El "quién" importa

La semana inmediatamente anterior, nuevamente el mundo político nos ha estremecido con nuevos nombramientos desacertados por parte del Presidente Duque.  En esta ocasión, se trata de los nuevos miembros de la junta del Banco de la República.  Al igual que su mentor, el expresidente Uribe, Duque se ha caracterizado por sus malas designaciones.  Las generaciones más jóvenes no podrán recordar esto, pero de 2002 a 2010, tuvimos personas como Diego Palacio, Fernando Londoño, Andrés Uriel Gallego, Fabio Valencia Cossio, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, y un largo etcétera.  Todas ellas fueron puestas directamente por Uribe.

El gobierno de Santos I y II, también contó con personas como Mauricio Cárdenas, Cristina Plazas o Luis Carlos Villegas dentro de sus designaciones fallidas.  Si bien no me gustó el Gobierno Santos (principalmente por él), debo admitir que en general, nombró gente mucho menos cuestionable (por razones de aptitud moral o técnica) que las que nombró Uribe.  Duque ha retomado la senda de la equivocación que nos obliga a preguntarnos si se trata de errores culposos o dolosos.

La inquietud no es simplemente teórica.  Las consecuencias de un mal nombramiento, son genuinamente malas.  Las consecuencias de mantener a la brava un mal nombramiento, son peores.  Y las consecuencias de un mal nombramiento con periodos institucionales, son nefastas. Nos enfocamos mucho en la Rama Ejecutiva, como suele ocurrir desde hace mucho en la historia de este país, y juzgamos a todos los presidentes que entran y salen del cargo.  Sin embargo, poca o ninguna responsabilidad se le suele atribuir a las Cortes por los nombramientos de otros altos dignatarios.  Por ejemplo, los últimos tres fiscales generales han sido tremendamente malos, aunque por razones distintas.  Nadie, sin embargo, jamás cuestiona las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia a la hora de revisar estos pésimos nombramientos.

La pregunta clave aquí, es por qué razón puede seguir presentándose tanto mal nombramiento, hasta el punto que se pueda predecir quién será el elegido para determinado el cargo a partir de los patrones que los hacen malos candidatos.  "Piensa mal y acertarás".  Hemos venido acertando mucho, y eso cuesta.  Casi 10 años de una mala fiscalía general de la nación lleva a que la ciudadanía no quiera denunciar, que no se sienta, y que los delincuentes se sientan tan envalentonados, hasta el punto de hacer lo que quieran.  No es casual que maten líderes sociales, maten funcionarios buenos, maten a quien denuncia, y maten a quien no quiere dejarse.  Si las instituciones encargadas de tramitar las denuncias, de proteger a los líderes, de evitar la delincuencia se dedican a otros temas o por otros motivos, llegamos a este tipo de cosas.

¿Se han puesto a pensar la gran cantidad de dinero que ha circulado como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19?  Es mucho, y en efecto ha circulado.  El problema es que el popular sobrecosto del contrato, la popular elección a dedo del contratista y la popular falta de acciones preventivas llevan a que sea "demasiado fácil" robar, demasiado fácil fomentar la cultura de la corrupción, y demasiado fácil eliminar a los fastidiosos que quieren simplemente hacer "lo correcto".  Es tan fácil hacerlo, y es tan obvia la impunidad, que en muchos casos no hay que "adivinar" quién es el corrupto: es vox populi. Es tan generalizada la corrupción y es tan evidente el peligro de no ser corrupto, que en muchos casos el riesgo no es convertirse en corrupto y que lo cojan a uno, sino lo contrario: no ser corrupto y no saber callar.

Imagen tomada de la página: http://useum.org

En días recientes le he formulado la siguiente pregunta a distintas personas, con distinta ideología y con distintos puntos de vistas al mío.  Les pregunté por qué razón es que teníamos tantas personas tan bien formadas en distintos campos, bien posicionadas en lo público o en lo privado, haciendo las cosas tan mal.  Las respuestas han sido de diversa índole, y en general los temas suelen llegar a tres grandes tipos de respuesta:  1) porque estamos ante ególatras que buscan figurar, no hacer lo correcto; 2) porque estamos estamos ante personas que buscan el máximo éxito económico en el menor tiempo posible, y están dispuestos a hacer lo que sea para lograrlo; o 3) porque el sistema no permite que lleguen las buenas personas.  Hay mucha gente invisible que no puede o no quiere llegar allá por lo pestilente del sistema.

