.  Lo importante son los avales de los partidos, y poco más.  Por ello, es interesante la lección que están dando los votantes independientes (de los partidos tradicionales) a los polticos en ese país.  La situación con el hoy Justice Kavanaugh se dio pocos días antes de las elecciones estatales por la elección de congresistas, por lo que en muchos estados, los votantes han cambiado su intención de voto en 180° debido a la situación de Kavanaugh.

Para muchos de los votantes, es inadmisible que a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos llegue una persona tan cuestionada como el hoy magistrado.  Las acusaciones no son menores, pero sobre todo, no se encuentran infundadas.  Y cuando lo lógico debió haber sido que se suspendiera su nombramiento hasta tanto no se realizara una debida investigación, aquí se presentó un simulacro de investigación, suficiente para que el senado aprobara su nominación.

El público elector lo está cobrando.  Aquí los votantes no suelen pasarle cuenta de cobro a los políticos por decisiones desacertadas, porque contrario a lo que ocurre en una democracia seria, aquí el elegido cree ser (y en algunos casos lo es) el jefe del electorado, y no el electorado jefe de sus elegidos.  Habría mucho que aprender sobre esa convicción de tener poder como votante que tienen allá.  Existe, como en todo país, gente radical, inteligente, tonta, ingenua, analítica, corrupta, o escéptica, pero allá, decisiones como la de apoyar a un juez cuestionado se pagan.  Una lección digna de aprender.

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Sobre la consulta anticorrupción

Introducción

Este domingo, 27 de agosto de 2018, se votará la "Consulta Anticorrupción".  Este ingreso tiene efectos ilustrativos, y de opinión.  Lo primero que debemos hacer, para poder hablar de este tema, es señalar qué es eso de una consulta popular.  Esto es especialmente importante, teniendo en cuenta que existen distintos mecanismos de participación ciudadana, algunos más o menos parecidos.

Para entender de lo que trata, sugiero que revisen las sentencias C-150 de 2015 y la sentencia T-121 de 2017, ambas de la Corte Constitucional (en ese orden, preferiblemente).  En todo caso, por tratarse de textos largos, enuncio las principales características de la consulta popular:

1) No se votan normas, sino propuestas o temas que puedan ser de interés nacional, relacionados con el ámbito político.

2) La consulta popular puede ser territorial (ejemplo, las consultas sobre explotación minera), o nacional (como este caso).

3) A diferencia del plebiscito, en la consulta no se somete a consideración exclusivamente políticas públicas propuestas por el Poder Ejecutivo, sino que puede versar sobre iniciativas distintas, y no necesariamente en materia de políticas públicas.  Igualmente, en el plebiscito se "valida" una decisión ya adoptada por el Presidente, mientras que la consulta no es de carácter "validador" sino "consultivo".

4) El resultado de la consulta popular, en caso de ser aprobada, obliga a las autoridades estatales competentes (no necesariamente es únicamente al Gobierno) a que adopten las medidas jurídicas que correspondan para cumplir con lo que el pueblo ha aprobado.  En consecuencia, la consulta genera un "mandato" al Estado, mas no se casa con un mecanismo o mecanismos específicos.  Le dice al Estado qué es lo que el pueblo quiere que se haga.

La Consulta Anticorrupción

Agotado lo anterior, conviene contextualizar ese mecanismo al escenario que nos ocupa.  Frente a lo anterior, conviene resaltar que en principio las preguntas de la consulta (para revisar el tarjetón, haga click aquí) están diseñadas para hacer frente a la corrupción rampante en el país.  Procederemos, sin embargo, a abordar cada una de las preguntas:

Imagen tomada de: www.lasnoticias.co

1) Reducción de salario de Congresistas (y otros funcionarios):

Este artículo tiene una redacción cuando menos complicada.  Obsérvese que en el texto no solo se hace referencia a la reducción de salario de congresistas, sino también de los funcionarios de los que trata el artículo 197 de la Constitución.  La redacción no es clara, en la medida en que el artículo 197 corresponde al artículo que establece las inhabilidades para ser Presidente (el artículo de la reelección presidencial, que se ha modificado para un lado y para otro).  Sin embargo, el listado que se incluye allí de funcionarios que no podrían ser elegidos cuando hayan ejercido el cargo un año antes de la elección, es mucho más amplio que el de congresistas:

El artículo prevé el siguiente listado:

Presidente, Vicepresidente, Ministro, Director de Departamento Adminitrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, Comisión de Disciplina Judicial, Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las FF.MM., Auditor General de la República, Director de la Policía, Gobernador o Alcalde.

No es leal que la "promoción" de la Consulta se refiera a salarios de Congresistas, cuando en realidad muchos más funcionarios están en juego.  De pasar la pregunta como está, se generaría un problema de desbalance salarial complicado, en la medida en que funcionarios de menor jerarquía estarían ganando por encima de las cabezas de las cabezas del Estado, y ello obligaría a que se reduzcan los salarios de todos los funcionarios del Estado, o que se camuflen otros tipos de beneficios para subirlos (algo que ya ocurre hoy).  Basta revisar la manera como se calculan los salarios de estos funcionarios, para ver que el salario básico es relativamente bajo, y existen una gran cantidad de primas y bonificaciones que son los que elevan la cuantía total.

Esta situación podría generar dos incentivos perversos:  A. Que estos funcionarios "compensen" por otro lado, lo que implicaría fomentar la corrupción; y B. Que los mejores profesionales (éticos) decidan no presentar sus nombres para estos cargos, en la medida en que el ingreso no es suficiente para ellos.

