Consideraciones acerca de una Copa del Mundo vergonzosa

 Hace cuatro años, en 2022, antes de que el mundial de Qatar (no me acostumbro a Catar) iniciara, quería que Messi fuera campeón.  No se trataba de un análisis sesudo de antemano, sino de un deseo profundo que tenía en aquel entonces.  Tampoco se trataba de un culto irracional por la figura de quien en algún momento fue apodado "La Pulga", y hoy no lo bajan de "Su Majestad". Se trataba de un deseo profundo por eliminarle a gran parte de la población la excusa de reconocer que ese era (y es) el mejor jugador de fútbol en la historia del deporte.

Debo aclarar que el mejor de fútbol que yo he visto se llama Ronaldinho, pero no puedo decir que es el mejor de la historia, simplemente por el hecho de que la etapa de brillo absoluto y pleno de Ronaldinho fue mucho menor que la de Messi. Ser el mejor, haciendo la magia que le he podido ver a Messi durante tanto tiempo, por tanto tiempo, no puede desconocerse.  Por eso, deseaba fervorosamente que los que se negaban a reconocer este hecho, no pudiesen tener el argumento de siempre para negarle su lugar en lo más alto del podio.

Argentina ganó en 2022, y no sé si la alegría de ver a Messi alzar la Copa del Mundo podría superar el fastidio que me generó al Dibu Martínez hacer gestos de imbécil con el premio de mejor arquero de ese mismo mundial.  No sé si la alegría de que Messi fuera reconocido como lo que es pudiese compensar la insufrible actitud de los argentinos, siendo argentinos. Cuatro años después, sigo realmente sin saberlo.

Llegaba 2026, y muchos estábamos a la expectativa de qué podría ocurrir en un mundial con tantos equipos, con tanta distancia por recorrer entre las distintas sedes, y especialmente con tanto venerado veterano, incluyendo a Messi.  El morbo previo al mundial era enorme.  Y sin embargo, había algo que parecía seguro desde un inicio: con tanta tecnología, sería increíblemente difícil que las trampas de siempre dieran fruto.  En otras palabras, parecía claro que la tecnología garantizaría justicia -o al menos algo de ella- en el juego. Aparte de hacerle fuerza a Colombia, como obligación moral de alguien que quiere a su país, no estaba particularmente a favor o en contra de alguien en específico.  Quería la justicia nos mostrara quién se merecía esa Copa.

Sin embargo, no fue sino iniciar el torneo para que me percatara con una claridad providencial, qué tanto deseaba que Argentina no ganara.  Entre leer a una cantidad de tuiteros argentinos pretender dar cátedra de fútbol y tratar al resto de la humanidad como idiotas, iletrados y analfabetas, y ver la manera tan grotescamente obvia en que se le estaba ayudando a esa selección de fútbol, logré darme cuenta que nada quería más en este torneo, que algún onceno pudiese sepultar a esa selección, ojalá con el mayor número de goles en contra posible.  En otras palabras, reclamé espritualmente que se repitiera la lección de humildad que Brasil tuvo que soportar en su país ante la implacable Alemania en 2014.  Si ya se había dado, ¿por qué no pedir por una repetición?

Imagen tomada de: https://www.dazn.com

Antes de que la tecnología fuese tan avanzada y tan universal, dependíamos necesariamente de la información de los medios oficiales para enterarnos de cosas, o para emitir ciertos juicios de valor sobre temas polémicos. Sin embargo, la actualidad nos permitió disfrutar de varias cosas en simultáneo: 1) La estupidez de Donald Trump, que nunca deja de sorprendernos; 2) La ambición y corrupción inocultable de Gianni Infantino; y 3) La idea tan clara y tan evidente de lo que ocurre cuando quien debe garantizar igualdad y justicia en un compromiso de fútbol (y esto mismo ocurre con la justicia ordinaria) tiene una intención deliberada de favorecer a alguno de los contendientes.

La suma de todos estos factores nos permitieron ver a Messi jugar 8 partidos, cuando debía mínimo perderse uno y medio de ellos por una merecida expulsión que no le dieron.  Nos permitieron ver de qué manera a pesar de estar prohibido ejercer presión política para incidir en el deporte, esa injerencia está prohibida, dependiendo de quién pida el favor.  Permitieron que el reglamento disciplinario fuese uno para Argentina (y Paraguay) y otro para sus oponentes.  Permitieron que a Egipto y a España les robaran goles legítimos -curiosamente en ambos casos ante Argentina-, y que con Suiza se inaugararan con expulsiones sui generis -curiosamente también contra Argentina-.  Vi que los jugadores pueden realizar pronunciamientos políticos hostiles y provocadores sin que les pase nada.  En fin, vi que el reglamento sigue siendo tan solo un conjunto de excusas y herramientas para quien lo debe hacer cumplir.

Por eso, ver de qué manera España redujo a Argentina a su mínima expresión tanto en lo futbolístico como en lo humano, me produjo verdadero gozo.  En los videojuegos de rol, siempre elijo las opciones que le permiten a mi personaje ser, el bueno, el correcto, al apegado a la moral y a la ley.  Por eso, me genera especial alegría cuando la vida le permite ganar y sobresalir a los que hacen las cosas bien, a los disciplinados, a los respetuosos, a los buenos seres humanos, y castiga a los que no lo son.  Me alegra ver la actitud de pésimos competidores de los jugadores que dan la espalda al campeón cuando han debido ser los primeros en felicitarlos.  Me alegra saber que medio mundo está pendiente de que a Leandro Paredes, a Nahuel Molina y a Roberto Ayala los puedan castigar severamente.  Me alegra saber que a todos esos seguidores que pontificaban sobre fútbol tuviesen que ver a sus jugadores reducidos a la mínima expresión de lo que podría considerarse un ser humano civilizado.

Entre esos momentos de desazón, y aquellos momentos de gozo pleno, no puedo dejar de lado el hecho de que nada de esto habría ocurrido si la FIFA realmente tuviera un interés en cuidar el deporte del fútbol.  No era difícil interpretar la tecnología para bien, ni tampoco era difícil dejar que los deportistas decidiesen los resultados, y no los dirigentes o los árbitros.  No era difícil aplicar el regalmento disciplinario con un mediano criterio de igualdad.

La vida nos muestra qué tan difícil es la justicia en un mundo en el que los únicos que la anhelan son quienes carecen de las ventajas para verdaderamente reclamarla.  La vida nos muestra a través del fútbol, lo que vivimos día a día en nuestra vida cotidiana.

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9 de cada 10

Hoy toca salir a votar.  Tengo claro cómo lo voy a hacer.  He tenido la oportunidad de leer opiniones de gente formada y seria, así como de activistas ilustrados.  He visto y leído de todo.  En particular, me llama la atención las opiniones de los defensores del voto en blanco.  Desde el punto de vista estrictamente racional, suena interesante la idea de no apoyar dos decisiones casi igual de malas.  No ser cómplice de una pésima decisión suena bien.

Sin embargo, la situación es esa.  Recordando una situación que afortunadamente en la actualidad se presenta cada vez menos, cuando el ginecoobsetra sale de la sala de cirugía y le decía al padre: "Señor, ha habido complicaciones y su esposa ha perdido mucha sangre.  Necesito que decida si salvo al bebé o salvo a la mamá, porque no puedo salvar a los dos.", en ese caso, tal vez el padre querría decir: "voto en blanco".  Sin embargo, la situación exige que tome una decisión.

Como ese caso, hay muchos otros casos en los que la vida exige que se adopte una postura. La neutralidad no es una opción real.  Lo que ocurrió en 2022 y lo que está ocurriendo ahora son ejemplos claros de eso.  Como dicen coloquialmente en el país, nos están poniendo a elegir entre el cáncer y el SIDA. ¿Cuál prefiere? Nuevamente, no puedo votar en blanco.  Alguno de los dos será.

Más allá de que tengo claro cómo voy a votar, debo escribir estas notas para mi yo futuro, de forma tal que al releerlas en el futuro, pueda recordar lo que pensaba en este preciso momento.

Mi pensamiento más recurrente en estos días es el de vergüenza.  No es vergüenza por los dos candidatos por los que habrá que votar mañana, sino vergüenza por los votantes.  En la primera vuelta, un poco menos del 90% del país votó por este par de impresentables.  No me incluyo.  Yo voté, como me suele pasar, por una opción que resultó perdedora.  ¿Era una buena opción Paloma?  Tal vez no.  Pero al lado de este par de impresentables, era sin duda una excelente opción.

Fiel a mi estilo, veamos a quienes pusimos en segunda vuelta:

Ej. 1: El compinche de los mafiosos Vs. el apoderado de los mafiosos.

Ej. 2. El comunista Vs. el fascista.

Ej. 3. El que no debate ni discute Vs. el que no debate ni discute.

Ej. 4. El denunciante como arma política Vs. el denunciante como forma de coacción.

Ej. 5. El que lo puede perdonar todo dependiendo del gusto polítivo Vs. el que quiere acabar a todo el que no piense como él.

Ej. 6: El que quiere que la CIDH le solucione todo porque no confía en las instituciones del país Vs el que quiere que EE.UU. le solucione todo porque está mentalmente sometido a ese país.

Ej. 7 El admirdor de Castro y Chávez Vs. el admirador de Trump, Milei y Bukele.

