Mi opinión sobre la salida de Cheyne

Desde hace aproximadamente un mes, la comunidad de la Universidad del Rosario estuvo escandalizada por la crisis en la que supuestamente estaba sumida esa institución de educación superior, ante el aparente manejo irregular que venía liderando Alejandro Cheyne, su rector (hoy exrector).  Manejos financieros aparentemente irresponsables, ausencia total de autocrítica, pésimo manejo de la planta profesoral y aparente corrupción de la figura de los colegiales, eran las principales críticas que se ventilaban en su momento.

No fue sino que los medios de comunicación hicieran eco de esta situación, para que la consternada comunidad rosarista se rasagara las vestiduras.  Como siempre, salía a relucir los casi 400 años de vida de la universidad, su destino manifiesto como faro moral del país, y otras tantas tonterías que siempre salen a relucir cuando se habla de la universidad, en cualquier sentido en el que se hable.  Lo primero que debo decir al respecto, es que genuinamente importa un pepino si la universidad tiene 1 año, 10 años o 500 años.  Eso en nada afecta el análisis que se debe hacer de la situación.

Imagen tomada de: https://urosario.edu.co (página web de la U. del Rosario)

Yo alcancé a durar cerca de de 7 años como profesor del Rosario, entre 2007 y 2014, aproximadamente, tanto en pregrado como en postgrado.  He cursado tres programas en esa universidad como estudiante (uno de pregrado, uno de especialización y uno de maestría), y llevo cerca de 24 años desde que por primera vez me vinculé a la universidad.  Todo esto lo menciono, porque en ese lapso, en el que he experimentado la vida rosarista, puede tajante y categóricamente afirmar lo siguiente: 

¡NO ES POSIBLE QUE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, LA PLANTA PROFESORAL Y LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL HAYAN ESTADO A OSCURAS FRENTE A ESTA SITUACIÓN!

Esto lo digo, porque de manera más que oportunista -tras las notas en prensa- empezaron a salir comunicados de cuanta posible instancia universitaria podría haber, para manifestar su rechazo frente a la "preocupante situación" y a las notas publicadas.  Algunas de las últimas comunicaciones (más valientes que las primeras) pedían la renuncia del rector Cheyne, e invitaban a hacer un ejercicio de investigación y autocrítica.  En fin, los comunicados eran como los que suelen producirse en este tipo de situaciones cuando ya se ha ventilado en la opinión pública lo que es evidente al interno: comunicados lavamanos.

Al final, la presión ganó, y Cheyne salió, pero ante la opinión pública, pareciese que el tema quedó resuelto, porque el problema era él, y solo él.  Nada más ajeno a la verdad.  Si Alejandro Cheyne era TAN MALO como dicen, TAN TIRANO como lo pintan, y TAN IRRESPONSABLE como se dice, ¿por qué razón lo religieron?  Lo que no se dice mucho por estos días, es que el exrector había culminado un primer periodo como rector, entre 2018 y 2022, y que al momento de ser removido de la rectoría, estaba en la mitad de su segundo periodo.

¿Sinceramente esperan los directivos de la universidad, y la planta profesoral de la misma que la gente crea que en seis años no se habían percatado de esta situación?  Al parecer eso es exactamente lo que esperan.  Sin embargo, en uso de mi voz independiente, quiero dejar constancia que eso me parece tan irresponsable como lo que venía haciendo el entonces rector.  Puedo entender que muchos callen por miedo a ser despedidos, y por ende a poner en riesgo la estabilidad de sus respectivos hogares, o incluso su futuro profesional.  Eso es entendible.  No lo comparto, pero lo entiendo.  El miedo es un poderosísimo motivador.  Lo que no comparto ni acepto, es que pretendan hacerse los ingenuos frente a la situación.  Todos y cada uno de los decanos tenían que tener clarísimo lo que estaba pasando, así como los directores de programa.  Sin embargo, son directivos puestos o avalados por él, así que me imagino que tendrían que "comer callados" si querían permanecer en sus cargos.

Especial tristeza me genera la falta de oposición por parte de los profesores de hora cátedra, es decir aquellos que no "viven" de sus clases, y que verdaderamente siguen allí por amor al arte. De ellos era de quienes habría esperado yo una voz de protesta constante y altisonante.  Si bien la razón de ser de las universidades es su cuerpo estudiante, su pilar y base fundamental son los profesores.  Si los profesores no son capaces de protestar, hablar claro y oponerse a aquello que destruye la oportunidad, no tiene ningún sentido que después salgan con tardíos e inoportunos comunicados para mostrar su preocupación e indignación frente a lo ocurrido.

