Algunas inquietudes sobre la candidatura de Petro

Debo admitir que desde hace mucho tiempo he dejado de entender por qué razón los seguidores de Gustavo Petro consideran que él debe ser Presidente de la República.  Sin embargo, antes de abordar el tema, debo presentar algunas advertencias a los lectores de este espacio:

PAUSA DE ADVERTENCIAS:

1) Siempre me ha gustado el rol de Petro como senador.

2) Petro me pareció un pésimo alcalde de Bogotá.

3) Para discutir el contenido de esta entrada, se debe debatir el contenido de esta entrada.  No entraré en polémicas con personas que intentar cambiar el foco de discusión (Ej. "Pero Uribe es peor porque...").  El tema de discusión no es Uribe, no es Duque, no es Trump, no es Roy Barreras, es Petro.

4) No discuto con personas agresivas.  Si alguno de los que pretende discutir el contenido de este ingreso se va a poner en ese plan, sepa desde ya que omitiré cualquier tipo de mensaje agresivo.

FIN DE LA PAUSA

Gustavo Petro es una persona inteligente, de eso no me cabe la menor duda.  No me refiero únicamente a la sagacidad sino también a su respaldo intelectual.  La gran mayoría de temas que Petro aborda, los respalda suficientemente bien, y es de los pocos políticos que referencia a pensadores de distintas disciplinas (principalmente lo hace en materia económica, pero no es el único caso).  Eso merece ser respetado, especialmente en un país en donde la clase política se caracteriza por ser especialmente mediocre en ese campo.  Tan inteligente lo considero, que he de reconocerle una especial habilidad de movilizar pasiones a su favor.  Esto no es fácil en ningún contexto y en ningún país.  Y Petro lo sabe hacer muy bien.  No es fácil que una persona pueda escapar casi ileso de escándalos como el de la bolsa de billetes, o los hallazgos en materia de contratación durante su alcaldía.  Él lo ha podido hacer, hasta el punto que hace parecer que el responsable no es él, por incurrir en esas conductas, sino los que lo grabaron o lo acusaron.

Imagen tomada de: www.forbes.co 

Entiendo por qué muchas personas lo puedan querer, especialmente los de las clases menos favorecidas.  Es tan solo lógico pensar que una persona que profesa una marcada ideología de izquierda, de un pasado guerrillero, y con una fuerte admiración por ideologías socialistas y marxistas seduzca principalmente a ese sector de la población.  Y en parte (a pesar de que esa no es la ideología que yo profeso), me alegra que este sector de la población tenga políticos que los representen con  coraje.  Eso es necesario en cualquier democracia.

Dicho lo anterior, conviene precisar mi "gran duda" respecto del tema Petro.  No puedo entender cómo alguien que se pueda considerar defensor de una democracia, quisiera proponer a Gustavo Petro como Presidente.  Si algo caracteriza a una democracia desde el punto de vista teórico, es la preponderancia de las instituciones por encima de las personas, y por lo tanto la búsqueda de tener instituciones fuertes, el respeto de estas, y la ausencia de concentración de poder.  Petro no representa ninguna de estas tres cosas.  Por el contrario, el Senador Petro es uno de los que constantemente invita al desconocimiento de muchas de estas instituciones, promueve y defiende las vías de hecho por parte de manifestantes. Él constantemente se dedica a descalificar a sus oponentes (algo que es casi que una obligación en la política colombiana), pero también lo hace con antiguos aliados políticos (algo que no solo es extraño sino preocupante).

Para Petro, quien no está con él está contra él; no existe una noción más antidemocrática que esa.  Es exactamente el mismo tipo de filosofía del hoy presidente de los Estados Unidos, el señor Trump.  Ya vieron el nivel de problemas que puede esto generar cuando ese tipo de personas llegan a la más alta magistratura de un país.  En el caso de Trump, casi despedaza a la -hasta ahora- primera potencia mundial.  Y eso que se trata de un país con instituciones democráticas mucho más fuertes que las de Colombia.  Imagínense lo que podría pasar con una persona así, pero en un país como estos.  La respuesta ya existe: es lo que pasó en Venezuela.  Debo aclarar: el ejemplo de Venezuela no lo tomo porque se trate de un régimen de izquierda, sino porque el perfil psicológico del mandatario de Venezuela, es similar al perfil psicológico del mandatario de los Estados Unidos, que es similar al perfil psicológico del perfil psicológico de Petro.

