viernes, 29 de junio de 2018

Sobre la eventual reforma a la justicia: Pt. 1 - La formación jurídica

Es coincidencia que este ingreso se escriba tan solo un día después de que se haya sancionado la Ley 1905 de 2018 que establece el requisito de aprobar el examen para el ejercicio de la profesión de abogado.  Tenía previsto escribir sobre este tema precisamente hoy, pero ahora cuento con material adicional para agregar a este escrito.  El tema amplio, según anuncié en el ingreso anterior, es la reforma a la justicia.  Sin embargo, en aras de ser mínimamente metódico, debo subdividir los temas que giran en torno a lo que considero que debe ser una reforma integral a la justicia.  Inicio por la formación jurídica, dado que creo es el principal problema de la justicia, como un todo.

No es un secreto que a la universidad están llegando los jóvenes cada vez más jóvenes y cada vez menos preparados.  La falta de preparación integral es un problema, en la medida en que las muchachos llegan muchas veces pensando en comprar un título para poder hacer algo que les genere dinero (en cualquier profesión), y no pensando en que están adquiriendo el derecho a cursar unos estudios que les permitan aprender un determinado saber.  La primera clase de estudiantes son personas cuya prioridad es pasar, mientras que la segunda clase son personas cuya prioridad es aprender. Esto en sí mismo es un problema porque acudir los que priorizan las notas sobre el aprendizaje normalmente serán profesionales mediocres, pues estudian para una nota y no estudian para aprender, y por ende, para saber.  Independientemente de si la motivación es la primera o es la segunda, lo cierto es que a ambos estarán en las aulas de clase al mismo tiempo. 

Llega entonces un problema adicional, en la medida en que las facultades de derecho tienen que decidir cómo abordar a este grupo heterogéneo de estudiantes: como alumnos con derecho a estudiar o como clientes.  No existe consenso.  Algunas universidades optan por ser muy selectivos a la hora del ingreso a la facultad de derecho, porque prefieren calidad sobre cantidad.  Sin embargo, el fenómeno de la masificación de la educación superior ha traído virtudes y defectos.  Entre estos últimos está que los programas, los métodos, los currículos y la exigencia viene cediendo (en algunos casos) al apetito del "cliente".  La oportunidad de estudiar pasa a ser, en estos casos, un servicio garantizado.

Siempre he creído que el estudiante bueno, será bueno independientemente de dónde o con quién estudie.  Sin embargo, al buen estudiante lo potencia una buena nómina de profesores y un método que lo exige a mejorar cada vez más.  Por eso, el problema de la formación jurídica parte de cuando no se establecen las limitantes del mínimo conocimiento, formación y compromiso que debe tener un estudiante para poder progresar en una facultad de derecho.  El problema, en este punto, es cuando ese límite es demasiado bajo.  Casi cualquiera puede llegar a ser abogado, aun sin tener los conocimientos mínimos para serlo.

Hasta aquí, los dos problemas tratados son estructurales de la formación jurídica.  Esto solo puede cambiar en la medida en que la responsabilidad en la educación se sobreponga al negocio de la educación.  El Estado colombiano, a través de la Ley 1905 quiere empezar a corregir el rumbo.  Ha creado un instrumento inspirado en el bar exam norteamericano, que es un examen creado para demostrar quienes están suficientemente preparados para ser abogados, puedan ejercer la profesión.  Los que no pasan, no pueden ejercer.  La idea suena bastante bien.  Sin embargo, en mi humilde opinión, la ley cometió un error que procedo a explicar.

Supongan que para ser futbolista uno tuviera que tener un examen de calidad.  Lo que uno esperaría es que la persona que quiera ser futbolista no-arquero tuviera que demostrar: 1) Dominio de balón; 2) Velocidad y reacción; 3) Puntería al disparar; 4) Puntería al cabecear; 5) Resistencia física. La pregunta que surge a continuación es: ¿Y cómo hacemos para saber?  A través de unas pruebas o exámenes.