Por mi parte, sigo creyendo que el principal problema radica en la absoluta ausencia de una noción colectiva de ética (cualquiera que ella sea).  Si no se forma ciudadanos buenos (en el sentido real de ciudadano, y no como un sinónimo de persona), es imposible que la sociedad prospere. La hoja de vida, los títulos universitarios no son indicativos de lo que una persona "va a hacer" sino tan solo lo que "podría llegar a hacer".  En 2021, pareciera ser que el gran enigma de nuestros tiempos fuera el de identificar a un buen ciudadano.  Realmente es mucho más sencillo de lo que pareciera: Es fácil detectar al que cumple o incumple compromisos (contratos, citas, promesas, etc.).  Es fácil detectar a quien está dispuesto a vender a sus amigos, a sus hermanos, por figurar.  Es fácil detectar a quien pasó la carrera copiando.  Es fácil detectar a quienes obtiene fortunas express de manera inexplicable.  Es fácil detectar al que resuelve todo con amenazas, con intimidación o con puños.  Es fácil detectar al que es incapaz de seguir una norma simple como saludar cuando se es saludado (norma social) o frenar ante un semáforo en rojo (una norma jurídica).  Es fácil ver al que está dispuesto hacer la fila para entrar a a una tienda o a un banco, y al que no.

En el ámbito político no es muy distinto.  Los políticos suelen escudarse en que la política es dinámica y por lo tanto, las posturas políticas son inciertas.  Quienes así teorizan suelen pasar por alto un tema fundamental: Cualquier forma de pensamiento estructurado se fundamenta en axiomas o en principios que determinan aquello que puede ser y aquello que no puede ser.  La política dinámica lo que debe hacer es aplicar determinados principios políticos ante situaciones fácticas que pueden variar.  La política dinámica NO es variar los principios ante las circunstancias cambiantes.  Es precisamente lo que le criticaba a la entonces candidata a la alcaldía Claudia López (hoy alcaldesa). Con ella nunca se supo qué haría o qué no haría porque siempre cambió su discurso.  Aun hoy lo hace.  Cuando hay principios claros, no es viable variar la forma de pensar en 180%.  Una cosa es cambiar y otra es contradecirse abiertamente.  Eso, también es fácil de detectar.

De todo lo anterior, debo entonces concluir que lo que le criticar a Duque es real, es evidenciable es cierto.  Nombrar mal tiene un costo enorme, y lo está haciendo.  Está candidatizando mal cuando tiene que hacerlo (vean el ejemplo del Superintendente Barreto como candidato para la Corte Penal Internacional), está nombrando mal, está designando mal (vean al Director del Centro de Memoria Histórica), y todo esto tiene un costo.  Está bien que nombre a los que son afines a él y a su partido, porque eso es lo que buscan los partidos políticos: tener poder para decidir qué se hace y qué no se hace.  Es de esperarse.  Lo que no está bien, en cambio, es que estén dispuesto a poner a cualquiera en cualquier cargo.  El Banco de la República requiere personas con un conocimiento técnico, una formación individual y unas calidades personales especiales.  No cualquier persona que sea graduado de economía y haya tenido cierta experiencia es suficiente para estar allá.  Si el mérito especial para llegar allá es ser la hija de una exministra y amiga, eso ab initio está muy mal.

Como sociedad, podemos seguir jugando a hacernos los ciegos, jugando a no ver lo que sí vemos, a no aceptar lo que la práctica nos muestra y a seguir defendiendo a ciegas a nuestros líderes de preferencia, hagan lo que hagan.  Eso no es digno de ciudadanos sino de borregos, y cuando los borregos elegimos borregos con poder, como borregos nos tratarán. 

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¿Existe alguna razón para portarse bien?

Cuando inicié en mis estudios de derecho, recuerdo que uno de los primeros textos cuya lectura debíamos abordar era el Libro I de "La República" del filósofo griego Platón. El texto no es sencillo (en general ninguno de los escritos de Platón lo son), pero conviene leerlo y releerlo.  Confieso que desde aquella época, he repasado el escrito cuando menos en otras cuatro oportunidades, haciéndolo quizá uno de los escritos que más veces he tenido que leer.