2) Cárcel a corruptos y prohibirles contratar con el Estado:

Este artículo ya prevé una serie de cuestiones que se encuentran establecidas en la Ley.  La Ley 1474, o estatuto anticorrupción, en sus artículos 1°, 13, 16, 39, contiene ya gran parte de estas medidas.  Lo que es novedoso de la pregunta, es que se permita la terminación unilateral de contratos estatales, sin indemnización previa, frente a los corruptos.  Sin embargo, por tratarse de una pregunta genérica frente a "los corruptos", sería interesante saber si incluirán a personas condenadas (como debería ser) o si se atreven a adoptar estas medidas frente a personas que están siendo investigadas.  Eso no está claro.

En todo caso, el hecho de que la pregunta replique mucho de lo que ya está, la haría innecesaria, y así se ha argumentado por muchas personas.  Sin embargo, habiéndose aprobado ya por el Congreso (que sería el filtro para limitar este tipo de preguntas repetitivas) y por el Ejecutivo, no tiene sentido dejar de votarla, o votarla negativamente por esta razón.  De hecho, al consultarse este aspecto a la población, una votación negativa podría ser interpretada como el interés del pueblo colombiano en reversar este tipo de medidas, y no como una decisión de dejar las cosas como están.  Una votación positiva, en el peor de los casos, dejaría las cosas como están, e incrementarían las medidas contractuales ya señaladas.

3) Contratación transparente obligatoria en todo el país:

El régimen de contratación estatal cuenta en la actualidad con una modificación reciente incluida por la Ley 1882 de 15 de enero de 2018.  Esta ley, en su artículo 4° incluye una modificación a la Ley 1150 de 2007, que consagra la obligación del Estado de adoptar pliegos tipo para procesos de contratación relacionados con obras públicas.  La tercera pregunta de la consulta apunta a que se amplíe ese requisito a todo tipo de contratación pública, y no únicamente a los grandes contratos de obras públicas.

La transparencia y la objetividad, desde hace mucho tiempo son principios en materia administrativa, y de ser aprobada esta norma, se obligaría al Estado a ampliar esta medida para todo tipo de contratos.  En este caso, no se me ocurre ninguna razón por la cual uno quisiera no aprobar esta pregunta.  Téngase en cuenta, al igual que en el caso de la pregunta 2), que una respuesta en sentido negativo (por ser repetitiva) se interpretaría como una medida tendiente a eliminar los pliegos tipo, y no como un "deje así".

4) Presupuestos públicos con participación ciudadana y rendición de cuentas:

Los presupuestos públicos actualmente contienen una serie de rubros en materia de inversión que supuestamente corresponden a las necesidades fundamentales que se han previsto por el Estado.  Son distintas las instancias que contemplan la manera como se construye el presupuesto, que inicia a partir de un instrumento base, como es el Plan Nacional de Desarrollo.  A partir de ahí, en materia de construcción de presupuesto, el principal instrumento que se debe tener en cuenta es el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).  Las inversiones que se desarrollan, de acuerdo con la lógica de un estado planeador, no tendrían por qué ser aleatorias o depender de la voluntad del mandatario de turno.  En consecuencia, la inversión a cualquier nivel, debe responder a unas necesidades locales.

Un ejemplo claro de cómo esto podría llegar a tener algún tipo de utilidad, se da en temas como el acueducto de un municipio, las carreteras, las escuelas, hospitales, o incluso temas como el tan mentado metro de Bogotá.  Para muchos bogotanos, el Metro subterráneo era equivalente a la corrupción de Petro, y para otros, el Metro elevado es equivalente a la corrupción de Peñalosa.  Un tipo de decisiones de impacto fiscal tan grande, podría ser mucho más transparente si la ciudadanía pudiese tener participación en estas decisiones.  Es claro que los ciudadanos no confían en la capacidad deliberativa y de control de sus representantes (Concejos, Asambleas, Congreso), por lo que poder participar, siempre iría más acorde con la participación democrática directa.

Sin embargo, también es claro que la razón por la que se eligen alcaldes, gobernadores y presidente, es porque se requiere de una cabeza que tenga el poder de todos para poder tomar decisiones.  Un mandatario que no pueda tomar decisiones, es un mandatario que no tiene una razón de ser.  Por lo tanto, lo que importa es que las personas puedan incidir en cómo se invierte, pero no en convertirse en un comité saboteador, un riesgo que podría darse si la medida se radicaliza demasiado.

En relación con la rendición de cuentas, se trata de un principio democrático fundamental (en toda democracia, todas las autoridades deben ser susceptibles de rendir cuentas por su gestión.  Precisamente por ello es que son "SERVIDORES" públicos, y no solamente "DIGNATARIOS".  En esa medida, pedirle a los funcionarios que rindan cuenta de su gestión no debería ser algo que se deba consultar en un régimen democrático, pero dado que se presenta la oportunidad, no está de más votarlo, para quienes estén de acuerdo con la primera parte de la pregunta.

5) Rendición de cuentas por parte de congresistas:

La finalidad de esta pregunta es perfectamente entendible, dado que al igual que existen congresistas muy juiciosos y responsables, existen muchos otros que no se toman la labor parlamentaria en serio. Para nadie es un secreto que para gran parte de la ciudadanía, los congresistas son unos negociantes de votos, y acuden a la "falta de voluntad política" para negarse a hacer cosas que deberían hacer.  Ese pretexto, inexplicable desde otro punto de vista, ha legitimado una de las prácticas más visibles en materia de corrupción como es la negociación de los votos de los proyectos.  Una muestra clara de esta situación es el caso conocido como la "Yidispolítica", en donde se observó de qué manera una buena negociación podría convertir un NO en un SÍ, o un NO en una inasistencia.