Imagen tomada de: www.marca.com 

Aquí es donde viene el problema: ¿Cómo sabemos quién pasa? Uno esperaría que existiera un indicador estándar de calidad, bien sea numérico o cualitativo.  El que saque 8/10, el que resista X minutos corriendo de seguido, o algo así.  La ley 1905 cometió un error (en mi sentir) y fue establecer que quienes pasen se determina a partir de la "media nacional".  Supongan que ese mismo parámetro lo estableciéramos para determinar quiénes pueden jugar fútbol profesionalmente: quienes obtengan un puntaje superior a la media nacional... ¿Se imaginan?

La existencia de la prueba se aplaude, pero la forma de determinar quién pasa, es desacertada.  La media nacional se basa en los resultados no de los buenos, sino de todos (brillantes, buenos, regulares, malos, perversos).  Una estaría tentado a pensar que bajo esa línea, el promedio entre brillantes y perversos daría regulares, y con eso basta.  Eso, sin embargo, no toma en consideración cuantos estudiantes brillantes, perversos, regulares, buenos y malos hay en el país.  Si la mayoría de estudiantes es brillante, el estándar será alto.  Si, por el contrario, la mayoría de estudiantes es malo, la media bajará, y por ende, podrán pasar más personas que estén menos preparadas.  Si la ley parte del presupuesto de que la calidad de enseñanza de los abogados es baja, no puede pretender solucionarla a partir de la media nacional.

Por úlimo, quiero referirme al que es el peor problema (en mi sentir) en materia de formación jurídica: la carencia de formación ética profesional.  Siguiendo a Wittgenstein, debemos afirmar que lo ético no se puede decir, y por ende no tiene sentido (ADVERTENCIA: La noción de "sentido" en filosofía del lenguaje es muy distinta de la acepción habitual que le damos al término).  La ética, en consecuencia, puede elucidarse, insinuarse o mostrarse, mas no decirse.  Creo, por supuesto, que uno no puede formar abogados en los que no se exijan de ellos comportamientos éticos.  Por ejemplo, estudiantes y profesores que sean capaces de negociar notas con dinero o incluso con favores sexuales, son igualmente propensos a negociar el resultado de un proceso, el reconocimiento de una pensión, u otros.  Un abogado que plagia un trabajo es un estudiante que reconoce que el fin justifica los medios, así estos sean tramposos.  Los que son capaces de formar así, y los que se forman así, difícilmente van a cambiar cuando estén en juego intereses económicos u otros derechos de mayor calibre.   Creo, genuinamente que la bajísima formación ética de los abogados no es solo de los abogados.  Sin embargo, cuando la gestión de los abogados es tramposa o corrupta, lo sufren los ciudadanos, y lo sufre la sociedad como un todo.

En muchos países, los colegios de abogados realizan ese tipo de función de control y autorregulación.  Aquí, este tipo de organizaciones tienen más función de difusión académica o simplemente de estatus social en el gremio.  En consecuencia, no hay mayor avance en la formación ética de los profesionales del derecho.  Ser ético es fácil.  Lo que es genuinamente difícil es intentar enseñar la ética cuando no se es ético.

Aplaudo que se pretenda avanzar en la formación jurídica de los abogados, pero quizá habría que pensar también en los que ya ejercemos esta profesión.  Nosotros, si bien nos escudamos en la irretroactividad de la norma, no quiere decir que no deberíamos demostrar que todavía somos aptos para ejercer como abogados.  El Estado debe seguir avanzando en "ponernos en cintura" al gremio.  La reforma a la justicia sería un magnifico escenario para avanzar en este frente.
-->

miércoles, 27 de junio de 2018

El mundo jurídico más allá del derecho penal

Hay una premisa fundamental de la cual parte este escrito: la ciudadanía, en general, considera que "la justicia" es algo que se relaciona directamente con el derecho penal.  Lo aclaro desde ya, en la medida en que las consideraciones que expondré a continuación parten de la veracidad de esa premisa.

Por alguna razón, parecería que el mundo de lo jurídico se redujera a la cárcel.  Personalmente, no logro explicar este fenómeno con facilidad.  Las personas suelen estar mucho más ligadas a fenómenos jurídicos de incumplimientos contractuales, procesos ejecutivos o problemas de derecho de familia, que problemas de derecho penal.  Por ello, pensar en que las reformas a la justicia deben únicamente versar sobre temas penales, resulta ser un error.  Si el problema radica únicamente en materia penal, los congresistas y miembros del Gobierno encargados del tema, deben ser sinceros en este punto.