Vergonzoso, reitero.  9 de cada 10 colombianos votantes consideraron que esos dos individuos eran las mejores opciones para dirigir este país.  Por eso, he dicho, digo y diré que la democracia solo funciona en lugares donde existe una formación cívica suficiente para no hacer tantas estupideces como las que habitualmente hace este pueblo.

En términos realistas, existen solo dos razones por las que me decanto por el empresario del ron, el apoderado del que tenga suficiente plata, el que viene de visita a Colombia cuando quiere.

Razón 1:

Todo servidor público cuando se posesiona en el cargo, debe realizar un juramento: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia." (Art. 192 de la Constitución Política).

Con De la Espriella, no tengo claridad qué piensa realmente hacer si llega a gobernar. Sí tengo claro, en cambio, que a Cepeda la Constitución le incomoda y que la quiere cambiar para volvernos lo más cercano posible a un Estado comunista.  Eso es un riesgo que bajo ninguna circunstancia estoy dispuesto a cohonestar.  El Estado de derecho y la democracia (por más que me parezca inaplicable en este país), no son negociables.  Es el pacto político mínimo y básico que debe tener cualquier colombiano.  Cepeda no quiere ese pacto.

Razón 2: 

La Constitución de Colombia en su artículo 2o señala que "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.".  Si algo sé de Cepeda, es que nunca ha tenido la intención de proteger a todo el mundo.  Al igual que Petro, tienen resentimiento social.  El resentimiento social que llevó a Venezuela y a Cuba a ser lo que son.  Una cosa es velar por mejorar las condiciones de los menos favorecidos (con lo cual estoy más que de acuerdo) y otra es intentar joder a los que históricamente han estado mejor, sobre el discurso de apoyar a los que han estado peor.

Más allá de este razonamiento, me sigo quedando con el punto de inicio: a 9 de cada 10 colombianos les pareció hace un mes que esos dos eran las mejores opciones para liderar este país.

46 años después estoy absolutamente convencido de que nos merecemos ser lo que somos... y lo que seremos.

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Los documentos de Epstein y el caso de Andrés Pastrana

Desde hace varios años, me ha tocado acostumbrarme a intentar ver y analizar lo que los comentaristas morbosos, ávidos por "el like" botan al ciberespacio.  Entre los amores y desamores de un tal Rauw y una tal Rosalía, entre los divorcios y noviazgos de cada Kardashian o Jenner, y el seguimiento minuto a minuto de las prácticas sexuales de nuestro presidente, ha habido una constante, un tema que va y viene, pero no ha desaparecido del todo: el caso Epstein. 

El tema da para muchas discusiones sobre distintos temas: la edad mínima para poder brindar consentimiento sexual, la pederastia como manifestación del deseo sexual, la legalidad o ilegalidad de la sexualidad adolescente, la relacion sexo-poder, la relación sexo-justicia y la relación poder-justicia, entre otras.  Por obvias razones de espacio, es imposible sentar mi posición sobre cada una de esas temáticas, y por lo tanto, no anticiparé nada de eso aquí.

Me detengo especialmente en la reacción que suscita cada vez que sube la ola del tema Epstein, y la manera como se direcciona eso al tema de Andrés Pastrana, quien fuera Presidente de la República de agosto de 1998 a agosto de 2002. Para poder mirar el tema objetivamente, es absolutamente imprescindible borrar la filiación política de Pastrana.  Si quiero ir más allá del sensacionalismo mediático o convertirme en otro "barra brava" más de las redes sociales, debo reconocer que la opinión política del expresidente es absolutamente irrelevante, salvo en lo que tenga que ver con sexualidad infantil, abuso, sexual y ese tipo de temáticas.

La situación, entonces, es esta: 

1) Epstein es el centro de una red de pederastia que ha sido más que documentada y conocida por el mundo.

2) Epstein y su coconspiradora Ghislaine Maxwell han sido fotografiados junto a Pastrana.

3) Se sabe que Pastrana ha viajado en el jet de Epstein.

4) El nombre de Andrés Pastrana ha sido mencionado en varios de los archivos desclasificados por la justicia de los Estados Unidos.

5) Existen correos y fotografías que permiten afirmar que existía una cercanía especial entre Pastrana y Maxwell.

Imagen tomada de: https://mundomillos.com/

Las "barras bravas del internet", con esta misma información que acabo de señalar, han pedido lo siguiente:

1) Que Pastrana precise su relación con Epstein y con Maxwell.

Opinión: En realidad, la gente no quiere una explicación de lo que él tenga que decir que fuera su relación con Maxwell e Epstein, sino una confesión por parte de Pastrana en la que admita que es un violador y pederasta.  La razón por la que quieren la confesión, es porque no hay documentos o testimonios (que conozcamos) que así lo indiquen.  A falta de pruebas, las barras bravas anhelan poder contar con algo que les permite concluir lo que ya internamente han concluido.  En otras palabras, lo que quieren es reconfirmar su veredicto interno.  Siendo ese el objetivo, me parece muy ingenuo que eso sea lo que pretendan. Del tiempo que llevo litigando en derecho penal, no conozco personas que confiesen conductas delictivas, y ni siquiera conductas moralmente cuestionables, salvo que vean un incentivo real positivo en hacerlo, y solamente cuando se ven "cogidos".  En otras palabras, estoy absolutamente seguro que eso no va a ocurrir con el expresidente colombiano.

2) Que la Fiscalía investigue a Pastrana.

Opinión: Varias sub-opiniones: 

A. ¿Que lo investigue por qué?  Si es por cualquier conducta que tuviese relación con su función como Presidente, así él ya no lo sea, la fiscalía no es competente para investigarlo.  Por ejemplo, si se trata por ordenar a subalternos que dejen a su "amiguis" volar helicópteros de uso privativo de las Fuerzas Armadas, eso sería a lo sumo un delito relacionado con sus funciones y le correspondería a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigarlo.  Si es por las conductas cometidas por fuera del ejercicio de sus funciones y que se hubieren cometido en Colombia, podrían hacerlo.  Si es por supuestos delitos cometidos por fuera del territorio colombiano, y que no tenga relación con sus funciones (como parece ser el caso), la jurisdicción colombiana únicamente podría procesarlo si no se ejerce la acción penal en el exterior.

B. ¿Pueden investigarlo?  Suponiendo que fuese posible investigar a Pastrana en Colombia, y suponiendo que existen motivos para inferir que él cometió delitos, y no simplemente que es "cercano" a personas que lo cometieron, habría que revisar las conductas por las cuales se quisiera investigarlo.  Si es por lo del incidente del helicóptero, que es el único que está documentado realmente, creo que la conducta estaría prescrita, dado que para ese tipo de delitos la prescripción máxima sería de 20 años.  Si es por algún tipo de conducta de índole sexual que involucre menores de edad (que es lo que realmente le están buscando), se trata de delitos imprescriptibles y podrían hacerlo, siempre que no haya acción penal ejercida en el exterior.

3) Que extraditen a Pastrana para ser juzgado por los Estados Unidos.

Opinión: Una de las cosas que ha querido hacer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en cabeza de Pam Bondi (de quien hablé hace un par de ingresos en el blog), ha sido dificultar la averiguación de posibles responsables de conductas delictivas relacionadas con la red de pederastia y prostitución forzada de Epstein.  En consecuencia, una cosa es formar parte de esa red, como instigador, cómplice, cliente, o la modalidad que sea, y otra cosa muy distinta es ser mencionado incidentalmente en los documentos.  Hasta que la justicia no cambie en Estados Unidos, o incluso en Colombia, ser amigo de delincuentes no necesariamente convierte a esa persona en delincuente.  Sindo Presidente Trump, y dado que él sí figura varias veces como un potencial cliente de los servicios de la red de Epstein, es altamente probable que no haya investigaciones en contra de Pastrana, porque la evidencia que se conoce hasta el momento es circunstancial y no existe suficientes elementos que permitieran siquiera iniciar una investigación allá.  Hay personas que aparecen mencionadas pero de una manera muchísimo más comprometedora de la que aparece el expresidente.

En todo caso, y en aras de no parecer tan sesgado e indocumentado como los "barras bravas" a los que he criticado, les dejo este enlace de 11 de febrero de 2026 de la Silla Vacía titulado "Nuevo documento vincula al expresidente Pastrana en los Archivos Epstein".  Ese artículo a su vez incluye un video de un capítulo de "Huevos con política" creación digital de ese mismo sitio informativo, en donde hablan algo más de once minutos sobre este tema. Si quieren seguir siendo "barras bravas" del tema Epstein-Pastrana, al menos serán unos "barras bravas" mediantamente informados.

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Mi opinión sobre la salida de Cheyne

Desde hace aproximadamente un mes, la comunidad de la Universidad del Rosario estuvo escandalizada por la crisis en la que supuestamente estaba sumida esa institución de educación superior, ante el aparente manejo irregular que venía liderando Alejandro Cheyne, su rector (hoy exrector).  Manejos financieros aparentemente irresponsables, ausencia total de autocrítica, pésimo manejo de la planta profesoral y aparente corrupción de la figura de los colegiales, eran las principales críticas que se ventilaban en su momento.

No fue sino que los medios de comunicación hicieran eco de esta situación, para que la consternada comunidad rosarista se rasagara las vestiduras.  Como siempre, salía a relucir los casi 400 años de vida de la universidad, su destino manifiesto como faro moral del país, y otras tantas tonterías que siempre salen a relucir cuando se habla de la universidad, en cualquier sentido en el que se hable.  Lo primero que debo decir al respecto, es que genuinamente importa un pepino si la universidad tiene 1 año, 10 años o 500 años.  Eso en nada afecta el análisis que se debe hacer de la situación.

