sábado, 6 de marzo de 2010

El juego de la libertad

Siempre he insistido, a lo largo del tiempo que he tenido como administrador de “Picotazos de Gaviota”, acerca de las lecciones jurídicas que nos da la vida, en momentos inesperados y de forma mágica.  He tenido la oportunidad de vivir otra de estas lecciones, en tres actos.  Todo esto, disfrazado de ser humano, y con la personalidad de mi alter ego.  ¡Gracias, vida, por tu inmensa sabiduría!

Acto I

Es jueves en la madrugada, y me despierto rápidamente, contrario a lo que suele ocurrir en mi día a día, donde la primera de las luchas que he de librar es contra el mismísimo Morfeo.  Curiosamente, es esa la última de las luchas que también he de librar habitualmente antes de sucumbir a sus designios.  Este jueves, sin embargo, me brindó un despertar sin oponente.  La falta de lucha contra Morfeo me llevó a levantarme de la cama con cierto grado de optimismo mezclado con tensión por lo que estaba por venir.

En efecto, hace tan solo un día había logrado concretar varias situaciones que habrían todas de desatarse en esta mañana, al permitirme acudir a una audiencia de control de garantías programada para las siete de la mañana.  Viéndolo en retrospectiva, creo que la falta de oponente matutino era una pequeña gracia que me concedía Dios, teniendo en cuenta que una vez más veía cómo la ciudad se destruía a sí misma, inmersa en el caos desatado por el paro de buses y busetas.  Para otros, esa gracia divina se veía plasmada en la posibilidad de destruir bienes de otras personas sin pudor, y valiéndose de causas ajenas.  Para mí, esa gracia carecía de gracia.

Mientras me movilizaba por la ciudad a tempranas horas de la mañana, repasaba artículos, principios orientadores y ante tantas evaluaciones mentales, siempre me decía que tenía que seguir, pues de ello dependía la libertad de él.  Mi error costaba su libertad.  Ya había hecho bastante para procurar llegar a este punto.  No podía fallar.  Por supuesto, hoy la batuta dependía del fiscal, y no de mí.  Era él quien había decidido convocar a la audiencia para modificarle a él la imputación de cargos inicialmente presentada.  Pero había sido yo quien me había convertido en uno más de sus guardaespaldas, esperando cada instante que tuviera libre para enrostrarle evidencia, enviar uno que otro dardo sobre yerros anteriores, y charlar amigablemente sobre la justicia y la libertad.  Había sido yo quien lo había convencido de la necesidad de convocar esta audiencia.  No podía hoy defraudar.

Se inicia la audiencia y en un principio, siento que las cosas van por buen camino.  La juez que presidía la audiencia escucha atentamente los motivos esgrimidos por el fiscal, solicita que se le explique la evidencia, y que se lean unas declaraciones.  Intento comentarle a mi cliente lo que ocurre y en ese momento, siento que todo cambia.  Enfurecida, me manda a callar la juez, y le pide al fiscal que continúe.  El fiscal presenta sus argumentos, sus elementos materiales probatorios, y concluye acerca de la necesidad de variar la imputación jurídica.  Solicita, de manera subsidiaria, que se conceda la libertad al acusado, y agrega algunos motivos adicionales.  A las demás partes e intervinientes en la audiencia se nos permite el uso de la palabra.   Agregamos algunos aspectos jurídicos relevantes, emitimos alguna opinión respecto de lo planteado por el fiscal, pero coincidimos todos en que su petición es jurídicamente viable y más que necesaria para ajustarse a la realidad.

Ella oficiosamente decreta un receso.  Ordena que ninguno de los asistentes puede salir de la sala de audiencias.  Ordena absoluto silencio.  Su secretario, sin embargo, reiteradamente salió para hablar en su teléfono celular.  Entraba y salía.  Los demás, inmóviles y mudos.  Ya había yo probado lo que era un regaño de esta juez, y no quería otro más, buscando ser astuto.

La audiencia se reanuda, y escuchamos todos cómo la juez invoca los principios en materia penal, las formas de interpretación de la ley y cómo el juez no es un ‘convidado de piedra’ (expresión que cada día resulta más fastidiosa, así se haga referencia al juez, o a quien sea) y que bajo esos presupuestos, no veía que nuestra petición fuera formalmente correcta.  Manifiesta que no es competente para conocer del cambio de imputación, y que eso era problema del juez de conocimiento.  No obstante, agrega que desde su punto de vista, los demás estamos equivocados y allí no hay lugar a variar la imputación (¡!).  Cita de manera desafortunada dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia.  Respecto de la solicitud de libertad, mediante una macabra mezcla de conceptos jurídicos, confunde lo subsidiario con lo accesorio, y por tanto, considera que al no prosperar la primera petición, tampoco ha de pronunciarse sobre la segunda.  En consecuencia, no concedió nada.