Imagen tomada de: http://verdadabierta.com

Se dice, y no sin razón, que la principal rendición de cuentas de los congresistas es en las urnas, en las votaciones.  Algunos se queman, pero muchos comerciantes de votos permanecen y se adaptan a las circunstancias, y al querer de los más poderosos.  Nada más rentable, en un contexto corrupto, que un congresista "influenciable".  Por ende considero que la pregunta más cercana al tema de la lucha anticorrupción, sería esta.  No hay nada más evidente para detectar corruptos que desentrañar sus propias inconsistencias, incoherencias o prácticas corruptas.

Es claro que los congresistas, por esencia, tienen la necesidad de conversar con la comunidad, visitar sus regiones y demás prácticas inherentes a la política.  Sin embargo, en un Congreso que no sesiona todos los días y todos los meses, es inexplicable e inexcusable tanta ausencia por parte de los Congresistas.  En esta pregunta, siguiendo lo dicho en el punto anterior, no veo por qué razón un partidario de la democracia quisiera estar en contra de una práctica inherentemente democrática.

No obstante lo anterior, conviene decir que los esquemas actuales de rendición de cuentas son risibles.  Más que ser mecanismos de rendir cuentas, se trata de espacios promocionales sobre lo que los funcionarios quieren decir.  No puede haber una rendición de cuentas mala en la actualidad, salvo que el funcionario que rinda cuentas no sepa cómo "vender" su gestión.  Si el punto pretende ser exitoso en la medida de separar a los congresistas juiciosos (independientemente de su filiación política) de los que no lo son, se debería prever mecanismos estandarizados de rendición de cuentas, para que permita contrastar la información.

6) Hacer pública propiedades y declaracion de renta, e ingresos "injustificados" de políticos

Esta pregunta es supremamente bien intencionada, pero pésimamente redactada.  La finalidad de la misma es que todas las personas elegida mediante voto popular deban mostrarle al público qué es lo que tienen, cuánto tienen y en qué están representados estos bienes.  Esto, por supuesto, parece claro, pero el problema es que intenta detectar la corrupción a partir de una identificación de datos que parten de la declaración voluntaria del político.  Téngase en cuenta que no declarar, debiendo hacerlo, o declarar mal, genera sanciones. Sin embargo, cometer delitos relacionados con temas de corrupción generan sanciones mucho más graves.  En consecuencia, un verdadero corrupto preferirá mentir en su declaración de bienes que mostrar declaraciones oficiales que demuestren sus ganancias ilícitas.  

El Estado cuenta hoy con muchos mecanismos de información, que debidamente entrelazados, permiten desentrañar ganancias ilícitas.  El problema allí, es que toda esta información suele estar protegida por temas de confidencialidad o reserva, por lo que no es sencillo mostrar la práctica corrupta.  En todo caso, independientemente de que la herramienta consultada no sea por sí misma una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción, sín constituye una prueba clara del dolo de ocultar (para quienes ocultan), lo cual es una ayuda importante para policía judicial, fiscales y jueces encargados de investigar actos de corrupción.

El problema de esta propuesta es: Muchos de los actores más corruptos del país están por fuera de aquellas personas elegidos por voto popular: jueces, fiscales, procuradores, superintendentes, ministros, viceministros, directores de departamento administrativo, entre otros.  La medida, tal como se plantea, parece especialmente dirigidos a los congresistas, pero allí no es el único lugar donde hay corrupción.  En todo caso, el hecho de que sea una medida insuficiente, no la torna en una medida inconveniente ni tampoco mala.

7) Máximo 3 periodos en una misma corporación pública

En las antiguas democracias de las ciudades-Estado griegas, la función pública era una responsabilidad pública antes que ser una prerrogativa o un privilegio.  Ello tiene sentido, en la medida en que lo público primaba sobre lo privado.  La lógica de la corrupción es que lo privado prima sobre lo público; lo público puede llegar a ser algo con destinación privada.  Una de las prácticas que en el imaginario público se asocian a las prácticas corruptas son la idea de no abandonar el poder.  Sin embargo, ese es un supuesto que no puede llegar a ser generalizado necesariamente.

Sin embargo, hay algo que la práctica política colombiana demuestra a diario: para sobrevivir a largo plazo, habrá que untarse las manos. Se tendrá que apoyar al corrupto, o no denunciarlo, por ser inconveniente.  En consecuencia, la idea de renovar a los políticos que ocupan cargos en corporaciones públicas no es indeseable, puesto que la renovación genera que el nivel de "ensuciada de manos" sea en promedio quizá más bajo que frente a políticos eternos.  La medida, sin embargo, si bien puede ser democráticamente deseable, no es propiamente una medida anticorrupción.  Está probado que los políticos corruptos no necesariamente requieren estar en cuerpo propio en las curules del Congreso para poder continuar con la práctica corrupta.  No obstante, el hecho de que no sea propiamente una medida anticorrupción, no quiere decir que no sea deseable.

Opinión personal

El hecho de que la consulta anticorrupción contenga preguntas que reiteran cuestiones que normativamente ya existen, o que incluya cuestiones que sean deseables, pero que no propiamente apunten hacia la problemática de la corrupción, no es un argumento válido para no votarla.  Si algo ya está, no hace ningún daño votar a favor de esa medida (si es que se está de acuerdo con ella).  Igualmente, no votar por una medida deseable, no tiene sentido, si está de acuerdo con la medida solo porque ha sido indebidamente nombrada.