Veamos:

1) Cuando me refiero a Venezuela (ver el párrafo anterior), no me refiero a Nicolás Maduro.  Me refiero a Hugo Chávez.  La permanencia en el poder de Nicolás Maduro sería absolutamente imposible si no hubiera sido porque vino después de Hugo Chávez. Él no tiene ni la capacidad ni la inteligencia de Chávez. Este último fue el que cambió toda la estructura institucional de ese país.  Al igual que Petro y Uribe en Colombia, Chávez tenía la habilidad de seducir e incitar a sus seguidores.  Un manejo avanzado de esta habilidad genera una consecuencia a mediano y largo plazo: lo que sea que diga el líder, es "la" verdad.

2) Ese concepto que hoy tenemos tan arraigado de la fake news (noticias falsas), tan promovido y cacareado por Trump durante estos últimos cuatro años, no sería posible sin que opere el fenómeno al que hice referencia en el punto anterior.  El concepto sistemático de fake news requiere que la verdad del líder se oponga sistemáticamente a la verdad de los medios de comunicación.  Por eso es que estos líderes requieren que su verdad sea difundida sin intermediarios, y sin censura.  Ejemplos moderados de este tipo de ejercicio los vemos todos los días en el país (Petro, Uribe, Trump).  En el país, hoy utilizan el término de "las bodegas" para hacer referencia a estos grupos de soldadores de las redes sociales. Ejemplos más avanzados de este tipo de comunicación los podemos ver en la Venezuela de Chávez y en la Alemania de Hitler.  Al llegar a ese estadio, la propaganda "es" la verdad.

3) Los complejos mesiánicos suelen ser el síntoma más obvio y visible de los antidemócratas.  En el país, tenemos claros y recientes ejemplos de este tipo de personalidades, Álvaro Uribe Vélez (complejo mesiánico con ideología de derecha), y Gustavo Petro (complejo mesiánico con ideología de izquierda). No es coincidencia el odio visceral que se profesan mutuamente.  Son casi iguales, pero con ideologías opuestas. No pueden hacer nada distinto que intentar eliminarse entre sí.  Si quieren llevar esto a planos internacionales más o menos conocidos, podemos revisar el caso de Chávez (ya visto), el de Putin en Rusia, el de Daniel Ortega en Nicaragua.  Algunos buenos para su país, otros desastrosos.

4) El problema de los caudillos, y la razón por las que denomino como antidemócratas, es que toman como punto de partida el punto de partida contrario al de cualquier demócratas: lo relevante no son las instituciones fuertes, sino las personas.  Nada más contrario a un ideal de democracia que ese.

Retomo, entonces, el punto de partida de esta entrada.  No entiendo cómo los seguidores de Gustavo Petro consideran que él debe ser el Presidente de la República. Debo sin embargo, matizar la afirmación.  Entiendo perfectamente por qué los seguidores radicales de Petro lo hacen.  Son sus discípulos, y siguen "su" verdad.  Eso es lógico, y ya hemos vistos demasiados casos así en el mundo, y en el país.  Lo que no puedo entender es cómo las personas con una buena y profunda formación en democracia, en derecho constitucional, en ciencia política, pueden considerar que la candidatura de Petro es una buena idea, desde una perspectiva democrática.

Personalmente, y esta es mi opinión final: siempre estaré dispuesto a votar primero por alguien que represente el modelo democrático, que por alguien que represente el modelo antidemocrático, independientemente de que sea de izquierda, de centro o de derecha.  Eso incluye a Petro.

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Comentarios sobre el proceso contra Álvaro Uribe Vélez - Parte 1

 El proceso penal seguido en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez tiene demasiados componentes por considerar, aunque en sentido estrictamente académico, no tendría por qué ser así.  He considerado oportuno escribir mis impresiones sobre el particular, desde las diversas ópticas que medianamente domino (el derecho y la filosofía), y por último mi impresión política sobre este mismo asunto.  Se trata de tres entradas distintas, cada una escrita desde una perspectiva distinta.

Parte 1: Aspectos jurídicos del proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez

Imagen tomada de: www.lapatria.com

A. El problema del fuero.

El fuero es una institución jurídica que consiste en privilegiar lo que en derecho se llama "el factor de competencia subjetivo".  Para entender esto, es importante recordar que todo proceso judicial debe tener un juez natural que conoce del proceso.  Se le denomina un juez natural, porque se trata de aquel funcionario que de conformidad con una ley preexistente al hecho objeto de investigación, es el llamado a juzgar ese delito.  La manera de saber a quién le corresponde esto, depende del lugar donde se cometió el delito, el tipo de delito que se cometió y la fecha en que se cometió.  Sin embargo, hay personas que debido a condiciones personales específicas (casi siempre se refiere al cargo público que se desempeña) pueden modificar la asignación que correspondería a la generalidad de la ciudadanía.  A esto se le denomina un fuero.