En conclusión: Bien ido el exrector Cheyne. Sin embargo, a pesar de sus comunicados lavamanos, los que sí sabemos como funciona la universidad por dentro, no debemos perdonar con tanta facilidad el silencio cómplice de los que sabían y callaron.  De nada sirven cerca de 400 años de historia cuando ante las verdaderas pruebas de nuestro talante y carácter, callamos y nos acobardamos.

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Sobre la revocatoria de los Magistrados - Parte II

Continuando con lo prometido en mi ingreso anterior, procedo en esta ocasión a elaborar una defensa sobre la postura que pretende evitar la revocatoria de los Magistrados de las Altas Cortes.  Para aquellos que no han tenido la oportunidad, considero que antes de revisar esta entrada, deben revisar el ingreso titulado "Sobre la revocatoria de los Magistrados - Parte I" dado que allí se explica el método que aquí se emplea.

Si ya lo han hecho, los invito a que revisen los argumentos que expongo a continuación.  Por supuesto, agradezco sus comentarios sobre el particular.

POR QUÉ NO DEBEN SER REVOCADOS LOS MAGISTRADOS DE LAS ALTAS CORTES:

 1) ¿Qué es lo que espera la sociedad de un Magistrado?  Nada.  No existe un requisito especial para ser Magistrado.   Lo único que se requiere es cumplir con una serie de formalidades.  Si la sociedad no ha establecido ningún tipo de requisito constitucional y legal distinto a los 10 años de ejercicio profesional, mal puede llegar a ejercer juicios ex post sobre la idoneidad de los Magistrados.  Quienes deben cumplirle a la sociedad son las cortes, no sus integrantes.  Lo cierto es que la sociedad no exige nada a los aspirantes a Magistrados.  En consecuencia, no existe causal alguna ética, legal, y mucho menos política para exigirle la salida a los Magistrados.

2) La revocatoria de mandato, tal y como se consagró en la Constitución, es una figura similar a la del contrato civil del mandato.  El mandante está en la capacidad de revocar el mandato cuando el mandatario no ha cumplido con la gestion encomendada.  Si es claro, como he señalado atrás, que el pueblo no le confiere mandato alguno a los Magistrados, mal haríamos en intentar aplicar por analogía una figura que no resulta aplicable.  No es posible revocar un mandato que no se ha conferido.

3) Tal y como aparece en la parte superior, con los Magistrados funciona exactamente igual.  Una vez nombrados no existe reembolso, ni tampoco existe cambio.  La justicia está en crisis porque el sistema de designación de Magistrados no es serio.  Sin embargo, así como estamos en la obligación jurídica de aguantar a un Presidente malo, estamos en la obligación jurídica de aguantar Magistrados malos.  Si el problema es el sistema de designación de los abogados que serán Magistados de las Altas Cortes, lo que el país debe mirar es cómo diseñar un sistema de designación serio, y no salir a tomar medidas antijurídicas como "tumbar" Magistrados porque uno o unos de ellos estén cuestionados.

4) Se les critica a los Magistrados que posean una determinada filiación política.  Sin embargo, la teoría del derecho penal cada vez acepta con mayor facilidad el vínculo entre política y derecho.  Se ha logrado desdibujar la imagen que la ley es fruto de discusiones en abstracto por parte de seres iluminados, para entender que es fruto de la negociación de distintos intereses políticos por seres con apetito político.  En ese sentido, la raya divisoria entre lo jurídico y lo político es cada vez menos clara.  De hecho, en países como los Estados Unidos (a los que cada vez nos interesa parecernos más) los jueces de su Corte Suprema de Justicia "deben" tener una concepción política clara, pues esa concepción política permea su interpretación jurídica.  El problema no es poseer filiación política.  El problema es no saber cuál es esa filiación política, o incluso, poseer muchas (mercenarios jurídicos).  Revocar a los Magistrados implica cerrar los ojos ante esta realidad, y descalificar el criterio jurídico de aquel que por naturaleza es un animal político (Aristóteles).