Imagen tomada de: https://urosario.edu.co (página web de la U. del Rosario)

Yo alcancé a durar cerca de de 7 años como profesor del Rosario, entre 2007 y 2014, aproximadamente, tanto en pregrado como en postgrado.  He cursado tres programas en esa universidad como estudiante (uno de pregrado, uno de especialización y uno de maestría), y llevo cerca de 24 años desde que por primera vez me vinculé a la universidad.  Todo esto lo menciono, porque en ese lapso, en el que he experimentado la vida rosarista, puede tajante y categóricamente afirmar lo siguiente: 

¡NO ES POSIBLE QUE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, LA PLANTA PROFESORAL Y LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL HAYAN ESTADO A OSCURAS FRENTE A ESTA SITUACIÓN!

Esto lo digo, porque de manera más que oportunista -tras las notas en prensa- empezaron a salir comunicados de cuanta posible instancia universitaria podría haber, para manifestar su rechazo frente a la "preocupante situación" y a las notas publicadas.  Algunas de las últimas comunicaciones (más valientes que las primeras) pedían la renuncia del rector Cheyne, e invitaban a hacer un ejercicio de investigación y autocrítica.  En fin, los comunicados eran como los que suelen producirse en este tipo de situaciones cuando ya se ha ventilado en la opinión pública lo que es evidente al interno: comunicados lavamanos.

Al final, la presión ganó, y Cheyne salió, pero ante la opinión pública, pareciese que el tema quedó resuelto, porque el problema era él, y solo él.  Nada más ajeno a la verdad.  Si Alejandro Cheyne era TAN MALO como dicen, TAN TIRANO como lo pintan, y TAN IRRESPONSABLE como se dice, ¿por qué razón lo religieron?  Lo que no se dice mucho por estos días, es que el exrector había culminado un primer periodo como rector, entre 2018 y 2022, y que al momento de ser removido de la rectoría, estaba en la mitad de su segundo periodo.

¿Sinceramente esperan los directivos de la universidad, y la planta profesoral de la misma que la gente crea que en seis años no se habían percatado de esta situación?  Al parecer eso es exactamente lo que esperan.  Sin embargo, en uso de mi voz independiente, quiero dejar constancia que eso me parece tan irresponsable como lo que venía haciendo el entonces rector.  Puedo entender que muchos callen por miedo a ser despedidos, y por ende a poner en riesgo la estabilidad de sus respectivos hogares, o incluso su futuro profesional.  Eso es entendible.  No lo comparto, pero lo entiendo.  El miedo es un poderosísimo motivador.  Lo que no comparto ni acepto, es que pretendan hacerse los ingenuos frente a la situación.  Todos y cada uno de los decanos tenían que tener clarísimo lo que estaba pasando, así como los directores de programa.  Sin embargo, son directivos puestos o avalados por él, así que me imagino que tendrían que "comer callados" si querían permanecer en sus cargos.

Especial tristeza me genera la falta de oposición por parte de los profesores de hora cátedra, es decir aquellos que no "viven" de sus clases, y que verdaderamente siguen allí por amor al arte. De ellos era de quienes habría esperado yo una voz de protesta constante y altisonante.  Si bien la razón de ser de las universidades es su cuerpo estudiante, su pilar y base fundamental son los profesores.  Si los profesores no son capaces de protestar, hablar claro y oponerse a aquello que destruye la oportunidad, no tiene ningún sentido que después salgan con tardíos e inoportunos comunicados para mostrar su preocupación e indignación frente a lo ocurrido.

En conclusión: Bien ido el exrector Cheyne. Sin embargo, a pesar de sus comunicados lavamanos, los que sí sabemos como funciona la universidad por dentro, no debemos perdonar con tanta facilidad el silencio cómplice de los que sabían y callaron.  De nada sirven cerca de 400 años de historia cuando ante las verdaderas pruebas de nuestro talante y carácter, callamos y nos acobardamos.

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Qué es, y que será "Picotazos de Gaviota"

En julio de 2008, a raíz de la marcha contra las FARC, abrí este espacio.  Para ese entonces estaba próximo a cumplir dos años de haberme graduado de la carrera de derecho (por más que en mi universidad todavía quieran seguir pensando que allí se enseña jurisprudencia y no derecho).  Dada mi evidente juventud, mis ganas de escribir, mi escasa experiencia en el ámbito de lo jurídico en ese momento, y mis permanentes inquietudes en materia jurídica y política, decidí abrir este espacio.

En ese entonces, decidí realizar un experimento: escribir con un alias.  Quería saber qué tantas "bolas le para la gente" a lo que se dice, y no tanto a quién lo dice.  En primer semestre de derecho, le enseñan a los abogados que existen dos falacias que se presentan con cierta regularidad: la falacia ad hominem y la apelación a la autoridad.  En el primer caso, se pretende restar validez a un argumento atacando a quien lo dice.  No se ataca al mensaje, sino al mensajero.  En el segundo caso, ocurre diametralmente lo opuesto: se pretende validar un argumento, no por la fuerza del mismo, sino por la autoridad o sapiencia de quien lo dice.  Es el popular: es cierto, porque lo digo yo.

De allí surgió la idea de darle vida a Gaviota Jurídica.  Luego de casi 15 años desde que esto ocurrió, puedo hacer un balance de lo que ha ocurrido con esa notoria idea:

1) En un inicio, la idea funcionó.  Dado que la gente no tenía la más mínima idea de quién escribía lo que yo escribía, se fijaban mucho más en lo que decía, puesto que no había manera de que supieran quién lo decía.  Me encantaba poder interactuar con personas y debatir ideas sin que fuera relevante quién las debatía.

2) Debido a las iniciativas grupales de un grupo de blawggers, mi anonimato dejó de existir a partir del año 2009, en donde algunas personas sabían que Gaviota Jurídica era yo, Javier Darío Pabón Reverend.  Eso, por supuesto, tuvo dos efectos inmediatos:

a. Dejé de parecerle interesante a quienes se enteraron que Gaviota era un abogado rosarista de 29 años (en ese entonces).

b. Mis opiniones empezaron a ser leídas a partir de quien las dice, y no a partir de lo que se dice.

Por cuestiones de trabajo, principalmente, mantener este espacio con un nivel de actualización medianamente decente empezó a ser increíblemente difícil.  En consecuencia, empecé a dejar de actualizar con regularidad y eso es terrible cuando se trata de administrar un blog, un podcast o un canal de Youtube.  En cierta medida, cedí a la tentación de migrar hacia Twitter. La experiencia es completamente distinta, y ahora en la época de la postverdad (sí, lo seguiré escribiendo con "t"), en donde cualquier estupidez pasa por una verdad, las noticias se fabrican, y los influencers son las personas "que nos ponen a pensar", he considerado necesario volver a este blog.

Sin embargo, Picotazos de Gaviota será ahora algo muy distinto.

A diferencia de 2008, he conocido lo bueno y lo malo del poder.  Conozco o conocí personalmente con cierta cercanía a personas que han sido: Fiscal General de la Nación, Vicefiscal y Decano de mi universidad, Secretario Anticorrupción de Colombia, Viceministra del Despacho, Magistrados de Altas Cortes, así como muchas personas que en el ámbito privado también han llegado a ser reconocidos.  Sé cómo funciona el poder, aunque deteste ahora saber lo que sé.

A diferencia de 2008, yo ya fui amenazado por las personas que me tenían que proteger, y abandonado por mis "amigos" y "protectores".  He visto a personas que mirándome a los ojos se solidarizan con uno y posterioremente dan orden de no entrar en contacto con uno.

Luego de casi 15 años, conozco la diferencia entre ser educado y ser instruido.  Hay demasiados idiotas con títulos rimbombantes, y demasiados ingenuos que creen que a las buenas personas se les identifica por esos títulos rimbombantes. He vivido lo suficiente para saber que las personas instruidas no necesariamente son personas buenas.  Por el contrario, no hay nada más peligroso que un corrupto hábil o un idiota con poder.

He probado los momentos de reconocimiento y alabanza, tantos los merecidos como los inmerecidos.  

He saboreado los momentos de derrota y fracaso, tanto los merecidos como los inmerecidos.

A partir de este 2023, seguiré con espacio, y seguiré con Gaviota Jurídica, a quien le he adquirido cada vez mayor cariño.  Sin embargo, aquí no hay un experimento argumentativo de nada.  Ese ya se surtió y los resultados ya se los comenté.  Es un espacio personal de reflexión y crítica, tanto en derecho como en política.  La difusión y la interacción no son lo principal.  Más que "me den la razón", me interesa no caer en la banalidad del imperio de los likes.  Escribo y escribiré, porque lo necesito.  Eso será "Picotazos de Gaviota" a partir de ahora...

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Día internacional contra la corrupción - 2021

Hoy, 09 de diciembre de 2021, se conmemora el Día internacional contra la corrupción.  Aprovecho la oportunidad para señalar, que considero que este es el segundo problema más grande que tiene el país, después del de "educación" en sentido amplio.

Entendamos el concepto.  Solo así, es posible entender la verdadera gravedad del problema: la corrupción se presenta cuando se actúa con una motivación distinta del cumplimiento de un deber claro y específico. Es corrupto quien hace lo que debería hacer, pero por una razón distinta al cumplimiento de su deber.  Es corrupto quien hace lo contrario a lo que debería hacer.  También es corrupto quien dilata el cumplimiento de su deber, sin causa justificada.