Muy decentemente, nos corre traslado de su decisión.  El fiscal solicita que se declare la nulidad y adicionalmente apela.  Otro interviniente interpone recurso de reposición.  Yo solicito declaratoria de nulidad, e interpongo los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

Para no extenderme demasiado, resumo:  Ni el fiscal ni yo pudimos siquiera invocar la causal de nulidad.  La decidió sin siquiera saber de qué se trataba.  Adivinen qué decidió…  Respecto del recurso de reposición interpuesto por mi alter ego y por el otro interviniente, los negó, no sin antes tener que discutir, porque no me permitía sustentar mi reposición, y me obligaba a referirme únicamente a lo expuesto por el otro interviniente.  Casi toca suspender la audiencia para escuchar el audio.  Finalmente, me escuchó para llenarse de razones para considerar que no podía equivocarse.  Las apelaciones se concedieron (al menos esa sí las tramitó).

Es el juego de la libertad.  Claro, de la libertad de otro.


Acto II

Es jueves en la noche, logro llegar al Parque Simón Bolívar en bus, pues coincide la hora de mi salida, con el momento en que empiezan a rodar los buses, tras haberse levantado el paro que ya nos azotaba.  La sensación que vivía era contradictoria.  De una parte, el pesar y la ira que me embargaban desde la mañana interactuaban maquiavélicamente con la expectativa y la emoción de poder ver en vivo a una de mis dos banda favoritas.  Por supuesto, hay momentos de empujarnos unos a otros, de empinarnos, de agacharnos, y de hablar poco.

Pasan los dos teloneros y siento que el público es amable, en medio de tanta hostilidad que sacudía a mi ciudad por esos días.  Eso me reconforta un poco.  Luego la veo a ella, en un tamaño que no esperaba.  Debía medir unos quince metros, pero sin duda era ella.  Por supuesto, ella estaba rodeada por los demás protagonistas, pero estoy seguro que todos la miramos.  Mirémosla todos:


Imagen tomada de:  http://artecentro.wordpress.com 

Ya la había visto antes, pero no recordaba su nombre.  Probablemente, al ver su imagen pensaría en “Viva la Vida”, y no en “La libertad guiando al pueblo”, de Delacroix.  Sin embargo, ella me dejó marcado desde que la vi.  Era grande, majestuosa y respetada.   Instantes después se dio inicio a un espectáculo memorable.  Se trataba de Coldplay, mi juez de la noche.  No íbamos nosotros allí a juzgarlos a ellos.  Eran ellos quienes estaban aquí, en Bogotá, para juzgarnos a nosotros.  Sentí aquí lo que no había podido sentir en la mañana.  Sentí que nuestro juez nos veía, nos escuchaba, nos entendía.

Chris Martin nos saludó de ‘pareceros’, término muy común en esta tierra, y propio del lenguaje de paisas.  Hizo referencia a lo ‘bacano’ y a lo ‘chévere’, a lo largo de la noche.  Estuvieron entre nosotros y a pesar de la altura, dieron todo de sí.  Nos respetaron como su audiencia, y por supuesto, crecieron en todos nuestros corazones.  Así viví yo esa noche de ensueño, viendo a los ídolos de la música darme las lecciones que los ídolos del derecho se habían negado a brindarme.

Curiosamente, estaba allí, y quería oir todas las canciones, pero sobre todas, habían dos que me desvelaban.  Primero iniciaron interpretando, como nunca antes lo había escuchado en vivo, “Fix You”.  El inicio me estremeció, pues era tan propicio, en tantos sentidos:

“When you try your best but you don´t succeed” (“Cuando intentas con lo mejor que tienes pero no tienes éxito”).

El final de esta canción ante la cual había prometido que lloraría, también terminó estremeciéndome:

“And I will try to fix you” (“Y yo intentaré arreglarte”).

Físicamente no lloré, pero aún hoy siento los estragos de las lágrimas que derramó mi alma al escuchar la canción.