La administración de justicia tiene severos problemas de funcionamiento.  Si bien coincido en que el sistema penal es el que peor funciona de todos los esquemas procesales, no es el único que posee problemas ni tampoco el único que tiene problemas graves.  Para hacerse una idea, téngase en cuenta la siguiente estructura de magistrados de las máximas cortes del país:

31 Consejeros de Estado (Magistrados del Consejo de Estado).
4 Función consultiva.
27 Sala de lo Contencioso Administrativo.

23 Magistados de la Corte Suprema de Justicia.
7 de la Sala de Casación Civil.
7 de la Sala de Casación Laboral.
9 de la Sala de Casación Penal.

9 Magistrados de la Corte Constitucional.

6 Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura (Administrativa)

6 Sala Disciplinaria (mientras algún día entra en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial).

De los 75 Magistrados, tan solo 9 corresponden a la Sala de Casación Penal.  Por ende, si por reforma a la justicia hacemos referencia a reforma al sistema penal a nivel de Corte Suprema, las cifras son relevantes. Si se revisan niveles inferiores, las cifras cambian sustancialmente, dado que existen juzgados de nivel municipal (únicamente en materia penal y en materia civil), a nivel de circuito judicial (en todas las jurisdicciones), y los tribunales superiores.  En total, y de acuerdo con esta nota publicada en el diario El Nuevo Siglo titulada "Hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes en el país" en Colombia habría (a corte de agosto de 2017) un total de 5.295.  De esos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, deberíamos estar cerca del estándar internacional de 65 jueces por cada 100.000 habitantes.

Considero que estas referencias son importantes, porque en ingresos posteriores me referiré a las famosas reformas a la justicia que se han promovido en años recientes (que en gran medida an estado motivadas por el tema penal), así como lo que yo considero que realmente debe estar en una reforma a la justicia.  Sin embargo, como la gran mayoría de personas asocia "justicia" a altas cortes, es necesario precisar estas cifras. Debemos, en todo caso, hacer referencia a la Fiscalía General de la Nación, que si bien no es juez, formalmente sigue haciendo parte de la rama judicial, y en sentido estricto, siempre se ha asociado al sector "justicia".  Si bien, entonces, el derecho penal juega un papel fundamental en el concepto de justicia, no es lo único que entra en ese concepto.


Foto tomada de: www.semana.com 

Por cierto:  Adivinen qué alta corte es...  (Pista:  Cuéntenlos)

Téngase en cuenta, por ejemplo, que el país gasta en honorarios de magistrados titulares (sin contar primas), una cifra superior a los 2 mil millones de pesos al mes.  La cifra puede parecer muy alta o muy baja, dependiendo del punto de vista.  Sin embargo, se trata de sumas importantes de dinero que obligan a que los colombianos empiecen a mirar con detenimiento qué es lo que hacen sus cortes y sus integrantes. 67 de ellos andan en otros temas distintos a juzgar penalmente a funcionarios públicos de alto nivel.  En consecuencia, conviene que la ciudadanía abra los ojos frente a ese mundo jurídico que va más allá del derecho penal.

La gran ventaja que creo tener para opinar sobre este tema, es que poseo la suficiente independencia como para no estar sentimentalmente ligado a la preservación o extinción de ningún órgano en específico. La gran desventaja que creo tener, es que usualmente para opinar de estos temas se le exige al "opinador" que muestre ser "digno" de opinar.  Esa dignidad normalmente se acredita con estudios de maestría o doctorado en el exterior, o con haber sido un servidor público de cierta notoriedad nacional.  Sin embargo, en ese juego no voy a caer, porque aceptar ese tipo de "justificaciones" para opinar o argumentar implicaría igualmente aceptar que la legitimación para argumentar parta de reconocer la falacia de apelación a la autoridad.

Las opiniones posteriores que realice en la siguiente serie de entradas, tendrán la fuerza o debilidad argumentativa que puedan imprimirle mis argumentos, nada más.  También, esas opiniones versarán sobre ese mundo jurídico que va más allá del derecho penal, aunque sin eludir esta disciplina, por supuesto.
-->

lunes, 18 de junio de 2018

Lo que ha cambiado y lo que no

Hoy, un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, quiero compartir con ustedes algo que me deja pensando mucho, y es la gran capacidad de viraje que tiene el pensamiento colombiano colectivo.  Para ello, me voy a concentrar en un punto central: la "izquierdización" de unos sectores de opinión que usualmente no eran de esa forma de pensamiento.