Estoy en desacuerdo con los detractores de la consulta, como un todo, por el tema del costo.  La consulta va a costar eso, vote quien vote.  En consecuencia, es mucho más provechosa entre más personas voten (independientemente del sentido del voto por cada pregunta).  No votar no va a ahorrar dinero.  Tampoco comulgo con la idea de que no hay que votar (o menos aún, que hay que votar NO) por preguntas que reiteran lo ya expuesto.  Se trata de una manera velada de manifestar su intención de votar en contra, aunque con una argumentación más sutil.

Sí estoy de acuerdo con los detractores, sin embargo, en que esta consulta es vista por los promotores (especialmente Claudia López) para medir su fuerza política en eventuales elecciones regionales.  Sin embargo, si alguien (incluyéndola a ella) cree que los ciudadanos pensantes y deliberantes que voten SI todos van a votar por ella, es una muestra de ingenuidad política.  La interpretacion es correcta en mi sentir.  Ingenua, pero correcta.

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La fenomenología de la corrupción en la práctica jurídica

Las votaciones del 27 de mayo de 2018 en Colombia enviaron algunos mensajes interesantes a la ciudadanía.  En primer lugar, se tiene que el país sigue teniendo un importante nivel de polarización política, que lleva a que la ciudadanía prefiera mayoritariamente posturas más radicales frente a los problemas que vive el país, por encima de posturas más moderadas.  En segundo lugar, parece claro que los perdedores adquieriron un interesante nivel de poder.  Esto ya había sucedido en las votaciones de 2010, en donde la votación de Germán Vargas Lleras (tercero en la primera vuelta de las elecciones de ese año) sirvió mucho para lograr la elecció de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta.  Correlativamente, el poder que adquirió Vargas Lleras en ese Gobierno, fue bastante importante.

El más importante de los perdedores en la jornada electoral del domingo 27 fue el candidato Sergio Fajardo, quien centró su campaña en dos pilares fundamentales (esto no quiere decir que no hubiera más temas importantes, sino que sobre estos dos puntos giro el resto de su discurso): la educación y la lucha contra la corrupción.  Teniendo en cuenta que a partir de la fecha, los contendores por la Presidencia se encuentran a la izquierda y a la derecha del espectro político, solamente podrán crecer en la medida en que cautiven votos del centro.  De allí es poder que tiene Fajardo, o mejor, el discurso de Fajardo que cautivó a sus votantes.

El ingreso de hoy busca revisar de manera preliminar uno de estos dos puntos: el de la corrupción.  El fenómeno de la corrupción ha sido asociado a la transaccionalidad de la función pública con factores ajenos al del bien común y el manejo transparente de lo público.  Sin embargo, la corrupción va mucho más allá de eso.  La corrupción es un estilo de vida que parte del quebrantamiento de una frontera que no es jurídica, sino ética: la de negociar lo innegociable.  Por innegociable no se hace únicamente referencia a lo que que no "puede" negociar, sino especialmente a aquello que no se "debe" negociar.  Ello, por supuesto, supera el ámbito de lo estríctamente público.

Para ilustrar lo anterior, algunos ejemplos: Son actos de corrupción, los siguientes:

* Nombrar o ascender a una persona por amistad y no por mérito.

* Pasar o rajar a un(a) estudiante dependiendo de si coopera con favores sexuales.

* Pedir dinero (coimas, tajadas, comisiones) para que la empresa contrate a determinado proveedor de servicios.

* Comprar al abogado de la contraparte para que no interfiera en el proceso o en la negociación.

Hay más ejemplos, por supuesto.  Sin embargo, los anteriores permiten vislumbrar que la corrupción no es un asunto político, sino principal y especialmente un asunto ético con posibles connotaciones jurídicas.

¿Por qué, entonces, se le suele dar un alcance casi que "exclusivamente jurídico" a la corrupción?  Los conceptos de impunidad, muerte política, mermelada, y demás conceptos que suelen ventilarse cuando se hace referencia a la corrupción se refieren al ámbito de lo jurídico pues con ellos se remite a la sanción penal, a la sanción electoral y a la remesa ilícita, todos ellos conceptos jurídicos.  A la sociedad le gusta ponerlo en términos jurídicos, porque debido al carácter heterogéneo del derecho, le gusta creer que la solución a la corrupción está "por fuera" de nosotros, y que no existe el más mínimo nivel de corresponsabilidad.  A las personas que burlan el sistema de ingreso de transmilenio, a los que pagan sobornos a los agentes de tránsito, a los que están dispuestos a pagar coimas para ganar un contrato, a los que están dispuestos a dejar comprar su función pública, normalmente no les preocupa qué implicaciones sociales pueda tener su conducta, porque primer están ellos, y luego el "resto del mundo".  Esto por supuesto, si se convierte en una regla universal, convierte a la sociedad colombiana en una sociedad inviable.

Imagen tomada de: http://www.eluniversal.com.co

Teniendo en cuenta, entonces, que la gente aspira a que sean los jueces los que resuelvan el asunto, lo primero es saber qué se puede hacer para que realmente puedan resolver la situación:

1) Garantizar las calidades morales de los jueces e investigadores en materia de corrupción.  En otras palabras, los sistemas de ingreso deben poder cuantificar y/o cualificar las calidades morales de los potenciales jueces, fiscales, e investigadores.

2) Garantizar que se pueda tener acceso a la información relevante para poder investigar la información.  La información existe, pero lamentablemente existen restricciones que impone la misma ley para tener acceso a esa información.  Los bancos tienen el historial transaccional de las personas, las secretarías de hacienda y la DIAN poseen toda la información tributaria de las personas a nivel nacional.  Los servidores públicos siempre deben declarar anualmente el estado de su patrimonio, que sirve de punto de comparación frente a la "realidad" económica de ese servidor público.  La UIAF tiene instrumentos para conocer las operaciones de corrupción.

