Mi opinión sobre el Procurador

Con cierta sorpresa he tenido la oportunidad de revisar un artículo que fuera publicado en la última edición de la revista Semana, titulado “Se acabó el recreo”.  En ella, se hace referencia a la labor que han venido desempeñando la Contralora General de la República, Sandra Morelli, la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, y el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.

Sea lo primero aclarar que no estoy de acuerdo en que pongan a los tres en un mismo plano.  No tanto porque Morelli y Morales contagien al Procurador de sus éxitos, sino porque me preocupa que quizás a aquéllas se les pudiesen contagiar los pecados que carga encima el Procurador.  Por ello, me gustaría ocuparme únicamente de aquel que me parece que no encaja.  En otras palabras, podríamos decir como la canción que muchos escucharon a lo largo de su niñez:

Uno de nosotros no es como los otros…

Es diferente de todos los demás…

Alejandro Ordóñez ha pasado de ser el defensor a ultranza de Álvaro Uribe y de todo el proyecto político que él representaba, para mostrarse como un adalid de la transparencia pública y de la justicia.  Él fue quien inicialmente decidió cerrar las investigaciones por yidispolítica que había iniciado su antecesor, Edgardo Maya Villazón.  El mismo que cambió el proyecto de formulación de cargos contra Diego Palacio y Andrés Felipe Arias es quien hoy blande el sable de la justicia con firme empuñadura.

Anteriormente, Uribe y su gente estaban tranquilas al saber que “El Absolvedor” –como lo denomina un conocido columnista colombiano– se encargaría de archivar las investigaciones que pudieran haberse iniciado en contra de ellos.  Personalmente, no me uno a las consideraciones de ese columnista.  Mi visión particular sobre el tema es que antes nos encontrábamos ante “Alejandro el Ciego”.  Hoy, ante el cambio de vientos que se ha dado con Santos, su gabinete, Morelli y Morales, el Procurador parece haberse adaptado a esta nueva realidad política, y se ha vuelto “Alejandro el Demoledor”.

 Imagen tomada de:  www.semana.com

Quizá más de uno respondería a lo anterior parafraseando al Presidente Santos, indicando que “sólo los imbéciles no son capaces de cambiar de opinión”.  Concuerdo con eso.  La pregunta es:  ¿El Procurador está allí para dar su opinión o para emitir conceptos jurídicos?  Difícil cuestión.

Probablemente si le formulásemos esa pregunta a personas como Dworkin o a sus seguidores, habrían de responder que la pregunta está mal planteada, en la medida en que la emisión de un concepto implica que previamente se ha cimentado una opinión personal acerca de lo que es o no es jurídico.  El realismo jurídico norteamericano, por ejemplo, no podría estar más de acuerdo.

Si le hiciese esa pregunta a los teóricos de concepciones mucho más formalistas del derecho, como es el caso de Kelsen, igualmente me diría que la pregunta está mal formulada, en la medida en que estaría presuponiendo que hay varias opciones jurídicas allí, y que por ende hago referencia a ‘conceptos’.  Kelsen me diría que el derecho válido no puede ser contradictorio pues la norma fundante lo hace coherente.  Por tanto, el Procurador no debería emitir conceptos ni opinar, sino aplicar el ordenamiento jurídico, coherente y sistemático.

Si le formulásemos esta pregunta a un escéptico del derecho, como es el caso de esta Gaviota, quizá diría que el Procurador no opina ni emite conceptos, sino que hace lo que se le da la gana, y luego dice que eso es derecho.  Por cierto, no es el único que hace este clase de ejercicios.  El Presidente del Consejo de Estado hace lo mismo, y con él, otros tantos señores que representan la pureza jurídica.

Me he desviado… No se trata de mirar si el derecho admite conceptos u opiniones, se trata de explicar por qué el Procurador no es el adalid de la justicia.  Es una mente jurídica con alma mercenaria, que se acerca al árbol que más sombre le da.  Antes era inflexible y ahora también lo es.  Antes era detestable, y todavía lo es.  El problema es que hemos de concluir que las razones para llegar a estas conclusiones han dado giros bruscos.  No creo que en cuestión de un año y medio, el Procurador haya cambiado su concepción acerca de lo que es ajustado a la Constitución y la ley, y lo que no lo es.  Sí creo, en cambio, que su olfato político lo ha llevado a que sus conceptos varíen.

Diría esta píldora de sabiduría popular, de forma satírica:

¿Pa´ dónde va Vicente?

Pa´ donde va la gente …

¡Claro! En sentido estricto, la pregunta debería formularse como: ¿Pa´ donde va a Alejandro?  Sin embargo, se pierde la gracia.  Perdonarán que no encuentre algo que rime con Alejandro.

