El derecho a ser elegido

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra como derecho político de todo ciudadano, el de elegir y ser elegido. Esto está consagrado por el artículo 40, numeral 1º de la carta política colombiana. Bajo ese entendido, es claro que cualquier ciudadano, abogado o no, blogger o no, mamerto o no, puede acceder a cargos públicos, aunque con ciertas restricciones para cada caso.

Con fundamento en ese artículo, es que muchos abogados colombianos han llegado a cargos importantes en la estructura estatal del país. La pregunta es si el derecho a ser elegido y el derecho a ser nombrado son lo mismo, y en caso dado de serlo, si son derechos irrestrictos. En un principio, partiríamos de que en Colombia es claro que no hay derechos absolutos. Ni siquiera el derecho a la vida es absoluto, así que por lo tanto no existen derechos irrestrictos.

Lo anterior lo menciono porque resulta cada vez más evidente que en materia jurídica, estamos liderados por políticos. No es un diagnóstico propio únicamente. He tenido la oportunidad de discutir este asunto con personas que se mueven en las altas esferas de la justicia, y la impresión diagnóstica de ellos es similar a la mía. El problema ya no es que nuestros juristas se vuelvan políticos, sino que nuestros políticos se quieran volver juristas. Sí, he dicho se quieran volver juristas, porque no conozco casos en los que “El Secreto” nos sirva para volvernos juristas. Mentalmente atraeremos el derecho a nuestras vidas. Creo que no ocurre, pero no lo descarto del todo. Se requiere algo más de pericia en el manejo del derecho, de los principios jurídicos, de la leyes, de lógica jurídica, para poder pretender siquiera llegar a catalogarse a esa persona como juristas.

Esta discusión me recuerda las palabras de Angel Ossorio, cuando en las primeras páginas del “Alma de la Toga” diferenciaba al abogado del licenciado. El que inventó la vacuna, es abogado. El que escribió el best seller, es abogado. El que escaló el Everest, es abogado. Dirá el autor que el hecho de que haya pasado alguien por una facultad de derecho, no lo hace abogado. Algo de ese mensaje lo lidera el Blogger argentino Gustavo Arballo. Nada más hay que ver el título de su blog “Saber Leyes no es Saber Derecho” para entender que ni siquiera todo el que conoce la ley, puede ser tildado de abogado.

En este espacio, me gustaría denunciar de qué manera en mi país se ha logrado llevar la discusión un poco más allá. Ya no solo nos interesa confundir al público entre abogados y licenciados, como lo denunció don Angel Ossorio. No nos hemos conformado con pretender saber derecho por conocer algunas leyes, como la insinúa Arballo. En mi país, ahora pretendemos que el licenciado sea juez, o incluso Magistrado.

Existen varios casos de abogados que se han recorrido ministerios, superintendencias, procuradurías, curules en el Congreso, y que como forma de finalizar su carrera clientelista, le apuntan a las Altas Cortes. Lo mejor de esta historia es que lo han logrado. Ya no se trata de ver casos como el de Carlos Gaviria o José Gregorio Hernández, que pasaron de la Corte Constitucional a hacer política (el primero de manera exitosa, el segundo como un intento fallido). Se trata de que ahora cada vez más vemos los ejemplos contrarios. Claros en el Consejo Superior de la Judicatura, González en la Corte Constitucional, y lo de la Corte Suprema ya es cuestión crítica. Ni hablemos de nuestro Fiscal General que paso de Viceministro a Fiscal, con la asesoría de un brujo, viente o psíquico (como quieran llamarlo), y que desde que perdió su asesoría no ha dado pie con bola.

Se acercan decisiones importantes como las de la designación de Magistrados en la Corte Constitucional, y próximamente la de Fiscal General de la Nacion, y no les extrañe que el día de mañana, Samuel Moreno (Polo), o Juan Fernando Cristo (Liberal), o Carlos Holguín Sardi (Conservador), o Juan Lozano (Uribista) estén figurando como Magistrado Ponente, o firmando órdenes de captura con fines de extradición.

Es impresionante ver cómo los grandes profesores y litigantes del país, al referirse a los jueces y magistrados que lideraron el desarrollo jurídico del país en su época, solo poseen palabras de elogio y admiración hacia estas personas. Palabras de cariño, anécdotas de sabiduría jurídica, profundo respeto y constantes elogios hacia quienes ellos mismos denominan como ‘grandes maestros’ son muestras fehacientes de la grandeza que ostentó nuestro derecho en algún momento.