3) Blindar la investigación y  juzgamiento de presiones externas.  No es desconocido que la prensa, los políticos y las empresas ejercen presión en uno u otro sentido para direccionar el funcionamiento de la justicia.  La filtración de la información es el principal enemigo, en la medida en que la información filtrada da lugar a que estos actores tomen medidas.  La información no filtrada da lugar a especulaciones, mas no a certezas.  No es fácil luchar contra "fantasmas".

¿Pueden adoptarse estas medidas?  Por supuesto que sí.  Todas ellas son realizables, pero requieren de un compromiso político que a la fecha no se ha dado.   No se trata de discursos, de debates, de figuración en medios con la "agenda anticorrupción".  Se trata de hechos: nombrar a los que son, sacar a los que no son, articular la información, impedir la injerencia en las investigaciones contra la corrupción, brindar apoyo a los actores encargados de investigar, proteger las investigaciones de las filtraciones.

Como se observa, son muchas las medidas que se pueden adoptar para que el Estado, como "ese otro" encargado de luchar contra la corrupción, pueda tomar medidas eficaces.  ¿Soluciona el problema?  Por supuesto que no.  El problema solo se solucionará cuando las personas dejen de ser tolerantes e incluso patrocinadoras de la práctica corrupta.  Sin embargo, es más fácil convencer a las personas cuando ven que el Estado actúa, que cuando ven que el Estado estimula la corrupción.

Fajardo, proponía eso que hemos referenciado.  Un Estado que cierra las puertas al incentivo de la corrupción.  Actualmente quedan dos: Duque y Petro.  Ninguno de los dos parecer actualmente salir bien librado (bien sea por ellos mismos o por las fuerzas políticas que representan) en este tema.  Sin embargo, el electorado que le dio su voto a Fajardo por su discurso anticorrupción, estará pendiente de si alguno de ellos realmente da muestras reales de estructurar un Estado que lucha contra la corrupción, o si estaremos condenados a seguir "rogando" porque venga un milagro.

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Por qué no voto por Santos ni por Zuluaga

El ingreso anterior en este blog se centró en defender el voto en blanco como una opción válida y legítima para las votaciones presidenciales en segunda vuelta. Se trató de un ejercicio para dar respuesta a aquellos que creen que el voto en blanco no sirve para nada. El voto, visto como un ejercicio de ayudar a que alguien pierda, sin duda permite llegar a esa desafortunada conclusión.  Mi alter ego es uno de esos ingenuos que cree que en el voto uno expresa el apoyo por un programa, y por un candidato.  En consecuencia, sólo le dará su voto a candidato y al programa que representen en un importante nivel su pensamiento de lo que debería hacerse en este país.

Desde el ingreso anterior, titulado "Del porqué del voto en blanco en segunda vuelta" se pudo manifestar algunas de esas razones. Sin embargo, considero que tan sólo es justo que si me atrevo a manifestar que ambos candidatos son un verdadero fiasco, intente fundamentar el porqué de mi opinión.  El ejercicio de esta entrada, entonces, consiste en explicar el porqué no va a votar mi alter ego por Juan Manuel Santos ni por Óscar Iván Zuluaga.

A. POR QUÉ NO VOTAR POR JUAN MANUEL SANTOS

1) Hace cuatro años, me dediqué a revisar todos y cada uno de los programas de gobierno de cada uno de los candidatos, a ver los debates, y consignar mis observaciones en este espacio.  Respecto del entonces candidato Juan Manuel Santos, consigné varias observaciones en la entrada titulada "Elecciones presidenciales I: Juan Manuel Santos", de las cuales quisiera destacar una de ellas:


"(...)  Su desmedida lealtad hacia la figura del Presidente Uribe lo muestra como un continuador del mandatario actual.  El problema es que esa misma lealtad fue profesada hacia Pastrana, y otros más.  Esa capacidad de cambiar de parecer genera cierto temor hacia lo que ‘realmente’ haría si llegara a la jefatura de Estado.  (...)."

Como se dan cuenta, mi temor de hace cuatro años era fundado.  Efectivamente Santos ha sido leales a todos (de boca), y desleales a todos ellos.  Subió apoyado en la inmensa popularidad de Álvaro Uribe, y una vez arriba, se desmarcó de su jefe natural, para hacer cosas completamente contrarias a las que dijo que iba a hacer.  Prometió continuar con los "tres huevitos de Uribe", y dio un giro de 180° frente a lo que dijo que iba a hacer. Algo similar ocurrió con Venezuela y Ecuador.  Eso da muestra de los dos defectos que más me molestan en una persona: la ingratitud y la deslealtad.

2) Toda persona tiene derecho a cambiar de posturas, y es natural que en 4 años, se requiera modificar sobre la marcha.  Pero cuando "modificar" se utiliza como un "eufemismo" para significar "hacer totalmente lo contrario", el asunto cambia.  No le di mi voto a él hace 4 años, pero si lo hubiera hecho, me sentiría absolutamente traicionado por lo que Santos hizo en este Gobierno.

3) No creo que el país se reduzca al proceso de paz de La Habana. De hecho, nadie sabe que es lo que realmente ocurre en La Habana.  Conocemos comunicados de prensa aproximadamente cada 6 meses sobre puntos de acuerdo, que no han sido refrendados por el pueblo.  Pretender polarizar al país bajo una disyuntiva de "guerra o paz" me resulta cobarde e irresponsable con los electores.