5) Los Magistrados son tan abogados como los que litigan ante ellos.  Como abogados, como servidores públicos tienen un régimen disciplinario aún más severo (en teoría) que los demás ciudadanos.  Existen múltiples maneras como jurídicamente se puede "disciplinar" a un Magistrado.  Son a esas vías a las que deben acudir los defensores de los jurídico.  Para quienes buscan la revocatoria fundada en razones éticas, es conveniente señalar que el régimen de deberes de los jueces que se encuentran contenidos en la Ley estatutaria de administración de justicia (Ley 270) parte de una visión ética que se ha plasmado en una norma jurídica.  En consecuencia, no es del caso inventarse nuevas normas éticas para intentar fundamentar una postura que no es jurídicamente sostenible a partir del derecho formal.

6) Existe una creencia errónea de que "después de la tempestad viene la calma", en nuestro.  Eso parte de dos presupuestos que se dan por probados, sin estarlo: a. Que la tormenta tiene fin". b. Que el fin de la tormenta es la revocatoria.  Lo único que garantizaría el día de mañana una revocatoria del mandato es que ya no nos quejaríamos de estos Magistrados.  Eso no garantiza que vengan magistrados buenos ni decentes, ni éticos, ni conocedores del derecho.  En consecuencia, pretender revocar a los Magistrados con fundamento en la "esperanza" de un mañana mejor no es un acto serio, ni siquiera racional.  Se constituye en un acto de fe, y el Estado no debe funcionar a partir de actos de fe.

7) El hecho de que Colombia esté instituida como una democracia esté instituida como una democracia no implica necesariamente el hecho de que todo el aparato estatal funciona de manera democrática.  El pueblo, como constituyente primario, es quien tiene facultad de controlarlo todo.  Sin embargo, no hay que confundir el concepto de constituyente primario con el de una turba furiosa.  Las turbas furiosas piensan en tumbar, en destruir, en acabar.  El concepto de "constituyente" parte del presupuesto totalmente contrario.  El constituyente es el que debe crear, desarrollar, "constituir".  Un pueblo enardecido desconociendo las normas de juego que estableció cuando "constituyó", evidentemente no está actuando como un constituyente, sino simplemente como una turba enardecida.

8)  El hecho de que la jurisprudencia sea buena o no, implica un juicio de valor sobre un acto jurídico al que denominamos "sentencia".  Así como el peor asesino es capaz de querer a sus hijos y a su pareja, también el peor de los Magistrados es capaz de pensar de manera jurídicamente correcta.  El problema del mal Magistrado no es la producción de jurisprudencia buena o mala, sino su capacidad de obrar por incentivos distintos a la aplicación del derecho.  Revocar Magistrados no resuelve el problema de los incentivos perversos, sino que cambia los receptores de esos incentivos.  Revocar al Magistrado y esperar que se evite el incentivo perverso, es como pretender curar la artritis cortándole a una persona las manos o los pies.

NOTA:  Al igual que en el ingreso anterior, se dieron ocho razones para argumentar a favor de una postura.  Dado que se trataba de una serie de dos ingresos, invito a los lectores a que revisen ambos ingresos y formen su propio criterio.  La idea, por supuesto es que evitemos el tema de que hay que revocarlos, o no hay que revocarlos, simplemente porque algún "ilustre jurista" lo ha dicho.  Los generadores de opinión, generan eso: opiniones.  No son generadores de argumentos.

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Sobre la revocatoria de los Magistrados - Parte I

Recientemente he tenido un cruce de ideas con algunos colegas acerca de la propuesta que han formulado algunas personas en torno de la posible revocatoria de las actuales magistrados de los máximos tribunales de Colombia.  Algunos, cansados de ver que la magistratura se ha convertido en un nicho de manipulación del poder del Estado más que en una dignidad otorgada a aquellos más capacitados para hacer justicia material frente a los casos que deben tratar, proponen que todos los magistrados salgan, y que entre gente nueva.

Otros consideran que esa medida no soluciona nada, y que constituye más bien una propuesta dada por enemigos de las cortes para intentar tomárselas.  Para estos últimos, los problemas que han llevado a la crisis de la Corte no se solucionan con un simple borrón y cuenta nueva.