No pretendo aquí hacer una reseña del mencionado escrito, pero sí quiero retomar uno de los interrogantes que giran en torno de la discusión acerca de la justicia, el hombre justo y el hombre justo, y adaptarlo a mis tiempos: ¿por qué razón debería alguien portarse bien, aquí en Colombia de 2020? Si retomamos parte de la línea argumentativa de Platón, diremos que las artes, profesiones y oficios no son concebidas para hacer bien a quien las hace, sino a los destinatarios o a los beneficiarios de esa profesión o arte.  Bajo ese entendido, si le aplicamos esa lógica a un gobernante, el gobernante justo será aquel que haga aquello que más beneficia a sus súbditos. Para llegar a esta conclusión, Platón ha examinado la postura de aquellos que defienden que lo justo es lo que más le conviene al más fuerte, o que lo justo es dar lo bueno a los buenos y lo malo a los malos.  Tras ese examen, pareciera que se logra demostrar que esa lógica individualista no es propia de personas justas.

Imagen tomada de: www.wikipedia.org 

Aproximadamente veinticinco siglos después de que este texto fue desarrollado por Platón, me encuentro en un país en el que ocurren las siguientes cosas: varios de los funcionarios encargados de liderar la defensa de los derechos de la población colombiana, han llegado seriamente cuestionados a sus cargos, otros tantos se dedican a ayudar a sus amigos y perseguir a sus enemigos, y muchos otros simplemente se dedican a gobernar para los verdaderamente poderosos, es decir, para los ricos.  Veinticinco siglos después de "La República", me encuentro en el país que planteó Trasímaco.  Ya decía él que en cualquier transacción que involucre a un justo a un injusto, iba a ganar siempre el injusto. Aquí se hace lo que le conviene al más fuerte.  La Constitución y las leyes son de aplicación selectiva y residual.  Todos los días matan personas (independientemente de sus opiniones, ideologías, o etnias) sin respuesta.  Todos los días nos peleamos por los caudillos de siempre mientras ellos miran como tener más y más poder.  Todos los días vemos más personas mendigando trabajo, pidiendo dinero prestado para sobrevivir, mientras que los bancos no solo reciben dinero del Estado sino que también deciden elevar el costo de sus transacciones.

Hace tan solo unos días, el Congreso aprobó una reforma electoral que en nada beneficia a los ciudadanos, y que por el contrario está diseñada para favorecer a los políticos de siempre.  Cada cuatro años escuchamos a estos mismos individuos gastar millonadas diciendo que son el cambio de esa forma de hacer política, y que luego muestran que los ciudadanos seguimos siendo simplemente un requisito formal para que ellos lleguen allá, hagan lo que quieran allá, y luego digan que lo hicieron por el bienestar del pueblo colombiano.  Las redes sociales, los medios de comunicación, los bares y los cafés se inundan de ciudadanos quejándose por "los demás" que ponen a los de siempre, y demostrando que su punto de vista era el que debían seguir los demás ignorantes. Sin embargo son estos mismos los que cada cuatro años votan por los mismos bajo el argumento de que "no hay más".

Cuando pienso en esto, me pregunto qué pasaría si algún día me decidiera lanzarme a una candidatura política en el país.  Probablemente nada, porque a los ojos de los demás, soy un Don Nadie, y nadie vota por un Don Nadie.  Ya alguna vez me pasó: en la facultad hace muchos años intenté lanzarme al Consejo Estudiantil.  No prometí cosas incumplibles, ni tampoco ofrecí el cielo y la tierra.  Prometí cosas que pudiera cumplir.  Sin embargo, perdí (quedé segundo).  Perdí contra una idea políticamente más seductora, con mayor marketing político, y que como era de esperarse, no se cumplió. Fue el vertiginoso fin de mi carrera como representante de otros.  No esperaría que una aventura semejante en mi edad adulta y frente a cargos de elección popular terminara con un resultado distinto.  En cierta forma, un importante sector de la ciudadanía vota por las mismas razones, y por las mismas personas, a la espera de que algún día de pronto se equivoquen y su candidato genuinamente se preocupe por gobernar por ellos.  La esperanza es lo último que se pierde, dicen...