No hace mucho tiempo se decía que Colombia era un país de derecha, como una explicación para entender por qué razón nunca podría ganar una propuesta de izquierda en el país.  Pensar en que la izquierda pudiera acceder a la Presidencia de la República resultaba absolutamente inviable. 

Hace casi dos años, cuando se estaba discutiendo el plebiscito de validación del acuerdo de paz negociado por el gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los contraargumentos que planteaban los defensores de la validación del acuerdo (los del SÍ), ante la crítica de los opositores a dicha validacíon (los del NO), era que el hecho de que los miembros de las FARC participaran en política no implicaba necesariamente que ellos se fueran a tomar el poder, porque perfectamente podrían ser derrotados en las urnas, si el pueblo así lo decidía.  Tanto los del SÍ como los del NO sostenían que sería imposible que lleguen al poder.

Lamentablemete muchas hipótesis se suelen desechar a partir de lo imposible, lo impensable, lo absurdo.  Ese tipo de pensamientos han llevado a varios de los errores estratégicos que ha cometido el país.  Por ejemplo, uno reciente: no tratar con seriedad las demandas de Nicaragua el no prever como "posible", que pudiera ganar.  Tampoco parecía "posible" que el precio del petróleo descendiera tanto como para alterar el presupuesto nacional.  Esa facilidad para descartar posibles escenarios a partir del énfasis y de la hipérbole, sigue sin cambiar.

Sí ha cambiado, en cambio, la postura de un sector de la población que, al mejor estilo de Roy Barreras tiene una facilidad envidiable para mutar sus principios, sus posturas y sus ideales.  Muchos otros cambios creo yo, sin embargo, obedecen a otro tipo de situaciones.  Por ejemplo, para abordar este argumento a partir de la Historia, es conveniente recordar algunas píldoras de la memoria:




Imagen tomada de: http://elclavo.com 

1) Para el año 2002, el político más odiado del momento era Andrés Pastrana, por "regalarle" parte del país a las FARC.  Acabar con el diálogo era el clamor popular, y la derrota militar era el camino deseado, y votado.  Ganó en primera vuelta, lo que quiere decir que más de medio país lo apoyó.

2) 4 años atrás, en 1998, el político más odiado era Ernesto Samper por cuenta del escándalo del Proceso 8.000, la financiación de su campaña por parte del Cartel de Cali, y también porque se le atribuyó gran parte de la responsabilidad por la muerte del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.  El país se volcó para evitar que su principal aliado, Horacio Serpa, fuera elegido Presidente.

3) Para 2006, la mayoría del país se enfrentó frente al hoy odiado Álvaro Uribe, y Carlos Gaviria Díaz, reconocido jurista, político y profesor universitario.  Uribe fue reelegido y se sigió apostando por la derrota militar.

4) Para 2010, se enfrentó Juan Manuel Santos con Antanas Mockus.  Santos era el continuador (así fue que se planteó su campaña) de Álvaro Uribe.  Su campaña fue apoyada y potenciada por la derecha.

5) Toda vez que Santos dio un giró de 180% frente a lo que hubiese sido su postura política en 2010, en 2010 él fue quien representaba el voto de centro izquierda y logrando reunir la mayoría de fuerzas políticas del país, logró derrotar a Oscar Iván Zuluaga, el candidato de la derecha.  En este caso, la izquierda no tuvo una votación significativa.

¿Qué explica entonces, que desde 1994, año en el que el candidato de centro izquierda (Samper) venciera a Andrés Pastrana, representante de la centro derecha, todas las votaciones posteriores hasta la de 2014, siempre ganaran los candidatos de la derecha? Por supuesto, la respuesta no es tan sencilla como decir que Colombia siempre ha sido un país de derecha, pero sí es claro que había algo que llevaba a que la gran mayoría de personas votaran en ese sentido.  Pienso que ese algo, es la formacion educativa.


