Sobre la consulta anticorrupción

Introducción

Este domingo, 27 de agosto de 2018, se votará la "Consulta Anticorrupción".  Este ingreso tiene efectos ilustrativos, y de opinión.  Lo primero que debemos hacer, para poder hablar de este tema, es señalar qué es eso de una consulta popular.  Esto es especialmente importante, teniendo en cuenta que existen distintos mecanismos de participación ciudadana, algunos más o menos parecidos.

Para entender de lo que trata, sugiero que revisen las sentencias C-150 de 2015 y la sentencia T-121 de 2017, ambas de la Corte Constitucional (en ese orden, preferiblemente).  En todo caso, por tratarse de textos largos, enuncio las principales características de la consulta popular:

1) No se votan normas, sino propuestas o temas que puedan ser de interés nacional, relacionados con el ámbito político.

2) La consulta popular puede ser territorial (ejemplo, las consultas sobre explotación minera), o nacional (como este caso).

3) A diferencia del plebiscito, en la consulta no se somete a consideración exclusivamente políticas públicas propuestas por el Poder Ejecutivo, sino que puede versar sobre iniciativas distintas, y no necesariamente en materia de políticas públicas.  Igualmente, en el plebiscito se "valida" una decisión ya adoptada por el Presidente, mientras que la consulta no es de carácter "validador" sino "consultivo".

4) El resultado de la consulta popular, en caso de ser aprobada, obliga a las autoridades estatales competentes (no necesariamente es únicamente al Gobierno) a que adopten las medidas jurídicas que correspondan para cumplir con lo que el pueblo ha aprobado.  En consecuencia, la consulta genera un "mandato" al Estado, mas no se casa con un mecanismo o mecanismos específicos.  Le dice al Estado qué es lo que el pueblo quiere que se haga.

La Consulta Anticorrupción

Agotado lo anterior, conviene contextualizar ese mecanismo al escenario que nos ocupa.  Frente a lo anterior, conviene resaltar que en principio las preguntas de la consulta (para revisar el tarjetón, haga click aquí) están diseñadas para hacer frente a la corrupción rampante en el país.  Procederemos, sin embargo, a abordar cada una de las preguntas:

Imagen tomada de: www.lasnoticias.co

1) Reducción de salario de Congresistas (y otros funcionarios):

Este artículo tiene una redacción cuando menos complicada.  Obsérvese que en el texto no solo se hace referencia a la reducción de salario de congresistas, sino también de los funcionarios de los que trata el artículo 197 de la Constitución.  La redacción no es clara, en la medida en que el artículo 197 corresponde al artículo que establece las inhabilidades para ser Presidente (el artículo de la reelección presidencial, que se ha modificado para un lado y para otro).  Sin embargo, el listado que se incluye allí de funcionarios que no podrían ser elegidos cuando hayan ejercido el cargo un año antes de la elección, es mucho más amplio que el de congresistas:

El artículo prevé el siguiente listado:

Presidente, Vicepresidente, Ministro, Director de Departamento Adminitrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, Comisión de Disciplina Judicial, Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las FF.MM., Auditor General de la República, Director de la Policía, Gobernador o Alcalde.

No es leal que la "promoción" de la Consulta se refiera a salarios de Congresistas, cuando en realidad muchos más funcionarios están en juego.  De pasar la pregunta como está, se generaría un problema de desbalance salarial complicado, en la medida en que funcionarios de menor jerarquía estarían ganando por encima de las cabezas de las cabezas del Estado, y ello obligaría a que se reduzcan los salarios de todos los funcionarios del Estado, o que se camuflen otros tipos de beneficios para subirlos (algo que ya ocurre hoy).  Basta revisar la manera como se calculan los salarios de estos funcionarios, para ver que el salario básico es relativamente bajo, y existen una gran cantidad de primas y bonificaciones que son los que elevan la cuantía total.

Esta situación podría generar dos incentivos perversos:  A. Que estos funcionarios "compensen" por otro lado, lo que implicaría fomentar la corrupción; y B. Que los mejores profesionales (éticos) decidan no presentar sus nombres para estos cargos, en la medida en que el ingreso no es suficiente para ellos.

2) Cárcel a corruptos y prohibirles contratar con el Estado:

Este artículo ya prevé una serie de cuestiones que se encuentran establecidas en la Ley.  La Ley 1474, o estatuto anticorrupción, en sus artículos 1°, 13, 16, 39, contiene ya gran parte de estas medidas.  Lo que es novedoso de la pregunta, es que se permita la terminación unilateral de contratos estatales, sin indemnización previa, frente a los corruptos.  Sin embargo, por tratarse de una pregunta genérica frente a "los corruptos", sería interesante saber si incluirán a personas condenadas (como debería ser) o si se atreven a adoptar estas medidas frente a personas que están siendo investigadas.  Eso no está claro.

En todo caso, el hecho de que la pregunta replique mucho de lo que ya está, la haría innecesaria, y así se ha argumentado por muchas personas.  Sin embargo, habiéndose aprobado ya por el Congreso (que sería el filtro para limitar este tipo de preguntas repetitivas) y por el Ejecutivo, no tiene sentido dejar de votarla, o votarla negativamente por esta razón.  De hecho, al consultarse este aspecto a la población, una votación negativa podría ser interpretada como el interés del pueblo colombiano en reversar este tipo de medidas, y no como una decisión de dejar las cosas como están.  Una votación positiva, en el peor de los casos, dejaría las cosas como están, e incrementarían las medidas contractuales ya señaladas.