Personalmente, considero que ambas posturas "podrían" llegar a ser válidas.  Como siempre he creído, son los argumentos los que me llevan a afiliarme a una u otra postura.  Dado que a la fecha no he leído mayores argumentos (OJO: no confundir argumento con opinión) a favor de una o de la otra postura, he decidido lanzarme al agua aquí con un ejercicio particularmente extraño.  Debo adentrarme en el ezquizofrénico ejercicio de ser abogado de ambas partes, y por ende intentar convencer al público acerca de la necesidad de revocar a los actuales magistrados (visión 1), y luego debo intentar convencerlos acerca de la inutilidad de esa medida (visión 2).

A continuación, daré inicio a este ejercicio bipolar:

POR QUÉ DEBEN SER REVOCADOS LOS MAGISTRADOS DE LAS ALTAS CORTES:

1) A la Corte (cualquiera de ellas) deben llegar los más elevados espíritus jurídicos.  Las personas que ocupen la investidura de magistrados de las altas cortes deben ser personas de reconocida trayectoria profesional.  Las personas que llegan allá deben tener potencialmente "algo que aportar" a la jurisprudencia, y deben estar guiados por el espíritu de la justicia.  El espíritu de la justicia es medible por un análisis de la trayectoria de las personas.  No se guía por el "espíritu de la justicia" el mercenario jurídico que es capaz de intentar convencer a todos que el mundo es rojo un día, y al día siguiente intenta convencer a todos que el mundo es amarillo.  A estos últimos habilidosos del lenguaje se les ha denominado históricamente como sofistas.  Para mayor información al respecto, sugiero que revisen el Libro I de "La República" de Platón.

Imagen tomada de: www.englishandculture.com

 

¿Quién tiene algo que aportar a la jurisprudencia?  Alguien que es capaz de revisar la ley e interpretarla.  Alguien quien es capaz de entender el dinamismo del derecho y quien es capaz de confrontar la postura de una sentencia (por famosa o popular que sea) y establecer posturas críticas frente a la misma.  Una enciclopedia jurídica viviente que no es capaz de establecer posturas jurídicamente sustentadas frente a cada caso, no deja de ser un simple compilador o repetidor de otros.  Eso no es lo que debe ser un Magistrado.

2) No puedo ser enemigo de quien no conozco.  Según se ha dicho atrás, los magistrados de las altas cortes deben ser personas reconocidas por su trayectoria profesional.  No es sorpresa ver que las Altas Cortes están llenas de personas que no cumplen con ese requisito.  No quiere ello decir que no sepan derecho.  Quiere decir que no han sobresalido por su saber jurídico.  El Magistrado suele haber tenido una trayectoria prolífica como académico, o ha recorrido el campo del litigio y consultoría especializada con especial éxito y reconocimiento.  También ha de llegar el Magistrado de Tribunal que ha sobresalido entre sus compañeros por una carrera judicial encomiable y envidiable.  Sin embargo, actualmente llegan personas que no cumplen con ese perfil; personas a las que les conoce uno la hoja de vida mucho después.  El "mundo del derecho" adquiere un verdadero conocimiento de su existencia cuando han sido nombrados ya.  ¿Cómo odiar, entonces, a quien no he conocido nunca?

3) No estar de acuerdo con una postura específica, no me hace enemigo de nadie.  La polarización es un ejercicio que da importantes réditos en la política.  Sin embargo, en materia de argumetación jurídica, la polarización es una muestra galopante del triunfo de la falacia.  Si pedir la revocatoria de los Magistrados me hace enemigo de la justicia o enemigo de la Corte, los defensores de esas posturas son personas con las que no conviene discutir, porque sería imposible argumentar.  Si, luego de un ejercicio argumentativo me demuestan que soy enemigo de la Corte, aceptaré la etiquieta.  Pero ser etiquetado a priori, es una carga que no debo asumir.

4) Los magistrados deben ser personas éticas, o mejor, personas supremamente éticas.  El Ricaurte (CSJ - Laboral), el Munar (CSJ - Civil), el Ramírez (CSJ - Penal), el Fajardo (Consejo de Estado), el Pretelt (Corte Constitucional), el Montealegre (el todero), y otra larga serie de nombres que ven en las Cortes una fuente para tener poder, de entrada no pueden cumplir este requisito.  Si lo que motiva a llegar es ser poderoso, es ser famoso, es ser recordado, de entrada fallan en este aspecto.  Este punto es uno de los que más abogados raja.  Pocos dudarán de que el recientemente fallecido exmagistrado Carlos Gaviria Díaz era un abogado ético a todo nivel.  Esto es así porque en su diario vivir, en su diario actuar, lo demuestran (demostrar no es lo mismo que pregonar).  El actuar de la gran mayoría de magistrados de las cortes han dado muestras de no cumplir (algunos no lo cumplen ni por asomo).