Un ejemplo: Si yo mato a una persona hoy en Bogotá, mi delito debe ser investigado por la fiscalía y juzgado por un juez penal del circuito de Bogotá.  Si ese mismo homicidio es cometido por un congresista, debe ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia.  Si ese mismo delito es cometido por un presidente en ejercicio, debe ser investigado por la Comisión de Acusaciones y Juzgado por la Corte Suprema de Justicia.   

Como pueden observar, los fueros pueden afectar la asignación de quién investiga y quién juzga.

Como se observa, el fuero está ligado a que se acredite la condición personal que hace que se exceptúe la regla general en materia de investigación y juzgamiento.  Por ello, si desaparece la condición personal que origina el fuero, debe desaparecer el fuero, y por lo tanto debe ser restablecida la regla general en materia de investigación y juzgamiento.  La excepción es el caso del fuero funcional -tema que no aplica aquí, por lo que omitiré su explicación-.

Esto que acabo de explicar es como debe funcionar el fuero.  La Corte Suprema de Justicia, en la época de las investigaciones por parapolítica, varió la regla.  Lo hizo, porque la mayoría de congresistas que estaban siendo investigados por parapolítica, estaban renunciando a sus cargos, con la esperanza de que sus procesos fueran enviados a la fiscalía, a dormir el sueño de los justos.  En aquella época, hace aproximadamente 11 años, decidió la Corte que a pesar de la renuncia al cargo, los congresistas no perdían el fuero (¡!).  Inexplicable... al menos desde el punto de vista jurídico.

Por eso, antes de que se decidiera la remisión del proceso por la Corte Suprema de Justicia a la fiscalía, habría apostado a que iban a revivir esa tesis para no dejarse quitar el caso de Uribe.  Sin embargo, no fue así.  En mi opinión, la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia era la decisión que correspondía, bajo un análisis estrictamente jurídico.

B. La importancia de saber qué es lo que está siendo objeto de investigación.

La gran mayoría de análisis que he escuchado o leído sobre este caso, son políticamente motivados y políticamente estructurados.  En el derecho hay campo para la interpretación pueda generar conclusiones distintas.  Sin embargo, el derecho no es una disciplina relativista, y en consecuencia, no todo se puede y no todo vale.  Por lo tanto uno no puede condenar o absolver a Uribe sino a partir de las pruebas obrantes, y a partir del delito investigado.  Por lo tanto, resulta sorprendente ver a prominentes abogados concluyendo cosas diametralmente opuestas, como si estuvieran hablando de procesos distintos.

Igualmente sorprendente es que muchos de los análisis supuestamente jurídicos toquen temas como los de la investigación al hermano, las masacres de los paramilitares o los tristemente famosos "falsos positivos".  Nada de esto tiene que ver con la investigación que lo tiene privado de la libertad. Si el análisis es eminentemente jurídico, es indispensable ser juicioso a la hora de analizar qué es lo que se está discutiendo aquí.  La pregunta concreta es si Álvaro Uribe Vélez directa o indirectamente sobornó testigos con fines de obtener un resultado judicial favorable en el caso seguido contra el Senador Iván Cepeda.

C. La medida de aseguramiento.

En derecho procesal penal, se insiste que la medida de aseguramiento no es ni puede ser una condena anticipada.  En consecuencia, imponer una medida de aseguramiento a alguien en el marco de una investigación penal, no es un demostración de responsabilidad penal.  Esto es una verdad jurídica normativa y no es simplemente mi opinión personal.  Sin embargo, cuestión distinta es que la gran mayoría de autoridades públicas relacionadas con el proceso penal actúen en frontal contravía a la verdad procesal que acabo de referencia.

En la práctica, las autoridades sienten que la verdadera meta del proceso penal es que se impongan medidas de aseguramiento.  Por eso es que existen tantos procesos que a pesar de tener gente privada de la libertad sin ser condenada, lleva a que los procesos se pierdan por prescripción o incluso por sentencias absolutorias.

Aclarado lo anterior, procedo a emitir mi opinión jurídica sobre la medida de aseguramiento en abstracto, dado que no tengo el más mínimo interés en leer más de 1500 páginas. Para esos efectos, prefiero leerme Don Quijote de la Mancha de nuevo.  Una decisión de esa extensión no tiene ningún sentido procesal, no solo porque hace absolutamente imposible que un defensor se lea la totalidad de este documento en el término de ejecutoria, sino porque atenta contra cualquier concepto de lógica argumentativa y de redacción.