4) La situación de la educación en el país es lo más delicado que he vivido desde que tengo uso de razón.  Los muchachos en los colegios no salen bien preparados.  Las universidades han dejado de ser un filtro entre quienes poseen o no las aptitudes para acceder a ciertos títulos, para convertirse en "productores de afiches".  Las pruebas Pisa son un desastre, las pruebas Saber 11 también, y los ECAES ya no se hacen.  Considerar que la educaicón se soluciona construyendo más colegios, simplemente muestra que le gusta mucho la construcción.

5) La centralización de la repartición de los recursos públicos (la famosa "mermelada") ha sido una bonita forma de desconocer la Constitución de 1991 y de fomentar el amiguismo con el Ejecutivo, y la corrupción en muchos sectores, si no en todos.

6) La justicia en general, ha sido un fiasco.  Poner a Eduardo Montealegre en una terna de uno, para que fuera un político ambicioso como Fiscal, es un desastre.  Su fallida reforma a la justicia fue no sólamente descarada, sino mediocre.

7) No hubo más paros, porque no hubo más tiempo.  Y la razón por la que hubo paros, es porque Santos le sonríe a todos.  A todos les da gusto, pero a todos les incumple.  Mil paros, mil promesas, mil incumplimientos.

8) La firma irresponsable de TLCs sin potenciar la industria colombiana, va a ser un error muy costoso.  Como la gente de este país piensa al corto plazo, no ve la bomba de tiempo que nos ha dejado este gobierno.

9) Al revisar el programa de Gobierno, se atribuye triunfos que no son triunfos (situación de la salud en Colombia) o peor, triunfos que no son suyos (triunfos de deportistas colombianos que se han hecho a pulso.

B. POR QUÉ NO VOTAR POR ÓSCAR IVÁN ZULUAGA

1) Por tener absoluta falta de carácter.  El hecho de dejar que otro le define sus políticas de gobierno, demuestra su absoluta falta de carácter.  Preferible tener un líder errático que a un Presidente pusilánime.

2) Desde la campaña, Óscar Iván Zuluaga adoptó uno de los principales vicios el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: fomentar y/o coordinar y/o aprovechase de información ilegalmente obtenida.  Chuzar ilegalmente para poseer información es despreciable.  Ningún candidato que acuda al delito para fortaecerse, merece mi más mínima contemplación.

3) Es el mismo programa de Uribe. Ya tuve la oportunidad de ver qué tanto respeta Uribe su programa.  "Austeridad", "Una política exterior moderna","Fortalecimiento de la justicia" son tres de las cosas que no le puedo creer a quien de manera directa ha dado muestras de no ir por esa vía.  En especial, poseyendo yo un especial interés por los temas de justicia, considero que no es creíble la propuesta de esta campaña para ese punto,

4) La política en materia de paz que prevé el programa de Zuluaga a partir de la página 41 del programa que aparece publicado en la página web de su candidatura es absolutamente irreal e inalcanzable.  Creo en la seguridad, pero no quiero la guerra.  Una cosa es defender las poblaciones, y otra es propiciar el conflicto.  Me preocupa seriamente que se contemple la guerra como la única opción.

5) No se había dado siquiera la votación por primera vuelta, y gran parte de su equipo estaba comprometido en actividades ilegales o en estrategias de juego sucio.  ¿Qué esperar de él cuando suba? Otro Jorge Noguera, otra María del Pilar Hurtado, otro Bernardo Moreno?

6) Si Santos tiene el problema de ser leal a todos y no ser leal a ninguno, nadie tiene la certeza de a qué está jugando Óscar Iván Zuluaga.  Sus respuestas libreteadas, su sobreactuación ante las cámaras y en los debates permiten mostrar que no es un candidato auténtico.  Por otras razones distintas, se confirma el mismo temor que tuve con Santos hace 4 años: no se sabe qué es lo que haría Zuluaga si es elegido.  Ya dio una muestra de virajes inesperados cuando se adhirió Martha Lucía Ramírez a su campaña, y cambió su discurso frente a las negociaciones de paz.

7) Óscar Iván Zuluaga es el candidato de los grandes empresarios y terratenientes del país.  A ellos se les debe, y por lo tanto, no es dable esperar que sea un candidato de transformaciones sociales, sino del statu quo.  En un país con unos niveles de desigualdad y de inequidad tan profundos, esto es claramente un punto en contra.

8) Óscar Iván Zuluaga, no es sólamente él.  Es él, Uribe, 17 senadores más y una cantida de legionarios entre la ciudadanía, que muestran todos un mismo defecto (que no es pequeño): la intolrancia y la agresividad extrema.  Esto me gustaría, si este fuera el medioevo y estuvieramos jugando a conquistar territorios.  En el siglo XXI, no creo que sea un liderazgo adecuado.

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Del porqué del voto en blanco en segunda vuelta

- "Voy a votar en blanco en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia."

Así me lo ha manifestado mi alter ego con categórica seguridad. Su decisión es la de votar en blanco.  Ante esta decision tan categórica, me vi en la obligación de indagar acerca de los motivos para tomar esa determinación.  Básicamente se trata de tres razones:

1) El Presidente-candidato es una persona que ha sido capaz de traicionar el voto de las personas que lo eligieron hace cuatro años, desechar de un sólo tajo el discurso uribista que lo impulsó a la presidencia, y dar un viraje de 180° en temas fundamentales como: las relaciones con Venezuela, la estrategia frente a las FARC.  Juró no subir impuestos, y sí lo hizo.  En otras palabras, es una persona capaz de decir lo que parecería conveniente decir, para luego hacer lo que le venga en gana.