Imagen tomada de: The Bosch´s Blog

En Colombia, desde hace varios años se ha venido viendo que la formación de los jóvenes se da a partir de premisas dintintas a las de los jóvenes de hace 20 años. Para hacerse una idea de lo que me refiero, tengan en cuenta los cambios en los siguientes puntos:

* En 1998, todo aborto era delito.  En 2018 sigue siéndolo, con algunas excepciones, pero en muchos países se está dando una legalización total del aborto.

* En 1998, no había discusión alguna que la droga era mala, y por lo tanto debía perseguirse al productor, al comerciante y al consumidor.  Actualmente, existe una fuerte tensión entre quienes consideran que la lucha contra la droga se perdió y lo que conviene es legalizarla para frenar las mafias encargadas de su producción y comercialización.  Cabe resaltar que en muchos países, ya hay legalización total o parcial.

* En 1998, no había duda que la familia era compuesta por un hombre y una mujer.  En 2018, la postura jurídica sobre el particular ha variado significativamente hasta el punto de que las personas de otras tendencias sexuales tengan muchos más derechos reconocidos.

* En 1998 se creó una Corte Penal Internacional, experiencia que siguió la de los tribunales penales internacionales de la antigua Yugoslavia y Ruanda de los 90s.  El mundo no toleraría que los regímenes  (orden establecido) pudieren atentar contra sus propios ciudadanos.  En Colombia, se vino a ratificar esto a partir del año 2002.

* En 1998, el Protocolo de Kioto estaba recién negociado y no había entrado en vigor, y por lo tanto todos los instrumentos posteriores tendientes a la protección y preservación del medio ambiente no existían.  El hecho de que la especie humana tuviere que considerar su extinción si no frenaba la depredación de los recursos natuales parecía "imposible".  Hoy es una realidad.

* Muchos de los jóvenes de 1998 tuvimos que vivir un modelo de corrección, educación y autoridad paterna que permitía y a veces fomentaba el castigo físico a niños.  Actualmente lo que era visto como un deber de los padres de corregir así, hoy en día es una prohibición expresa.  Ningún joven debe ser corregido pues prevalecen sus derechos fundamentales sobre cualquier tipo de modelo educativo que se quiera impartir.

Este tipo de ejercicios, permiten mostrar que algo ha cambiado drásticamente.  La educación que recibimos los jóvenes de esa generación es muy distinta de la que reciben los jóvenes en la actualidad.  Nosotros "los viejos" nos educamos y estructuramos en una estructura ideológica preponderantemente conservadora.  Ello, por supuesto, no quiere decir que la mayoría de personas fueran de pensamiento político conservador, sin embargo, el contexto ideológico que regía nuestra formación, sí estaba estructurado sobre un modelo conservador.

Hoy, los jóvenes se forman bajo una estructura mental distinta, y ello se nota.  Si se revisa con cuidado, los principales defensores de este tipo de valores suelen provenir actualmente de muchos centros de pensamiento que otrora parecían defensores principales del modelo político tradicional.  Ello quiere decir entonces, que ya no son necesariamente los jóvenes los impulsores de este tipo de pensamientos, sino que los profesores de las principales universidades cada vez se sintonizan más con esta forma de pensar.

Esto necesariamente quiere decir que quizá sin que muchos se hayan percatado de ello, una de las fuentes de poder social, como son las universidades, están sintonizadas cada vez más con modelos liberales progresistas con visión pro-derechos más que pro-deberes.  En otras palabras, las universidades están moviéndose de un espectro derecha a centro izquierda.  Por ello, se puede entender por qué tanto académico "no tan viejo" esté plenamente sintonizado con propuestas educativas que se alinean más con esa forma de pensar.  Los académicos "más viejos" suelen seguir sintonizados con muchas ideas que los jóvenes consideran anticuadas.

Quizá la votación obtenida por ambos candidatos permite ver qué tanto ha cambiado y qué tanto no.  Existen muchos ideales que vienen ligados a experiencia económica y financiera, vida laboral, concepciones éticas, entre otros.  Este ejericio tan solo buscaba plantear mi visión acerca de cómo la mayoría de académicos han venido dando un giro perceptible hacia la izquierda del espectro político.  Si mi hipótesis es correcta, entre más tiempo pase, más se logrará percibir el terreno ganado por los ciudadanos con este tipo de percepciones políticas.
-->