Como se dan cuenta, el espectro es supremamente amplio.  No solo es corrupto quien pasa dinero para quedarse con un contrato.  Es corrupto quien entrega un trabajo plagiado, quien exige un nombramiento de un familiar en una entidad, a cambio de votar a favor de X candidato.  Es corrupto quien en nombre de la lucha anticorrupción busca perseguir la corrupción ajena, incluso fomentando la propia.  Es corrupto quien conoce su deber, y de manera deliberada decide actuar en contra de ese deber, por muy buenos argumentos que quiera dar.

Meditemos el problema, un poco.  Intente usted, apreciado lector, pensar cuantas personas alrededor conoce que hacen algo de lo que acabo decir.  Ahí entenderá la "dimensión" del problema.

Ahora, la parte incómoda del ejercicio: Intente pensar cuántas veces el último mes, el último año, ha hecho cosas como las que acabo de decir.  Esa es la parte del ejercicio que a nadie le gusta hacer. ¿Cuántas veces ha dejado de pagar un pasaje, debiendo hacerlo?  ¿Cuántas veces ha mentido en una declaración juramentada? ¿Cuántas veces ha dejado de pagar impuestos?  ¿Cuántas veces ha sobornado a un policía para evitar un comparendo? ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su pareja? ¿ Cuántas veces ha dejado de devolver un libro que le prestaron? ¿ Cuántas veces se coló en la fila del supermercado, del bar, de una oficina pública? Ahí entenderá usted la dificultad de erradicar el problema.

A la gente le gusta llenarse la boca diciendo que "los buenos somos más".  Genuinamente no lo creo.  Para poder definir quién es una persona buena, deberíamos primero pensar qué es lo que define esa categoría.  Recuerden, por ejemplo, que Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, eran unos asesinos despiadados, pero también donaban dinero y casas a los habitantes de ciertas poblaciones, especialmente a la población pobre.  ¿Por qué sabemos con certeza que eran malos, y no buenos? ¿Y por qué sabemos con certeza que somos buenos, y no malos?

Imagen tomada de: https://www.peakpx.com

Para poder evitar ser corruptos, lo primero que hay que aceptar es que probablemente ya hemos cometido actos de corrupción, y más de una vez.  En otras palabras, el primer insumo para poder evitar "ser" corrupto, es tener autocrítica.  La capacidad de saber que lo que se ha hecho está mal hecho, es fundamental.  Es impresionante la gran cantidad de veces que puede uno observar una actitud de autojustificación de una conducta indebida.  La gran mayoría de personas son implacables con la falta ajena (incluso con errores menores).  Sin embargo, sus propias faltas no suelen reconocerse como faltas.

En un ejercicio kantiano propio del imperativo categórico, pensemos en lo siguiente:  Si todos y cada uno de nosotros consideramos que nuestros actos indebidos están justificados, y suponemos que todas las personas piensan así, pues tenemos un problema sistémico: somos un pueblo corrupto, porque todos los asociados consideramos que tenemos derecho a incumplir y/o defraudar nuestros deberes.  Ese es el problema real que tenemos. No somos conscientes de lo increíblemente corruptos que somos, y si lo somos, no nos importa cambiar.  Por eso es que tenemos alcaldes que prometen a sabiendas que no van a cumplir.  Hablan de lucha contra la corrupción cuando en realidad están pensando en llegar a manejar la contratación para sacar plata, y cambiar el POT para obligar a los distintos sectores económicos a que "se manifiesten".

Por esa razón es que el fiscal que debe investigar, se convierte en un implacable defensor.  Por esa razón es que el Inspector de Policía que debe resolver una querella, hace todo lo posible por no hacerlo. Por esa razón es que quien no es dueño de un predio es capaz de pagarle a terceros para que digan que ha sido poseedor de toda la vida.  Por esa razón es que un congresista es capaz de votar afirmativamente un proyecto que sabe que perjudica a la gente.  Por esa razón es que los grandes grupos económicos se convierten en donantes de las campañas políticas; el favor se cobrará.  Por esa razón es que el marido o la mujer infiel son incapaces de aceptar su infidelidad como un acto voluntario y deliberado. Por esa razón es que el semáforo en rojo, más que un mandato, termina convirtiéndose en un consejo...

Luchar contra la corrupción parte de entender que TODOS, de una u otra manera, incumplimos con nuestros deberes de manera deliberada, y por toda variedad de causas.  Luchar contra la corrupción parte de entender que el cambio no se da por cuántos "otros" encarcelemos", sino que tanto podemos cambiar nosotros para evitar ser eso que nos encanta criticar.  Vamos perdiendo como sociedad frente a este flagelo.  Vamos perdiendo por goleada.

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El paro y la Constitución de 1991

Comentarios preliminares:

Desde hace muchos siglos se habla de política.  También desde que se tiene conocimiento de la existencia de la civilizaciones, ha existido poder, y lo que en filosofía se suele conocer como "autoridad práctica" -es decir, aquella autoridad que tiene quien puede imponer su voluntad sobre otros, no porque tenga necesariamente razones de peso para ser obedecido, sino porque tiene los medios para hacer que lo obedezcan.  Esto, por supuesto, indica que siempre ha existido alguien que mande, y alguien que obedezca.  Sin embargo, no es sino a partir de las ideas contractualistas que se empieza a pensar en los ciudadanos como el origen del poder, y no como sus objeto.

Esto resulta especialmente interesante, porque con el contractualismo, se empieza a hablar de un acuerdo entre las personas, para crear un "algo" independiente de ellas que fuera el que detentara el poder.  Ese acuerdo se conocería como un contrato social en la medida en que implica un acuerdo de voluntades que tiene la capacidad de generar obligaciones, que los contratantes están dispuestos a cumplir.  El contrato social, entonces, es el origen del poder político y de la autoridad estatal.  El problema que tenían (y tienen) las teorías contractualistas es que no explica con claridad por qué razón los que han nacido después de ese pacto, estarían obligados a cumplirlo.  Casi en cualquier teoría jurídica en materia de contratación, el consentimiento del obligado es requerido.  En este pacto político no, y por ello es que ese "algo" creado finalmente va a depender del ejercicio real que se haga del poder.

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El absolutismo monárquico era defendido por uno de estos contractualistas, Thomas Hobbes.  Según el modelo absolutista, todo el poder absoluto recaía en manos de un solo individuo y por eso se hacía referencia al monarca absoluto.  Tenía poder pleno y todos debían obedecerle, a cambio de evitar un concepto que el denominó "el estado de naturaleza".  En Hobbes, ese estado de naturaleza correspondía a un estado de guerra permanente entre los hombres.  Es conocida su famosa frase de que en el estado de naturaleza, "el hombre es un lobo para el hombre".  Sin embargo, contrario a las creencias populares, el desarrollo de ese concepto no se encuentra en "El Leviatán", sino en otra obra: De Cive.

Reitero la idea: De acuerdo con la teoría de Hobbes, el contrato social que surge entre las personas para delegar el poder conjunto que emana de ellas y entregárselo al soberano, se hace para evitar el permanente estado de guerra entre los hombres. Regresaremos a esta idea más adelante.

Por lo misma época en que se va dando la teoría contractualista de Hobbes, va surgiendo todo el movimiento político que da origen al constitucionalismo moderno.  Se trata de movimientos de resistencia frente al poder del monarca, dados también en Inglaterra que se ven reflejados principalmente en la Petición de Derechos (Petition of Rights) en 1628 y en la Bill of Rights (Carta de derechos) de 1689. En ambos casos, se trató de documentos que buscaban limitar el ejercicio del poder, que en criterio de Hobbes, no podía ni debía ser limitado. Precisamente en ese mismo 1689, John Locke publicó sus "Dos tratados sobre el gobierno civil", otra teoría contractualista con una visión algo más moderada que la de Hobbes.  A partir de los avances teóricos que se dieron a partir de este momento, la expedición de la Constitución de los Estados Unidos, y las constituciones francesas de la época revolucionaria, surge claro que ese texto que se llama "constitución" es un acuerdo de naturaleza política, cuyo objetivo fundamental es establecer las reglas básicas de juego de un Estado, las autoridades públicas que han sido instituidas, y los ciudadanos que conforman esa nación.

La constitución, desde el punto de vista estructural, tiene una parte dogmática que contiene la carta de derechos que deben ser garantizados por las autoridades y por los ciudadanos, así como los principios fundamentales que orientan esa carta política.  También la constitución incluye una parte orgánica en donde se establece la estructura fundamental del Estado y la distribución del poder público.  Por ello, al establecer las pautas fundamentales de funcionamiento del estado y de la interrelación de este con los habitantes, la Constitución es la materialización de un contrato en el que todos los habitantes se comprometen a cumplir con esa constitución, y todas las autoridades que se instituyen a partir de ella, se obligan a cumplir y a hacer cumplir la Constitución.