5) ¿Para qué revocar a los miembros de las Cortes? Esta es una importante pregunta que no he visto que respondan.  Lo primero que es menester decir es que la Corte (cualquiera de ellas) no es un ente externo ajeno a los miembros que la componen.  Así como no es viable decir que el Real Madrid es un gran equipo pero sus jugadores son un completo fraude (el ejercicio de descomponer el argumento mostraría que un gran equipo no está compuesto por malos jugadores, y por ender que esta conclusión no es viable), o que Colombia es un gran país pero los colombianos son lo peor en el mundo, tampoco es viable hablar de la honorabilidad de una corte cuando sus miembros no lo son.  

El problema que esto tiene es que en muchas de las Cortes, los miembros de la misma son elegidos por la misma Corte, compuesta por los magistrados de dudosa procedencia.  No es racional esperar que el magistrado antiético, elija éticamente.  Es importante que ser consecuente es una de las formas de elucidar al magistrado ético, y el mercenario del derecho se destacar por no ser consecuente.  Esperar, entonces, que los cuestionados elijan a los intachables, es por tanto irracional.

6) En derecho probatorio existe una figura que se llama el fruto del árbol envenenado (fruit of the poisonous tree) que permite explicar por qué razón una prueba que ha sido obtenida con vulneración del debido proceso, debe ser excluida así como todas las pruebas (frutos) que de ella (árbol) derivan.  Así como no se puede esperar que de un árbol envenado nazca un fruto en buen estado y comestible, no se puede esperar que de una "corte envenada" surja jurisprudencia buena y justa.  La integridad moral y jurídica de muchos miembros de las altas cortes ha sido más que eficientemente cuesitonada.  No es racional, entonces, esperar jurisprudencia buena y justa de miembros así.

7) "¡Los buenos somos más!"  Con ese bonito lema se ha logrado motivar al pueblo de que el bien triunfará sobre el mal.  Con ella se ha intentando hacer ver que la población colombiana buena sacará adelante el país por encima de la población dañina.  Esto, por supuesto, está lejos de ser un ejercicio argumentativo.  Se trata de un bonito lema, motivador de aquellos que se consideran a sí mismos "los buenos" (así este concepto no haya sido desarrollado en ninguna medida).  El lema, sin embargo, es de recibo para gran parte de la población, y así lo hacen saber.  ¿Por qué son capaces de aceptar que el bien triunfará porque en Colombia "los buenos somos más", pero no aplican la misma regla cuando afirmamos que en las altas cortes "los malos son más"?

8)  Si se revisa con cuidado la teoría que sustenta el ideal democrático, se encontrará que en los Estados Unidos de América uno de los pilares fundamentales para hablar de una democracia es que los funcionarios públicos respondan ante la ciudadanía (el término en inglés es accountability).  La imposibilidad de que un magistrado (o la totalidad de magistrados) respondan ante el pueblo que es el titular del poder soberano, mostraría una de dos cosas: o que el pueblo no es realmente el soberano, o que los magistrados están por fuera del control democrático.  El acto de revocatoria de los magistrados reafirmaría el hecho de que también los jueces (por muy importantes que sean o que se crean) están sometidos al poder del pueblo.

NOTA:  En una segunda entrada asumiré la defensa del punto absolutamente contrario.  Por razones de extensión no se realiza en la misma entrada.

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S.O.S. - La justicia y el derecho en Colombia - S.O.S.

Actualmente la administración de justicia está crisis.  Esto lo vengo diciendo desde Julio de 2008, pero cada año que pasa, siento que la situación es peor.  Y creo que, de no haber un serio cambio en la composición de las Cortes, el próximo año seguiré diciendo que las cosas están peor que en 2014.  Veamos un ejemplo de lo que aquí planteo:

En la última edición del periódico Ámbito Jurídico de Legis, tuve la oportunidad de leer tres columnas (¡TRES!) que van direccionadas al mismo punto.  La justicia en Colombia se encuentra en crisis. Cada vez son menos los que creen que la justicia es justa, y cada vez son más los que tienen la convicción de que la administración de justicia ha sido cooptada por la corrupción, y/o por la ignorancia.