3) Contratación transparente obligatoria en todo el país:

El régimen de contratación estatal cuenta en la actualidad con una modificación reciente incluida por la Ley 1882 de 15 de enero de 2018.  Esta ley, en su artículo 4° incluye una modificación a la Ley 1150 de 2007, que consagra la obligación del Estado de adoptar pliegos tipo para procesos de contratación relacionados con obras públicas.  La tercera pregunta de la consulta apunta a que se amplíe ese requisito a todo tipo de contratación pública, y no únicamente a los grandes contratos de obras públicas.

La transparencia y la objetividad, desde hace mucho tiempo son principios en materia administrativa, y de ser aprobada esta norma, se obligaría al Estado a ampliar esta medida para todo tipo de contratos.  En este caso, no se me ocurre ninguna razón por la cual uno quisiera no aprobar esta pregunta.  Téngase en cuenta, al igual que en el caso de la pregunta 2), que una respuesta en sentido negativo (por ser repetitiva) se interpretaría como una medida tendiente a eliminar los pliegos tipo, y no como un "deje así".

4) Presupuestos públicos con participación ciudadana y rendición de cuentas:

Los presupuestos públicos actualmente contienen una serie de rubros en materia de inversión que supuestamente corresponden a las necesidades fundamentales que se han previsto por el Estado.  Son distintas las instancias que contemplan la manera como se construye el presupuesto, que inicia a partir de un instrumento base, como es el Plan Nacional de Desarrollo.  A partir de ahí, en materia de construcción de presupuesto, el principal instrumento que se debe tener en cuenta es el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).  Las inversiones que se desarrollan, de acuerdo con la lógica de un estado planeador, no tendrían por qué ser aleatorias o depender de la voluntad del mandatario de turno.  En consecuencia, la inversión a cualquier nivel, debe responder a unas necesidades locales.

Un ejemplo claro de cómo esto podría llegar a tener algún tipo de utilidad, se da en temas como el acueducto de un municipio, las carreteras, las escuelas, hospitales, o incluso temas como el tan mentado metro de Bogotá.  Para muchos bogotanos, el Metro subterráneo era equivalente a la corrupción de Petro, y para otros, el Metro elevado es equivalente a la corrupción de Peñalosa.  Un tipo de decisiones de impacto fiscal tan grande, podría ser mucho más transparente si la ciudadanía pudiese tener participación en estas decisiones.  Es claro que los ciudadanos no confían en la capacidad deliberativa y de control de sus representantes (Concejos, Asambleas, Congreso), por lo que poder participar, siempre iría más acorde con la participación democrática directa.

Sin embargo, también es claro que la razón por la que se eligen alcaldes, gobernadores y presidente, es porque se requiere de una cabeza que tenga el poder de todos para poder tomar decisiones.  Un mandatario que no pueda tomar decisiones, es un mandatario que no tiene una razón de ser.  Por lo tanto, lo que importa es que las personas puedan incidir en cómo se invierte, pero no en convertirse en un comité saboteador, un riesgo que podría darse si la medida se radicaliza demasiado.

En relación con la rendición de cuentas, se trata de un principio democrático fundamental (en toda democracia, todas las autoridades deben ser susceptibles de rendir cuentas por su gestión.  Precisamente por ello es que son "SERVIDORES" públicos, y no solamente "DIGNATARIOS".  En esa medida, pedirle a los funcionarios que rindan cuenta de su gestión no debería ser algo que se deba consultar en un régimen democrático, pero dado que se presenta la oportunidad, no está de más votarlo, para quienes estén de acuerdo con la primera parte de la pregunta.

5) Rendición de cuentas por parte de congresistas:

La finalidad de esta pregunta es perfectamente entendible, dado que al igual que existen congresistas muy juiciosos y responsables, existen muchos otros que no se toman la labor parlamentaria en serio. Para nadie es un secreto que para gran parte de la ciudadanía, los congresistas son unos negociantes de votos, y acuden a la "falta de voluntad política" para negarse a hacer cosas que deberían hacer.  Ese pretexto, inexplicable desde otro punto de vista, ha legitimado una de las prácticas más visibles en materia de corrupción como es la negociación de los votos de los proyectos.  Una muestra clara de esta situación es el caso conocido como la "Yidispolítica", en donde se observó de qué manera una buena negociación podría convertir un NO en un SÍ, o un NO en una inasistencia.

Imagen tomada de: http://verdadabierta.com

Se dice, y no sin razón, que la principal rendición de cuentas de los congresistas es en las urnas, en las votaciones.  Algunos se queman, pero muchos comerciantes de votos permanecen y se adaptan a las circunstancias, y al querer de los más poderosos.  Nada más rentable, en un contexto corrupto, que un congresista "influenciable".  Por ende considero que la pregunta más cercana al tema de la lucha anticorrupción, sería esta.  No hay nada más evidente para detectar corruptos que desentrañar sus propias inconsistencias, incoherencias o prácticas corruptas.