El paro de 2021 y la Constitución de 1991:

Si algo ha quedado claro de las manifestaciones derivadas del paro de 2021, es la profunda insatisfacción de un importante sector de la población, respecto de muchas cosas.  Solo por poner algunos ejemplos: el sistema de salud, el sistema tributario, el sistema educativo, la policía, el ejército, el presidente, los ministros, la falta de implementación de los acuerdos de paz, la corrupción, las falta de empleo, el Congreso, entre otros.  En general, existe un descontento generalizado, no solo con un gobierno, sino en general con los gobiernos, e incluso con el sistema de gobierno mismo.  De las tres ramas clásicas del poder público (rama ejecutiva, rama legislativa y rama jurisdiccional), la población parece estar profundamente molesta con dos de ellas, la ejecutiva y la legislativa.  Curiosamente, es la Rama Judicial -a excepción de la Fiscalía, por supuesto- la que parece ser la menos odiada, aunque en muchos casos genera profunda desconfianza.

En consecuencia, las inconformidades se han canalizado a través de un paro.  Hasta ahí, parecería todo normal.  El problema es que esa inconformidad ha venido acompañada de una violencia a todo nivel.  Hay violencia sexual, hay desapariciones forzadas, hay ejecuciones extrajudiciales, hay vandalismo contra bienes públicos, hay atracos callejeros, hurtos de establecimientos de comercio, y lesiones personales por doquier.  En las redes sociales, hay igual o más violencia: insultos, acusaciones, deseos de muerte, amenazas, entre otros, son el pan de cada día.  La gente no se habla, se grita.  La población se comporta como barras bravas del fútbol: mi violencia es legítima, la tuya no.  He intentado generar algunos debates mesurados sobre el tema en Facebook, y es increíblemente difícil evitar las agresiones y la violencia verbal.

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Cuando uno mira eso, y compara con lo que dice la Constitución, ve que no existe ningún tipo de correspondencia entre el ser y el deber ser.  La Constitución de 1991 se funda en el principio del respeto a la dignidad humana.  Suena ridículo.  Está bien... digamos que sólo está fundada en el respeto.  Suena igual de ridículo.  El primer derecho fundamental relacionada en la carta de derechos es el de la vida.  El segundo es el de la prohibición de desaparición forzada, y tratos crueles e inhumanos.  El tercero es el del derecho a la igualdad... ¿Ven para donde voy?  Los principios y derechos cardinales de nuestra Constitución están siendo abiertamente desconocidos por un amplio sector de la población.  Y les parece que eso "está bien".

Cuando uno mira el otro lado de la moneda (las autoridades públicas) se da cuenta de que tampoco existe un interés genuino en cumplir la Constitución.  Lo curioso, es que al posesionarse en cualquier cargo público, lo primero que se exige es jurar que se va a cumplir con la Constitución.  Y la gente jura.  Entre esa gente que jura cumplir con la Constitución, está un presidente que es el comandante máximo de las fuerzas armadas, es el jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa (esto viene de la Constitución, no me lo invento yo), y que visita a escondidas la ciudad con mayores problemas de orden público, y no quiere dialogar personalmente con las personas con las que dice que quiere dialogar.  Tenemos un fiscal que sigue siendo parte del Gobierno, aunque formalmente su cargo constitucional diga que él es independiente.  Lo mismo diremos de Contralor y Procuradora.

La Constitución dice en su artículo 2o (sí, el segundo de toda la Constitución) "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."  Les presento la ironía más grande de nuestro texto constitucional.  Arriba las manos de los que se sientan protegidos en su vida, honra, bienes y demás creencias.  También dice la Constitución en su artículo 363 que "el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad."  Para los que no lo tienen muy claro, anoto lo siguiente: la progresividad en materia tributaria implica que el que tiene más paga más. ¿Ven para donde voy? 

En este punto, entonces, lo que ocurre es que de ambos lados de la misma moneda se observa un profundo interés en no cumplir con la constitución.  En derecho privado, por ejemplo, puede ocurrir que ante un contrato, ninguna de las dos partes tenga interés en cumplirlo.  La solución jurídica que se brinda en esos casos es la figura de la resciliación o mutuo disenso.  Traduzco: Un acuerdo de voluntades por medio del cual se "deshace" el contrato inicial.  Puede darse de manera expresa o incluso tácitamente.  La lógica jurídica detrás de esa figura es que si ambas partes se pusieron de acuerdo para crear el contrato, ambas partes se pueden poner de acuerdo para que se invalide el contrato.

Toda la teoría del contrato social en Hobbes partía del supuesto que nuestro pacto era para evitar matarnos entre nosotros.  La Constitución precisamente se crea para garantizar las reglas de juego que todos debemos seguir, entre otras cosas, para no matarnos los unos contra los otros.  La ironía de la vida, sin embargo, es que en este caso todos nos estamos matando los unos contra los otros, en nombre de esa constitución, pero despedazándola a cada instante con los actos que desconocen su texto.

Finalizo con esto: A una constitución no la mide qué tanto es aplaudida por los gobiernos extranjeros, o por los eruditos en la materia de otras latitudes.  A una constitución se le mide por la capacidad de brindar bienestar a los asociados, a través del estricto cumplimiento de la misma.  En ese sentido, podría decir que en materia constitucional no opera el famoso "por que te quiero te aporrio".

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Comentarios sobre el proceso contra Álvaro Uribe Vélez - Parte 1

 El proceso penal seguido en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez tiene demasiados componentes por considerar, aunque en sentido estrictamente académico, no tendría por qué ser así.  He considerado oportuno escribir mis impresiones sobre el particular, desde las diversas ópticas que medianamente domino (el derecho y la filosofía), y por último mi impresión política sobre este mismo asunto.  Se trata de tres entradas distintas, cada una escrita desde una perspectiva distinta.

Parte 1: Aspectos jurídicos del proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez

Imagen tomada de: www.lapatria.com

A. El problema del fuero.

El fuero es una institución jurídica que consiste en privilegiar lo que en derecho se llama "el factor de competencia subjetivo".  Para entender esto, es importante recordar que todo proceso judicial debe tener un juez natural que conoce del proceso.  Se le denomina un juez natural, porque se trata de aquel funcionario que de conformidad con una ley preexistente al hecho objeto de investigación, es el llamado a juzgar ese delito.  La manera de saber a quién le corresponde esto, depende del lugar donde se cometió el delito, el tipo de delito que se cometió y la fecha en que se cometió.  Sin embargo, hay personas que debido a condiciones personales específicas (casi siempre se refiere al cargo público que se desempeña) pueden modificar la asignación que correspondería a la generalidad de la ciudadanía.  A esto se le denomina un fuero.

Un ejemplo: Si yo mato a una persona hoy en Bogotá, mi delito debe ser investigado por la fiscalía y juzgado por un juez penal del circuito de Bogotá.  Si ese mismo homicidio es cometido por un congresista, debe ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia.  Si ese mismo delito es cometido por un presidente en ejercicio, debe ser investigado por la Comisión de Acusaciones y Juzgado por la Corte Suprema de Justicia.   

Como pueden observar, los fueros pueden afectar la asignación de quién investiga y quién juzga.

Como se observa, el fuero está ligado a que se acredite la condición personal que hace que se exceptúe la regla general en materia de investigación y juzgamiento.  Por ello, si desaparece la condición personal que origina el fuero, debe desaparecer el fuero, y por lo tanto debe ser restablecida la regla general en materia de investigación y juzgamiento.  La excepción es el caso del fuero funcional -tema que no aplica aquí, por lo que omitiré su explicación-.

Esto que acabo de explicar es como debe funcionar el fuero.  La Corte Suprema de Justicia, en la época de las investigaciones por parapolítica, varió la regla.  Lo hizo, porque la mayoría de congresistas que estaban siendo investigados por parapolítica, estaban renunciando a sus cargos, con la esperanza de que sus procesos fueran enviados a la fiscalía, a dormir el sueño de los justos.  En aquella época, hace aproximadamente 11 años, decidió la Corte que a pesar de la renuncia al cargo, los congresistas no perdían el fuero (¡!).  Inexplicable... al menos desde el punto de vista jurídico.

Por eso, antes de que se decidiera la remisión del proceso por la Corte Suprema de Justicia a la fiscalía, habría apostado a que iban a revivir esa tesis para no dejarse quitar el caso de Uribe.  Sin embargo, no fue así.  En mi opinión, la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia era la decisión que correspondía, bajo un análisis estrictamente jurídico.

B. La importancia de saber qué es lo que está siendo objeto de investigación.

La gran mayoría de análisis que he escuchado o leído sobre este caso, son políticamente motivados y políticamente estructurados.  En el derecho hay campo para la interpretación pueda generar conclusiones distintas.  Sin embargo, el derecho no es una disciplina relativista, y en consecuencia, no todo se puede y no todo vale.  Por lo tanto uno no puede condenar o absolver a Uribe sino a partir de las pruebas obrantes, y a partir del delito investigado.  Por lo tanto, resulta sorprendente ver a prominentes abogados concluyendo cosas diametralmente opuestas, como si estuvieran hablando de procesos distintos.

Igualmente sorprendente es que muchos de los análisis supuestamente jurídicos toquen temas como los de la investigación al hermano, las masacres de los paramilitares o los tristemente famosos "falsos positivos".  Nada de esto tiene que ver con la investigación que lo tiene privado de la libertad. Si el análisis es eminentemente jurídico, es indispensable ser juicioso a la hora de analizar qué es lo que se está discutiendo aquí.  La pregunta concreta es si Álvaro Uribe Vélez directa o indirectamente sobornó testigos con fines de obtener un resultado judicial favorable en el caso seguido contra el Senador Iván Cepeda.