2) El candidato Óscar Iván Zuluaga es un candidato que ha acudido a las chuzadas ilegales (tan detestadas en cualquier país que se precie de garantizar libertades a sus ciudadanos).  Al igual que Santos, no maneja un concepto de responsabilidad política, y por lo tanto, acude a la ilegalidad, para llegar posteriormente a jurar que defenderá la Constitución y las leyes de Colombia.  Más contradictorio, creo que no se puede.

3) El Gobierno de Uribe quizá haya sido el más corrupto de los últimos tiempos.  Basta revisar cómo se negoció la reelección presidencial para caer en cuenta de ello.  Su campaña presidencial (la primera) tenía como bandera la lucha contra la corrupción, y vean en lo que quedó eso.  El caso del Gobierno de Santos no es muy distinto.  Centralizó la chequera del Estado para poder ser él el que reparte los recursos (la famosísima "mermelada").  Se alía con el que sea, y para lo que sea, con tal de llegar al poder.

Según me dijo mi otro yo, el tema del voto en blanco ha sido una decisión difícil de tomar.  Cuando inició la campaña, tenía claro que le daría el voto a cualquiera que no fuera el Presidente-candidato.  Luego de ver el juego sucio del Centro Democrático y su táctica de chuzar ilegalmente, descartó a ese candidato.  Le restaban 3 posibilidades, y fueron esas tres posibilidades las que quedaron descartadas.

El tema, sin embargo, tiene otras aristas que le he planteado a mi alter ego.  El voto en blanco, según dicen muchos, no sirve en segunda vuelta.  Creo que se equivocan.  El voto en blanco, al igual que cualquier otro voto válido en cualquier otra opción, implica la manifestación de una opción política.  Es tan legítimo decir que me gusta Santos, como decir que me gusta Zuluaga, o decir que no me gusta ninguno de los dos (voto en blanco).  Cuestión diferente es cuál es la consecuencia de que gane el voto en blanco.  Ahí sí, debo aceptar que no implica un cambio en los candidatos por los que se ha podido votar.  Sin embargo, parece ser que ese aspecto jurídico fuera el único que consideran los analistas en el país.  El voto es una manifestación política propia de una democracia y es el acto por medio del cual los ciudadanos empoderan al candidato que más los representa. Eso, no es derecho, es política.

El problema, según me cuenta mi alter ego, es que ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, lo representa.  Ningún candidato que irrespete a sus electores, en ningún lado del mundo, en ningún tiempo, podrá tener su apoyo.  Ningún candidato que recurra a la ilegalidad para tomar las riendas de la institucionalidad, en ningún lado del mundo, en ningún tiempo, podrá tener su apoyo.  ¿Acaso se sentiría cómoda su consciencia al saber que ha apoyado a un traidor o a un ilegal para que me gobierne durante al menos 4 años?  No.

Imagen tomada de: http://www.sysmaya.net

Hoy, en el diario "El Tiempo", he leído la columna de opinión de Natalia Springer que confunde la abstención con el voto en blanco.  Para ella, y quienes piensan como ella, les recuerdo: El voto en blanco es un voto válido.  Acudir a las urnas para decir que ambos candidatos me parecen desastrosos y que no piensa apoyar a ninguno de los dos, es un ejercició válido de mi derecho-deber democrático. Quien se abstiene de votar, no cumple con su deber.  Quien vota en blanco sí.  Si le resulta mucho más "democrático" a esta señora votar por miedo que votar en blanco, pues la felicito.  Sin embargo, hemos aprendido, mi alter ego y yo, que los votos por temor no sirven.  Votar por dicotomías aparentes y sobresimplificadas como "Paz o Guerra", es insultante.  4 años de gobierno en un Estado implican cosas mucho más amplias que eso.  Seguro si firmamos la paz, pero le damos el dinero público a los voraces políticos, dejamos sin inversión a las regiones, y de paso seguimos destruyendo la educación en el país, probablemente no haremos nada.  Si nos vamos a la Guerra, y dejamos de lado los puntos recién mencionados, también nos irá mal.

- "No le daré el gusto al Presidente para que me traicione a mí también.  Ya lo hizo con Uribe y con sus electores de hace cuatro años.  Tampoco me dejaré gobernar por un Gobierno de ilegales.  Los que van contra la ley, van en mi contra.  Por lo tanto, haré respetar mi derecho a hacerle saber a ellos y al país, que no le juego a la vagabundería.".

Visto así, no parece ser tan malo el voto jurídicamente irrelevante.  Votaremos en blanco, entonces...

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No es la fiesta de la democracia, sino que la democracia está de fiesta

Antes que nada, debo disculparme por la demora en volver a sobrevolar la blogósfera.  Ha sido una semana llena de bastantes sorpresas, y con abundante ausencia de tiempo.  En cierta forma, agradezco esta falta de tiempo, porque me ha permitido reformular en mi cabeza la idea que hoy pretendo exponer.

No seré popular por lo que voy a decir, pero nunca se ha tratado de ser o no serlo, sino de permitir compartir mis ideas respecto de ciertos temas.  Personalmente, luego de lo demostrado el pasado fin de semana en el país, considero que la democracia definitivamente no sirve aquí.  Desde que estudié en la universidad acerca de las ideas políticas, siempre he concluido que la monarquía sería mucho mejor.  Con ello no quiero afirmar que me hubiera fascinado vivir en una colonia española que trata peyorativamente por los ibéricos.  Me da lo mismo que vivir en una república independiente colonizada económicamente por los ibéricos y por los norteamericanos, y que también nos tratan peyorativamente.  El problema es que hace 200 años decidimos teóricamente ser independientes, pero nuestra servil mentalidad exige que alguien nos diga qué hay que hacer.  Nos gusta pensar que somos libres, pero siempre que el Tío Sam o su majestad nos certifiquen que lo somos.