Es claro que los congresistas, por esencia, tienen la necesidad de conversar con la comunidad, visitar sus regiones y demás prácticas inherentes a la política.  Sin embargo, en un Congreso que no sesiona todos los días y todos los meses, es inexplicable e inexcusable tanta ausencia por parte de los Congresistas.  En esta pregunta, siguiendo lo dicho en el punto anterior, no veo por qué razón un partidario de la democracia quisiera estar en contra de una práctica inherentemente democrática.

No obstante lo anterior, conviene decir que los esquemas actuales de rendición de cuentas son risibles.  Más que ser mecanismos de rendir cuentas, se trata de espacios promocionales sobre lo que los funcionarios quieren decir.  No puede haber una rendición de cuentas mala en la actualidad, salvo que el funcionario que rinda cuentas no sepa cómo "vender" su gestión.  Si el punto pretende ser exitoso en la medida de separar a los congresistas juiciosos (independientemente de su filiación política) de los que no lo son, se debería prever mecanismos estandarizados de rendición de cuentas, para que permita contrastar la información.

6) Hacer pública propiedades y declaracion de renta, e ingresos "injustificados" de políticos

Esta pregunta es supremamente bien intencionada, pero pésimamente redactada.  La finalidad de la misma es que todas las personas elegida mediante voto popular deban mostrarle al público qué es lo que tienen, cuánto tienen y en qué están representados estos bienes.  Esto, por supuesto, parece claro, pero el problema es que intenta detectar la corrupción a partir de una identificación de datos que parten de la declaración voluntaria del político.  Téngase en cuenta que no declarar, debiendo hacerlo, o declarar mal, genera sanciones. Sin embargo, cometer delitos relacionados con temas de corrupción generan sanciones mucho más graves.  En consecuencia, un verdadero corrupto preferirá mentir en su declaración de bienes que mostrar declaraciones oficiales que demuestren sus ganancias ilícitas.  

El Estado cuenta hoy con muchos mecanismos de información, que debidamente entrelazados, permiten desentrañar ganancias ilícitas.  El problema allí, es que toda esta información suele estar protegida por temas de confidencialidad o reserva, por lo que no es sencillo mostrar la práctica corrupta.  En todo caso, independientemente de que la herramienta consultada no sea por sí misma una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción, sín constituye una prueba clara del dolo de ocultar (para quienes ocultan), lo cual es una ayuda importante para policía judicial, fiscales y jueces encargados de investigar actos de corrupción.

El problema de esta propuesta es: Muchos de los actores más corruptos del país están por fuera de aquellas personas elegidos por voto popular: jueces, fiscales, procuradores, superintendentes, ministros, viceministros, directores de departamento administrativo, entre otros.  La medida, tal como se plantea, parece especialmente dirigidos a los congresistas, pero allí no es el único lugar donde hay corrupción.  En todo caso, el hecho de que sea una medida insuficiente, no la torna en una medida inconveniente ni tampoco mala.

7) Máximo 3 periodos en una misma corporación pública

En las antiguas democracias de las ciudades-Estado griegas, la función pública era una responsabilidad pública antes que ser una prerrogativa o un privilegio.  Ello tiene sentido, en la medida en que lo público primaba sobre lo privado.  La lógica de la corrupción es que lo privado prima sobre lo público; lo público puede llegar a ser algo con destinación privada.  Una de las prácticas que en el imaginario público se asocian a las prácticas corruptas son la idea de no abandonar el poder.  Sin embargo, ese es un supuesto que no puede llegar a ser generalizado necesariamente.

Sin embargo, hay algo que la práctica política colombiana demuestra a diario: para sobrevivir a largo plazo, habrá que untarse las manos. Se tendrá que apoyar al corrupto, o no denunciarlo, por ser inconveniente.  En consecuencia, la idea de renovar a los políticos que ocupan cargos en corporaciones públicas no es indeseable, puesto que la renovación genera que el nivel de "ensuciada de manos" sea en promedio quizá más bajo que frente a políticos eternos.  La medida, sin embargo, si bien puede ser democráticamente deseable, no es propiamente una medida anticorrupción.  Está probado que los políticos corruptos no necesariamente requieren estar en cuerpo propio en las curules del Congreso para poder continuar con la práctica corrupta.  No obstante, el hecho de que no sea propiamente una medida anticorrupción, no quiere decir que no sea deseable.

Opinión personal

El hecho de que la consulta anticorrupción contenga preguntas que reiteran cuestiones que normativamente ya existen, o que incluya cuestiones que sean deseables, pero que no propiamente apunten hacia la problemática de la corrupción, no es un argumento válido para no votarla.  Si algo ya está, no hace ningún daño votar a favor de esa medida (si es que se está de acuerdo con ella).  Igualmente, no votar por una medida deseable, no tiene sentido, si está de acuerdo con la medida solo porque ha sido indebidamente nombrada.

Estoy en desacuerdo con los detractores de la consulta, como un todo, por el tema del costo.  La consulta va a costar eso, vote quien vote.  En consecuencia, es mucho más provechosa entre más personas voten (independientemente del sentido del voto por cada pregunta).  No votar no va a ahorrar dinero.  Tampoco comulgo con la idea de que no hay que votar (o menos aún, que hay que votar NO) por preguntas que reiteran lo ya expuesto.  Se trata de una manera velada de manifestar su intención de votar en contra, aunque con una argumentación más sutil.