¿Por qué, entonces, hacer referencia al Demoledor, que de antaño se conocía como el Ciego?  Por una particularidad especial.  Así como es de variable, políticamente, aparentemente es de infranqueable en su ética religiosa.  Ello ha sido uno de los puntos con los que más le ha tocado sufrir, en la medida en que se le tilda de retrógrado, de inquisidor, y de cosas similares.  Lo que puedo afirmar desde este tribuna, es que el señor Ordóñez es efectivamente un aparente seguidor a ultranza de la versión derechista del catolicismo.

Esto lleva a entonces a lo siguiente:  ¿Qué pensar de alguien que es aparentemente consecuente con su ética religiosa pero que es inconsecuente con la ética jurídica?  ¿Es que acaso la conciencia se puede dividir?  ¿La verdad para Dios y la mentira para el prójimo?  No es lógico.  Personalmente no creo que se pueda ser paladín de la religión y de la justicia, si el actuar no es consecuente.  La coherencia ética es lo que distingue, en mi sentir, a los grandes hombres de los demás.  Claramente, no puedo catalogar al Procurador como uno de los primeros.  Si realmente siguiese la palabra de Jesús, quizá no tendría una visión tan flexible de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es justo y no lo es.

Estén bien o estén mal, Morelli y Morales están jugando su juego en un mismo lado.  “Alejandro El Demoledor” moja su dedo y apunta al cielo para saber en qué dirección y con qué fuerza sopla el viento.  Veremos cómo reacciona en algunos meses, cuando los tiempos cambien nuevamente.

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Sobre la reforma constitucional a la justicia

Esta semana me he enterado del proyecto de ley sobre la reforma a la estructura orgánica de la justicia.  Como consecuencia del estudio de proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno, me encuentro con una seguidilla de sinsabores relacionados, no tanto con la reforma vista desde el punto de vista abstracto, sino por la causa de esa reforma.  Al respecto, he publicado ya una columna de opinión titulada “Última bofetada de Uribe a los jueces”, en la que hago un pequeño análisis del contenido de la reforma, y al final dejo esbozada la opinión que a continuación desarrollaré con un poco más de contenido, debido a las limitaciones de espacio con las que cuento en el portal de noticias.

El proyecto fue anunciado en los medios de comunicación como una reforma que permitiría al Presidente de la República designar al Fiscal General de la Nación.  Curiosamente, sin embargo, la reforma no contempla que la Fiscalía pase a ser un órgano de la Rama Ejecutiva.  La ubicación estructural y orgánica de la Fiscalía, al parecer terminaría siendo un engendro mucho más exótico que lo actualmente es.  En efecto, los profesores de Derecho, al enseñar estos pormenores, mencionan que la Fiscalía fue estructuralmente concebida como parte de la Rama Judicial, aunque goza de un presupuesto autónomo, lo que la haría un órgano diferente e independiente.

Para muchos ese engendro vendría a ser algo curioso, pues era parte de la Rama Judicial, aunque sin serlo, por la autonomía de la que goza la entidad respecto del resto de la Rama.  Ahora, con la reforma, sería algo mucho más curioso, pues seguiría siendo Rama Judicial, pero ahora el Fiscal sería designado por el Presidente de la República, cuando hasta ahora dicha designación es efectuada por la Corte Suprema de Justicia, aunque de terna enviada por aquél.  En consecuencia, el Ejecutivo sería Dominus  de la Fiscalía, aunque formalmente no lo sea.

De otra parte, la función de control disciplinario de los Altos Funcionarios del Estado pasaría a ser ejercida por el Congreso de la República, y ahora, el Senado sería encargado de dictar sentencias (¡!) en ese ámbito.  Por último, y regresando al tema penal, se crearía un nuevo órgano encargado de la persecución penal de esos mismos Altos Funcionarios, aunque la Corte Suprema de Justicia conservaría la función de juzgamiento.

Sin embargo, esa función de juzgamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia cambiaría un poco.  En la actualidad, la Corte investiga y juzga, por lo que evidentemente rige allí un sistema inquisitivo en el que juzga quien investiga, algo que ha sido fuertemente criticado desde varios frentes.  Con la reforma, como ya se mencionó, la Corte seguiría juzgando.  No obstante, esta función implicaría, en adelante, la creación de un sistema de doble instancia, en donde tres Magistrados se encargarían de juzgar en primera instancia, y se podría recurrir en apelación, lo que implicaría que el resto de la Corte conocería del juzgamiento en segunda instancia, aunque sin contar con la presencia de los tres Magistrados que juzgaron inicialmente.

A esto último, el derecho procesal colombiano usualmente lo denomina como recurso de súplica, y opera respecto de autos, mas no de sentencias que diriman la controversia.  En materia administrativa, sin embargo, sí se ha previsto un recurso de súplica (también muy sui generis), que se asimila a la casación, aunque sin serlo.  Al igual que la casación, se trata de un recurso extraordinario.  Con la reforma, estaríamos ante un recurso de súplica, pero que no es súplica sino apelación.  Todo un collage procesal.  Así se plasmó, y probablemente así pasará.