Los invito, antes de continuar, a que revisen las siguientes columnas, antes de continuar, dado que el análisis conjunto de ellas, sumados a mi posición personal, es lo que permitirá entender lo que líneas abajo se expondrá:

1) Columna de Javier Tamayo Jaramillo titulada "La oralidad o la ruina de la justicia".

2) Columna de Whanda Fernández León titulada "Inocentes condenados".

3) Columna de Francisco Reyes Villamizar titulada "La educación jurídica también en crisis".

¿Qué tienen de común, acaso, estas tres notas? Nos reportan desde puntos de vista distinto, la manifestación de un problema de índole nacional: el derecho y la justicia son muy pobres en Colombia.  Afortunadamente a nivel extranjero no existe aún una prueba Pisa para medirnos jurídicamente con otros países.  Temo que nos ganaríamos un "fuera de concurso", pero por lo malos.  Es increíble la cantidad de falencias estructurales que existen en la formación jurídica del país.  El positivimo jurídico a ultranza sigue siendo la regla general.  Sin embargo, la falla principal es que aplicamos un positiviso que no tiene razón de ser, que no se alínea filosóficamente con nada, y que se fundamenta en una premisa de validez basada en la legitimidad, basada en nada.

No es difícil encontrar en el país abogados que le hablen a uno sobre la noción de inadmisión, exclusión y rechazo de la prueba en la Ley 906, pero que no sepan qué es el principio de la libertad probatoria, o cómo funciona la sana crítica.  Conozco muchos otros que son unos genios para repetir consignas como la razonabilidad y proporcionalidad para fijar agencias en derecho, pero que no tienen ni idea eso cómo se hace, o en qué incide.  Más aún, conozco mucho abogados que realmente uno no entiende cómo es posible que tantos profesores los hayan pasado por tantas materias para que existan universidades que sean capaces de decir que ellos (o ellas) están capacitados para ejercer la profesión.

No es difícil ver en los colegios, que los muchachos "negados" para las matemáticas son los abogados del mañana.  Ellos serán los que el día de mañana intenten justificar sus pretensiones o sus fallos, a partir de argumentos retóricos, porque no podrán dominar nunca la lógica del algoritmo, que es la lógica de la valoración de la prueba, que es la lógica de la argumentación.  Para hablar basura y que le crean a uno, para eso no es la facultad de derecho, y para eso no son los procedimientos orales.

Imagen tomada de:  www.fotolog.com

El patrimonio de ninguna persona está a salvo, la libertad de ninguna persona está garantizada, cuando tenemos tanto abogado, tan poco caso, y jueces tan desastrosos como los que nos ofrece este país.  El problema ya no es que los abogados buenos no lleguen a los buenos cargos de la justicia, el problema es que con tanto abogado malo pululando en todo el sistema, el sistema no puede, en ningún caso, ser un sistema justo.  Dos abogados buenos mas un juez malo, probablemente dará una sentencia mala.  Un abogado bueno con un juez bueno, y una contraparte nefasta, no garantiza que la sentencia sea justa.  Dos abogados malos y un juez bueno hace que lo que de allí salga es porque el juez intentó administrar justicia material.

¿Cuántos abogados buenos y malos hay en el país? No lo sabe nadie, porque los abogados no son evaluados, y los funcionarios, tampoco.  El único indicador que existe son los exámenes que se imparten en concursos para ciertos cargos.  En esos concursos no están todos, y normalmente las preguntas no están bien.  Más aún, una vez nombrados, a esos funcionarios (buenos o malos) no los saca nadie de allí.  Es lo más cercano a los cargos hereditarios que existe en una democracia.

Sólamente le pido a la vida que este S.O.S., este llamado a que algo o alguien puede frenar esta debacle, llegue a oídos sensatos.  Cuando me refiero a sensatos, me refiero a oídos que no razonen de la siguiente manera:

Premisa 1:  La justicia está mal.

Premisa 2: Los jueces son malos porque tienen funciones nominadoras.

Conclusión: Hay que eliminar las funciones nominadoras de los jueces, para que la justicia mejore.

Ridículo, ¿verdad?  Sin embargo, las últimas "intentonas" de reformas a la justicia se han basado mayoritariamente en ese tipo de razonamiento.  Y mientras tanto, en gran medida, su libertad y su patrimonio, siguen a merced de los que en el colegio no supieron sumar...

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