Sí estoy de acuerdo con los detractores, sin embargo, en que esta consulta es vista por los promotores (especialmente Claudia López) para medir su fuerza política en eventuales elecciones regionales.  Sin embargo, si alguien (incluyéndola a ella) cree que los ciudadanos pensantes y deliberantes que voten SI todos van a votar por ella, es una muestra de ingenuidad política.  La interpretacion es correcta en mi sentir.  Ingenua, pero correcta.

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Balance del Gobierno de Juan Manuel Santos - Parte 2 de 2

ADVERTENCIA: Esta es la segunda parte del ejercicio de balance del Gobierno de Santos.  Sin embargo, lo que a continuación va a leer carecer de sentido y de contexto si no ha revisado previamente el ingreso anterior.

Si ese es el caso, le aconsejo primero revisar Balance del Gobierno de Juan Manuel Santos - Parte 1 de 2.

4. El Gabinete de Juan Manuel Santos

La conformación del gabiente ministerial es quizá la decisión más importante que debe adoptar un Presidente de la República.  Para efectos de que entiendan mi visión sobre el tema, intentemos trazar un paralelo con un escenario bélico:  Hitler no conquistó Polonia.  Fueron sus oficiales, encabezados por sus generales, los que vencieron en las batallas.  Sin embargo, las batallas no se pelean solas y sin sentido.  En toda gran batalla histórica se suele analizar la táctica empleada por las tropas, que es precisamente la que se le atribuye a las cabezas, a los Generales.  De su diseño y de sus decisiones, depende el éxito de la batalla.

En ese mismo sentido, el éxito de un Presidente depende de las decisiones que él mismo tome.  Sin embargo, es imposible que él tome todas y cada una de las decisiones gerenciales importantes que debe tomar el Estado.  Por ello, los Ministros, como sus generales, son los encargados de ser la voz de mando en sus diferentes carteras.  De sus decisiones, surgió el éxito o el fracaso de las políticas planteadas por el Presidente, y resultaron beneficios o pérdidas para la población, en cada área.

Por razones de espacio no puedo detenerme en cada uno, pero en esta página del diario La República de agosto de 2017 titulada "Los 63 ministros que han pasado por el gabinete del presidente Santos en siete años", que contiene una imagen con nombres de todos los ministros de Uribe, y todos los de Santos (hasta 2017).  Al revisar alguno de los nombres, pareciera que fuese la primera vez que los hubiese escuchado mencionar uno. En otros casos, son nombre que escucha uno todos y cada uno de los días, lo que muestra que el balance ha sido desequilibrado en cuanto a su exposición en medios.  Eso, por supuesto es siempre así.  Es fácil recordar algunos ministros de hacienda, de defensa o del interior, pero usualmente no se vienen a la cabeza ministros de cultura o de minas y energía.

Imagen tomada de: www.vanguardia.com

No obstante lo anterior, al revisar la gestión de algunos de ellos, encuentra uno que simplemente hay ciertas carteras (independientemente de sus titulares) que fracasaron.  Es el caso de las de Agricultura, Educación, o Minas y Energía.  Algunas otras tuvieron algunos buenos ministros y otros no tan buenos (por ejemplo, las de Interior, las de Defensa, y de Medio Ambiente) y otras fueron mayoritariamente buenas independientemente de los ministros (MinTIC).

Sin embargo, podríamos ver tres ejemplos de tres ministros longevos, que se adecúan muy bien a los tres casos recién vistos.  A continuación, un breve repaso:

a. El desastre del Ministero de Hacienda: El Ministro Mauricio Cárdenas Santamaría fue un desastre a todo nivel.  Se trata de un Ministerio que venía cuestionado por sus escándalos administrativos y judiciales del pasado.  En vez de mostrar un talante conciliador en materia de gasto, fue reconocido por el uso y abuso de su prepotencia, para bien o para mal.   En cabeza suya queda haber aumentado significativamente el nivel de endeudamiento público del país, haber proyectado irresponsablemente el presupuesto de la nación a partir de precios imprudentes del petroleo, y haber proyecto las dos reformas tributarias (siendo la primera peor que la segunda) para intentar tapar sus propios errores.  En todo caso, el país pagó, paga y seguirá pagando muchos errores de este pésimo gestor.

b. El tin marín de la Cancillería: No cabe duda que la Canciller Holguín es una mujer aplomada. Tuvo que lidiar con momentos difíciles, especialmente al inicio de su gestión, cuando debió dar un giro de las palabras duras y trato "berraco" del expresidente Uribe a un tono conciliador y menos excluyente de Santos.  Requiere cierto nivel de maestría lograr dominar un giro de animadversión con Venezuela, y pasar a un tono de "mejores amigos".  La Canciller conoce bien la diplomaciay en muchos casos logró trinfos a ese nivel. Sin embargo, la cartera a su cargo manejó de manera irresponsable la parte jurídica internacional.  Colombia se comprometió a todo, con todos, y no vigiló con celo las demandas internacionales.  Frente a este punto, todo fueron malas noticias.