C. La medida de aseguramiento.

En derecho procesal penal, se insiste que la medida de aseguramiento no es ni puede ser una condena anticipada.  En consecuencia, imponer una medida de aseguramiento a alguien en el marco de una investigación penal, no es un demostración de responsabilidad penal.  Esto es una verdad jurídica normativa y no es simplemente mi opinión personal.  Sin embargo, cuestión distinta es que la gran mayoría de autoridades públicas relacionadas con el proceso penal actúen en frontal contravía a la verdad procesal que acabo de referencia.

En la práctica, las autoridades sienten que la verdadera meta del proceso penal es que se impongan medidas de aseguramiento.  Por eso es que existen tantos procesos que a pesar de tener gente privada de la libertad sin ser condenada, lleva a que los procesos se pierdan por prescripción o incluso por sentencias absolutorias.

Aclarado lo anterior, procedo a emitir mi opinión jurídica sobre la medida de aseguramiento en abstracto, dado que no tengo el más mínimo interés en leer más de 1500 páginas. Para esos efectos, prefiero leerme Don Quijote de la Mancha de nuevo.  Una decisión de esa extensión no tiene ningún sentido procesal, no solo porque hace absolutamente imposible que un defensor se lea la totalidad de este documento en el término de ejecutoria, sino porque atenta contra cualquier concepto de lógica argumentativa y de redacción.

En la gran mayoría de procesos penales suele existir una clara distinción entre las causales para imponer una medida de aseguramiento, y el delito investigado.  Esto quiere decir que comprobar una probable autoría del delito no comprueba automáticamente las causales de procedencia de la medida de aseguramiento.  En este caso esto no ocurre debido a que una de las razones por las que se puede imponer una medida de aseguramiento, es porque exista el riesgo de obstrucción a la investigación, entre otros temas por manipulación, supresión o desaparición de pruebas.  Bajo ese entendido, si la Corte consideró que existía una probable autoría por parte de Uribe de los delitos, en la práctica estaría reconociendo igualmente que es perfectamente probable que pueda intentar manipular las pruebas en este caso.  Por lo tanto, no es sorprendente que se haya dictado una medida de aseguramiento con fundamento en esa causal.

D. El procedimiento a seguir.

En la reciente audiencia seguida ante un juzgado de control de garantías, la funcionaria judicial que conoció de la misma, ordenó remitir el proceso a la Corte Suprema de Justicia para efectos de que se pronuncie sobre el procedimiento penal a seguir en adelante.  Quienes piden ser reconocidos como víctimas, y la parte civil que ya había sido reconocida (Senador Cepeda), consideran que el proceso debe seguir bajo la Ley 600 de 2000 (la norma que se estaba aplicando cuando el proceso cursaba ante la Corte).  Los demás sujetos procesales consideran que se debe seguir el trámite de la Ley 906 de 2004.  Personalmente, considero que el proceso debe seguir por Ley 600 de 2000, por la incompatibilidad de los dos sistemas.

Imagen tomada de: www.semana.com

Hay un tema grueso (más allá de la explicación estrictamente jurídica) que explicaría el porqué todas las víctimas podrían abogar por la aplicación de la Ley 600 de 2000: el cambio del concepto de prueba en ambos sistemas.  Me explico: En la Ley 600, todo documento, testimonio u otro medio probatorio allegado durante la fase de investigación, es prueba.  En la Ley 906, no.  Si se cambia de procedimiento, es perfectamente viable que la defensa alegue que como no hay pruebas, se debe conceder la libertad inmediata, y que en su defecto, la fiscalía podría volver a solicitarla.  Eso es algo que Cepeda, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo (estos últimos no tengo la menor idea qué pueden estar haciendo ahí, pero el caso es que pidieron ser tenidos como víctimas), definitivamente no quieren.

Como no tengo ningún tipo de apasionamiento en un sentido o en el otro, repito mi opinión sobre el particular: Los dos sistemas penales existentes no previeron un régimen de transición de uno al otro.  En consecuencia, la ley está estructurada para que si un proceso inició bajo un sistema continúe bajo ese sistema (independientemente de cual de ellos sea el que se aplicó primero).  Dado que no hay una norma que admita la transición de sistemas, las posibilidades son tres: 1) Que se continúe por la Ley 600 -que es lo que creo que debería ocurrir-; o 2) Que se cambie de sistema surtiéndose un trámite por parte de la fiscalía para que se tenga como prueba anticipada lo que ya se ha surtido ante la Corte; o 3) Que se cambie de Ley 600 a Ley 906, y por ser sistemas incompatibles se busque la declaratoria de nulidad de todo lo actuado -que es lo que creo que busca la defensa de Uribe-.

En la siguiente entrada, abordaré el análisis a partir de la perspectiva filosófica, de lo que veo que está pasando con este proceso. 

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Sobre la cadena perpetua para violadores

Primero que todo, unas advertencias: 

1) Soy penalista, y también profesor de derecho penal:  Si van a atacarme, que no sea por mi "desconocimiento" del derecho penal.

2) Tengo maestría en filosofía: Si van a atacarme, cuando menos tengan en cuenta la argumentación filosófica, y respondan.

3) Soy un obsesivo por el silogismo jurídico.  Las conclusiones en derecho deben venir de un ejercicio valorativo de premisas.  La apelación a la autoridad, es una absoluta tontería como ejercicio argumentativo.

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Introducción:

No es la primera vez que tenemos esta discusión en el país.  Y como la mayoría de las discusiones en materia jurídico-política, el ejercicio argumentativo ha sido realmente pobre. La cadena perpetua es una institución de derecho penal que está proscrita de nuestra Constitución.  Detrás de esa prohibición existe un soporte filosófico que parte de una perspectiva que en derecho penal conocemos como el garantismo penal.

Para poder entender por qué la inmensa mayoría de los penalistas que "mojan" prensa están en contra de esta medida, es necesario entender que en la Edad Media, el Renacimiento y buena parte de la Edad Moderna, el ejercicio del poder punitivo del Estado se ha enfocado en la venganza, y el exceso en la imposición de las penas.  Quizá la imagen que más fresca tiene nuestra memoria histórica es la barbarie cometida por la Inquisición de la Iglesia Católica.  Ha habido muchos muertos, muchos encerrados, y muchos acabados a parte del "legítimo" ejercicio de la pena.

Imagen tomada de: https://www.dw.com

En derecho penal, entonces, existe un axioma enquistado en nuestra mente, de que el acusado debe ser protegido del exceso del Estado (posición garantista) y por eso es que surge una serie de principios penales que está llamada a evitar que los acusados sean víctimas del poder punitivo como ejercicio de poder.  Con ello se procura que la cuestión del derecho penal vaya en línea con un ejercicio racional de retribución de un daño social causado.

Hasta ahí, todo suena maravilloso.

¿Es posible cuestionar el garantismo?

Sin embargo, existe un problema con esa visión del derecho penal: Parte de una pelea de 1 contra 1 (el Estado contra el acusado), en donde el poder del Estado es increíblemente superior al del reo.  Sin embargo, una visión mucho más reciente del derecho penal muestra que realmente la pelea no es 1 contra 1, sino 1 contra 1 contra 1 (el reo, contra el Estado, contra la víctima).  Es maravilloso cuando se puede proteger al reo del poder punitivo del Estado, pero ya no suena tan bueno el asunto, cuando todo esto se hace a costa de la víctima.

Pensémoslo de esta manera:  ¿Cuál es el fundamento para que querer proteger más al acusado que a la víctima?  ¿Suponiendo que el reo sí cometió realmente un delito, qué justificación tiene que se deba defender sus derechos con mayor ahínco que los de la víctima? ¿Acaso la víctima no ha tenido que sufrir ya un daño antijurídico?  Parecería que no tiene mayor sentido que se quiera proteger más al victimario que a la víctima.

Si en la discusión no somos plenamente conscientes que estamos contrastando dos visiones distintas del fenómeno penal, probablemente no se logrará una discusión seria al respecto.  Es posible que haya un fundamento para preferir la defensa del reo por encima de la de la víctima.  Incluso, es posible que ese fundamento merezca ser priorizado.  Lo que no es serio, es darle a ese fundamento la categoría de inamovible, inmutable, perenne, perpetuo.  No le es.  Ni debe ser inmodificable, ni ha sido eterno.  Obedece a una respuesta filosófica y jurídica para una problemática específica en un contexto histórico determinado.

Las víctimas quieren ponerlo a prueba, y no las culpo.  Muchos niños y niñas (sí, en este caso conviene hacer esa diferenciación de género que normalmente considero odiosa) han sido víctimas de depredadores sexuales, y el Estado normalmente no responde, o si responde, responde mal.  No pensemos en el caso de Yuliana Samboní.  Ese es uno de los casos en los que el Estado actuó como debiera frente al autor.  Pero esa no es la regla general.  Normalmente el Estado pierde, y el perpetrador del delito queda libre o con una pena muy baja.

Para aquellos que no son penalistas -y es a ellos a quienes dirijo este escrito- deben saber que para los penalistas colombianos formados en los últimos 30 años, el derecho penal tiene como finalidad proteger bienes jurídicos.  Desde la llegada de las teorías de Claus Roxin a Colombia, esto se da por descontado.  Tiene un sustento magistral, y por ello es que se ha dado por sentado por tanto tiempo.  Sin embargo, la teoría de Roxin pareciera no funcionar en un país con más de 90% de impunidad.  Ahí, parece que el derecho penal no protege nada.  Y no estaría mal pensar que del 10% (realmente la cifra es muy inferior a esta) de casos en los que sí funciona, podría ser interesante discutir si el derecho penal debería jugara a favor de las víctimas o a favor de los acusados.