Aclaro:  la democracia per se, me parece genial.  Lo que no me parece genial es que sea un pecado no creer en ella.  Por supuesto que es un modelo fabuloso, pero si le incluyéramos el componente de que al pueblo realmente le interesara gobernarse y elegir lo que es bueno para ellos.  En Atenas, se trataba de 50.000 personas que les interesaba inmiscuirse en los asuntos públicos y en los asuntos privados.  En verdad, les interesaba participar en lo político.  El pueblo quería gobernarse.

En Colombia, modelo 2010, tenemos 30 millones de potenciales votantes.  Cuando de 30 potenciales votantes salen 13 millones a votar, sentimos que hemos fortalecido la democracia.  De hecho, se habla de la fiesta de la democracia.  Personalmente, me parece una pésima fiesta.  Un abstencionismo que supera el 60% (algunos hablan de 66%) me indica que a más de la mitad de la población no le importa quiénes los representen en el Congreso.  Cuando llego a esa conclusión, debo poner en contexto que el Congreso, por esencia, es el órgano de representación del pueblo.  En otras palabras, en cualquier esquema que se acoja, el más democrático de los órganos de poder, es el Congreso.  En nuestro país, hemos demostrado que no nos interesa participar en la conformación del más democrático de los órganos.

Imagen tomada de:  www.ronda.com.co 

Por eso, sorprende cuando tantos ‘ilustres’ o ‘pensadores’ o ‘ilustres pensadores’ quieren montar en el país un esquema parlamentario.  Por supuesto:  33% de la población elige el Congreso, y de allí, se requerirían mayorías para elegir a un Primer Ministro.  En consecuencia, un 20% aproximadamente, montaría o tumbaría a un gobernante.  Eso me parece poco serio.  Si se trata de eso, volvamos al voto calificado.  Esta última modalidad de votoa era la más discriminatoria en materia de elecciones; sólo podían votar los dueños de tierras, que fueran varones, mayores de edad.  Evidentemente, eso cambió para permitirle a TODO el pueblo participar.  El problema es que al pueblo no le interesa hacerlo.

Veamos ahora ese 33% (por ahora me acojo a las cifras que conozco) de votantes.  De este porcentaje de personas a las que sí les importa tener poder decisorio sobre quiénes manejan el país, encontramos que hay un sinnúmero de personas que les gustaría elegir, pero votan mal.  Esuché en la radio que hubo alrededor de 1,5 millones de votos nulos en las pasadas elecciones.  Esto me preocupa mucho, porque siendo absolutamente claros, me resulta increíble que 1,5 millones de personas fallaran en marcan un tarjeton con 1 o 2 equis, dependiendo de si se trataba de un voto preferente.  Estoy de acuerdo en que los tarjetones no eran claros, y no tenían foto, pero no por ello puedo excusar que las personas fallen en marcar una o dos equis en un papel.

Me preocupa mucho, porque eso me permite divagar acerca de qué tan sopesada e informada puede ser la elección de una persona en estas condiciones.  ¿Será que revisan las propuestas de los candidatos?  ¿Será que revisan quién representa sus deseos en materia de seguridad, salud, educación, empleo o inversión social?  Me queda la duda.

Aparte de los que no pudieron votar adecuadamente, por tratarse de votos nulos, están los que sí saben votar pero venden su voto.  De todos los analizados hasta el momento, estos son los más canallas e insensatos.  Cambiar un voto por un tamal, o por $20.000, es ridículo.  Es una falta de respeto por sí mismo, y por supuesto, a ningún analista le permitira sacar conclusiones muy halagadoras de esta fiesta de la democracia.

Por último, están los votos corruptos.  8 curules para el Senado obtuvo el nuevo partido PIN, creado a partir de la unión de los exparlamentarios inmiscuidos en líos de parapolítica, narcotráfico, u otros.  La mayor votación del Partido Liberal fue de la esposa de otro congresista condenado por parapolítica.  El cuestionado senador Hernán Andrade, Presidente del Congreso, premiado con otra altísima votación.  Estos votos sumados, siguen restándole a la cifra de votos válidos.

A manera de conclusión, entonces, tenemos que en Colombia eligió el 34% de votos posibles.  De ese 34%, hay muchos votos nulos, muchos votos vendidos, y otros tantos votos emitidos a favor de personas o partidos altamente cuestionados.  No me culpen, entonces, por pensar que la democracia aquí no funciona.  Prefiero un sistema menos bueno, pero que funcione, y no seguir creyendo que tenemos los niveles de seriedad de los países escandinavos, y una cultura democrática al estilo norteamericano.

Por supuesto, todo ello sería evitable, si este se tratara de un país de personas educadas.  El problema principal es la falta de educación, y ese problema, no lo resolverán desde arriba, porque a esta élite le conviene seguir contando con un pueblo feliz e ignorante, que puedan mantener tranquilo con pan y circo.  Lamentablemente, educación no es solo poder aprender un oficio.  Educación es capaz de entender medianamente el mundo que nos rodea, y poder tomar decisiones acerca de qué rumbo tomar.  El país demostró lo desorientado que está.  De lo contrario, que alguien me explique por qué razón habría uno de votar por Andrés Felipe Arias, a sabiendas de que ninguna propuesta suya es suya, y conociendo el nivel de los escándalos que lo rodean.

En definitiva, no fue la fiesta de la democracia.  Por el contrario, la democracia está de fiesta, y desde hace rato.

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