c. La lucha contra la salud de Gaviria: Alejandro Gaviria toda la vida me ha parecido una persona prepotente y sobradora.  Sin embargo, mi opinión de él como ministro ha sido bien distinta.  Su conocimiento en materia económica le permitió aprender con rapidez los recovecos de un sistema de salud diseñado para que el Estado pierda, el médico pierda más, y el paciente sea el "paria" del sistema. El manejo de modelos y de cifras le permitió lograr dos triunfos significativos: la ley estatutaria en materia de salud, que establece un mayor y mejor nivel de protección para los "parias", y medidas de intervención en materia de precios y recursos (IPS y EPS desfalcadoras) así como de regulación frente a precios abusivos impuestos por la industria farmacéutica.  Para quienes no están en el medio, puede parecer una bobada, pero no muchos han logrado triunfar contra industrias multimillonarias.  Sus medidas de mayor tributación para quienes atentar contra su propia salud -fumadores y bebedores  (y casi a consumidores de bebidas muy azucaradas)- pueden ser impopulares pero son racionales, y sobre todo, equitativas.  Haber dado esas luchas es algo que pocas personas hubieran podido hacer con éxito.

5. El Gobierno en el Estado


Nuestra Constitución reza que el Ejecutivo es una de las tres ramas (las tradicionales del poder público, que cada vez son más).  El principio de la colaboración armónica de las ramas del poder público exige respeto entre sí, y colaboración (algo distinto de la cooperación).  En ese sentido, el Gobierno de Santos, en general, fue respetuoso con las decisiones de las demás ramas del poder público.  Sin embargo, es cierto igualmente que en muy pocas ocasiones se vio enfrentado a una oposición suficientemente robusta.  Tuvo mayorias en el Congreso, a quienes supo seducir con los cupos indicativos o "mermelada".  Con el poder judicial intentó concertar reformas que mostraron ser desastrosas.  Sin embargo, no se presentaron escándalos de la talla de "chuzadas ilegales" o maquinaciones de las Altas Cortes en su contra, como en la época de Uribe.  En el consolidado, estuvo bien.

Donde claramente no estuvo nada bien fue en las nominaciones y presentaciones de ternas para altos cargos del Estado.  No fue serio con las nominaciones.  En casi todas las elecciones presentó ternas de uno (uno de los candidatos era claramente el del perfil de favorito, por no construirlas de manera equilibrada).  Sobre todo, él propuso a Eduardo Montealegre, el pero Fiscal General de la Nación que haya tenido este país.  Recordaremos que desarrolló todo un "concurso" de méritos que llevaría a crear una terna de uno de la que saldría elegido el actual Fiscal, Nestor Humberto Martínez. Sostuvo a Cristina Plazas en un cargo (Directora del ICBF) en el que se dio todo el escándalo por desnutrición de los niños Wayuu.  Luis Fernando Andrade, cuestionado por sus manejos en la ANI.

Las superintendencias pasaron al olvido en su mayoría: la superintendencia de salud siempre llegó tarde a todos los escándalos de corrupción en EPSs e IPSs.  La superintendencia financiera llegó tarde a los escándalos de intermediarios financieras más connotados (ej. Interbolsa).  En sentido estricto, ninguno de ellos logró mostrar carácter frente a las entidades que están llamadas a vigilar. Quizá la única superintendencia que mostró un rol de vigilante y controlador fue la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente en cabeza de Pablo Felipe Robledo.  Las medidas adoptadas en materia de protección al consumidor, y especialmente en manejo de derecho a la competencia, fueron muy destacadas.

El Gobierno, entonces, con un centralismo excesivo y una especial laxitud frente a la corrupción, dejó que desear, especialmente cuando los ojos de la ciudadanía empezaron a dejar de ver exclusivamente el conflicto armado y empezaron a notar mucho más los problemas de corrupción y de ineficiencia del Estado.  Los problemas de Mocoa, del puente de Chirijara, la tragedia de Gramalote, las ineficiencias en las obras de La Línea, entre otros, la corrupción en salud, muestran que el Gobierno tuvo problemas serios a este nivel, muchos de los cuales nunca fueron realmente abordados con soluciones estructurales.

Precisamente en aras de tener un mejor sistema gerencial, Santos impulsó los Altos Consejero para (lo que fuera) que en términos generales no sirvieron a nivel gerencial.  Muchas reuniones en Palacio de Alto Nivel, mucho informe y mucho proyecto que no lograron gestarse.  La existencia de las Altas Consejerías crearon una distorsión en el sistema, dado que había temas que tenían 3 o 4 cabezas visibles en el Gobierno, generándose mucho gasto, e ineficiencia.


4.  El proceso de paz con las FARC

Este es el tema más espinoso de todos, por supuesto.  Un proceso de paz es un problema que se genera para solucionar otro problema que se estima mayor, y que busca en últimas el cese de la violencia y la convivencia pacífica.  Bajo esa premisa, era claro que meterse en el proyecto de "diálogos de paz" era una empresa supremamente complicada, por el país en el que se vive.  Algunas de las preguntas básicas que rodearon el proceso de paz quedaron perfectamente respondidas a lo largo del mismo, pero algunas otras nunca tuvieron respuesta, o por el contrario tuvieron múltiples respuestas.

Imagen tomada de: http://elpais.com

Para que se entienda lo anterior, si se le pregunta a una persona para qué era el proceso de paz, la respuesta mayoritaria sería que se busca cesar un conflicto de más de medio siglo y buscar la reincorporación de los combatienentes a la vida civil.