Sobre la cadena perpetua, en concreto.

La prohibición de la cadena perpetua parte del principio orientador en materia penal, que es el reconocimiento de la dignidad humana.  Complemento: el reconocimiento de la dignidad humana del acusado (nuevamente, la visión 1 a 1 del derecho penal, que expliqué atrás). Por ello, si hemos de reconocer unos derechos mínimos e inalienables de la persona, tendríamos que decir que una visión racional del Estado no podría permitir que tengamos a personas en prisión por toda la vida.  Si a ello le sumamos que una de las funciones de la pena es la de la "reinserción social", tendríamos que decir que es imposible pensar en una pena para que la persona se "pudra en la cárcel".  Eso es lo que dice la ley penal en Colombia hoy.

Imagen tomada de: https://ransom-lawfirm.com/

Sin embargo, la propuesta de la aplicación de la cadena perpetua (para agresores sexuales, o para cualquier otro delito) parte del presupuesto de que quizá sí valdría la pena que las personas se "pudran en la cárcel".  Eso, finalmente, es lo que oigo a diario en distintos círculos sociales.  A los colombianos no les interesa redimir presos.  Es algo que la visión general de la política colombiana (NOTA:  No me refiero a los señores que viven de la política sino a la política en su sentido conceptual básico que viene desde la antigua Grecia) desea con fervor desde hace mucho tiempo.  En épocas de sobrepoblación, bajos salarios, mal aire, mala agua y demás, hay que reconocer que es un deseo de muchas personas erradicar la competencia, tenerlos guardados o incluso muertos.

Si se quiere iniciar un debate serio sobre el derecho penal en Colombia, conviene partir de nuestra realidad social y política, y no a partir de Roxin.  El ejercicio dialéctico del derecho funciona cuando contrastamos un "deber ser" (lo que está en discusión, lo que podemos moldear o adaptar) y el "ser" lo que la vida nos presenta, lo que tenemos, y lo que queremos regular.  No tiene mayor sentido que sigamos formando penalistas que estudien el derecho penal a partir del ejemplo del patinador en hielo, cuando aquí nadie patina en hielo.  No tiene sentido que pensemos en la visión del ciudadano redimido, cuando tenemos a la mitad de la población que desprecia el orden establecido, y desprecia al "otro", a quien ni siquiera lo reconoce como sujetos de derecho.

Esa es la discusión que debería darse.  La del derecho en el que la víctima sí forma parte del fenómeno penal, en un país con más de 90% de impunidad, y en el que la mayoría de personas quieren que los demás se "pudran en la cárcel", o simplemente ni siquiera les reconocen moralmente su categoría de sujetos de derecho.

En una clase de filosofía política, estábamos estudiando los fundamentos filosóficos y morales de la autoridad práctica del Estado (si se quiere, para no entrar en controversias, la autoridad a la que hay que obedecer porque debe ser obedecida).  En la medida en que avanzábamos en la discusión, a partir de las teorías de John Rawls sobre la justicia, convenía preguntarse de nuestros principios jurídicos son inmodificables.  La respuesta es que no.  No lo son, ni deben serlo (en gracia de discusión, el único que tendría que ser inmodificable para que el sistema no cambie como un todo, sería el del Estado de Derecho (rule of law).  Todo lo demás puede cambiar.

Lo sorprendente es que muchos de los juristas de prensa y televisión conocen mucho de lo que aquí les he dicho, pero simplemente se niegan a dar la discusión y punto.  Se siente cómodos con un derecho vigente fundado en Kant, Roxin y Ferrajoli. El problema, es que eso funciona muy bien en un derecho penal de 1 contra 1 (con víctimas invisibles), pero no uno en el que la víctima siempre pierde (1 a 1 a 1).  Por lo tanto, lejos de tildar de neandertales a todos los que propician la discusión, sería interesante que utilizaran sus doctorados para genuinamente pensar a partir de la realidad de Colombia, y no a partir de Roxin, por muy destacado que sea el gran maestro alemán.

Si concluyen que nada debe cambiar, ¡genial!  Pero cuando menos, den la discusión como debe darse.  No existen los principios inmutables y perennes.  La Historia así lo ha demostrado.

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Manifiesto del machista postmoderno

La sociedad postmoderna se nos revela extraña y libertaria.  Nada es lo que debería ser y cada vez se nos revela que el ser, el momento, lo concreto, supera toda consciencia y noción del deber ser.  Con Hegel se decía que la modernidad exigía un proceso de autocersioramiento, y que en virtud de ellos, ella (la modernidad) se jugaba según sus propias reglas. En esa modernidad, las realidades se fundaban en conceptos racionales y no en decisiones personales. En ella los conceptos de hombre y mujer, así como las relaciones de poder existentes entre ellos tenían un respaldo histórico para el hombre frente a un discurso racional/filosófico de la mujer para reivindicar sus derechos, tantas veces menospreciados.

Ya Habermas y Lyotard nos daban pistas para entender que también la modernidad -a la que ellos mismos también se refirieron- fue superada por la postmodernidad, en donde nada es lo que en principio parecía que debía o parecía ser. Es en este contexto, el de lo postmoderno en el que el hombre, o mejor, el varón, debe volver a replantearse su rol en el mundo, en la sociedad, y en su propia vida.  Lo anterior, dado que la ontología feminista ha mutadoo y actualimente ubica al varón en un nivel evidentemente inferior al suyo, responsable de un sinfín de desgracias que se le atribuyen históricamente (con razón), para legitimar toda una respuesta social que lo ubica hoy en día como alguien inherentemente malo (sin razón).  El hombre postmoderno no es hoy lo mismo que era a partir de la modernidad, al menos no para ellas.  La narrativa feminista postmoderna, que también es muy distinta de la narrativa feminista moderna no busca ya igualdad y respeto para la mujer sino preponderancia y supremacía, basados en una noción de desprotección de la mujer, concepto a priori que en muchos casos merece ser severamente cuestionado.

Si miramos históricamente las grandes gestas políticas en pro de la libertad, encontraremos que en ellas existe una necesidad inaplazable de sentar principios fundamentales sobre el porqué de estas decisiones liberales.  En la declaración de inependencia de los Estados Unidos se proclama el principio de igualdad, junto con el reconocimiento de derechos inalienables tales como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.  También con la proclamación de la Constitución de la Primera Republica francesa entendió que el olvido y desprecio de los derechos naturales del hombre eran las causas de los males del mundo, mal que debía ser remediado.  Es por ello que en la realidad actual, también el hombre, aunque el feminismo postmoderno no lo considere así, merece ser feliz y merece ser respetado.

La sociedad impulsada por el feminismo postmoderno ha logrado importantes avances en sus derechos, y nada resulta más encomiable.  Sin embargo, cuando dichos avances implican el desconocimiento o menoscabo de los derechos del varón, hasta allí deben llegar los comités de aplausos.  Nada existe que justifique la preponderancia de derechos de una mujer frente a un hombre, en contextos en los que deben ser tratados iguales.  La mujer no debe tener más credibilidad que el varón por el hecho de ser mujer, ni tiene por qué (ella sí) poder maltratar a sus parejas hombres generando orgullo en la sociedad en vez de repudio.  No es la mujer la única que tiene el derecho de gozar y explotar libremente su sexualidad.  También el hombre tiene ese mismo derecho, e igualmente debe ser protegido.  Así como no existe derecho alguno para tratar a "la mujer" como objetos sexuales o prostitutas por el hecho de que haya un grupo de mujeres que se traten a sí mismas, o sean tratadas por otros como tales, tampoco existe derecho alguno para que "el hombre" sea tratado como un violador o golpeador, por el hecho de que lamentablemente haya hombres que golpeen o violen.  Se trata de una falacia argumentativa conocida como la "generalización apresurada".

Imagen tomada de la cuenta de Twitter: @LosMaltratados

El "machismo postmoderno" como movimiento filosófico y social, es una necesidad también social para hacer frente a las agresiones verbales, físicas y discursivas que provienen de las defensoras del feminismo opresor: aquel que no busca reivindicar derechos y garantizar respeto sino que se regodea en reforzar una narrativa de la diferencia y del maltrato.  El machismo postmoderno debe hacer frente a esta narrativa que presume la legítima la defensa de la mujer frente al hombre, transformándolo en un agresor por definición, y que merece ser detenido y sancionado.  El machismo postmoderno ha de hacer frente a la ontología de ese feminismo postmoderno según el cual el hombre es un ser humano malo y la mujer es un ser humano bueno, por definición.  Este movimiento debe analizar críticamente las consecuencias de esta nueva ontología, como son por ejemplo la posibilidad de que el hombre -en su relación con una mujer- pueda ser acusado públicamente sin fundamento y que ello esté bien, que se le golpee o insulte sin que siquiera exista agresión previa, que se le prohiba insinuar o manifestar sus gustos y deseos sexuales porque sólo hoy en día la mujer puede hacerlo de manera libre.