Obsérvese entonces, que son tres grandes reformas las que allí se plantean, y convendría preguntarse, por qué optar por esas reformas, y sobre todo, por qué esas y no otras.

Al respecto, se pueden brindar respuestas filosóficas en todo sentido, pero desde el punto de vista práctico, el tema es claro.  Son esas tres situaciones las que han afectado de manera directa al gobierno que sale.  Recordarán los lectores que la Corte Suprema de Justicia ha sido la ‘paja en el ojo’ del gobierno.  Molesta de manera indirecta cualquier interés que tenga el gobierno, aunque sin atacarlo directamente a él.  Los procesos de parapolítica, en los que la Corte ha optado recientemente por cambiar su jurisprudencia (incluso mediante autos) para avocar conocimiento de lo que se le antoje, a pesar de fueros y demás, ha sido un dolor de cabeza para el gobierno pues muchos de sus coequiperos han caído allí en esos cambios de jurisprudencia que han llevado a condenas ‘cantadas’ e ‘impuestas’ sin mayores sorpresas y sin el menor sonrojo.

Además de la parapolítica, la Corte ha estado activamente participando en temas como las investigaciones por las interceptaciones ilegales de comunicaciones por parte del DAS, así como en los ya conocidos procesos sobre la ‘yidispolítica’, relacionados con las irregularidades en el trámite de la primera modificación constitucional que permitió la reelección del Presidente Uribe.  Por lo tanto, motivaciones no le faltan al gobierno para querer sustraerle poder a la Corte, y dejarla diezmada frente a sus proyectos.

Cuestión similar puede predicarse del tema disciplinario.  En época del Procurador Edgardo Maya, el gobierno tuvo que resistir importantes embates por temas iguales o similares a los arriba enunciados, encontrando a una Procuraduría independiente y feroz frente a las faltas cometidas.  A pesar de que con su gran aliado, Hernando Ordóñez el tema ha amainado un poco, sigue estando latente el peligro de que altos funcionarios del gobierno, u otras personas cercanas al mismo, puedan ser sancionados.  Para la muestra, revisen la sanción impuesta al Gobernador Abadía, y los motivos que a ella llevaron.

Por el lado de la Fiscalía General de la Nación, si bien es cierto que ha existido una resistencia al Gobierno desde esa institución, no considero que sea esa la motivación principal del cambio.  Si así fuese, probablemente habría modificación en cuanto a las facultades de investigación o a los fueros legales que actualmente existen.  Por ahí no va la reforma.  Esta última tiende a modificar al nominador del Fiscal General, y no mucho más.  Esta propuesta ha sido lanzada varias veces desde otros lugares ajenos al gobierno, y nunca pasó de allí.  Ahora, sin embargo, el Presidente entrante, durante su campaña, propuso nuevamente el tema.  Contando, como en efecto cuenta, con un gran apoyo a nivel nacional, no sería extraño que la propuesta fuera presentada por ellos y probablemente que hubiese sido tramitada con éxito.

¿Por qué, entonces, plantear esa reforma ya?  Considero que la respuesta yace en la cólera presidencial por la manera como la Corte Suprema ha jugado burdamente con el nombramiento del Fiscal General de la Nación.  Han pasado varios candidatos por la terna presidencial, y ninguno obtiene los votos necesarios.  Temas de inviabilidad, de reflexión profunda, de garantías de independencia, y otras tantas razones han sido planteadas por la Corte en diferentes momentos.  La verdad es que ellos consideran que están en un cónclave como del medioevo, donde podrían transcurrir años sin que se eligiera a un Papa sin que nada cambiara.  Actualmente, sin embargo, los costos institucionales son demasiado altos, pero ellos siguen jugando.

Considero yo, como lo planteé en la columna en www.noticias.com.co que el asunto tiene mucho que ver con un último desquite que quiere efectuar el Presidente Uribe frente a las Cortes (y particularmente la Corte Suprema de Justicia) por pretender ser los únicos a nivel institucional que no se doblegan ante su voluntad.  Para él (Uribe), eso es inadmisible, y el mensaje de no dejarse doblegar por la Corte, es claro.

Lastimosamente, aunque algunas de las reformas en sí mismas no parecen odiosas, al sumar la motivación real que lleva a todo un trámite de reforma constitucional, huele demasiado feo.  Lo peor, es que con un Congreso evidentemente oficialista, poco será lo que probablemente se haga por discutir el alcance real de las reformas.

Es el momento para que los abogados colombianos empecemos a utilizar paraguas y gafas de sol.  Algo así es lo que se viene encima con la reforma.  ¡Qué pesar!

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