Sin embargo, si la pregunta que se plantea es por qué se llevó a cabo, la respuesta no es clara.  El proceso surgió finalizando el primer mandato de Santos, cuando su programa de Gobierno y su Plan de Desarrollo ni siquiera contemplaban esto.  Si bien la guerrilla venía sufriendo ciertos golpes por parte de la Fuerza Pública, no existía un llamado o invitación formal de su parte para iniciar diálogos.  En otras palabras, la idea surgió "de la nada".

Si la pregunta es, cómo se iba a llevar a cabo, surgieron múltiples respuestas.  El cómo es el punto principal que en mi opinión deslegitimó el acuerdo logrado.  La instrucción era clara: había que lograr el acuerdo y formalizarlo.  El cómo no era relevante.  Por eso, si recuerdan los lectores, se pensó en un referendo, en una consulta popular, en un acto legislativo, en una constituyente, hasta que se concluyó (por el Gobierno de Santos) que la fórmula era el plebiscito.  El problema es que realmente la fórmula elegida por el Gobierno, no se respetó.  Perdió el plebiscito, e igual hizo lo que el pueblo le dijo que no hiciera, y se terminó implementando de otra manera muy distinta.  En otras palabras, no se respetó el mandato popular.

En cuanto al qué se iba a negociar, siempre fue problemático este punto, pero era de esperarse que lo fuera.  En toda negociación, siempre el qué es lo más problemático.  El asunto, en este caso, no es qué se negoció, sino qué se dijo que se iba a negociar.  En esencia, los inamovibles que planteó Santos al pueblo, sí se negociaron, a pesar de que se dijo que no lo iba a hacer.  Mucho es lo que se escribió y se pactó, pero el nivel de cumplimiento tanto por parte del Estado como por parte de las FARC ha sido increíble y sorpresivamente bajo.  En el caso del Estado, cabe recordar que en una negociación de esa naturaleza, el Presidente obra como Jefe de Estado, y por lo tanto lo que dice y hace compromete a todos los demás estamentos del Estado.  Precisamente es por ello que es especialmente delicado que diga una cosa y haga otra.  Pero igualmente delicado es que los demás organismos del Estado (el caso más claro es el Procurador Ordóñez) no se sientan vinculados por lo que negocia el Presidente como Jefe de Estado.   Es como si el acuerdo no fuera con el Estado colombiano sino con un puñado de funcionarios del Estado, y eso no es serio.

El proceso de paz salió, pero no salió bien.  La razón principal es que por alguna razón, los primeros puntos se negociaron supremamente lento, y los últimos puntos (los más importantes) se negociaron supremamente rápido.  Esto generó que se buscaran muchas soluciones teóricamente muy bonitas, pero prácticamente ineficientes, y que muchos de los temas que eran de crucial importancia para la ciudadanía colombiana, pasara de agache.  La razón del afán nunca se entendió.  Ya la popularidad del Presidente era baja, y ya el grupo de detractores del proceso estaba claramente definido.  No había ninguna razón para correr.

En consecuencia, frente a este punto, respeto mucho la posición de quienes sostienen que haber salvado una sola vida ya hace que todo valga la pena.  Mi línea de pensamiento exige una coherencia entre medios y fines, y por lo tanto, no cabe esa forma de pensar.  Creo que acudir a vías antidemocráticas (no respetar la votación popular del plebiscito) para montar un proceso de paz que implicó una voltereta frente a lo había prometido en su primer mandato, no deja bien parado a Santos.  En mi mente siempre quedará que ese super héroe de la Historia como muchos se refieren a Santos, finalmente fue un Presidente que juró defender y hacer cumplir la Constitución y la ley, y que fue incapaz de respetar y hacer respetar la voluntad popular expresada mediante el instrumento democrático fundamental como es el voto.  Eso, para mí, no es digno de alguien a quien quieran denominar "el mejor Presidente de la Historia".

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Balance del Gobierno de Juan Manuel Santos - Parte 1 de 2

NOTA PREVIA: A pesar de que este no es un espacio político, he decidido lanzarme a la aventura de intentar dar un balance medianamente objetivo sobre los ocho años de Gobierno de Santos.  La razón principal de hacerlo es que no he leído un solo análisis serio de lo que ha sido el Gobierno de Santos.  Un análisis serio parte del presupuesto de que estamos refiriéndonos a un plan de Gobierno y a unos resultados de Gobierno.  No podemos quedarnos en simples frases de cajón tales como "Regaló el país a las FARC" o "Se la jugó 100% por la paz".  Ninguna de las dos frases permite debatir porque estan fundadadas en la intencionalidad, y no en el hecho, y adicionalmente por ser absolutamente radicales.  Intentaremos hacer un análisis desde otra perspectiva que huya de esas frases de cajón.

Segunda nota de advertencia: He manifestado que no me gusta Santos, pero tampoco lo odio.  Nunca voté por él.

1. ¿Qué dijo que iba a hacer?