¿Por qué Platón nos mintió? ¿Por qué nos vendió un modelo que no funciona?  Parecería que ese griego charlatán debería ser demandado ante la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) por publicidad engañosa.  Creo, sin embargo, que Platón nos debe mirar todos y cada uno de los días de nuestras vidas desde donde sea que él se encuentre, para decirnos "se los dije".  Su modelo no era "el único modelo posible", era "el mejor modelo posible".  No es su culpa, nos diría probablemente el filósofo, que le hayamos hecho caso a Trasímaco y nos hayamos dedicado a vivir nuestras vidas para satisfacer al más fuerte.  Ha sido nuestra elección. Pedir que los demás piensen en lo que más le convenga a la mayoría, mientras que individualmente pensamos en nuestro propio beneficio es algo impracticable.  A su lado (también donde quiera que esté) Kant probablemente asentiría diciendo: "Se los dije. Monté todo un modelo para explicarles por qué no era posible".

La triste verdad es que para responder a la pregunta que da el título a esta entrada, tengo dos opciones: 1) Responderla a partir de la relación sociedad-individuo (en ese orden); o 2) Responderla a partir de la relación individuo-sociedad (en ese orden).  Si espero que la sociedad en la que vivo me dé razones para portarme bien, la respuesta a mi pregunta es que no existe ninguna razón posible para portarse bien en la Colombia de 2020.  Sin embargo, si cambio mi perspectiva y pienso que la sociedad se nutre de individuos, pensaría que portarse bien es el único camino para salir del fango en el que nos encontramos.  No es garantía; es tan solo una esperanza.  Pero como dijimos atrás... la esperanza es lo último que se pierde. 

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Comentarios sobre el proceso contra Álvaro Uribe Vélez - Parte 2

Siguiendo con la serie relacionada con el proceso penal seguido en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, procederé en este ingreso a tratar temas filosóficos que a pesar de no tener relación directa con  el proceso jurídico en sí (tema que vimos en la parte anterior), sí tiene serias implicaciones con los temas que son objeto de discusión.  De las tres entradas, considero que esta puede ser la más densa, y me excuso de antemano por las dificultades que pueda generar la terminología empleada.

Parte 2: Aspectos filosóficos del proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez

Imagen tomada de: www.asuntolegales.com.co

A. Los serios problemas que implica propiciar el cambio de competencia.

En el ingreso anterior expliqué el concepto de fuero, y cómo eso podría alterar la competencia general para la investigación y/o el juzgamiento de un delito.  Lo que no traté en ese ingreso, es el serio problema que implica para la administración de justicia, que se busque deliberadamente un cambio de competencia. Si los fiscales, los jueces y los magistrados todos han debido estudiar los mismos principios jurídicos, los mismos códigos y la misma jurisprudencia, ¿por qué razón importaría quién es la persona que debe decidir?

La pregunta no es menor y en la mayoría de los casos, las respuestas que se barajan tienden a ser de naturaleza política.  Esto -por supuesto- constituye una salida aparentemente fácil a la discusión, dado que estaríamos aceptando que las decisiones procesales en mayor o menor medida son dictadas por razones políticas, y no por razones jurídicas. Sin embargo, el problema es que el sesgo político no es el único de los motivos por los que una persona podría dejar de ver un asunto de manera imparcial.  Existen los gustos o disgustos en materia sexual, el gusto o disgusto por los extranjeros, por personas de mayores o menores recursos económicos, por la raza o religión de los involucrados, entre otros tantos temas.

En Colombia, hasta hace relativamente muy poco (15 años o menos), se negaba sistemáticamente que el juez pudiese decidir conforme a su visión política.  Cuando empezamos a recibir mucha más influencia de las teorías norteamericanas que de las europeas, empezó a cambiar la visión del juez que había en el país, y se ha empezado a admitir que es posible que una postura jurídica cambie debido a cualquiera de los posibles prejuicios pueda tener quien ha de decidir.  En la actualidad, constituye una ingenuidad de mayor calado, pretender que los jueces deciden únicamente a partir de razones, o mejor de enunciados racionales.  De hecho, mi experiencia como estudiante y profesional del derecho me ha mostrado que las razones jurídicas no suelen ser las principales razones para adoptar decisiones de naturaleza jurídica.  Tristemente, el argumento jurídico en la mayoría de ocasiones, se acomoda a la decisión fundada en el  prejuicio.