La penúltima de sus canciones fue la otra canción que ansiaba escuchar.  Se trataba de “The Scientist”, la canción que me había enamorado de este grupo inglés, y que motivó tantas cosas en mí.  Su letra y su cadencia iban calmando mi corazón, cuando entendí que había cosas que no iban a ser fáciles, pero que dependía de mí superar los obstáculos que la vida me presentaba:

“Nobody said it was easy… Ohh it´s such a shame for us to part” (“Nadie dijo que era fácil… Ohhh es una lástima que tengamos que separarnos”)

Al finalizar el concierto, pensé en estos mensajes, y volví a verla a ella en mi mente.

Era el juego de la libertad.  De mi libertad.


Acto III

Es viernes por la tarde, y no sé cómo describir mi día.  Me siento incapaz de entender mi estado de ánimo.  Sé que no he podido dejar de pensar en lo ocurrido el día anterior.  Sé, sin embargo, que ya he pasado, en gran parte, lo ocurrido.  No obstante, me encuentro de nuevo con un escenario similar al del día anterior.  Cambió uno de los intervinientes, y cambió el juez.

Es tarde, y el fiscal no ha llegado.  Voy a buscarlo, mientras intento explicarle al juez que al parecer la información de las salas no es acertada.  El accede a esperar unos minutos.  Procedemos a iniciar audiencia.  Se trataba de la audiencia preparatoria del mismo caso que me correspondía el día anterior.  El juez era el mismo que ha de definir definitivamente la suerte de mi cliente.  Este último llega y silenciosamente se sienta a mi lado.  La audiencia comienza, y el fiscal solicita el uso de la palabra.  El juez le concede el uso de la palabra.

Luego de algunos segundos, entiendo que el fiscal ha decidido, antes de tramitar un juicio ilógico obligado por una juez que teóricamente dispone y no instruye, solicitar al juez de conocimiento que se le permita variar los cargos.  A estas alturas, el fiscal ha revisado la jurisprudencia que nos citaban el día anterior, y le dio un alcance mucho más cercano al contenido real de la sentencia.  Personalmente, me encontraba sorprendido ante esta determinación, pues no conocía de antemano la intención del fiscal.

El juez escucha a los demás intervinientes y a mí como defensor.  Agrego a lo expuesto por el fiscal, asuntos formales como el haber agotado el trámite ante la juez de control de garantías, y su argumento de supuesta incompetencia para conocer de las peticiones.  Me acojo a lo solicitado por mi contraparte.

El juez decreta un breve receso para repasar detalladamente la sentencia, y al reanudar, realizar una exposición sobre los principios que fundan el derecho penal, sobre la excepcionalidad de la libertad, y sobre cómo es potestad del fiscal decidir acerca de los cargos a imputar, por expresa disposición legal, y por la naturaleza misma del sistema.  Acepta la determinación, y consecuentemente concede la libertad a mi defendido.  Al ordenar eso, la vi a ella nuevamente en mi mente, agitando el trapo rojo, alentándonos a seguir adelante.

Es el juego de la libertad, de la libertad de vivir de conformidad con la ley y bajo un sentido ‘lógico’ de justicia.
-->

domingo, 28 de febrero de 2010

Alazos - Ed. 006

Impresiones sobre la sentencia C-141 de 2010

He tenido la oportunidad de conocer el comunicado de prensa que emitió la Corte Constitucional, respecto del referendo.  He podido conocer las reacciones de primera mano de los medios de comunicación, de algunos columnistas, y de algunos blogs.  Teniendo en cuenta que este no es un espacio de enseñanza jurídica, sino un blog de opinión crítica relacionado con temas afines al mundo jurídico, no pretendo aquí explicar por qué la Corte hizo o dejó de hacer.  Al respecto, considero más que oportunas y pertinentes las consideraciones de Gonzalo Ramírez Cleves en su blog, en la entrada titulada “Respuesta a Tomás Marino sobre la inconstitucionalidad el reverendo reeleccionista.  Sentencia C-141 de 2010”.  Por considerarlas de bastante rigor y sesudez, remito a quienes estén interesados a ese ingreso del Profesor Ramírez, y también a los comentarios que allí aparecen, en la medida en que allí también hay aportes interesantes por parte de algunos comentaristas y del mismo autor.