Para poder responder a esta pregunta, debemos remitirnos a lo que han sido sus dos planes de desarrollo.  Cabe reiterar que tal y como fue diseñada la política del Estado planeador, la idea es que el Gobierno no improvise, sino que todo lo que haga o deje de hacer (en su mayoría) esté enmarcado en un plan, y como todo plan, no debe únicamente centrarse en el "qué quiero hacer", sino principalmente en el "como voy a lograrlo".  De lo contrario, se convierte en una declaración de intenciones, y no en un plan.

Veamos, entonces lo que es la estructura de los dos planes nacionales de desarrollo de los dos Gobiernos de Santos.  Cabe resaltar que por razones de espacio sólo se abordará el índice de los mismos incluuen la primera y segunda categoría de divisiones.  Incluir la tercera lo habría hecho imposible de revisar.

 

Imagen tomada de: www.mincit.gov.co

I. HACIA LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA: VISIÓN 2010-2014

II. CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL CARACTERIZACIÓN, DINÁMICA Y DESAFÍOS
 A. Enfoque del desarrollo regiona
 B. Caracterización del país por departamentos
 C. Lineamientos estratégicos para la formulación de políticas y estrategias regionales diferenciadas
 D. Retos del desarrollo regional
 E. Estrategia, ruta y esquema operativo para conformar Áreas de Desarrollo Territorial (ADT)

III. CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD
 A. Innovación para la prosperidad
 B. Competitividad y crecimiento de la productividad
 C. Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo

IV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
A. Política Integral de Desarrollo y Protección Social
B. Promoción Social

V. CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
 A. Seguridad - orden público y seguridad ciudadana
 B. Justicia
 C. Derechos humanos, derecho internacional humanitario y Justicia transicional

VI. Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo
A. Gestión ambiental integrada y compartida
B. Gestión del riesgo de desastres: buen gobierno para comunidades seguras
C. Respuesta a la Ola Invernal 2010-2011
D. Canasta y eficiencia energética

VII. Soportes transversales de la prosperidad democrática
A. Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción
B. Relevancia internacional
C. Apoyos transversales al desarrollo regional

VIII. CONSISTENCIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014
 A. Diagnóstico
 B. Elementos que afectan el crecimiento económico

IX. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2011-2014

X. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Para revisar todo el documento en 2 tomos, siga este enlace.

Imagen tomada de: www.mintrabajo.gov.co

TODOS POR UN NUEVO PAÍS: PAZ, EQUIDAD, EDUCACIÓN

I. INTRODUCCIÓN
 
II. COLOMBIA EN PAZ
 
III. COLOMBIA EQUITATIVA Y SIN POBREZA EXTREMA
 
IV. COLOMBIA, LA MÁS EDUCADA
 
V. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS
 
VI. MOVILIDAD SOCIAL
 
VII. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
 
VIII. SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
 
IX. BUEN GOBIERNO
 
X. CRECIMIENTO VERDE
 
XI. ESTRATEGIAS REGIONALES: EJES ARTICULADORES DEL DESARROLLO
 
Y PRIORIDADES PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL
 
XII. CONSISTENCIA MACROECONÓMICA
 
XIII. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2015-2018

Para revisar todo el documento en 2 tomos, siga este enlace.

2. ¿Cumplió?

Preliminarmente, hay que decir que no.  Esto se debe a una serie de factores, entre los cuales destaco los siguientes:


1) Los Planes Nacionales de Desarrollo realmente no constituyen un verdadero plan, sino se constituyen en una declaración de intenciones (que es algo muy distinto).  Esto, por supuesto, no es algo exclusivo del Gobierno Santos, sino que casi todos los Gobiernos anteriores de una u otra manera hacen lo mismo.  Santos no cumplió con sus intenciones, en su gran mayoría.

2)  Deteniéndonos en el primero de ellos, el de 2010-2014, encontramos que el plan de Santos era impulsar y dinamizar la economía a través de 5 locomotoras (Innovación - sectores que pertenecen al Programa de Transformación Productiva-, Minero-energético, Infraestructura en transporte, Agropecuaria, y Vivienda), de las cuales genuinamente logró impulsar dos de ellas con cierta fuerza, como son la Vivienda y la infraestructura en transporte.  Lamentablemente la última de ellas se ha visto cuestionada por los problemas de incumplimientos contractuales, así como problemas de estabilidad de obras, y corrupción.  En materia de vivienda sí debe reconocerse un auge importante en el Gobierno Santos, que fue lo que jalonó la economía tras la caída de los precios del petróleo.

3) Lejos de dar más "autonomía" a las regiones, los dos gobiernos de Santos fueron sumamente centralizados en Bogotá.  Un ejemplo claro de lo anterior es la modificación al régimen de regalías, así como el esquema de trabajo que inicialmente realizó a través de los denominados APP, que implicaba en muchos casos que la autoridad central iba a regiones a recoger inquietudes que se tramitaban desde Bogotá.

4) La "Consolidación de la Paz" de la que trata el primer plan de desarrollo no tiene nada que ver con la apuesta por la paz que se dio en el segundo de los gobiernos.  Todo ese ítem de paz de que trata el primer plan de desarrollo se fundaba en un fortalecimiento de lo que en el Gobierno anterior se llamó seguridad democrática, cuya profundización se daba a partir de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  A partir de allí, se trabajaría en un fuerte componene en el área de justicia (gran parte del componente del programa venía de la campaña de Germán Vargas Lleras, quien habría de ser su Ministro del Interior y de Justicia antes de que se dividieran las carteras.  El componente de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario fue quizá el más impulsado, y parcialmente el componente de modernización de la justicia.  Sin embargo, el principal elemento que lo había hecho elegir para ese periodo, como era la profundización de la política de seguridad democrática en una de prosperidad democrática no se dio.