Si aceptan la explicación que acabo de exponerles, entenderán por qué razón es que constituye un inmenso problema el cuestionamiento de la competencia en el caso de Uribe.  Si partimos del hecho de que no es igual que investigue la Corte Suprema de Justicia a que lo haga la Fiscalía General de la Nación, tendríamos que necesariamente concluir que alguno de los dos (o incluso de los dos) no decidiría de manera justa.  

Repito: Si se acepta mi explicación, se tendría que la decisión de renunciar al cargo de congresista que tomó Uribe para que el fuero de congresista desaparezca -lo que genera un cambio deliberado de competencia investigativa-, se debería a que el máximo órgano de administración de justicia en la jurisdicción ordinaria no es justo (primera opción), o que la entidad que le cuesta anualmente a los colombianos cerca de cuatro billones de pesos para investigar los delitos en el país, no lo es (segunda opción).  La tercera opción, es que ni la Corte ni la Fiscalía son justos.

Este mismo fenómeno (el del cambio de la competencia) es el que se presenta con las discusiones sobre las investigaciones en contra de miembros de la fuerza pública.  Que se generen las discusiones deliberadas sobre temas de competencia obliga a pensar que cuando menos uno de los dos posibles investigadores o jueces, no es justo. Eso, en un estado de derecho, es supremamente grave.  Pero aún más grave, es que no son temas esporádicos o aislados.  Se dan todos los días.

B. La diferencia entre sesgo e injusticia.

Quizá a muchas personas no les genere el mismo nivel de impacto que me genera a mí ver a miembros de la administración de justicia salir a ruedas de prensa a decir que sus decisiones fueron adoptadas en derecho.  Eso es como si una persona tuviera que decirle al mundo que es una buena persona, para que la gente crea que lo es.  Sin embargo, esa -la rueda de prensa explicativa- es una práctica supremamente común en este país.  Los fiscales y jueces deben salir a decir que toman decisiones en derecho.  Esto ocurre porque las pretensiones de autocontrol de las decisiones judiciales por parte de los miembros del sistema jurídico nacional, no existen.  Por este tipo de cuestiones es que la justicia colombiana sigue nombrando magistrados o fiscales indignos de sus cargos, y por esa razón es que vivimos en un mundo en el que cualquier decisión judicial "puede ser" al interior de una corte, siempre que tenga las mayorías.  Nada depende ya del límite intrínseco impuesto por la norma.

He señalado en el aparte anterior, que en la actualidad la sociedad colombiana debe reconocer que los jueces no son seres absolutamente objetivos ni apolíticos, sino que -como todo ser humano- tienen gustos y disgustos, y por lo tanto, tienen prejuicios.  Ya algunos teóricos como Hart señalaban que la solución a este problema no es evitar el prejuicio sino ser consciente de ese prejuicio para poder contrarrestarlo o neutralizarlo. Sin embargo, parece ser que a los únicos magistrados a los que habitualmente se les analizan sus gustos y disgustos, son a los de la Corte Constitucional.  Nadie se pregunta por los prejuicios de los demás jueces y fiscales, y por lo tanto, parecería que todos ellos pensaran igual y operaran de la misma manera.  Si algo nos muestra la discusión sobre el cambio de competencia en caso de Álvaro Uribe Vélez, es que el país entero reconoce que la Corte y la Fiscalía General de la Nación no operarán de la misma manera frente al caso.

 

C. Los roles fallidos.

Constantemente me formulan preguntas tales como "¿usted defendería a un violador?", o similares.  En la mayoría de los casos, la pregunta implica una carga valorativa de antemano: el interrogador tiene la esperanza o la expectativa que uno diga que no.  Eso no quiere decir que un abogado penalista necesariamente vaya a defender a cualquier persona. Lo que implica es que el límite no está en la marquilla de "violador", "asesino", "narcotraficante", "terrorista", o cualesquiera otro quieran utilizar (según el caso).