En un momento histórico en el que la política, los medios de comunicación y las intituciones cada vez apuntan más a normalizar la narrativa violenta y opresora hacia los varones, debemos revaluar los conceptos de lo moralmente correcto, de lo justo y de lo bueno, y analizar en qué momento el varón, por el simple hecho de existir, se convirtió en un ser que debe ceder en sus derechos y garantías frente a las de una mujer, por el simple hecho de ser mujer.  El machismo postmoderno es el de lucha por el respeto y por la igualidad, lo que el feminismo alguna vez fue y siempre debió haber sido.  El machismo postmoderno es aquel que no parte de la victimización para legitimar una andanada de arbitrariedades hacia la mujer, sino aquel que reconoce en el hombre un par, un igual, un ser con libertades, derechos y deberes, aquel que también merece la felicidad, y no solo merece condenas penales y sociales en su contra, por el hecho de ser y actuar como hombre.

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Lo que dejó el 2018 en el mundo jurídico

El año 2018 ha sido un año supremamente diciente desde la perspectiva jurídica.  Lamentablemente, el balance ha sido desastroso, a todo nivel, pero especialmente a nivel internacional.  A continuación, mi balance personal acerca de lo que ha sido este año:

1. El derecho internacional público no sirve

El derecho internacional público, aquel en el que la comunidad de Estados (inicialmente) se agrupan en torno a un ordenamiento jurídico consensuado entre ellos, para someterse a él, y garantizar el orden global y la concordia entre Estados, ha resultado ser en el 2018, más que en otros años, un instrumento esencialmente inútil.  Esto obedece a que en términos reales, los instrumentos internacionales (especialmente los multilaterales) son una declaración de intenciones.  Los Estados verdaderamente poderosos pueden burlarlas, o abiertamente desconocerlas sin mayor temor a nada. Casos, abundan:

Imagen tomada de: https://en.wikisource.org

* Muerte de Kashoggi:  Es claro que la corona de Arabia Saudita mandó matar a este "molesto" periodista.  Lo hizo en la embajada, en territorio de Turquía.  Pudo más los intereses económicos de Estados Unidos en su relación con Arabia Saudita, que la sanción por el asesinato de Estado cometido contra este periodista, que era un refigiado político "protegido" supuestamente por los Estados Unidos.

* Venezuela:  La definición de Estado suele incluir un conjunto de elementos a saber: 1) Conglomerado de personas (Nación); 2) Territorio; 3) Gobierno legítimamente instituido; 4) Reconocimiento internacional.  Venezuela actualmente carece del tercero, y a partir de Enero de 2019, la situación es peor.  No solo ocurre esto, sino que es el principal causante y responsable de cuanta posible violación de derechos humanos se pueda cometer.  Y a pesar de ello, la comunidad no hace nada, porque para estos casos sí prima el principio de soberanía de los Estados.

Curioso que en Afganistán, en Siria, en Irak, al parecer el tema de la soberanía no era tan importante.

* Rusia:  Rusia ha venido realizando movidas temporalmente espaciadas entre sí, todas tendientes a aumentar su poder a nivel mundial.  Ha envenenado a espías propios y ajenos.  Ha ocupado mar territorial de sus vecinos, ha inundado de armas a todos los "indeseables" de la comunidad internacional.  En fin, está jugando a meterse en todo lado, apoyando a los que no son, sin que nadie de la comunidad internacional le diga nada.  Lo hace, porque puede y quiere.

*Inmigrantes:  Nada más "soberano" para un Estado, que tener el poder de determinar quién entra a un territorio, o no.  El derecho internacional público parte de la soberanía de los Estados.  Sin embargo, las medidas adoptadas a nivel "internacional" tienden cada vez más a favorecer una flexibilización de la soberanía de los Estados, en pro de la salvaguardas de derechos de los inmigrantes.  El asunto me resulta interesante en la medida en que parece ser que el orden internaciona muta hacia algo menos estatalizado, pero en todo caso muestra que en sí mismo el derecho internacional es medio ilógico.

2. La justicia no se va a reformar institucionalmente hablando

Lamentablemente, tal y como lo sostuve en toda la serie de entradas relacionadas con la eventual reforma judicial, era difícil que una reforma judicial estructural se llevara a cabo en este gobierno o en cualquier otro.  Las razones son muy sencillas:  en un país violento y corrupto, es mucho mejor contar con una predecible "ley del más fuerte", que con una impredecible "justicia real".  En la medida en que la ciudadanía logre entender que en Colombia las altas magistraturas (y no solo a nivel judicial) no son para servidores públicos (en sentido exegético) sino para administradores del poder, se puede entender que algo tan claramente diagnosticado pueda llegar a fracasar tan reiteradamente.

Toda reforma judicial desde que tengo uso de razón, se ha centrado en negociar con los administradores del poder judicial cómo redistribuir el mismo, de forma tal que parezca que la "ley del más fuerte" va a cambiar.  Al ciudadano no le importa que creen instituciones o cambien otras instituciones que esencialmente hagan lo mismo que lo que ya hay.  Al ciudadano no le interesa que se creen o se quiten nuevas instancias judiciales, si no les soluciona el conflicto jurídico de fondo que puede tener.  Sin embargo, eso es lo que sí les interesa a las instancias del poder (especialmente a la judicial).  Nadie en sus cinco sentidos, luego de 27 desastrosos años, podría querer que el Consejo Superior de la Judicatura subsista, o al menos que subsista como está.  Eso, salvo a quienes les sirve el poder de ese organismo.

Eso de andar creando y quitando juzgados (por ende, creando y quitando cargos), tener el poder de andar absolviendo o sancionando jueces y fiscales, es una maravilla si sabe administrar el poder.  ¿O acaso en qué sentido posible afecta a la Sala de Casación Penal que creen un juzgado administrativo en Nobsa?  En nada.  Sin embargo, las primeras propuestas que cayeron en la fallida reforma a la justicia de Gloria María Borrero & Cia., fueron las que redistribuían el poder judicial de una manera distinta (mucho más en manos del ejecutivo que de los jueces). La reforma planteada era en sí misma mala, pero más mala que la reforma fue la manera como se desenmascararon los administradores del poder judicial, capaces de tumbar lo que sea con tal de no perder poder.

Triste...

Imagen tomada de: www.elcolombiano.com

Al ciudadano (al verdadero buen ciudadano, y no al tan admirado "vivo"), le interesa que lo protejan, que pueda hacer valer compromisos incumplidos por otros (incluyendo el Estado) de manera eficiente, y que en caso de que no lo protejan o los "vivos" se aprovechen de él, la justicia acuda en su auxilio.  Nada de eso, apreciado ciudadano cumplidor, está en ninguna de estas reformas, porque eso no es lo que les interesa a aquellos administradores del poder que eufemísticamente llamamos "servidores públicos", esos que supuestamente viven apegados al tenor de la ley, pero que a la vez, todo les resbala.

3. Fin de una era:  Bienvenida la política judicializada

En la época del estudio "puro" del derecho, del derecho como un sistema propio y autónomo se sostenía con orgullo que la política poco o nada tenía que ver con el derecho.  Progresivamente se vino sosteniendo que el derecho y la política sí confluían y que en momentos tenían puntos de encuentro.  Sin embargo, el 2018 demostró que esa máscara purista del derecho tenía que caer.  En Colombia, ello era evidente desde hace mucho tiempo, pero el discurso formal seguía manejándose como si en efecto, la labor de técnica legislativa fuese algo distinto de la labor política de los legisladores, así como si la función de administración de justicia fuese algo distinto que la opinón política personal de los juzgadores.

Ya en nuestro entorno habíamos venido escuchando campanazos en dos momentos: Cuando la Corte Suprema y la Corte Constitucional valientemente le hacía oposición al apetito insaciable de poder de Álvaro Uribe.  En tiempos más recientes, recuerdo cómo el Magistrado Bernal Pulido (de la Corte Constitucional) pasó de ser un brillante académico digno del cargo, a ser un traidor al entonces Presidente Santos, todo ello por un voto en temas relacionados con el proceso de paz.  El simple hecho de llamarlo traidor presuponía que le debía obediencia política a Santos; sea o no cierto, implicaba la politización de la nominación.

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En Estados Unidos, siempre ha sido mucho más frentero el tema de que los jueces hacen política a través de sus fallos, y por ello la posiblidad de designar Magistrados de cada Gobierno siempre plantea el tema de saber si será una Corte más liberal o más conservadora dependiendo de si se trata de un Magistrado propuesto por un gobierno demócrata o por un gobierno republicano.  El último de esos bastiones de lo que algunos llaman magistrados impredecibles, y que personalmente considero un magistrado autónomo, fue el Magistrado Anthony Kennedy.  Su voto era un voto que no era fácil de saber, y que dependía en gran medida del caso mismo.

Jueces como Kennedy hacen insoportable la labor periodística judicial y la cabalística de los abogados analistas y comentadores, porque los saca del juego del 5-4 o 6-3 al que están acostumbrados, para tener que genuinamente mirar qué es lo que se está dicieno y por qué.  Esa predicibilidad no es necesariamente mala cuando se basa en posturas jurídicas claras, pero cuando es motivada por razones políticas sí.  Recordando la reciente designación del Juez Kavanaugh en los Estados Unidos como miembro de la Corte Suprema de Justicia, a la cual me referí en "Las enseñanzas del caso Kavanaugh", debemos recordar que toda el proceso de confirmación ante el Senado se convirtió en una intervención política sobre lo que debía ser una discusión ética, y especialmente jurídica-penal.

Su confirmación, su triunfo, en la Corte Suprema del país más influyente en la cultura occidental, simplemente nos reconfirma aquello que ya intuíamos: la justicia es tan solo un aspecto más de la política.  Y aquí, no es muy distinto...

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