Impresiones sobre la sentencia C-141 de 2010
He tenido la oportunidad de conocer el comunicado de prensa que emitió la Corte Constitucional, respecto del referendo. He podido conocer las reacciones de primera mano de los medios de comunicación, de algunos columnistas, y de algunos blogs. Teniendo en cuenta que este no es un espacio de enseñanza jurídica, sino un blog de opinión crítica relacionado con temas afines al mundo jurídico, no pretendo aquí explicar por qué la Corte hizo o dejó de hacer. Al respecto, considero más que oportunas y pertinentes las consideraciones de Gonzalo Ramírez Cleves en su blog, en la entrada titulada “Respuesta a Tomás Marino sobre la inconstitucionalidad el reverendo reeleccionista. Sentencia C-141 de 2010” . Por considerarlas de bastante rigor y sesudez, remito a quienes estén interesados a ese ingreso del Profesor Ramírez, y también a los comentarios que allí aparecen, en la medida en que allí también hay aportes interesantes por parte de algunos comentaristas y del mismo autor.
Dicho lo anterior, me centraré en algunos aspectos que considero vitales de esta sentencia, y su impacto en el país. En primer lugar, considero que lo más valioso de esta sentencia fue no haber agotado el examen estrictamente formal, sino haber profundizado en aquello de la ‘sustitución’ de la Constitución. Evidentemente, esto no es un aspecto formal de la sentencia, y por tanto, podía dejar de estudiarse. Según leí una entrevista dada por el Magistrado Mauricio González Cuervo, a ello se llegó en gran parte gracias a las intervenciones ciudadanas, que reclamaban este estudio.
En segundo lugar, no estoy de acuerdo con que esta sentencia represente la fortaleza institucional del país. Considero que esa es una visión que va más allá del alcance mismo de la sentencia. Sí demuestra que la Corte Constitucional hizo el ejercicio bien hecho, y que aunque pudo haber motivaciones políticas (no me consta), dicha motivación política no estaba huérfana de argumentos jurídicos serios. Eso es valioso. No obstante, pasar de la seriedad que tuvo la Corte, a pensar que este es un país institucionalmente fuerte es una generalización MUY apresurada. No veo ningún soporte válido para llegar a esta afirmación.
En tercer lugar, considero ampliamente rescatable el hecho de que la Corte entrara a analizar la razón de ser de las formas. Ya sea que se trate de la elaboración de leyes, de un proceso judicial, o para que la ciudadanía se pronuncie respecto de alguna iniciativa, entender que las formalidades son un ‘instrumento’ vital para el ejercicio del poder, es ampliamente rescatable. La formalidad se estaba convirtiendo en un comodín jurídico para todos, y ello se vio materializado en casos como la emergencia económica derivada del caso DMG, así como la reciente emergencia social que rodeó la cuestionada reforma a la salud. Este punto es muy importante de cara al futuro jurídico del país.
Por último, considero que como nunca antes, el desarrollo del proceso de control constitucional ante la Corte fue un ejercicio político y jurídico de gran valor para el país. Hace bastante tiempo no veía yo una focalización que involucraba a ciudadanos, profesores, litigantes, jueces, medios de comunicación y políticos de manera tan marcada como se dio en este caso. A pesar de ser esto un aspecto que no es propio de la sentencia misma, si se trataba de una externalidad que influyó de manera decisiva en el contenido de la misma.
La preinscripción y el derecho a rogar
Con bastante expectativa recibí la noticia del lanzamiento de la página www.expresa.la. La propuesta, encabezada por César Rodríguez Garavito, abogado, columnista, parte del equipo de Dejusticia, y profesor de la Universidad de los Andes. El lanzamiento de la página se dio dentro del contexto de un Congreso que se realizaría en la Universidad de los Andes.
Al conocer del evento, decidí revisar el tema, y encontré que lo promocionaban como un evento de acceso libre, y que por tanto, requería de una preinscripción para efectos de ‘conteo de cabezas’. En realidad, era posible asistir al evento presencialmente o a través del acceso vía streaming, en Internet. En cualquiera de los dos casos, la preinscipción era un prerrequisito. Ante las dos opciones, consideré que si iba a sacar el tiempo para asistir al evento, valdría la pena ir directamente al Auditorio Lleras de la Universidad de los Andes, lugar en donde se habría de realizar.
Efectivamente, me inscribí con el nombre de mi alter ego, y el día de la inauguración, intenté sacar las cuestiones de trabajo en tiempo, para poder llegar puntualmente. Al llegar al lugar, me hicieron ir a buscar una ficha numerada, que supuse yo que era para contabilizar a los asistentes. Lo hice. A la entrada del auditorio, entregué la ficha y seguí, con la sorpresa que el auditoria estaba absolutamente lleno, y habían algunas personas de pie, esperando para ver cómo se acomodaban. Yo resulté parte de este grupo de individuos. Esperamos algunos momentos, pero no parecía claro qué se iba a hacer. Por mi parte, esperé pacientemente para ver qué ocurría.