Para poder comprender esto, deben recordar que el proceso judicial está fundado sobre un esquema de roles, y no es otra cosa que un juego de roles.  Para que la justicia opere al máximo, se requiere que necesariamente cada una de las partes o intervinientes cumpla con su rol en el proceso.  En consecuencia, en un proceso penal la fiscalía debería emplearse al máximo para procurar una condena, la defensa debe emplearse al máximo para buscar la mejor solución (en ocasiones es la menos mala) para los intereses de su cliente, el representante del ministerio público debe velar por la legalidad del procedimiento, por el cumplimiento de las funciones de los demás sujetos procesales, y bajo ese entendido no debería tomar bando.  La víctima, busca que se dé una condena para poder tener derecho a la verdad, justicia y reparación, de llegar a darse la condena.  Un proceso ideal, en consecuencia, es cuando la mejor fiscalía se enfrenta a la mejor defensa, y decide el mejor juez a partir de lo que la mejor prueba le permite dar por demostrado, y atendiendo el mejor criterio jurídico (que requiere a su vez la mejor formación posible).

Es lo mismo que la gente espera la de final de un mundial de fútbol: los dos mejores equipos, utilizando a sus mejores jugadores, para intentar vencer a su rival, y siendo los árbitros los mejores y más justos. Para entender lo que pasa cuando hay corrupción, o cuando hay serios problemas de formación, o existen motivaciones personales distintas a las funcionales que se imponen en los sujetos procesales o en los jueces, no hay mejor ejemplo que el partido de fútbol: ¿Cómo sería un partido en el que uno de los equipos deliberadamente se deja ganar?  Es lo mismo que ocurre cuando en un proceso judicial una de las partes está jugando a perder.

Esto es lo que pasa en el caso de Uribe Vélez.  La fiscalía está jugando a perder, y esto es más que evidente.  Si esto ocurre al más alto nivel de la justicia colombiana, ¿qué esperanza puede tener un colombiano anónimo, sin títulos, sin cargo, sin apellidos, sin familiares influyentes?  Es el problema cuando los roles son fallidos. Al colombiano común y corriente, como es mi caso, no debería gustarle que haya jueces o cortes que vayan contra Uribe y los suyos, o que vayan contra Petro y los suyos (por mantenernos en el tema penal).  En cualquiera de esos casos, estaríamos hablando de una justicia parcializada.  Cuando antes de conocer el caso se puede anticipar el sentido de la decisión de un funcionario, es claro indicio de que el sistema de roles está fracasando. Por eso es que el ciudadano debe entender la gravedad que implica que haya procuradores, contralores, magistrados, o fiscales de bolsillo.

Si a esto le sumamos que la prensa y los generadores de opinión también están parcializados, nos encontramos ante una crisis de la verdad.  La realidad, y por ende la verdad, está siendo sometida a un debate de consensos y no a un análisis silogístico.  Toda la gracia de tener un concepto como el del "principio de legalidad" en materia penal, es precisamente que la verdad, y el criterio jurídico no dependan de los gustos o de los consensos ex post, sino precisamente de ese ítem valioso que nos brinda la ley: que deba necesariamente ser previa a los hechos.  En consecuencia, frente a un caso cualquiera (el de Uribe es tan solo el ejemplo que sirve para tratar este tema), bastaría conocer qué dice la ley, revisar las pruebas, y de allí se debe extraer la conclusión.

Aquí, sin embargo, entramos en la moda de elegir qué juez o qué investigador es mejor que el otro.  Entramos en la moda de escuchar a los panelistas uribistas versus los analistas antiuribistas, quienes dirán que todo es legal y justo siempre que se acomode a su interés, su agenda o su gusto político, y por el contrario dirán que es ilegal e injusto, cuando van en contra de aquellos.  Los periodistas procederán a difundir las noticias, los análisis y las opiniones (vean el caso de Revista Semana, por ejemplo) según su propia agenda política, y los ciudadanos también consumiremos las noticias y los análisis, según nuestros propios gustos.

Nada más filosófico que eso:  En estos momentos, en Colombia la justicia penal muestra que la verdad no es algo objetivo externo a nosotros, sino que esa algo que construimos de lo que nos convencemos.  Para los que tienen el poder para construir esa verdad, nada más bonito.  Para aquellos que creemos en la realidad objetiva externa a nosotros, nada más desolador...

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