Dicho lo anterior, me centraré en algunos aspectos que considero vitales de esta sentencia, y su impacto en el país.  En primer lugar, considero que lo más valioso de esta sentencia fue no haber agotado el examen estrictamente formal, sino haber profundizado en aquello de la ‘sustitución’ de la Constitución.  Evidentemente, esto no es un aspecto formal de la sentencia, y por tanto, podía dejar de estudiarse.  Según leí una entrevista dada por el Magistrado Mauricio González Cuervo, a ello se llegó en gran parte gracias a las intervenciones ciudadanas, que reclamaban este estudio.

En segundo lugar, no estoy de acuerdo con que esta sentencia represente la fortaleza institucional del país.  Considero que esa es una visión que va más allá del alcance mismo de la sentencia.  Sí demuestra que la Corte Constitucional hizo el ejercicio bien hecho, y que aunque pudo haber motivaciones políticas (no me consta), dicha motivación política no estaba huérfana de argumentos jurídicos serios.  Eso es valioso.  No obstante, pasar de la seriedad que tuvo la Corte, a pensar que este es un país institucionalmente fuerte es una generalización MUY apresurada.  No veo ningún soporte válido para llegar a esta afirmación.

En tercer lugar, considero ampliamente rescatable el hecho de que la Corte entrara a analizar la razón de ser de las formas.  Ya sea que se trate de la elaboración de leyes, de un proceso judicial, o para que la ciudadanía se pronuncie respecto de alguna iniciativa, entender que las formalidades son un ‘instrumento’ vital para el ejercicio del poder, es ampliamente rescatable.  La formalidad se estaba convirtiendo en un comodín jurídico para todos, y ello se vio materializado en casos como la emergencia económica derivada del caso DMG, así como la reciente emergencia social que rodeó la cuestionada reforma a la salud.  Este punto es muy importante de cara al futuro jurídico del país.

Por último, considero que como nunca antes, el desarrollo del proceso de control constitucional ante la Corte fue un ejercicio político y jurídico de gran valor para el país.  Hace bastante tiempo no veía yo una focalización que involucraba a ciudadanos, profesores, litigantes, jueces, medios de comunicación y políticos de manera tan marcada como se dio en este caso.  A pesar de ser esto un aspecto que no es propio de la sentencia misma, si se trataba de una externalidad que influyó de manera decisiva en el contenido de la misma.


La preinscripción y el derecho a rogar

Con bastante expectativa recibí la noticia del lanzamiento de la página www.expresa.la.  La propuesta, encabezada por César Rodríguez Garavito, abogado, columnista, parte del equipo de Dejusticia, y profesor de la Universidad de los Andes.  El lanzamiento de la página se dio dentro del contexto de un Congreso que se realizaría en la Universidad de los Andes.

Al conocer del evento, decidí revisar el tema, y encontré que lo promocionaban como un evento de acceso libre, y que por tanto, requería de una preinscripción para efectos de ‘conteo de cabezas’.  En realidad, era posible asistir al evento presencialmente o a través del acceso vía streaming, en Internet.  En cualquiera de los dos casos, la preinscipción era un prerrequisito.  Ante las dos opciones, consideré que si iba a sacar el tiempo para asistir al evento, valdría la pena ir directamente al Auditorio Lleras de la Universidad de los Andes, lugar en donde se habría de realizar.

Efectivamente, me inscribí con el nombre de mi alter ego, y el día de la inauguración, intenté sacar las cuestiones de trabajo en tiempo, para poder llegar puntualmente.  Al llegar al lugar, me hicieron ir a buscar una ficha numerada, que supuse yo que era para contabilizar a los asistentes.  Lo hice.  A la entrada del auditorio, entregué la ficha y seguí, con la sorpresa que el auditoria estaba absolutamente lleno, y habían algunas personas de pie, esperando para ver cómo se acomodaban.  Yo resulté parte de este grupo de individuos.  Esperamos algunos momentos, pero no parecía claro qué se iba a hacer.  Por mi parte, esperé pacientemente para ver qué ocurría.

Lo que aconteció es que una señora –imagino yo que debe ser co-dueña de la Universidad, o alguna familiar de nuestro Presidente, o gran financiadora del evento– se acercó, y con una dulzura característica del vinagre, empezó a dar órdenes a quienes estábamos de pie, como si fueramos peones de alguno de sus latifundios, y ante la perplejidad de todos, se acercó uno por uno a los asistentes a decir que si no ‘encontrábamos’ una silla, nos teníamos que ir.