En la gran mayoría de procesos penales suele existir una clara distinción entre las causales para imponer una medida de aseguramiento, y el delito investigado.  Esto quiere decir que comprobar una probable autoría del delito no comprueba automáticamente las causales de procedencia de la medida de aseguramiento.  En este caso esto no ocurre debido a que una de las razones por las que se puede imponer una medida de aseguramiento, es porque exista el riesgo de obstrucción a la investigación, entre otros temas por manipulación, supresión o desaparición de pruebas.  Bajo ese entendido, si la Corte consideró que existía una probable autoría por parte de Uribe de los delitos, en la práctica estaría reconociendo igualmente que es perfectamente probable que pueda intentar manipular las pruebas en este caso.  Por lo tanto, no es sorprendente que se haya dictado una medida de aseguramiento con fundamento en esa causal.

D. El procedimiento a seguir.

En la reciente audiencia seguida ante un juzgado de control de garantías, la funcionaria judicial que conoció de la misma, ordenó remitir el proceso a la Corte Suprema de Justicia para efectos de que se pronuncie sobre el procedimiento penal a seguir en adelante.  Quienes piden ser reconocidos como víctimas, y la parte civil que ya había sido reconocida (Senador Cepeda), consideran que el proceso debe seguir bajo la Ley 600 de 2000 (la norma que se estaba aplicando cuando el proceso cursaba ante la Corte).  Los demás sujetos procesales consideran que se debe seguir el trámite de la Ley 906 de 2004.  Personalmente, considero que el proceso debe seguir por Ley 600 de 2000, por la incompatibilidad de los dos sistemas.

Imagen tomada de: www.semana.com

Hay un tema grueso (más allá de la explicación estrictamente jurídica) que explicaría el porqué todas las víctimas podrían abogar por la aplicación de la Ley 600 de 2000: el cambio del concepto de prueba en ambos sistemas.  Me explico: En la Ley 600, todo documento, testimonio u otro medio probatorio allegado durante la fase de investigación, es prueba.  En la Ley 906, no.  Si se cambia de procedimiento, es perfectamente viable que la defensa alegue que como no hay pruebas, se debe conceder la libertad inmediata, y que en su defecto, la fiscalía podría volver a solicitarla.  Eso es algo que Cepeda, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo (estos últimos no tengo la menor idea qué pueden estar haciendo ahí, pero el caso es que pidieron ser tenidos como víctimas), definitivamente no quieren.

Como no tengo ningún tipo de apasionamiento en un sentido o en el otro, repito mi opinión sobre el particular: Los dos sistemas penales existentes no previeron un régimen de transición de uno al otro.  En consecuencia, la ley está estructurada para que si un proceso inició bajo un sistema continúe bajo ese sistema (independientemente de cual de ellos sea el que se aplicó primero).  Dado que no hay una norma que admita la transición de sistemas, las posibilidades son tres: 1) Que se continúe por la Ley 600 -que es lo que creo que debería ocurrir-; o 2) Que se cambie de sistema surtiéndose un trámite por parte de la fiscalía para que se tenga como prueba anticipada lo que ya se ha surtido ante la Corte; o 3) Que se cambie de Ley 600 a Ley 906, y por ser sistemas incompatibles se busque la declaratoria de nulidad de todo lo actuado -que es lo que creo que busca la defensa de Uribe-.

En la siguiente entrada, abordaré el análisis a partir de la perspectiva filosófica, de lo que veo que está pasando con este proceso. 

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Sobre el Fiscal Barbosa

La Fiscalía General de la Nación es un problema grande para el país.  Cuando empecé a estudiar derecho, esta entidad apenas tenía 10 años de haberse creado, y era el reemplazo institucional a la figura de los jueces de instrucción.  La entidad prometía, y mucho.  En un país en el que la criminalidad (en todas sus formas) es parte del diario vivir, se requiere de una entidad formada en la investigación de delitos, y en el enjuiciamiento criminal.  La apuesta era ambiciosa, y en un principio parecía que iba a salir bien.

Pero no.  No ha salido bien, y eso le cuesta a los ciudadanos mucho.

Como causas estructurales, hay muchas, pero enuncio tan solo algunas:

1) El sistema de carrera para la designación, calificación y retiro de funcionarios está incompleta (solo sirve para nombrar, y tras muchos años) y por lo tanto, sacar a un mal funcionario es supremamente difícil.

2) No hay control efectivo de la actuación de fiscales, y menos aún hay control del Fiscal General de la Nación.  En la práctica, puede hacer lo que quiera.