5) La gran promesa incumplida fue haber dejado a Colombia tan mal educada.  Constantes paros de educadores, pruebas PISA que nos dejan muy mal parados, y la imposibilidad de cambiar la educación como un servicio social en vez de la educación como negocio.  Esto, por supuesto ha generado que las promesas de inclusión y equidad se vean claramente afectadas, dado que el elemento principal de movilidad social es la dupla educación-trabajo.

6) A nivel internacional, se puede observar una mejoría evidente entre el modelo de trato con otros Estados que venía en claro detrimento desde la época de los gobiernos de Álvaro Uribe, en un afán de normalización y de reinclusión en un escenario que se nos reducía.  Sin embargo, el afán de pertener en cuanto grupo mundial se pudiera estar llevó al Estado a pactar todo tipo de TLCs sin medir su impacto real en la economía colombiana, y buscar obsesivamente entrar en la OCDE, como si el simple hecho de estar allí lograría algún tipo de mejoría para los ciudadanos colombianos.

7) La protección ambiental es una tarea que no fue sobresaliente, pero tampoco desastrosa.  En momentos claves y de alta tensión, el Gobierno se la jugó por la protección de los páramos, e incluso reversó decisiones claves en materia de ingreso, por razones ambientales.  Sin embargo, es claro que después de ocho años, el Gobierno no logró tomar medidas verdaderamente eficaces para atacar la minería ilegal, no solo como mecanismo de financiamiento de grupos ilegales, sino por las terribles consecuncias ambientales que deja.

8) Quizá el mayor acierto que tuvo el Gobierno Santos a largo plazo fue al jugársela por un Gobierno en línea, por la reducción de trámites y por la posibilidad de profundizar en las tecnologías de la comunicación y de la información.  Se trata de un espacio con importantes posibilidades  de crecimiento, impacto ambiental medible, y con impacto directo en educación y cultura, si se logra profundizar de la manera correcta.  La interrelación de la que se habla, sin embargo, quedó en pendinte.


3. Mi opinión personal sobre sus planes de Gobierno, sus logros y sus pendientes. 

 Imagen  tomada de: www.la-razon.com

Desde cuando me referí a la campaña de Santos en este espacio, señalé que era una persona que gozaba de toda la preparación para poder ser jefe de Estado, pero su capacidad de mimetizarse en tantos Gobiernos distintos lo hacía peligroso porque no se sabía realmente lo que haría.  Mirando 8 años hacia atrás, reitero que efectivamente el país nunca supo realmente cuál era el norte real de Santos.  Dijo que lucharía incansablemente contra la corrupción, y no lo hizo.  Dijo que la educación sería una prioriad, y no lo fue.  Dijo que no subiría impuestos y lo hizo (2 veces).  Igualmente, dijo que continuaría con la política de seguridad democrática, y no lo hizo.  En ambos casos apuntó a la importancia de impulsar el agro, y fue víctima reiterada de paros precisamente por los campesinos.

Santos es una persona que se decía enemigo de su clase, pero cuyas reformas tributarias beneficiaron principalmente a esa clase, y apretó a la clase media.  A pesar de que tuvo a la salud como una meta medio olvidada en su planificación, muchos de los logros más importantes de su mandato se dieron en esta área, y la que más prometía que era la educación, dejó mucho que desear.  No creo que lo suyo haya sido un problema de competencia o incompetencia, porque es una persona que sabe lo que hace.  Sí es un problema, en cambio, que era una persona de la que se esperaba mucho, y especialmente él esperaba mucho de sí mismo. 

Basta revisar las referencias que hace él de sí mismo, lo mismo que sus allegados.  En la mayoría de casos se referirán a un Presidente que gobernó para la Historia.  En efecto si lo miramos por titulares, lo hizo:  1) El Presidente que dio de baja al comandante de las FARC.  2) El Presidente que firmó la paz con la guerrilla de las FARC.  3) El Presidente que mereció un Nobel de Paz.  4) El Presidente que garantizó la entrada de Colombia a la OCDE.  5) El Presidente que decidió no acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia para garantizar la soberanía del país.  6) El Presidente que acabó con la reelección presidencial. 7) El Presidente que sacó la ley de víctimas y la ley de tierras.

Como ven, todos y cada uno de los titulares son supremamente vendedores.  Parece que hubieramos estado en manos del mejor Presidente de la Historia.  Sin embargo, con esos títulos, al igual que con cualquier título universitario, hay que escudriñar realmente qué tanto hay en el contenido de la Historia.  El resultado no es el mismo.  Por eso es que el análisis de cómo le fue a Santos no se le debe abordar por los títulos, sino a partir del contenido.  Queda la segunda parte del análisis, en donde abordaré otros puntos importantes sobre lo que fue el Gobierno de ocho años de Santos.


PENDIENTE PARA PARTE 2/2:  Gabinete, nominaciones, interrelación con las ramas del poder público, los procesos de paz y opinión personal sobre esos puntos.

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