Entendí, entonces, que con total seguridad cometí un error al momento de leer las condiciones para asistir al evento.  Estoy seguro que en los apartes relacionados con la asistencia al evento, seguramente se mencionaba que la preinscripción otorgaba el derecho personalísimo a rogar por una silla.  ¡Lástima!, porque tal vez así hubiera llevado mi kit de Gaviota llorosa y un par de rodilleras para poder tratar a la señora con la sumisión que ella exigía.  No sé que habrá sido del evento.  Probablemente haya sido un éxito.  Sé que no me extrañaron demasiado cuando opté por salir caminando entre quienes sí habían leído el aviso sobre el reconocimiento a su derecho personalísimo a rogar, y ejercían su derecho como corresponde.  Nadie extraña a quien no lee bien las instrucciones.


Chile, la integración y la hermandad

Antes que nada, envío desde este espacio, un gran abrazo a la gente de Chile, y en especial, a los colegas bloggers de ese país.  Es lamentable lo ocurrido allí, como también lo que ocurriera antes en Haití.

En múltiples escenarios, los líderes de América hacen constante referencia a la necesidad de integrar los pueblos de América.  Se escuchan discursos sobre pueblos hermanos, las alianzas y la cooperación.  Nunca más que ahora se podrá poner a prueba este conjunto de buenos deseos.  A diferencia de Haití, en donde realmente el país nunca ha contado con una economía sólida, con planes sociales, ni con industria, Chile sí es un país que se ha destacado por su impulso económico, la adopción de políticas sociales y económicas sostenibles, y un programa estatal serio.

Ahora, el país se encuentra azotado por una catástrofe, y requiere redoblar esfuerzos para minimizar pérdidas y dinamizar la restauración de lo que ya había.  Será interesante ver si los demás países, que nos llamamos ‘hermanos’, atenderemos el llamado de incentivar la producción, dinamizar la economía y brindar cooperación social a diferentes niveles.  Espero que tanto discurso se convierta en una realidad, para que Chile ocupe nuevamente el lugar que tenía, y pueda rápidamente solucionar las necesidades de sus habitantes.

Sería interesante conocer la actitud de las instituciones financieras ante el desastre.  Será que tenderán la mano, como el mundo lo hizo con ellos en momentos de crisis, o será que responderán con demandas judiciales, créditos costosos (el endeudamiento es inevitable) y objeciones a reclamaciones por parte de aseguradores y reaseguradoras.  Será decisivo conocer qué tratamiento se le da a esta clase de eventos que constituyen fuerza mayor.


La Corte Suprema y sus elecciones

He señalado en este espacio, que la Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene una gran deuda con el país y consigo misma, como consecuencia de la vanidad.  La Corte Constitucional ha mostrado su independencia, sin necesidad de ensalzarse a sí misa y denigrar de los demás.  La Corte Suprema, por el contrario, ha asumido sus debates como una novela romántica, de amores, desamores y suspicacias.

He opinado que las trabas en las elecciones de la Corte (Fiscal General y Presidencia de la Corporación) son autoimpuestas, y más aún, por razones políticas.  Tengo la certeza que la viabilidad y la inviabilidad de ternas para Fiscal, se trataba de un argumento para dilatar a la espera de que se definiera el escenario político del país.  Por esto último, me refiero específicamente a que era prerrequisito conocer si el país seguía con Uribe o sin Uribe.  El panorama se despejó.  No nos extrañemos ante nombramientos veloces en los próximos días.

En cierta forma, espero que no sea así, y que las motivaciones para las dilaciones sean reales y no quiméricas, como creo que es el caso.  En cierta forma, sin embargo, quisiera que sí fuera así, porque demostraría que la Corte Suprema de Justicia es una corporación seria que atiende al interés del Estado, y no a caprichos políticos.  Una demora por causas reales y no quiméricas, demostraría que en realidad se están atendiendo criterios diferentes al ‘factor Uribe’.  En los próximos días, sabremos si las motivaciones eran reales o fantasiosas.  El tiempo lo dirá.  Considero, que desatado el nudo en cuanto al Fiscal General, la elección del Presidente de la Corporación vendrá por añadidura.
-->

miércoles, 24 de febrero de 2010

Corte Suprema de Justicia: Unas de cal y unas de arena

En los últimos días, he leído acerca de cuatro situaciones que rodean a la Corte Suprema de Justicia, particularmente en lo relacionado con la Sala de Casación Penal del organismo. Creo oportuno pronunciarme sobre cada una de ellas, y explicar mi posición al respecto.