Lo que aconteció es que una señora –imagino yo que debe ser co-dueña de la Universidad, o alguna familiar de nuestro Presidente, o gran financiadora del evento– se acercó, y con una dulzura característica del vinagre, empezó a dar órdenes a quienes estábamos de pie, como si fueramos peones de alguno de sus latifundios, y ante la perplejidad de todos, se acercó uno por uno a los asistentes a decir que si no ‘encontrábamos’ una silla, nos teníamos que ir.
Entendí, entonces, que con total seguridad cometí un error al momento de leer las condiciones para asistir al evento. Estoy seguro que en los apartes relacionados con la asistencia al evento, seguramente se mencionaba que la preinscripción otorgaba el derecho personalísimo a rogar por una silla. ¡Lástima!, porque tal vez así hubiera llevado mi kit de Gaviota llorosa y un par de rodilleras para poder tratar a la señora con la sumisión que ella exigía. No sé que habrá sido del evento. Probablemente haya sido un éxito. Sé que no me extrañaron demasiado cuando opté por salir caminando entre quienes sí habían leído el aviso sobre el reconocimiento a su derecho personalísimo a rogar, y ejercían su derecho como corresponde. Nadie extraña a quien no lee bien las instrucciones.
Chile, la integración y la hermandad
Antes que nada, envío desde este espacio, un gran abrazo a la gente de Chile, y en especial, a los colegas bloggers de ese país. Es lamentable lo ocurrido allí, como también lo que ocurriera antes en Haití.
En múltiples escenarios, los líderes de América hacen constante referencia a la necesidad de integrar los pueblos de América. Se escuchan discursos sobre pueblos hermanos, las alianzas y la cooperación. Nunca más que ahora se podrá poner a prueba este conjunto de buenos deseos. A diferencia de Haití, en donde realmente el país nunca ha contado con una economía sólida, con planes sociales, ni con industria, Chile sí es un país que se ha destacado por su impulso económico, la adopción de políticas sociales y económicas sostenibles, y un programa estatal serio.
Ahora, el país se encuentra azotado por una catástrofe, y requiere redoblar esfuerzos para minimizar pérdidas y dinamizar la restauración de lo que ya había. Será interesante ver si los demás países, que nos llamamos ‘hermanos’, atenderemos el llamado de incentivar la producción, dinamizar la economía y brindar cooperación social a diferentes niveles. Espero que tanto discurso se convierta en una realidad, para que Chile ocupe nuevamente el lugar que tenía, y pueda rápidamente solucionar las necesidades de sus habitantes.
Sería interesante conocer la actitud de las instituciones financieras ante el desastre. Será que tenderán la mano, como el mundo lo hizo con ellos en momentos de crisis, o será que responderán con demandas judiciales, créditos costosos (el endeudamiento es inevitable) y objeciones a reclamaciones por parte de aseguradores y reaseguradoras. Será decisivo conocer qué tratamiento se le da a esta clase de eventos que constituyen fuerza mayor.
La Corte Suprema y sus elecciones
He señalado en este espacio, que la Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene una gran deuda con el país y consigo misma, como consecuencia de la vanidad. La Corte Constitucional ha mostrado su independencia, sin necesidad de ensalzarse a sí misa y denigrar de los demás. La Corte Suprema, por el contrario, ha asumido sus debates como una novela romántica, de amores, desamores y suspicacias.
He opinado que las trabas en las elecciones de la Corte (Fiscal General y Presidencia de la Corporación) son autoimpuestas, y más aún, por razones políticas. Tengo la certeza que la viabilidad y la inviabilidad de ternas para Fiscal, se trataba de un argumento para dilatar a la espera de que se definiera el escenario político del país. Por esto último, me refiero específicamente a que era prerrequisito conocer si el país seguía con Uribe o sin Uribe. El panorama se despejó. No nos extrañemos ante nombramientos veloces en los próximos días.
En cierta forma, espero que no sea así, y que las motivaciones para las dilaciones sean reales y no quiméricas, como creo que es el caso. En cierta forma, sin embargo, quisiera que sí fuera así, porque demostraría que la Corte Suprema de Justicia es una corporación seria que atiende al interés del Estado, y no a caprichos políticos. Una demora por causas reales y no quiméricas, demostraría que en realidad se están atendiendo criterios diferentes al ‘factor Uribe’. En los próximos días, sabremos si las motivaciones eran reales o fantasiosas. El tiempo lo dirá. Considero, que desatado el nudo en cuanto al Fiscal General, la elección del Presidente de la Corporación vendrá por añadidura.