Es triste ver cómo no existe ya esa admiración y respeto por quienes administran justicia en el país. Las inconsistencias jurídicas, uno que otro episodio por relojes Rolex, incitaciones a la desobediencia civil por parte de Magistrados, y la falta de sustancia jurídica de fondo en las decisiones tomadas, hacen que los amantes del derecho y los patológicamente inconformes (como yo) veamos con tristeza la situación actual del país en materia de justicia. Las mejores muestras de sabiduría jurídica actuales, normalmente nos llevan a enfrentamientos entre las Cortes, o entre las diferentes ramas del poder público. En consecuencia, incluso cuando las cosas inician bien, terminan mal.

Los litigantes serios andan desesperanzados por la falta de seriedad de los despachos judiciales. Escritos que proponen redes argumentativas serias son contestados con providencias de un párrafo en las que simplemente se arguye por el juez que, “es evidente”, “resultaría redundante ahondar en…” o clásicos como “está plenamente demostrado”, sin siquiera hacer referencia a media premisa que los lleve a esta conclusión. Por supuesto, existen recursos frente a estas decisiones, pero los superiores, con más ego, menos tiempo y aún menos interés en el caso, resuelven normalmente confirmar la decisión debido a lo “razonable” del planteamiento del juez.

Ahora, agreguémosle el ingrediente de que quien administra justicia no es alguien habituado a referirse si la culpa en materia de responsabilidad por actividades peligrosas constituye una presunción legal o una presunción de derecho, ni tampoco está habituado a analizar si en la relación laboral existió o no solución de continuidad, y mucho menos está habilitado para determinar si respecto de determinada conducta se reúnen los presupuestos para hablar de injerencia, que daría lugar a ser tomado como garante de un determinado bien jurídico tutelado por la ley penal. Esta persona, ahora, solo requiere una tarjeta profesional que indique que en algún momento de su vida pasó por una facultad de derecho.

‘Es evidente’ que sus decisiones son tomadas con apego irrestricto a la ley. Con un profesor amigo mío, siempre hemos dicho que en materia de textos jurídicos, llámense libros académicos, sentencias judiciales o memoriales de abogados, no existe necesidad de defender lo escrito. El texto debe defenderse solo. Si el texto no es capaz de defender su propio contenido, entonces es porque no es realmente un buen texto. Lástima que hoy en día, ante el auge de la oralidad en los procedimientos, ya no se requieren textos juiciosos y serios, sino que basta payasear un rato, aumentando el tono de voz, regañando a dos o a tres, y soltar un par de ‘perlas’ jurídicas, para establecer un alegato. Como nadie escucha a nadie hablar, asistir a una audiencia de esta clase es lo más cercano a una pesadilla sufrida por haber comido mucho la noche anterior. Además de ser psíquicamente molesto, resulta físicamente molesto también.

Esa es la realidad de la justicia, desde la óptica de un ave contestataria. Las eminencias se han ido, y han llegado los políticos. Hace un par de días, el ex Magistrado Jaime Araujo Rentería, en entrevista concedida al diario El Espectador, señaló que en la Corte se tomaban decisiones políticas incoherentes, referenciando a un Magistrado que para la discusión del fallo de la reelección, un día tenía 500 páginas llenas de razones por la cual la reelección era inconstitucional, y al día siguiente aportó 500 páginas llenas de razones por las que la reelección estaba ajustada a la Constitución.

Los de la Corte Suprema, siguen diciendo que sus decisiones son inmodificables, que son la máxima instancia en justicia ordinaria, y que por lo tanto, son infalibles. No conceden tutelas, les gusta mucho dictar medidas de aseguramiento, sacar comunicados quejándose del gobierno cada dos días, y por supuesto, desarrollando cada vez más sofisticados argumentos por los cuales no están bien expuestos los razonamientos de los casacionistas. Es decir, cada vez se entrenan más para decir que no entienden nada, y que como no entienden, no pueden pronunciarse sobre demandas de casación. Y para ello, se requieren algunos años de proceso.

El Consejo de Estado es el esquizofrénico de las Cortes. Una Sección dice una cosa, y dos secciones más allá, se dice otra completamente contraria. De hecho, en subsecciones ‘hermanas’ se presenta el mismo fenómeno. He ahí una gran muestra de seguridad jurídica.

Es importante anotar que mientras los ciudadanos ven esto, ya hay una cantidad de abogados alistando fiesticas para la Corte Suprema de Justicia, a ver si pueden ganarse uno o dos votos para su elección. Otros tantos rondan el Congreso para garantizar su nombramiento en la Corte Suprema, y los más vivos, para asegurar la partida, iniciar desde la Casa de Nariño. Recordemos que si se designa una terna compuesta por el abogado A, contra Gaviota y contra Charlie Zaa, probablemente sea nombrado el abogado A. He ahí nuestro derecho a ser elegidos. Es el avance más reciente de la jurisprudencia de la vida. A quienes les guste rezar, es un buen momento de repasar los misterios dolorosos, y empezar a prepararse para lo que viene.