La Corte y la masacre laboral en la Fiscalía

En esos términos, o unos muy parecidos, se ha vendido al público la decisión adoptada por la Corte Suprema recientemente, relacionada con la orden dada al Fiscal General de la Nación encargado, Guillermo Mendoza Diago, para que haga efectivos los resultados del concurso de méritos que se hubiere realizado para proveer los cargos de la entidad. Ese ‘hacer efectivo’ involucra, por supuesto, nombrar en propiedad a quien ha ganado el concurso con sus propios méritos, y conforme a las reglas de juego que fueran previamente trazadas.

La cara contraria de la moneda es la que se ve en los casos de aquellos que deben salir de la entidad por no haber pasado los exámenes. Se reclama acerca de la estabilidad laboral: ¿puede un interino (provisional), reclamar esto? Creo que no es posible. Se reclama acerca de la redacción de las preguntas: parece ser que esto fue irregular, en cuanto a los contenidos. A estas alturas del proceso, sin embargo, es absolutamente impertinente alegar sobre el contenido del examen. Los resultados ya han sido convalidados y bajo ese entendido, lo único que resta es posesionar a quienes ganaron ese concurso.

En este caso, comparto la postura de la Corte. Estoy de acuerdo con aquellos críticos que señalan que esto va a tener un importante costo en cuanto a demoras, mientras los nuevos funcionarios se ‘empapan’ de los procesos que tendrán que llevar e investigar. Sin embargo, los críticos venden este escenario como si tratara de una demora sobreviniente. El sistema de corte acusatorio arrancó cuasi-colapsado. Ahora, está colapsado. El sistema de corte mixto se cambió precisamente porque se decía que era demorado e ineficiente. Es decir, en ambos casos, hay demoras evidentes y congestión. Le diferencia es que, ahora, quienes han de asumir esas responsabilidades son teóricamente los más capacitados para hacerlo. Seguro. Al corto plazo, puede parecer muy costoso, pero al mediano y largo plazo, sin duda tendrá que traer resultados positivos. Cuando menos, no puede negarse que es mucho más justo que los más capacitados lleguen a los cargos, y no que los que más tiempo lleven aferrados a ellos crean haber obtenido derechos adquiridos sobre estos cargos.

Buena decisión de la Corte. Para quienes quieran una explicación un poco más detallada por parte del Magistrado Alfredo Gómez Quintero, pueden leerla en esta entrevista publicada por el diario El Tiempo.


La Corte y la extradición

Hace algunos días, nuevamente se suscitó el debate relacionado con la postura actual de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con la posibilidad de negar extradiciones solicitadas con el lleno de requisitos formales, en la medida en que no se cumpla con la garantía de los derechos de las víctimas en Colombia. Se hace referencia, en los últimos conceptos emitidos por la Corte, a la necesidad de garantizar la verdad, la justicia y la reparación, tres pilares fundamentales sobre los cuales se ha edificado la Ley de Justicia y Paz.

Debo admitir que la postura asumida por la Corte es loable desde la óptica filosófica, en la medida en que busca frenar el creciente índice de exportación de presuntos delincuentes, en aras de cumplir con una serie de garantías para los ciudadanos colombianos, quienes deberían constituir el foco de interés de las autoridades nacionales. Al menos, eso es lo que dice nuestra Constitución. Por ese lado, la postura de la Corte es entendible. Sin embargo, con el perdón de los amantes de la Corte y de su independencia, eso es una postura política, y no jurídica.

El verdadero jurista, entiende que el ordenamiento jurídico no es fruto de la voluntad de nueve señoras y/o señores con toga, sino que implica un proceso que parte desde la Constitución misma, la proyección de leyes, su debate y aprobación, y su salvaguarda por parte de los jueces. Lamentablemente, lo que nuestras leyes claramente han señalado desde hace bastante tiempo, es que a la Corte le corresponde realizar un análisis formal de las solicitudes de extradición, y en especial la verificación de que se cumpla con la doble incriminación (que la conducta por la cual se solicita la persona en extradición sea delito en el Estado requirente y en el Estado requerido) y la garantía de la identidad del reo. Nuestra ley no menciona que se puedan invocar garantías propias de procesos ajenos a la solicitud misma de extradición, y por ello, al incluir este estudio, la Corte se está extralimitando en sus funciones. Loable, insisto, pero completamente contrario a la ley. Es el Presidente de la República quien está facultado para realizar análisis de conveniencia en materia de extradición. No la Corte Suprema.