3) Cuando la cabeza de estas entidades no es una persona idónea, no hay manera que los fiscales honestos puedan hacer su trabajo bien.  Esto no es un simple decir.  Algunas de las posibilidades a las que se debe enfrentar un fiscal son: pueden salir "renunciados", perseguidos o incluso muertos.  Depende de con quién se estén metiendo.

Esta última causa es la que motiva mi entrada de hoy.  Es increíble que el país elija tan mal, y tan seguido.  Después de haber pasado por tan malas experiencias como Montealegre y Martínez, es inexplicable que se designe como Fiscal General de la Nación a Francisco Barbosa.  Nos ha costado ya su designación, y nos seguirá costando.  A pesar de ser una persona preparada (porque lo es), el actual Fiscal tiene un inmenso problema (que para él, por supuesto no lo es): su evidente y marcada egolatría.  Es de esas personas que se considera predestinado a la grandeza y que requiere constantemente una validación de lo grande y sabio que es. Actualmente es miembro de la Academia de Historia y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.  No se extrañen si apunta para la Cruz de Boyacá en algunos meses.

Quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo (yo lo conocí desde hace más de 10 años a raíz de este espacio), sabemos que el actual Fiscal es de trato amable y de apuntes acuciosos -cualidad que le ha permitido escalar rápidamente en el mundo académico y político-. Sin embargo, estas personas que se consideran a sí mismos "predestinados", son personas que harán lo que sea para ascender.  Para entender esto último, les cuento una anécdota de una cosa tonta y sin mayor importancia, pero que ilustra con claridad el punto al que me acabo de referir.

Imagen tomada de: https://www.msn.com/

En alguna oportunidad, cuando el hoy Fiscal trabajaba como profesor de la Universidad Externado, surgió la idea de hacer un libro sobre historia y derecho.  De hecho, por ese entonces me regaló una copia de un libro de su autoría -que todavía conservo-.  Como en ese entonces todavía él me consideraba su amigo, me invitó a formar parte de la iniciativa de escribir en este libro colaborativo, y yo acepté.  Sin embargo, en el desarrollo de mi artículo, detecté un error histórico en su texto, y le pregunté si tenía problema en hacer esa referencia.  Su respuesta "formal" es que no habría problema siempre que se tratara con el respeto debido, y así lo hice.  Sin embargo, su respuesta no formal fue eliminarme del grupo de autores sin motivación, para que no afectase su imagen todopoderosa e infalible.  Esto, por supuesto, lo hizo sin decir nada a nadie (ni a mí)...

Conozco otras anécdotas similares de colegas y amigos.  No las menciono pues no se me ha autorizado compartirlas, y por respeto a ellos, no lo haré.

Otra, que sí es pública y conviene mencionar, es su capacidad para cambiar su postura o su criterio jurídico frente a temas de gran calibre.  Frente al proceso de paz del gobierno de Santos, inicialmente fue un acérrimo defensor.  Sus columnas en Ámbito Jurídico (que lamentablemente no he podido conseguir), así lo atestiguan.  Sin embargo, con la llegada del hoy Presidente Duque al escenario político de primer nivel, cambió.

Ese es el rasgo más peligroso de este tipo de individuos.  El problema no es que se amen a sí mismos por encima de todas las cosas.  Tampoco se trata de que quieran ascender, triunfar y ser importantes.  El problema es cuando son capaces de acabar amistades, mentir, e incluso traicionar sus principios académicos y humanos por llegar a eso.  El problema es cuando consideran que por ser ellos quienes son, sí pueden negociar los nombramientos de las esposas (como es su caso, y la esposa del Contralor) sin que sea malo.  ¡Se lo merecen!

El de Barbosa no es el único caso que conozco.  Si quieren ver un caso muy conocido, los invito a que revisen la vida pública del expresidente Santos desde sus primeros "pinitos" hasta su elección como Presidente.  Funcionaba igual. Hizo esto mismo muchas veces. Personalmente, conozco a otro individuo exactamente igual, pero él "todavía" no ha llegado a ser Fiscal General de la Nación por lo que omito mencionarlo por el momento.

El caso "Barbosa" me lleva a una reflexión aún mayor: ¿Por qué seguimos nombrando a personas así en cargos de primer nivel? En una democracia, todas las autoridades deberían dar explicaciones de sus actos, pero aquí todavía la Corte Suprema de Justicia nos debe muchas explicaciones acerca de por qué están eligiendo siempre mal al Fiscal. Sin embargo, los desaciertos en la elección de funcionarios, le cuestan mucho al país.  ¡Qué pesar da ver cómo funciona esto!

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