Al hacer esto, la Corte está ejerciendo un control material a la solicitud de extradición, y ello riñe con la ley misma. ¿Puede aplaudirse, desde el punto de vista jurídico, un juez que hace lo que considera correcto aunque ello vaya en contravía de la ley que teóricamente es lo que el pueblo considera correcto? Muchos lo hacen. Desde mi perspectiva, eso riñe con la democracia y riñe con las fibras íntimas de lo que debe ser un juez. ¿Puede el que lucha a favor de la institucionalidad, hacerlo saliéndose de la misma? Recomiendo, para quienes quieran ahondar un poco en el tema, leer la discusión sobre justicia Vs prudencia, que plantea Cicerón en su Tratado sobre la República.


Las elecciones en la Corte

Si algo ha dejado claro todo el problema de la elección de Fiscal General de la Nación en la Corte, es que estas elecciones son absolutamente políticas. Para no tornarme demasiado repetitivo al respecto, me remito a las ideas plasmadas en la entrada titulada “Sobre la hipocresía judicial”. Vemos igualmente, que la elección del Presidente de la Alta Corporación ha sido igualmente problemática. Esa decisión, que claramente es de carácter político, y sobre esto no existe discusión, ha demostrado que detrás de toda elección en ese organismo, existen tensiones políticas palpables, que explican de manera clara la presencia de votaciones inexplicables.

Veo con inmensa preocupación, que gran parte del problema al interior de la Corte se da a raíz de no estar completos todos los Magistrados (por vencimiento de periodos) lo que hace que la obtención de mayorías se dificulte mucho. El problema es que esta situación, entre más se prolongue, solo tenderá a agravarse más y más. Esto es lo que ocurre cuando primero se vota y luego se busca concertar. Mientras tanto, quien está de interino en la Fiscalía, debe realizar la sucia labor de botar del trabajo a los otros interinos. ¡Qué ironía! Esperemos que la sensatez algún día llegue a los despachos de los ‘Honorables’ y puedan volver a completar las fichas que se requieren para que la justicia funcione, aunque sea medianamente bien. Nadie pide que las votaciones sean dadas sin reflexión. El problema es cuando nos quedamos en la reflexión y no actuamos. A ellos, les recomiendo leer la Oración Fúnebre de Pericles, en especial su reflexión sobre la tensión entre acción y reflexión… “atrevimiento irracional y deliberación racional”…


La Unión Interparlamentaria y la Corte

Preocupa un poco que organismos como la Unión Interpalamentaria, que es un organismo internacional de protección a los parlamentarios en el mundo, tenga necesidad de pedirle a la Corte Suprema de un país que garantice juicios justos. Esto último lo acaba de solicitar el mencionado organismo a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, particularmente en lo que tiene que ver con los casos de Álvaro Araujo Castro, y Wilson Borja.

En el primer caso, haciendo un breve repaso de lo que ha sido el juicio contra el excongresista, observa el organismo internacional que se ha sometido a Araujo a un juicio largo y dispendioso, y que aún no ha sido oído por sus juzgadores, a pesar de sus ruegos en las diligencias judiciales, y a través de los medios de comunicación.

En el segundo caso, hace referencia la Unión Interparlamentaria al caso de Wilson Borja, a quien se le ha iniciado un proceso por farcpolítica, aunque aparentemente no existe siquiera una sola prueba medianamente seria que permita colegir que existen vínculos con esas organizaciones.

Muchos se preguntarán por qué cobra relevancia esta clase de pronunciamientos. La razón es muy sencilla. La Corte Suprema de Justicia, que ha sido ensalzada por algún sector de la opinión pública como el bastión de la independencia y la verdadera justicia, ha tomado una postura EXCESIVAMENTE inquisitorial. Bajo ese entendido, ha considerado que puede juzgar a los aforados, así ya no tengan realmente fuero. Impone medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva, por si acaso se requiriere. Y con la noticia que puede observarse en el diario El Espectador de hoy, relacionada con la condena ejemplar al excongresista Álvaro García creo que no queda duda acerca de la severidad de la Corte en sus condenas, a pesar de contar con un Código Penal garantista.

¿Será que está de más la solicitud de la Unión Interparlamentaria? Personalmente, creo que no.
-->